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Mexique

Los desafíos de la emigración centroamericana en el Siglo XXI

Manuel Ángel Castillo

Resúmenes

Este ensayo presenta los problemas migratorios recientes que las poblaciones centroamericanas plantean a las sociedades involucradas. Se analiza como, después de los conflictos armados de los años setenta y ochenta, que modificaron radicalmente los procesos migratorios de las poblaciones de Centroamérica al ser éstas forzadas a desplazarse a otros países de la región, comienza un proceso de reasentamiento de una parte de estas poblaciones y su integración en los países receptores tales como México y los Estados Unidos. Se discuten dos puntos principales: los determinantes de carácter económico sobre la decisión de migrar de la población centroamericana que son cada vez mayores y el efecto de las políticas y medidas de control adoptadas por los gobiernos de los dos principales países de tránsito y destino.

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Una explicación necesaria

1El presente texto es un breve ensayo reflexivo sobre los desafíos que los procesos emigratorios recientes -actuales y futuros- de las poblaciones centroamericanas plantean a las sociedades involucradas en su génesis, desarrollo y atención. Es, en todo caso, resultado de algunos elementos derivados de los trabajos realizados en el marco del proyecto Centroamérica 2020, en particular del estudio de Sarah Mahler denominado “Migration and Transnational Issues. Recent trends and prospects for 20201. No se trata de un producto de investigación, sino que -en todo caso- de experiencias y observaciones derivadas de los trabajos realizados por el autor o de su participación en diversos proyectos, cuya autoría corresponde a distintos colectivos. Asimismo, es motivada y estimulada por el accionar de las organizaciones civiles de la región Norte y Centroamericana que, en los años recientes, ha desarrollado intensas actividades en materia de protección, asistencia y gestión de políticas que procuren la vigencia y respeto de los derechos humanos de los migrantes de la región2.

Las tendencias de los flujos y los perfiles sociodemográficos de los migrantes

2En trabajos anteriores se ha subrayado el hecho de que la movilidad de la población centroamericana se modificó radicalmente a partir del decenio de los setenta. Hasta entonces, predominaban los flujos migratorios internos, así como los desplazamientos intrarregionales, principalmente de carácter transfronterizo, binacional, temporal y con propósitos laborales. Sin embargo, la segunda mitad de los setenta fue escenario de un cambio radical en el patrón migratorio de los países de la región, sobre todo alentado por los conflictos que experimentaron tres de los países del istmo, pero que en la práctica alcanzaron y afectaron -de una forma u otra- a las demás naciones e incluso a los vecinos del norte.

3Son ampliamente conocidas las circunstancias y las motivaciones que dieron lugar a amplios y significativos desplazamientos de diversos sectores de población de los países en conflicto durante los años setenta y ochenta. La comunidad internacional y los países involucrados en este nuevo escenario de movilidad poblacional prestaron atención y desplegaron acciones para enfrentar las demandas que dichos grupos planteaban con carácter urgente. Una de las características relevantes de aquellos grupos la constituía su no participación directa en los enfrentamientos, pero sí su vulnerabilidad frente a las consecuencias de la conflagración. En algunos casos, se convirtieron en objetivos de las acciones contrainsurgentes de los ejércitos de sus propias naciones, por lo que el desplazamiento forzoso se convirtió literalmente en una estrategia de sobrevivencia.

4A pesar de lo relativamente prolongado de los enfrentamientos, las acciones pacificadoras, principalmente promovidas por la comunidad internacional,  paulatinamente fueron dando frutos. Uno de los rasgos más peculiares de los procesos de paz en Centroamérica, fue el retorno progresivo  -por parte de importantes grupos de refugiados- a sus respectivos países, incluso antes de que se formalizaran los procesos de paz. De esa forma, el decenio de los noventa, que fue escenario de los cambios políticos que anunciaban el regreso a las ansiadas institucionalidad y paz internas, también dio paso a un cambio significativo en la ubicación territorial de una buena parte de los centroamericanos que debieron dejar sus comunidades como consecuencia de los conflictos armados. Así, se transitó a un proceso de reasentamiento, en el caso de los retornados, y de integración plena a las sociedades receptoras, en los casos de aquéllos que decidieron permanecer en los lugares de acogida.

