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Nuevos sujetos de la ciudadanía

Las víctimas y los espacios de la ciudadanía

Liliana Buitrago Orjuela

Resúmenes

En las últimas décadas, los movimientos de víctimas han sido protagonistas de los espacios de la ciudadanía en América Latina. Las víctimas de violencias personales, políticas, sociales, étnicas, entre otras, se han hecho visibles, por una parte, porque esa experiencia forma parte de una realidad social; y por otra porque intervienen e influencian el espacio político. Su presencia en la escena pública es un señalamiento contra los victimarios y contra la  ineficiencia de un Estado que no garantiza los derechos fundamentales a sus ciudadanos.  En Colombia, los movimientos de víctimas han sido relevantes, especialmente en el marco del conflicto armado. Las víctimas del Estado, de la guerrilla y de los paramilitares se han organizado en grupos o asociaciones que a través de marchas, manifestaciones, declaraciones, entre otras hacen pública su experiencia. Las víctimas son un reflejo de la complejidad del conflicto: cada historia personal se suma a una realidad de múltiples facetas difíciles de comprender; más aun porque se trata de un conflicto vigente y cuyo panorama político es bastante complejo. Es en este marco podemos preguntarnos: ¿Cómo reivindica la víctima sus derechos en el contexto del conflicto actual en Colombia? ¿Qué tipo de espacio político ha conquistado?

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1Mi propósito es comprender cómo se integra en la actualidad el concepto de ciudadanía en la dinámica del conflicto armado colombiano. Para ello, he escogido a uno de sus actores sociales: las víctimas del conflicto armado, sean ellas de los paramilitares, las guerrillas o el Estado.

  • 1  Según Gómez Rodríguez, Jessika en “el estado actual de la participación en la ley de víctimas”, el (...)

2A partir de los años 80, la víctima comienza a hacerse más visible en el espacio público, posicionándose lentamente y conquistando espacios sociales y políticos1. Se encuentran así nuevas formas de ejercer la política y de practicar la ciudadanía a través de procesos innovadores de organización colectiva y de participación. Estoy hablando de una ruptura, tanto en la concepción, como en la acción política y social del ciudadano frente a la violencia.

3Los diferentes periodos de violencia en Colombia han dejado millares de víctimas, pero anteriormente éstas se asumían como partidarias de alguno de los bandos en confrontación, y por tanto su experiencia se integraba y se expresaba dentro de las lógicas de las luchas partidistas. Un ejemplo claro son los 300.000 muertos y los miles de desplazados del periodo de La Violencia en los años 50, los cuales, suelen asumirse como combatientes de una guerra civil, como militantes de partidos políticos o de grupos armados. Para este periodo tales cifras no representan víctimas sino integrantes de los grupos enfrentados entre sí.

4Muy diferente ha sido el rol de las víctimas en el conflicto actual. Un conflicto, que desde principios de los años 80, oscila entre el aumento de los enfrentamientos de guerrillas y Fuerzas Militares, el fenómeno del narcotráfico, el surgimiento acelerado y relevante de los grupos paramilitares, entre otros factores generadores de violencia. En este complejo panorama, aparecen las víctimas de este conflicto, como actores desligados de los bandos en confrontación; es aquí donde emergen preguntas como: ¿Cuándo se define como víctima?, ¿Por qué un ciudadano se sitúa por fuera de los enfrentamientos como víctima, y no se sitúa, como en los otros periodos, como parte de ellos?

5Así, las condiciones del conflicto armado actual presentan características y dinámicas que han repercutido enormemente en la sociedad y en sus diferentes procesos políticos, económicos y sociales. Un primer factor a tener en cuenta es la extensión en el tiempo, se tratan de más de 40 años de agitadas rupturas y transformaciones que han influenciado la concepción del conflicto y la forma de representarse en él. Este es el caso de las víctimas.

6Un segundo factor es que el enfrentamiento entre actores armados se ha desligado cada vez más de los intereses colectivos que alentaron su surgimiento, para convertirse cada vez más en formas privadas de violencia, cuyo objetivo es el aprovechamiento político y económico. Así, la población civil deja de coincidir con los intereses de los bandos enfrentados, porque ya no son garantes de algo que pueda redundar en su beneficio; y por el contrario estos grupos armados la estigmatizan y la condenan a altos niveles de violencia.

