Navegación – Mapa del sitio
Los nuevos territorios de la ciudadanía

Las nuevas formas de ciudadanía en las sociedades latinoamericanas contemporáneas

Paola Garcia

Resúmenes

El tema de la ciudadanía, estrechamente relacionado con los conceptos de territorialidad y democracia, surge y se desarrolla en el contexto de formalización y construcción del Estado liberal pensado a partir de lo homogéneo en función de la cultura y de las prácticas de los grupos dominantes. Los procesos de aculturación de los primeros dos tercios del siglo veinte, van también en esa misma dirección: homogeneizar las sociedades. Pero en el contexto de la globalización que conlleva el proceso de pluralización de las sociedades, los actores sociales se interrogan sobre las nuevas funciones del Estado y uno de los polos de interrogación es el de la ciudadanía. Tres grupos sociales, entre otros, ponen en tela de juicio el concepto tradicional de ciudadanía: los grupos étnicos marginalizados y excluidos tradicionalmente de los espacios políticos y económicos,  los grupos de migrantes cuya existencia transcurre en territorialidades diferenciadas (país de origen/país de recepción) y los grupos evangélicos que reivindican una ciudadanía de este mundo y otra en el cielo. En el presente artículo nos proponemos abordar los actuales procesos que interrogan a la ciudadanía a través de lo plural.

Inicio de página

Texto completo

Introducción

1La globalización y los procesos de modernización en los que actualmente está inserta América Latina han ido cambiado progresiva y profundamente las lógicas de identificación que habían caracterizado tradicionalmente las sociedades latinoamericanas. Estos procesos de cambio permiten, a partir de 1970, la emergencia de grupos considerados hasta entonces como minoritarios al carecer de representación sociopolítica y cultural.

2Las minorías empiezan a visibilizarse en América Latina reivindicando el reconocimiento de la diversidad y de una identidad específica en contextos sociales fuertemente marcados por la homogeneidad. Esta reivindicación identitaria tiene como corolario un profundo cuestionamiento de la concepción de la ciudadanía creada históricamente por los Estados nacionales latinoamericanos y abre el debate sobre la necesidad de plantear nuevas formas de ser ciudadano. Las minorías exigen, en definitiva, la constitución de Estados multinacionales o multiculturales que reconozcan la pluralidad de identidades que conforman las sociedades actuales y, al mismo tiempo postulan que se consoliden y profundicen los mecanismos de la democracia participativa.

3Mi propósito en este artículo es analizar precisamente estos procesos de cuestionamiento y transformación de la ciudadanía que se llevan a cabo en las sociedades latinoamericanas centrándome en tres grupos que han contribuido a pluralizar el espacio social y actúan a partir de diferentes parámetros de identificación tales como los de la identidad indígena, de la experiencia migratoria y de los referentes religiosos neo-pentecostales.

El mundo indígena y una ciudadanía ampliada

4Uno de los mayores cuestionamientos de la ciudadanía ha sido sin duda el proveniente de los movimientos indígenas que surgieron en los diferentes países de América Latina de forma inédita y con gran fuerza a finales del siglo XX (Bengoa, 2009).

5Desde que se acentuaron los procesos de democratización en los años 1980 en el Cono Sur y finalizaron los conflictos armados internos en Centroamérica y en la mayoría de los países andinos, los grupos indígenas han modificado progresivamente la relación con su integración ciudadana en el contexto de las nuevas democracias (Calderón Molgoro et al., 2002). Una ciudadanía hasta entonces fuertemente determinada por la concepción de una visión de lo universal, elaborada a raíz de la conformación de los Estados-nación liberales que surgen de los procesos de independencia. Esta ciudadanía basada en las corrientes de pensamiento del siglo XIX, tales como el cientificismo, el positivismo o el evolucionismo, mantiene operacionales las imágenes discriminatorias del indígena, construidas a lo largo de la época colonial. Estas imágenes fomentan lógicas y mecanismos de exclusión que se verán reforzados por las políticas de asimilación forzada llevadas a cabo a lo largo del siglo XX (Alcina Franch, 1990). Dichas políticas tenían como propósito homogeneizar la sociedad y crear una identidad común a partir de los marcos de referencia de la identidad del grupo dominante –criollo o mestizo- excluyendo por consiguiente al pueblo indígena y sus sistemas de valores (PNUD, 2009).