5Este último elemento es importante de tener en cuenta para analizar las posibles tendencias de los movimientos migratorios posteriores. La presencia de núcleos significativos de población en países receptores, como fue el caso de Belice, México y Estados Unidos, principalmente, sentaron las bases para la constitución de redes y comunidades que podrían facilitar flujos sucesivos. Para ello, cabe destacar el perfil predominante de los refugiados que se asentaron en los dos primeros países: se trató básicamente de población rural, de raigambre campesina, en muchos casos desplazados en forma familiar e incluso por miembros de comunidades culturalmente afines y eventualmente organizadas.

6A la par del flujo de refugiados, cuyo volumen se estabilizó en la mayoría de países receptores a mediados de los años ochenta, un nuevo contingente empezó a emerger. En aquel momento, sobre todo las fronteras terrestres presenciaron el tránsito creciente de individuos y eventualmente familias, originarios de los mismos países, que se comenzaron a desplazar hacia el norte. La observación in situ y las entrevistas que se realizaron con propósitos de estudio del proceso, mostraron que se trataba de un movimiento no sólo con características diferentes, sino que de manera sistemática tendía a incrementarse al paso del tiempo3.

7Las comunicaciones personales de muchos de estos nuevos emigrantes manifestaban una situación diferente a la de los refugiados reconocidos, aunque también señalaban una serie de puntos en común. Todos expresaban la necesidad de abandonar sus lugares de origen ante el cierre de oportunidades de desarrollo personal y de movilidad social, la pérdida de empleos y la necesidad de proveer de satisfactores básicos a sus familias. Pero al mismo tiempo, también se referían a los climas de inestabilidad política y de inseguridad personal, los cuales hacían difícil la sobrevivencia en los lugares de origen, ya no solamente rurales, sino crecientemente urbanos.

8A lo largo del decenio de los noventa, este nuevo flujo relegó a un segundo plano la atención que se venía dando a la situación de los refugiados, quienes para entonces buscaban nuevas soluciones a su prolongada estancia fuera de sus comunidades. El retorno y el reasentamiento -de los ahora ex-refugiados- en los lugares seleccionados generaron nuevas incertidumbres y dudas sobre la sostenibilidad de los procesos. Progresivamente, los retornados han transitado a una aparente inserción en la vida social, económica y política de sus países de origen. Sin embargo, poco se conoce y dice acerca de su condición actual. La inevitable homogeneización a las condiciones de vida del resto de las poblaciones marginadas de su entorno denota un contraste significativo con el acceso a diversos satisfactores que –aún con algunas limitaciones- gozaron durante la vida en refugio. Avanzar en su conocimiento, pero principalmente en materia de atención a sus requerimientos básicos, es uno de los desafíos que se plantean para el futuro inmediato4.

9Volviendo al flujo emergente, el de migrantes indocumentados, en el decenio pasado se consolidaron dos tipos de movimientos principales: uno hacia el norte, que se origina desde Nicaragua, El Salvador, Guatemala y crecientemente de Honduras, el cual tiene como destino principal a Estados Unidos5, y un segundo movimiento hacia el sur, también originado en Nicaragua, pero con destino a su vecina Costa Rica6. Es imposible hablar de la magnitud del movimiento de personas originarias de dichas naciones centroamericanas, a pesar de que los medios de comunicación y diversos sectores se pronuncian frecuentemente sobre volúmenes que, las más de las veces, resultan desmesurados si se les relaciona con otros indicadores. El tema de la dimensión de los flujos y de las poblaciones migrantes ha pasado a formar parte de la lista de hechos que se manipulan o se manejan con suma laxitud, porque eventualmente benefician las posiciones interesadas de ciertos sectores.

10Lo que es indiscutible es que el flujo no solamente ha mostrado signos de continuidad, sino también de crecimiento sostenido. Para ello sólo se puede hacer alusión a indicadores indirectos, como es el caso de las estadísticas de las instituciones responsables del control y verificación migratorios en los países de tránsito y de destino. A diferencia de los mexicanos que intentan cruzar a territorio de Estados Unidos en forma no autorizada7, los movimientos de centroamericanos rumbo al norte no han sido objeto de observación y medición mediante procedimientos rigurosos y científicos, especialmente en la frontera México-Guatemala, en donde confluyen necesariamente todos los migrantes en tránsito.