7Resulta difícil establecer el momento exacto en el cual surge la conceptualización y/o la concientización de la víctima en el conflicto actual colombiano, pero se puede reflexionar sobre los procesos políticos que le han permitido a la víctima surgir como grupo social, y sobre las formas cómo ha conquistado espacios públicos. En esta oportunidad voy a concentrarme en dos procesos: la primera, el reconocimiento de las víctimas a nivel mundial y la segunda, los cambios políticos nacionales a partir de la Constitución de 1991.

La víctima en el contexto internacional

8Annette Wieviorka, en su libro L'ère du témoin (1998) explica como luego de los hechos de destrucción en masa del siglo XX, las víctimas con sus testimonios ganan un lugar esencial en la escritura de la historia, y por lo tanto, adquieren una existencia social. La voz de los vencidos comienza a ser escuchada; la víctima se convierte entonces en el testigo de un periodo, en el protagonista de un hecho. Como lo explica Reyes Mate en Justicia de las Víctimas: “Las víctimas se han hecho visibles. Han dejado de ser el precio silencioso de la política y la historia” (2008:21).

9El valor histórico y político que adquirieron los sobrevivientes de los campos de concentración de la 2da Guerra mundial hacia los años 80 se va a extender a las víctimas en general. La importancia política que han adquirido los derechos humanos en las últimas décadas – concientización y universalización – se ha traducido en acciones concretas para la protección de las víctimas, como se demuestra en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998). Toda esta coyuntura política y social explica por qué en las sociedades contemporáneas nos encontramos con una explosión de relatos de las víctimas, de formas asociativas de apoyo y lo más importante, de comunidades dispuestas a escuchar dichas voces e integrarlas a su discurso social.

10El tema de las víctimas es actual, y se transforma al ritmo de la realidad política y social de cada país. Dicha concientización no se puede separar de una reflexión y de una posición frente al uso de la violencia, ni mucho menos de una reivindicación de los derechos humanos que, posteriormente, se ampliarán a los derechos de las víctimas. Con el fin de humanizar la guerra para contrarrestar el efecto sobre la población civil, se desarrollan estrategias colectivas de denuncia que no solamente benefician a la víctima, sino que exigen nuevas leyes y plantean el conflicto en términos de ciudadanía.

La Constitución de 1991

11En la Constitución colombiana de 1991 se reemplaza la democracia representativa estipulada en 1886 por una democracia participativa. Es decir que la participación ciudadana es constitutiva de la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas. Además se proclama el Estado Social de Derecho, dando plenas garantías jurídicas a todos los colombianos, ampliando el espacio público para el debate, el aprendizaje y la concertación.

12Con esta Constitución se comenzó un proceso de transformación que buscaba promover mecanismos prácticos de participación y propiciar nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, a través de importantes herramientas jurídicas para intervenir en los asuntos públicos y defender sus derechos fundamentales, como la acción de tutela. Aunque la implementación de este modelo ha sido paulatino, desde un principio ha ofrecido las herramientas para formar a un ciudadano participativo, crítico y solidario; para lo cual, la nueva Constitución otorga espacios de participación donde los colombianos pueden implicarse en la construcción de una sociedad más pluralista, más democrática y más progresista.

13Encontramos por ejemplo, toda una serie de instituciones y marcos legales que pretenden facilitar y promover la inclusión ciudadana y la cohesión social en la elaboración, ejecución y control de las políticas públicas, como los espacios de participación ciudadana: consejos de cultura, juventud, los personeros estudiantiles, los manuales de convivencia, consejos de paz, las veedurías ciudadanas, los jueces de paz y los conciliadores en equidad, los comités de vigilancia, entre otros.

14Sin embargo, dicha retórica jurídica se enfrenta en realidad a una democracia limitada, con bajos niveles de participación y representación política y con altos índices de violencia, de concentración de la propiedad, la riqueza y el ingreso. Existen muchas críticas sobre la Constitución y la aplicación de la misma puesto que las transformaciones que exige la carta Constitucional han tenido que ajustarse a las políticas neoliberales y a la globalización, reduciendo por ende muchas de sus proyecciones sociales y políticas. Esta revolución democratizadora no ha superado tampoco los vicios políticos de fondo (como la corrupción y el clientelismo). En la práctica, lo público sigue marcado por la violencia y aún existe una gran distancia entre la realidad constitucional y la realidad social.