6Esta realidad sociopolítica y jurídica, que hasta fechas recientes caracterizaba a numerosas sociedades latinoamericanas e hizo que no fuera posible para el indígena gozar de un verdadero estatus de ciudadano, fue fuertemente cuestionada en el momento de la celebración de los quinientos años del “Descubrimiento” en 1992. A raíz de esta celebración, se visibilizan los movimientos indígenas cuyas reivindicaciones consisten esencialmente, en un primer momento, en exigir la autonomía de sus territorios. Estas reivindicaciones se han rearticulado progresivamente en torno a la cuestión étnica y actualmente se centran en el reconocimiento del indígena en tanto que verdadero ciudadano, en la demanda de ampliación de la significación de la ciudadanía “tradicional”, en la inclusión de los derechos colectivos del pueblo indígena y, en definitiva, en la reivindicación de la reforma del Estado (Bengoa, 2009, PNUD 2009).

  • 1   La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que se forma en 1982, es el resultado de la (...)
  • 2   Hasta la actualidad, el Gobierno guatemalteco no ha cumplido con lo estipulado en los Acuerdos so (...)

7En varios países latinoamericanos estas reivindicaciones terminan desembocando en la modificación de las constituciones o, como en el caso de Guatemala, en la firma de los Acuerdos de Paz entre los cuales el intitulado “Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas” es el más relevante en relación con el reconocimiento de la cultura, los valores y las prácticas. En el contexto de salida del conflicto armado, el Gobierno guatemalteco y la URNG1 reconocieron oficialmente la opresión y la discriminación sufridas por el pueblo indígena y adoptaron una serie de medidas para el pleno ejercicio de sus derechos y participación política2.

  • 3 Otras propuestas teóricas han surgido, entre las cuales la “ciudadanía cosmopolita” (Dahl, 1993), l (...)

8Además de exigir su derecho a la ciudadanía inclusiva, los pueblos indígenas vienen luchando por una “ciudadanía ampliada”. De esta manera se pretende alcanzar un concepto de ciudadanía que posibilite el reconocimiento de las particularidades étnicas, culturales e identitarias. Numerosos debates  en torno a la renovación del concepto de ciudadanía han surgido a lo largo de estas últimas décadas, debates que se han enmarcado en una reflexión más amplia cuyo objetivo, en definitiva, consiste en repensar el futuro de los Estados-nación contemporáneos considerados por varios especialistas en crisis (Harbenas, 1999; Offe, 1990). Entre las propuestas de modelo de mayor alcance3, encontramos la de “la ciudadanía multicultural” desarrollada dentro del marco teórico del multiculturalismo propuesto por Kymlicka (1996).

9El concepto de “ciudadanía multicultural” tiene como fundamento la igualdad real entre los diferentes miembros de una sociedad, no solamente a través del trato igualitario propuesto desde la perspectiva de la ciudadanía universal, sino aportando respuestas diferenciadas a las necesidades de cada grupo. Kymlicka (1996) propone un modelo que haga compatible los derechos colectivos específicos de los pueblos que forman parte de una sola y única nación con los derechos individuales situándose en el marco del liberalismo. Para ello preconiza la representación política propia –autogobierno local o regional- de las minorías así como su representación en el seno de las instituciones nacionales. Por consiguiente, los indígenas gozarían de protección de sus derechos universales e individuales además de sus derechos colectivos. La ciudadanía se entendería entonces como “un conjunto de prácticas sociales, obligaciones y derechos legales que se refieren tanto a su identidad indígena como a su identidad en tanto que miembro o integrante del Estado nacional del cual forma parte” (PNUD, 2009: 28). Identidades que lejos de ser contradictorias podrían en definitiva establecerse desde la perspectiva de la doble pertenencia y ciudadanía: unas relacionadas con el territorio nacional y otras estrechamente ligadas a afirmaciones culturales, territoriales y autonómicas. Un ejemplo de esto son las reivindicaciones del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) durante la marcha del 2001, cuyos representantes en sus discursos exigieron la aceptación tanto de su identidad mexicana como indígena.