11Por su parte, las mediciones en los lugares de destino también adolecen de limitaciones que cuestionan su cobertura. Ello ha propiciado que muchos sectores hablen de una omisión que, por momentos, se considera desmesurada. Los censos y las encuestas recolectadas por el gobierno de Estados Unidos dan cuenta de un crecimiento significativo de la población de origen centroamericano residente en ese país. Sin embargo, la naturaleza indocumentada de una importante proporción de los inmigrantes –por cierto, indeterminada- imposibilita establecer su magnitud.

12De ahí que sólo se cuente con estimaciones relativamente gruesas, como la que realizó en 1996 el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos, en la que consideró –con base en métodos demográficos– que el volumen total de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses indocumentados podría haber ascendido a la suma de 660,000 personas. Esta cifra contrasta con la de mexicanos, la cual se estimó, en ese entonces, en el orden de 2.700,000 nacionales de ese país; con base en esos datos, los centroamericanos podrían constituir un 13% del total de la población indocumentada estimada por el INS, la cual fue  del orden de los cinco millones de personas.

13Los datos del Censo del 2000 podrán dar cuenta parcial del crecimiento reciente de esa población que, según estudiosos del fenómeno, pudo haberse incrementado de manera acelerada en los años posteriores a aquella estimación, debido a los hechos diversos que han acentuado las presiones emigratorias. Los datos preliminares del Censo señalan que los centroamericanos constituyen un 4.8% del total (35.3 millones) de la población de origen hispano o latino (no necesariamente nacidos en los países de referencia): 655 mil salvadoreños (1.9%), 372 mil guatemaltecos (1.1%),  218 mil hondureños (0.6%), 178 mil nicaragüenses (0.5%) y 91 mil panameños (0.3%). En contraste, el número de personas censadas que se declaró de origen mexicano fue de 20.6 millones, o sea, el 58.5% del total de población de origen hispano o latino.

14Por de pronto, las observaciones periódicas derivadas de la información que proporciona la Encuesta Continua de Población (CPS, por sus iniciales en inglés) del Bureau del Censo de Estados Unidos, estiman que en marzo del año 2000 residían en el país 28.4 millones de personas nacidas en el exterior. De ellas, el 51 % nació en algún país latinoamericano; aún más, las personas nacidas en México y en algún país centroamericano constituían dos terceras partes del total de los originarios de la región y cerca de un tercio del total de los nacidos en el extranjero. En términos absolutos, se observa un crecimiento significativo respecto de los datos censales de 1990, cuando el total de nacidos en el extranjero era de 19.8 millones de personas, de los cuales sólo 8.4 millones (42%) habían nacido en algún país latinoamericano y, de ellos, 5.4 millones eran originarios de México o de algún país centroamericano, es decir, poco más de una cuarta parte del total.

Los condicionantes socioeconómicos de la emigración

15Convene reiterar que, a partir del decenio de los noventa, el peso relativo de los determinantes de carácter económico sobre la decisión de migrar de amplios sectores de la población centroamericana ha sido cada vez mayor. Es, a la vez, indiscutible que la inestabilidad política y la inseguridad ciudadana son también dos factores que gravitan sobre el desempeño de las economías de la región y sobre las posibilidades de oferta de oportunidades a sus ciudadanos, pero especialmente a los jóvenes que están ingresando en forma creciente al mercado de trabajo.

16La suscripción de acuerdos de paz se vislumbró como la oportunidad para transitar hacia situaciones de estabilidad de todo orden, incluyendo la necesaria recuperación económica que permitiera erradicar los motivos del descontento social. Sin embargo, la realidad ha mostrado fuertes barreras para reactivar los aparatos productivos, en aquellos ámbitos en donde los hubo, o para crear nuevas oportunidades de inversión, de formación de capitales y de generación de empleos, o más en general, de posibilidades de desarrollo.