15Pese a esto, la instauración de los mecanismos propios de una democracia participativa ha permitido la entrada de nuevos actores, nuevos discursos y nuevos intereses, además de la apertura de espacios deliberativos donde se trabajan las cuestiones que más interesan al ciudadano. El tema de las víctimas ha adquirido mucha importancia en estos espacios hasta formar parte de la agenda política nacional. La víctima del conflicto cuenta actualmente con espacios como los Consejos de Paz, donde se plantean diálogos sobre las políticas de reconciliación nacional y las estrategias para avanzar hacia una convivencia pacífica, el respeto por los derechos humanos y la superación del conflicto. Bajo esta misma dinámica las víctimas de manera autónoma se organizan y generan procesos de asociación y movilización: se consolidan entonces, grupos y/o asociaciones que intervienen en la construcción de un estatus social, en el diálogo entre actores armados y en la creación de políticas sobre el conflicto. La importancia de sus gestiones y de su rol en la realidad social ha impulsado políticas que permiten a estos grupos, en estado de desigualdad, mejorar su situación. Un ejemplo es la ley de víctimas (ley 1448 de 2011), cuyos primeros esbozos aparecen en el 2005, y finalmente se concreta en el 2011, gracias a la labor desempeñada por la Corte Constitucional. Según esta ley se trata de:

el diseño y la implementación de una política pública orientada a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, el fortalecimiento de aparato judicial y administrativo y la generación de condiciones propicias para promover y consolidar la paz y la reconciliación nacional. (Ley de víctimas y restitución de tierras, 2011)

16Esta ley tiene como eje central la participación activa de las víctimas en “la formulación, implementación y seguimiento de la política pública (art. 28) y por lo tanto, el Estado está en la obligación de garantizar dicha participación. Se ha llevado a cabo para este efecto, el diseño de un protocolo y de mecanismos de participación como “las mesas de participación” que funcionan a nivel municipal, departamental y nacional. Evidentemente estas nuevas aperturas democráticas necesitan tiempo y están continuamente en proceso de formulación y adaptación. Pero sin duda alguna, este ejercicio democrático transforma al ciudadano y le permite redefinirse en medio del conflicto, de acuerdo a su implicación en este, como en el caso de las víctimas.

Víctimas y espacios de ciudadanía

17Nos encontramos entonces, en un momento en el que coinciden el reconocimiento de las víctimas a nivel mundial y las transformaciones de una política nacional que abre espacios a nuevos actores sociales. Esto permite que la víctima del conflicto, como ciudadano, ejerza su derecho de participación y por otra parte que la sociedad tenga una mejor disposición para escucharla y aceptar sus reivindicaciones.

18En Colombia, existen además varios tipos de víctimas. El secuestro, la tortura, la desaparición, el desplazamiento y el asesinato son acciones contra la población civil que responden a intereses políticos, económicos y sociales diferentes. Por consiguiente, sus víctimas exigen respuestas puntuales. Esta particularidad del conflicto colombiano es uno de los grandes obstáculos que se necesita superar en el marco legal puesto que toda acción que se quiera implementar debe tener en cuenta que las reivindicaciones, los objetivos, los tipos de reparación varían según la víctima y su posición en el conflicto. Tal y como lo han demostrado las mismas víctimas en sus procesos de denuncia y sus diferentes tipos de movilización: las familias de los secuestrados exigiendo un acuerdo humanitario, las familias de los desaparecidos denunciando y reclamando justicia, los desplazados revelando las acciones de expropiación y reclamando sus tierras, entre otras.

  • 2  De esta movilización surge la corporación Prodepaz en 1999 encargada para la instauración de progr (...)
  • 3  En 1996 se crea el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM)

19En los últimos 30 años, este tipo de acciones demuestran cómo las víctimas renuncian a una posición pasiva frente a la violencia, para asumir una posición de ciudadano con derechos y con capacidad de intervenir sobre su realidad política y social. Se han desarrollado muchas formas y estrategias para manifestarse en contra de la violencia y reivindicar los derechos del ciudadano. Encontramos acciones regionales, a través de las cuales poblaciones en medio del conflicto se movilizan para resistir a la violencia, como en el caso de los Laboratorios de Paz en el oriente antioqueño2 y en el Magdalena Medio3, donde se han desarrollado movimientos comunitarios que enfrentan colectivamente el conflicto armado. También encontramos acciones individuales, como la realizada por el profesor Gustavo Moncayo, padre del militar secuestrado Pablo Emilio Moncayo, quien decide atravesar medio país a pie (17 de junio al 2 de agosto del 2007): 1200 Km. en 46 días. Es la primera vez que la acción individual de una víctima de la violencia toma relevancia nacional, convirtiéndose en un hecho importante e inhabitual.