10El concepto de pluriciudadanía reclamada por ciertos sectores del mundo indígena supone repensar los Estados-nación, es decir rearticular o redefinir las relaciones de poder que se establecen entre el Estado y el pueblo indígena, reformar la misma estructura jurídica del Estado y modificar las representaciones sociales en torno a lo indígena. La lucha por la “ciudadanía ampliada o extendida” se articula, en definitiva, como una lucha política para lograr el reconocimiento de la diversidad cultural, para obtener el derecho a la libre determinación, para alcanzar una participación política real y finalmente para hacer valer el derecho colectivo de propiedad de las tierras, territorios y recursos naturales.

  • 4   Para más detalles, véase Gonzalo Aguilar et al. (2010).

11La lucha por el reconocimiento y la promoción cultural de los pueblos indígenas ha forzado a los Estados latinoamericanos a concebirse y, en cierta medida, aceptarse progresivamente como “naciones plurales, pluriculturales y multiétnicas”. Esta posición ideológica se expresa en forma heterogénea en los países latinoamericanos y encuentra su máxima expresión en las constituciones de Ecuador y Bolivia aprobadas recientemente, respectivamente en 2008 y en 2009. La Constitución de Ecuador declara en su primer pronunciamiento: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. Por su parte la Constitución de Bolivia afirma: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. El hecho más novedoso de estas dos Constituciones reside evidentemente en la autodefinición del Estado como “plurinacional” o “plurinacional comunitario”, lo cual va más allá del carácter pluricultural o multicultural que han incorporado en sus respectivas constituciones numerosos Estados latinoamericanos4.

12La lucha por la libre determinación de los pueblos indígenas se ve contemplada en la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos pero con mayor o menos importancia. La Constitución boliviana garantiza por ejemplo la “libre determinación” de los pueblos indígenas, lo que se define como el derecho a la autonomía, al autogobierno y al reconocimiento de instituciones y espacios territoriales propios. México también reconoce el derecho a la libre determinación y a la autonomía dentro de los límites constitucionales que garantizan la unidad nacional. Las constituciones de Ecuador, Colombia, Paraguay y Nicaragua plantean ellas el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas a diferencia de Perú, que si bien lo reconoce, no le otorga mayor alcance (Aguilar et al., 2010).

13Las reivindicaciones sobre la autodeterminación implican evidentemente reivindicaciones sobre el derecho de representación política de los pueblos indígenas, derecho que se contempla una vez más de forma muy heterogénea en las diversas constituciones latinoamericanas. Tanto la Constitución boliviana como la ecuatoriana establecen el derecho de los pueblos indígenas a participar con sus representantes en los organismos oficiales del Estado. La Constitución colombiana establece por su parte cuotas de representantes indígenas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y México garantiza el derecho a la participación política de los pueblos indígenas en el marco de los autogobiernos y a nivel local, les confiere el derecho de elegir a sus representantes en los ayuntamientos de los municipios que cuenten con población indígena. En cambio, no aparece mencionado ningún derecho relacionado a la participación política en las constituciones de países como Argentina, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Perú (Aguilar et al., 2010). Por último, si bien la mayoría de las constituciones de los países latinoamericanos reconocen el derecho colectivo de propiedad de las tierras que hayan sido ocupadas históricamente por los pueblos indígenas, sus derechos en cuanto a la gestión de los recursos naturales aparece mucho más limitado (Aguilar et al., 2010).

La emigración y la ciudadanía transnacional

14Directamente ligados a la globalización, aparecen los fenómenos migratorios que en el caso de América Latina se han incrementado considerablemente en estos últimos años. Si nos referimos a cifras presentadas por la CEPAL en 2006, el número de migrantes latinoamericanos pasó de 21 millones en 2000 a casi 25 millones en 2005.

15Las migraciones son un fenómeno social que debe tomarse en cuenta a la hora de examinar las transformaciones de la ciudadanía ya que cuestionan este concepto poniendo en evidencia los disfuncionamientos de los sistemas democráticos y de sus instituciones, a la vez que proponen nuevas formas de ser ciudadano.

  • 5 Retomando la propuesta de definición de Miller (2007), citada en el informe del PNUD (2009), “la ci (...)