17Así, no se puede hablar de un crecimiento sostenido del producto interno bruto por habitante, si se le utiliza como indicador del comportamiento de la economía. Sus niveles –en muchos casos– apenas si recuperan los niveles promedio previos a los años de la guerra. Ello se refleja en la persistencia de extendidos niveles de pobreza y una generalizada falta de acceso a los más elementales satisfactores sociales. Aunque las situaciones de pobreza y pobreza extrema son mucho más agudas en las zonas rurales, es preocupante también su incidencia en las zonas urbanas, especialmente de algunos países de la región.

18En los años recientes, una serie de fenómenos “naturales”, sumados a otros de carácter más social, han hecho evidentes las rigideces estructurales de las economías y, en general, de las sociedades de la región. En términos generales, las economías centroamericanas no han logrado transformar, de manera significativa, sus aparatos productivos y sus estructuras sociales, de modo que sus economías continúan mostrando signos de vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios internacionales de sus productos tradicionales de exportación.

19En ese sentido, ocupa lugar preponderante el caso del café, producto que en los años recientes ha experimentado una crisis cuya duración hace pensar en daños profundos, probablemente irreversibles en algunas zonas productoras. Pero a esta situación se ha sumado la ocurrencia de diversos fenómenos meteorológicos que han azotado vastas extensiones de los países más vulnerables. Tal es el caso de los huracanes, temporales, sequías y terremotos que han afectado mayormente a grupos de población de suyo vulnerables, principalmente rurales, en Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

20Por otra parte, los esfuerzos en materia de integración han probado sus limitaciones y alcances reiterados. Por más que se han derivado recursos y energías en las instancias de la integración regional, los resultados siguen siendo muy limitados. Por otra parte, han emergido iniciativas externas que en teoría podrían contribuir a una consolidación de los vínculos y de los encadenamientos productivos entre los países de la región. Sin embargo, no hay indicios que permitan asegurar que dichos objetivos se hayan alcanzado.

21Tal es el caso de los acuerdos de libre comercio suscritos con México. La misma modalidad fragmentada en unos casos (Costa Rica y Nicaragua) y colectiva en otros (el Triángulo del Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala), sugiere un primer nivel de dispersión. Pero el tema no se remite exclusivamente a la unidad o individualidad en la modalidad negociadora, sino más esencialmente tiene que ver con las ostensibles y profundas asimetrías entre las economías de México y las de sus vecinos del sur, así como la viabilidad de algún tipo de liberación comercial que realmente favorezca en términos equitativos a las partes.

22A una relación aún no concretada en términos de beneficios precisos para cada uno de los países, como es el caso de los tratados de libre comercio, se suma la reciente iniciativa impulsada por el gobierno mexicano bajo el título de Plan Puebla-Panamá, cuyos detalles aún no son suficientemente conocidos. Prevalece la idea de que se trata sobre todo de un proyecto de inversión en infraestructura que, de esa manera, se propone atraer capitales para la promoción del desarrollo, la generación de empleo y así contribuir al despegue y consolidación de áreas tradicionalmente rezagadas en el área mesoamericana. Su viabilidad y los posibles beneficios son actualmente tema de polémica, por más que sus impulsores han desplegado una estrategia de promoción amplia para convencer a los principales actores, aunque no necesariamente a sus directamente supuestos beneficiarios.

23A los hechos anteriores se suma un elemento reciente y estrechamente vinculado con la migración. Es el papel de las remesas en dinero que envían los centroamericanos residentes en Estados Unidos a sus hogares y comunidades. Como se ha reseñado, dichas transferencias –tanto en dinero, como en especie– han alcanzado niveles significativos, sobre todo si se las relaciona con las pequeñas economías locales, pero también con los ingresos de divisas en las economías nacionales. El tema es relevante y motivo de creciente atención por parte de los gobiernos de los países de origen, pero hasta la fecha no existe una política sostenida y efectiva para canalizar adecuadamente esos recursos, más allá de la satisfacción inmediata de las necesidades básicas de las familias de los emigrantes. Hasta ahora mucho se ha hablado, pero poco se ha logrado en materia de iniciativas efectivas para buscar fórmulas que permitan transformar los recursos derivados del trabajo de los emigrantes en factores de desarrollo.