20El proceso llevado por las víctimas ha sido paulatino y con muchas barreras, no sólo por lo que ha implicado abrir espacios e imponer su voz públicamente sino porque han tenido que luchar contra una tradición política que busca polarizar su lucha e incluirla dentro de los intereses de alguno de los actores armados.

  • 4  La marcha “No Más FARC” se planteó como el rechazo de una ciudadanía neutral a las FARC y sus acci (...)

21La práctica de la violencia no ha disminuido a pesar de los cambios políticos en el país, por el contrario sigue excluyendo a diferentes actores sociales y políticos, y sigue arrebatando al ciudadano sus derechos esenciales. Sin embargo, la creación de los mecanismos de inclusión y participación nombrados anteriormente ha cambiado la percepción del conflicto por parte de la ciudadanía y ha transformado los efectos sociales de dicha violencia. Esta transformación no sólo ha sido a nivel de las víctimas del conflicto sino que también ha dado pie a iniciativas ciudadanas, como sucedió el 4 de febrero 2008 con la Marcha “No Más FARC”4, que significó la primera movilización ciudadana en contra de un grupo armado (así fuera fuertemente apoyada y promovida desde el Gobierno central).

22Sin duda alguna aún hay muchas cosas para mejorar y replantear, pero todas estas transformaciones son la oportunidad de buscar soluciones al conflicto, que nazcan del ciudadano mismo y que sean coherentes con su realidad y sus intereses individuales y colectivos. Las asociaciones de víctimas, las asociaciones de mujeres, las asambleas locales que buscan una salida al conflicto son un ejemplo de las oportunidades que ofrecen los espacios de ciudadanía para participar en la transformación de la sociedad, y en caso del conflicto para reconstruir el tejido social y la confianza en el país.

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Bibliografía

GOMEZ RODRIGUEZ, Jessika, “El estado actual de la participación en la ley de víctimas”, Edición n° 00302 – Semana del 11 al 17 de Mayo de 2012; <http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0302/articulo07.html> consultado el 15 de agosto de 2012

MATE, Reyes, Justicia de las víctimas, Barcelona, Anthropos-editorial, 2008, 192 p.

WIEWIORKA, Annette, L’ère du témoin, Paris, Hachette littératures, éditions Plon, 1998, 189p.

Ley 1448 de 2011. Ley de víctimas y restitución de tierras, Ministerio del interior y de justicia, Republica de Colombia, 2011. Disponible en: <http://www.mij.gov.co/Ministerio/Library/News/Files/CARTILLA%20LEY%20DE%20V%C3%8DCTIMAS%20Y%20RESTITUCI%C3%93N%20DE%20TIERRAS70.PDF >

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Notas

1  Según Gómez Rodríguez, Jessika en “el estado actual de la participación en la ley de víctimas”, el porcentaje de víctimas en la población colombiana es de un 12%, lo que corresponde a 6 millones de personas.

2  De esta movilización surge la corporación Prodepaz en 1999 encargada para la instauración de programas de desarrollo para la paz en este territorio.

3  En 1996 se crea el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM)

4  La marcha “No Más FARC” se planteó como el rechazo de una ciudadanía neutral a las FARC y sus acciones. Independientemente del color político que se le haya dado a la marcha, su alto nivel de convocatoria se vio como la necesidad de la ciudadanía de protestar pero también de oponerse a la existencia de un actor armado.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Liliana Buitrago Orjuela, « Las víctimas y los espacios de la ciudadanía », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 24 | 2012, Publicado el 08 febrero 2013, consultado el 21 octubre 2017. URL : http://alhim.revues.org/4399

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Autor

Liliana Buitrago Orjuela

Université Paris 8
Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Doctoranda en estudios hispánicos, Universidad Paris 8 – Vincennes. Grupo de investigación: ALHIM (Amérique Latine Histoire et Mémoire).
Su proyecto de tesis es sobre la polémica política alrededor del secuestro en Colombia.
liliana_buitrago@yahoo.com

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