16Algunos autores (García, 2004; Esteban y Schmidt, 2011) han identificado como una causa importante de la migración masiva las carencias institucionales de los Estados (déficit de la protección social, sistema judicial disfuncional, aumento de la inseguridad, etc.) de los países de origen que no permiten al individuo gozar del conjunto de los derechos asegurados en las Constituciones. Por lo tanto, puede considerarse que los Estados que se enfrentan con fuertes movimientos emigratorios no garantizan el acceso a una “ciudadanía integral”5 a todos los miembros de la sociedad, sino que existen ciudadanos de primera y otros de segunda categoría. Esta realidad social estimula la emigración que se presenta como una opción de mejora de las condiciones de vida.

  • 6    La teoría del transnacionalismo ha sido desarrollada entre otros por Glick Schiller et al. (1992 (...)
  • 7  Las remesas se han vuelto para algunos países una de las principales fuentes de financiación exter (...)

17Pero, además de poner de realce las carencias en los derechos del ciudadano en el lugar de origen, la migración supone ampliar ese concepto, repensándolo a partir de lo transnacional6. En los contextos migratorios, el individuo desarrolla formas de identificaciones y estrategias ciudadanas a partir de territorialidades diferenciadas: la del país de origen y la del país de destino. La ciudadanía cobra entonces nuevos significados y, en el caso de las comunidades transnacionales, sigue siendo operacional más allá de las fronteras nacionales del país de origen. Bajo esa perspectiva se ha venido desarrollando el concepto de “ciudadanía transnacional” (Bauböck, 1994), resultado de las actividades culturales llevadas a cabo por el emigrante y sobre todo económicas ya que el compromiso ciudadano con el país de origen se visibiliza con gran intensidad en las remesas que han alcanzado niveles muy importantes a lo largo de estos últimos años7.

  • 8  Los proyectos que financian los emigrantes a través de estas asociaciones son de diversa índole: h (...)

18Las remesas han convertido indiscutiblemente al emigrante en el sostén económico del núcleo familiar en el país de origen. Esta ayuda material que proporciona el emigrante a los miembros de su familia contribuye a su vez a aumentar la posibilidad que tienen de ejercer sus derechos ciudadanos, sociales y políticos en su país (PNUD, 2009). Los emigrantes, a través de las remesas colectivas también apoyan económicamente las comunidades. Financian por ejemplo las fiestas patronales o proyectos locales de desarrollo de pequeña escala llevadas a cabo por ejemplo por las asociaciones de inmigrantes de los países receptores (Ochoa García, 2001; BID, 2006; García, 2006; Petrich, 2011)8.

  • 9 La Constitución ecuatoriana de 2008 cuenta con 58 artículos directamente relacionados con la movili (...)
  • 10  Los ecuatorianos en el extranjero están representados por seis asambleístas: dos para Europa, Asia (...)

19El emigrante, por lo tanto, sigue respondiendo a sus “deberes ciudadanos” de cara a la sociedad de origen al participar en el desarrollo económico y social de su país. En contrapartida, exige que el Estado reconozca como legítima su participación en la comunidad nacional a través de la concesión de derechos políticos como el derecho de voto en el exterior. Esta es una de las más importantes reivindicaciones de las asociaciones de migrantes que operan en el exterior. Evidentemente, el derecho de voto supone entonces, por parte del Estado, el reconocimiento del emigrante como miembro legítimo y político de la comunidad nacional y no sólo como actor económico. Este cambio de perspectiva hace que el emigrante se convierta en un actor o sujeto social activo, potencial fuente de cambio político y social para su país. Su protagonismo se refuerza considerablemente cuando logra la representación política como fue el caso por ejemplo en Ecuador. La nueva Constitución de 2008 además de ampliar y especificar los derechos de los emigrantes9, da representación legislativa a los ecuatorianos que viven en el exterior10.

  • 11 Desde la Secretaría Nacional del Migrante, el gobierno ecuatoriano ha implementado el programa “Bie (...)