Las rutas migratorias y los escenarios fronterizos

24Mientras tanto, las migraciones –que se han incrementado en volumen y muy probablemente en términos de sus orígenes sociales y territoriales– han desplegado nuevas modalidades en materia de su desplazamiento. Un factor fundamental para el cambio ha sido el efecto de las políticas y medidas de control adoptadas por los gobiernos de los países de tránsito y de destino, principalmente. Se puede afirmar que dichas políticas tienen como rasgo común el endurecimiento en el control y persecución de todos los actores involucrados en el tránsito de migrantes con pretensiones de llegar bajo formas no autorizadas a sus destinos.

25Se perciben fuertes presiones regionales en esta dirección, las cuales se han traducido en una “curiosa” coincidencia en el desarrollo de ciertas acciones: la puesta en vigor de legislaciones con rasgos muy semejantes, entre los que destaca, por ejemplo, la inclusión del denominado “delito migratorio” (introduciendo una figura de carácter penal en un instrumento de orden administrativo); la frecuencia de operativos que involucran a varias corporaciones con el argumento de la necesidad de perseguir el “tráfico de indocumentados”; la eventual presencia de asesores y personal de agencias del gobierno de Estados Unidos en las instituciones responsables y en operativos relacionados con el control migratorio en algunas naciones centroamericanas, bajo el cobijo de la cooperación entre países; la intención persistente del gobierno guatemalteco de romper unilateralmente los términos del Acuerdo CA-4 para el libre tránsito de los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en el territorio de los cuatro países; entre otras.

26Uno de los efectos del reforzamiento de los operativos de vigilancia y control migratorios, ha sido el desplazamiento frecuente de las rutas empleadas por los migrantes y sus conductores (en los casos en que recurren a ese tipo de apoyos). A pesar de ello, prevalecen las rutas tradicionales y coexisten con nuevas zonas de desplazamiento, en general, más aisladas y riesgosas en muchos sentidos. En ese contexto, las regiones fronterizas han pasado a jugar un papel fundamental respecto de la movilidad de las personas, especialmente de aquéllas que lo hacen en forma no autorizada, proceso que se viene a sumar al movimiento de otro tipo de artículos, también no autorizados y, por lo tanto, prácticas que son objeto de sanción legal.

27En ese sentido, la frontera Guatemala-México, límite del desplazamiento autorizado (todavía) de los centroamericanos en su territorio, ha empezado a mostrar signos semejantes y preocupantes con relación a los de su homóloga México-Estados Unidos en lo que se refiere al movimiento de personas. Aunque en la primera no se han erigido barreras de contención, ni se han instalado equipos sofisticados para la detección y detención de migrantes, el tipo de operativos ha tenido un resultado muy semejante. Las rutas de tránsito, sobre todo de aquéllos que no cuentan con medios de apoyo efectivo, se han desplazado a sitios más inhóspitos, en donde son objeto de agresiones y abusos cada vez más frecuentes. En última instancia, se han empezado a registrar muertes de migrantes como ocurre en la otra frontera, pero las causas de los decesos y, en general, de los incidentes graves difieren significativamente: en la frontera sur de México; se trata, por lo general, de muertes violentas, mientras que en el norte se deben sobre todo a las condiciones climáticas.

Las políticas migratorias y los derechos humanos de los migrantes

28Los gobiernos de la región, especialmente de los países de tránsito y de destino, han adoptado en forma casi generalizada un discurso de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, al mismo tiempo, han formulado políticas y emprendido acciones cuyas consecuencias cuestionan la relación entre ambos elementos. Así, por ejemplo, se ha cuestionado fuertemente la postura de las autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes al adoptar una política de contención cada vez más estricta de los flujos migratorios por los lugares de paso tradicional, niegan la posibilidad de predecir sus consecuencias negativas. Las barreras erigidas y la presencia de agentes y patrullas no han sido ni serán elementos suficientes para disuadir a las personas en sus intentos de cruzar la frontera. Pero lo que sí han logrado es el desplazamiento de las zonas de cruce a lugares con mayores grados de dificultad, lo cual ha tenido un creciente efecto letal sobre las personas.

29Así, durante los años recientes se ha registrado un incremento en el número de incidentes, algunos con consecuencias mortales, derivados del tránsito de migrantes por rutas cada vez más peligrosas. El efecto de “dique” que tiene la instalación de obstáculos en lugares precisos tiene efectos perfectamente predecibles, siempre y cuando persistan –como es el caso– los determinantes de la migración. Es posible pensar que, cuando las autoridades de Estados Unidos plantearon la contención de los flujos en los lugares de cruce habitual, tendrían que haber considerado que los flujos se desplazarían a sitios menos o no vigilados, aunque en ellos los riesgos fueran diferentes.

30Otro tanto puede estar ocurriendo en la frontera sur de México, aunque allí se puede pensar que las situaciones pueden tener otro nivel y formas de control. En esa región no se trata tanto de una exposición al riesgo climático (como es el frío en las montañas nevadas en el invierno o el calor en las zonas desérticas en el verano). Se trata de su tránsito por lugares despoblados, sin ningún control ni vigilancia o seguridad de las personas, lo cual ha redundado en la frecuente exposición a asaltos, vejaciones, violaciones, agresiones, etc. por parte de diversos actores, incluyendo a las acciones delictivas cometidas por bandas organizadas. Pero también, como ha sido documentado y denunciado en varios casos, a ser víctimas de la acción impune de agentes de autoridad (no necesaria ni exclusivamente de Migración), quienes en las situaciones de aislamiento hacen uso abusivo y prepotente de su condición de autoridad para incurrir en prácticas de corrupción, coerción, extorsión e incluso de abusos físicos.

31Finalmente, los países de origen han empezado a hacer más evidente su condición multifacética de países de origen, de tránsito y eventualmente de destino, lo cual requiere la adopción de políticas congruentes, basadas en principios universales a los cuales –en muchos casos– existen antecedentes y compromisos previamente adquiridos. Es lo que ocurre con los principios universales inherentes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales –de observarse– suponen la adopción de políticas migratorias de Estado congruentes, en términos de brindar a los extranjeros que se encuentran en sus territorios lo mismo que se reclama para sus connacionales en el exterior.

El futuro de la migración centroamericana ante las iniciativas recientes

32El horizonte de la migración originada en los países centroamericanos se vislumbra preocupante. Las iniciativas recientes no parecen todavía trastocar los elementos de raíz que determinan la movilidad de su población hacia el exterior en busca de mejores oportunidades. Las respuestas no pueden circunscribirse a las inversiones en infraestructura, ni a la promoción de capitales de inversión. En las regiones de origen existen profundos rezagos sociales que constituyen rígidas barreras ante cualquier intento de dinamización de las economías locales y regionales.

33La incorporación de poblaciones que se encuentran hoy en condiciones de pobreza y pobreza extrema a los beneficios de la modernización requieren la creación de oportunidades de acceso real a los servicios de educación, salud y alimentación, entre otros. En las circunstancias actuales, dichas provisiones sólo pueden ser asumidas por los Estados, en el ejercicio de su responsabilidad social y, por supuesto, no serán atendidas por los mercados, seguramente más interesados en los rendimientos efectivos y a corto plazo de los capitales.

34Un elemento de vulnerabilidad de la población migrante lo seguirá constituyendo la condición no autorizada, tanto en los trayectos como en los lugares de asentamiento. En las rutas de tránsito y en particular en las zonas fronterizas, los migrantes continuarán siendo objeto de abusos y violaciones a sus derechos fundamentales, en la medida en que los gobiernos de los países involucrados no asuman su responsabilidad, en tanto garantes y responsables de la vigencia y respeto de los mismos.

35La formulación de políticas migratorias es un proceso que tiene que cambiar radicalmente, eliminando las connotaciones policíacas y persecutorias, para convertirse en instrumentos de ordenamiento y regulación migratorios, pero también de conversión del movimiento de personas en un factor de desarrollo nacional, regional y local. Tampoco debe olvidarse la necesaria congruencia en el trato a todos los individuos, independientemente de su origen, para combatir la prevalencia de sentimientos xenófobos, discriminatorios y racistas, pero también para contrarrestar posiciones nativistas, que en esencia también formarían parte de las actitudes anteriores.