20Las migraciones refuerzan, en definitiva, la ciudadanía civil de los países de origen en cuanto interpelan al Estado para que cumpla con su papel protector, es decir para que garantice la defensa de los intereses de sus ciudadanos, tanto en los países de tránsito como en los de destino (Petrich, 2011) y que proteja los intereses de los emigrantes en el territorio nacional, garantizándoles los derechos de propiedad pública y privada y también los derechos culturales (Parra, 2003). También cabe destacar que con la crisis económica que estalló en el 2008 en Europa y, en particular, en España, surgen demandas de diferente índole, esta vez vinculadas con el retorno. En efecto, los migrantes están volviendo a sus países y los que se encuentran en situaciones económicas y sociales críticas se movilizan, a menudo con el apoyo de las asociaciones de inmigrantes, para pedir a los Gobiernos de origen una ayuda que les permita emprender el regreso. Para responder a estas demandas, Gobiernos, como el ecuatoriano11 o el argentino, han tomado recientemente medidas que permiten eximir a  los retornados del pago de impuestos de aduana sobre los bienes del hogar, el automóvil o maquinarias que se ingresen al país y que sean necesarias para el ejercicio profesional.

  • 12 Véase el trabajo de Guillermo Mira Delli-Zotti y Fernando Osvaldo Esteban (2007) que ofrece una mir (...)

21En realidad, es importante considerar el efecto directo que los emigrantes puedan tener en la construcción de una conciencia colectiva ciudadana en el país de origen, en particular si tenemos en cuenta que las migraciones son procesos de constantes idas y vueltas. La experiencia migratoria enfrenta al individuo directamente con las carencias institucionales del país de origen y con la problemática de la ciudadanía ya que es precisamente por lo que tiene que luchar, tanto en el país de origen, como en el de destino. El contacto con las asociaciones de defensa de inmigrantes en el país de recepción, la interiorización progresiva de nuevos valores democráticos, así como en ciertos casos la adquisición de la doble ciudadanía, permiten al emigrante tomar conciencia de sus derechos y a menudo desarrollar un discurso reivindicativo (PNUD, 2009). Por otra parte, cabe mencionar el ejemplo específico de los exiliados políticos que suelen agruparse en asociaciones de denuncia de las violaciones de los derechos humanos cometidas en sus países de origen. Estas asociaciones contribuyen a fortalecer los mecanismos democráticos de las sociedades de origen al exigir, desde el exterior, que la justicia condene a los responsables de las violencias y que se reconozca públicamente a las víctimas12.

Los evangélicos y el concepto de doble ciudadanía

22Finalmente, el otro factor importante a considerar a la hora de analizar las nuevas recomposiciones de la ciudadanía que se observan actualmente en América Latina es el religioso. Nos interesa en particular tomar en cuenta la reflexión que se está llevando a cabo en el interior de las iglesias neo-pentecostales sobre la “nación cristiana” y su corolario: la doble concepción de la ciudadanía.

23El neo-pentecostalismo es una corriente religiosa proveniente de los Estados Unidos que se desarrolla en el contexto de la globalización, a partir de la década de los años 1980 en América Latina (García-Ruiz y Michel, 2012). Esta corriente recluta entre las clases medias y altas de la sociedad, particularmente entre "los nuevos ricos". Para esta corriente el Reino de Dios ya está en este mundo y los bienes del mundo pertenecen al Padre que los distribuye prioritariamente entre sus hijos predilectos. Esta visión se fundamenta en la llamada “teología de la prosperidad”. Se trata de una visión pos-milenarista portadora de una visión del mundo que implica que todos los cristianos tienen que trabajar por la ampliación del Reino transformando las Constituciones y las leyes de los diferentes países. La finalidad es construir una nación cristiana que tenga una representación política en este mundo a través de diputados y senadores evangélicos y una representación en el otro mundo, ante Dios. En otras palabras, el cristiano es imaginado como ciudadano de este mundo en el que tiene que ser representado por cristianos elegidos durante los procesos electorales y, en tanto que ciudadano del cielo, tiene que tener también una representación.

24Esta visión plantea, por lo tanto, el concepto de  doble ciudadanía y diversos pastores importantes en América Latina han avanzado ideas en este sentido, a través de una lectura política del antiguo testamento. Entre ellos se encuentra Edir Macedo (2009), pastor general de la institución brasileña Igreja Universal do Reino de Deus, quien afirma explícitamente que Dios es un estadista, un planificador y que la Biblia es un manual de acción política. En su sabiduría, Dios elaboró un proyecto de nación cuya implementación recae bajo la responsabilidad de los evangélicos de la generación presente a través de la acción política y del voto.