36Sin embargo, éste es un aspecto que ha sufrido un cambio radical a partir del 11 de septiembre de 2001, pues los acontecimientos en Estados Unidos han tenido impactos sobre las políticas de admisión y control migratorio, así como sobre la seguridad en las fronteras, no sólo de ese país, sino de sus vecinos. De esa cuenta, se percibo una peligrosa influencia de las agendas de seguridad nacional, seguridad fronteriza y de lucha contra el terrorismo sobre la agenda migratoria, de la cual ya han dado cuenta y señalado sus implicaciones las organizaciones civiles relacionadas con el fenómeno migratorio en la región (RROCM, 2002).

37Por su parte, las poblaciones de migrantes centroamericanos en los lugares de asentamiento también requieren el acompañamiento de sus respectivos gobiernos en la protección y defensa de sus derechos. Así como su movilidad es resultado de una falta de responsabilidad de las políticas de Estado, que no han podido garantizarles su derecho a “no migrar”, no es admisible que hoy sólo se les busque para apropiarse, aunque sea de maneras indirectas, de los beneficios de su trabajo, como es el caso de las remesas. Esas personas también requieren su reconocimiento en tanto ciudadanos con derechos políticos y civiles, así como también merecen la atención permanente de los sistemas de protección consular, insuficiente o ausentes en el caso de los países centroamericanos.

38Para ello, es necesario que se promueva la adopción de programas como los de regularización migratoria, como el que se ha empezado a analizar y debatir para el caso de los emigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos. Sin embargo, el tema y la condición de los migrantes de origen centroamericano que viven en aquel país en forma indocumentada son similares. Por esa razón, los gobiernos de los países de origen de los emigrantes no pueden rehuir su responsabilidad en el carácter estructural del fenómeno. Su atención y tratamiento no puede circunscribirse a una condición meramente coyuntural, como lo han venido haciendo, cuando han recurrido en forma reiterada al argumento de los efectos temporales de la guerra o de los fenómenos naturales. La discusión sobre la necesaria regularización (mal llamada amnistía) de los centroamericanos radicados en Estados Unidos y -¿por qué no también?- en México y Costa Rica (como ya lo han venido haciendo estos dos últimos países) constituye una senda hacia la necesaria ciudadanización -en un sentido amplio- de los emigrantes llegados en diferentes épocas a dichas naciones.

39Un fenómeno emergente en el marco de las tendencias migratorias recientes es el caso de las diversas modalidades de migraciones de retorno. Se mencionó antes el caso de los refugiados que retornaron para reasentarse como parte de los procesos de pacificación de los países en conflicto. Sin embargo, también existen otros grupos de personas que han vuelto a sus países, luego de experiencias migratorias. En algunos casos, se puede hablar de procesos exitosos, como es el caso de aquéllos que deciden volver después de una trayectoria laboral y probablemente disfrutando de un fondo de retiro. En otros, en forma más negativa, como resultado de procesos de deportación, sobre todo producto de la aplicación de las reformas recientes a la legislación migratoria de Estados Unidos, pero cuyos alcances -en algunos casos- son cuestionables desde un punto de vista humanitario.

40Sin embargo,  en todos los casos, los países de origen tendrían que formular políticas destinadas a estos sectores, en tanto requieren de atención especial, pero sobre todo para el aprovechamiento de su potencial y de sus capacidades adquiridas en el exterior. Existen indicios, por ejemplo, de procesos de re-emigración dentro del conjunto de poblaciones retornadas (ex-refugiadas), sobre todo en los estratos jóvenes, quienes no encuentran oportunidades de desarrollo personal, ni siquiera semejantes a las que tenían acceso durante el refugio. Los deportados son objeto de frecuente marginación, discriminación y estigmatización, lo cual no sólo no contribuye a su rehabilitación y reintegración sociales, sino que incluso promueve su reincidencia en actividades delictivas. Por último, los retirados pueden ver con pesadumbre la falta de atención a las necesidades de personas adultas mayores, pero que no solamente pueden contribuir de manera indirecta con los fondos que perciben, sino también con una experiencia adquirida puesta al servicio de los requerimientos del desarrollo.

41Por último, en todos estos procesos ha sido importante, aunque no necesariamente visible, la presencia creciente de la sociedad civil en sus formas organizadas, desempeñando diversas funciones, tales como observadora, protectora, asistente y garante -en diversas formas- de los derechos de las poblaciones vulnerables. En el caso de los emigrantes centroamericanos, se puede afirmar que las organizaciones civiles involucradas y comprometidas con los procesos migratorios de sus connacionales han adquirido un papel cada vez más importante en la atención y el tratamiento no sólo de los protagonistas de la migración, sino también en la vigilancia y acompañamiento crítico de la formulación, adopción, ejecución y evaluación de legislaciones, políticas y medidas en el ámbito migratorio (RROCM, 2002). Esa actividad no ha estado exenta de diversas dificultades y por ello, las capacidades de las organizaciones civiles no pueden ni deben ser sobredimensionadas, ni tampoco exigidas más allá de lo que su propio proceso de consolidación puede permitir en cada contexto específico. En todo caso, su papel y experiencia en este campo únicamente ratifica la necesidad de apoyar acciones en materia del llamado “fortalecimiento de la sociedad civil”, ampliamente reconocido en el campo de la cooperación.

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Bibliografía

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HURTADO, Laura. (2001), Factores determinantes de migraciones emergentes en comunidades reasentadas en Ixcán (1997-2000), Tesis de Maestría en Desarrollo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala.

Immigration and Naturalization Service (INS). (1997), Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service 1996, U.S. Department of Justice,  U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., October, 201 p. and Appendixes.

MAHLER, Sarah J., (2000), Migration and Transnational Issues. Recent trends and prospects for 2020, CA2020: Working Paper # 4, Central America 2020, Inter American Dialogue-Institute for Iberoamerican Studies-Latin American and Caribbean Center of Florida International University, p. 63.

MORALES, Abelardo. (1997), Las fronteras desbordadas. Cuaderno de Ciencias Sociales # 104.   FLACSO, Costa Rica.

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________________. (2001), The Foreign-Born Population in the United States,  U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, January, p. 7.

_________________. (2001), La Población Hispana. Información del Censo 2000, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, julio, p. 8.

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Notas

1Se refiere al Proyecto Centroamérica 2020, que tuvo como objetivo la promoción del desarrollo sostenible de la región abarcando diversos aspectos de la realidad centroamericana, con base en una serie de estudios específicamente encargados a especialistas en los temas y bajo la coordinación del Instituto de Estudios Iberoamericanos (Hamburgo) y el Centro para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad Internacional de Florida (Miami). Una versión preliminar de este texto fue distribuida en la sesión de cierre del proyecto celebrada bajo el patrocinio del Inter-American Dialogue en la ciudad de Washington, D.C., el 3 de septiembre de 2001.
2En este último sentido, merece especial mención la creación y actividades desarrolladas por la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), la cual agrupa a coordinadoras nacionales de once (11) países de la región de Norte y Centroamérica, así como una nación caribeña. Su trabajo se ha desarrollado de manera principal, aunque no exclusiva en la medida en que cuenta con una agenda propia, en torno a las actividades de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), proceso iniciado en la ciudad de Puebla en 1996.
3El autor tuvo la oportunidad de participar en varios proyectos de investigación a fines de los años ochenta y principios de los noventa, en los cuales se realizaron entrevistas a migrantes indocumentados en pasos fronterizos, especialmente en las fronteras México-Guatemala y México-Estados Unidos, en las que se documentaron dichos procesos.
4Un trabajo pionero respecto de este fenómeno es la tesis de Maestría en Desarrollo de Laura Hurtado (Hurtado, 2001).
5El autor ha publicado varios trabajos sobre el tema, pero se recomienda consultar Castillo y Palma, 1999.
6Sobre este último flujo pueden consultarse los trabajos, entre otros autores, de Morales (1997 y 1999).
7Se refiere al observatorio fronterizo de flujos migratorios ubicado en las principales ciudades de la frontera México-Estados Unidos en las que ocurren cruces de migrantes indocumentados y que se realiza desde 1993 en forma de una encuesta continua (Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México – EMIF) a cargo de El Colegio de la Frontera Norte, con el patrocinio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional de Población, estas últimas instituciones del gobierno federal mexicano.
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Manuel Ángel Castillo, « Los desafíos de la emigración centroamericana en el Siglo XXI », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 7 | 2003, Publicado el 14 febrero 2005, consultado el 20 agosto 2017. URL : http://alhim.revues.org/369

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Autor

Manuel Ángel Castillo

Profesor-Investigador

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