25El proyecto divino tiene que ver con la construcción de una gran nación que Dios prometió a Abraham, como “padre de numerosas naciones”. La edificación de la nación cristiana, como lo ha señalado Harold Caballeros, pastor guatemalteco, conlleva la necesidad de “formular una teología cristiana de la nación” (2004). Los evangélicos neo-pentecostales están convencidos de que ha llegado el tiempo de comprometerse con el gran proyecto, pues “han recibido las naciones en herencia” (Salmo 2, 8). En esta perspectiva Harold Caballeros afirma que “la finalidad y la motivación de nuestras vidas es el de construir una nación cristiana, una nación santa”. Y añade: “Somos una generación de transición. Venimos de un lugar y vamos a otro. Venimos de una religión y vamos hacia el Reino de Dios”. La sumisión al proyecto de edificación de la nación cristiana es el fundamento de la “teoría de la ciudadanía”. El mismo Harold Caballeros (2004) lo explícita:

Todos los creyentes tienen una doble ciudadanía. Somos guatemaltecos pero por intermedio de Cristo, nuestra Ciudad está en el cielo. Como ciudadanos del Reino, se tienen derechos y deberes. Estamos sometidos a las leyes eternas del Reino de Dios, lo que nos hace participar de su autoridad.

26Evidentemente los evangélicos pretenden imponerse en la esfera política e influir especialmente en el ámbito legislativo con el fin de conseguir leyes consideradas como “justas”, es decir, en adecuación con los preceptos bíblicos y con una “visión cristiana del mundo”. Este proyecto debe llevarse a cabo a través del voto como lo sugiere el pastor brasilero Edir Macebo (2004):

La fuerza numérica que representan los 42,2 millones (22,2% de la población) de evangélicos en Brasil es la clave de una victoria electoral, a todos los niveles. Para que esta fuerza se concretice, es importante desarrollar una cultura ciudadana, una toma de conciencia, un compromiso, una movilización.

27En la introducción de su publicación se argumenta que si todo evangélico tiene un representante en el cielo, también debe tener uno en la tierra para garantizar el bienestar de la sociedad y ese representante tiene que estar en el senado o en el congreso: de ahí la importancia de la acción política para ganar puestos de representación (García-Ruiz y Michel, 2012). La presencia de actores políticos evangélicos se empieza a observar en los años 1980 y se desarrolló en los noventa con la incorporación, por ejemplo, de “grupos parlamentarios evangélicos” en el parlamento brasileño, con la creación del Movimiento Cristiano Independiente en Argentina y la emergencia de un partido de apoyo evangélico a Fujimori en las presidenciales peruanas de 1990.

Conclusión

28Las minorías sociales, étnicas y religiosas interpelan al Estado y a sus instituciones, poniendo de relieve los límites del Estado-nación, formulado inicialmente a partir del concepto de homogeneidad cultural y exclusión social. Estas minorías denuncian la situación de marginalización en la que se encuentran y lo hacen a través de diferentes mecanismos y dinámicas reivindicando mayor visibilidad social, institucional y política. En definitiva se trata de reivindicaciones que cuestionan el concepto de ciudadanía universal, concepto estrechamente ligado con el de territorialidad y el de democracia. La ciudadanía está indiscutiblemente reformulándose en la mayoría de las sociedades latinoamericanas a partir de los parámetros de la diversidad y del territorio y exige de los Estados que definan nuevos instrumentos de gestión de lo social para lograr la redistribución de los bienes de la nación. Hoy en día lo étnico, lo religioso y la movilidad humana tienen que ser tomados en cuenta en lo que se refiere a la construcción y la definición de la comunidad social y política de cada país, en particular de aquellos que se definen como sociedades multiculturales y con altos niveles de emigración.

29A lo largo de estos últimos años, el pueblo indígena ha conseguido mayor protagonismo ciudadano en numerosos países latinoamericanos, siendo sin duda Bolivia y Ecuador en donde ha alcanzado mayor reconocimiento. Si bien es cierto que algunos movimientos y organizaciones indígenas surgen en los años 1970, los noventa marcan verdaderamente el “despertar” del mundo indígena que consigue mayor visibilidad y articulación de sus reivindicaciones. Estas reivindicaciones, de carácter esencialmente sociocultural, político y territorial, desembocaron en un profundo cuestionamiento de los Estados-nación y abrieron el debate sobre la necesidad de repensar y reformular el concepto tradicional de ciudadanía. Por otra parte, los cambios vitales experimentados por los emigrantes en lo que se refiere a su conciencia ciudadana en el contexto migratorio y los múltiples contactos y actividades transnacionales que desarrollan, han contribuido a modificar o reforzar la ciudadanía del país de origen, fomentando una nueva cultura de derecho y valores democráticos. Este proceso de transformación de la ciudadanía se irá sin duda acentuando y acelerando en los próximos años debido al gran número de retornos que ya se está observando dentro del colectivo latinoamericano instalado en España, uno de los principales países receptores de inmigrantes. Por último cabe subrayar que la influencia de las iglesias evangélicas sobre la emergencia de nuevas formas de identificación es cada vez mayor en América Latina. La «fe evangélica» es pensada como la articulación de una nueva nación cristiana que debe construirse como el corazón de un proyecto político ciudadano y conlleva por lo tanto la incorporación de actores evangélicos en la esfera del poder político. El proyecto de construcción de la “nación cristiana” que se elabora desde la perspectiva neo-pentecostal puede ser considerado entonces como un nuevo impulso para la incorporación política y ciudadana de los grupos religiosos.

Inicio de página

Bibliografía

AGUILAR, Gonzalo, LAFOSSE, Sandra, ROJAS, Hugo, STEWARD, Rebecca, “The Constitutional Recognition of Indigenous Peoples in Latin America”, Pace International Law Review Online Companion, Vol. 2, n° 2, 2010, p. 44-104.

ALCINA FRANCH, José (coord.), Indianismo e indigenismo en América, Madrid, Alianza Editorial, 1990.

BAUBOCK, Rainer, Transnational Citizenship. Membership and Rights in International Migration, Edward Elgar, Cheltenham, U.K. & Northampton, Ma., E.U.A, 1994.

BENGOA, José, “Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina?”, Cuadernos de Antropología social, n°29, Buenos Aires, 2009, p. 7-22.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, “Remesas colectivas financian desarrollo de comunidades”, <http://www.iadb.org/es/noticias/articulos/2006-05-31/remesas-colectivas-financian-desarrollo-de-comunidades,3077.html>, consultado el 2 de noviembre de 2012.

CABALLEROS, Harold, “Hacia una visión de la nación cristiana”, predicación en la Iglesia del Shaddai, Guatemala Ciudad, 16 de mayo del 2004.

CALDERON MOLGORA, Marcos, ASSIES, Willem, SALMAN, Ton, Ciudadanía, cultura política  y reforma del Estado en América Latina, México, El Colegio de Michoacán, 2002.

COJTI, Demetrio, SON CHONAY, Elsa, GUAJAN, Demetrio, Nuevas perspectivas para la construcción del Estado multinacional: propuestas para superar el incumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, Guatemala, Cholsamaj, 2007.

DAHL, Robert, La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós Ibérica, 1993.

ESTEBAN, Fernando Osvaldo, SCHMIDT, Susana, “La ciudadanía limitada. Dictadura, democracia y migración en Argentina”, Les Cahiers ALHIM, n° 22, 2011,  [En línea], Puesto en línea el 27 de enero de 2012, < http://alhim.revues.org/index4034.html> Consultado el 5 de julio de 2012.

FITZGERALD, David, Negotiating Extra-Territorial Citizenship. Mexican Migration and the Transnational Politics of Community, La Jolla, Ca, CCIS-University of California, San Diego, 2000.

HARBEMAS, Jürgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Madrid, Cátedra, 1999.

HELD, David, La democracia y el orden global. Del Estado moderno al Gobierno cosmopolita, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1997.

GARCIA, Paola, “Argentins et Equatoriens à Madrid: deux modes de reconstruction sociale dans un contexte migratoire”, Les Cahiers ALHIM, n° 12, 2006, [En línea], Puesto en línea el 21 de septiembre de 2007, <http://alhim.revues.org/index1452.html> Consultado el 3 de julio de 2012.

___________, “La migración de argentinos y ecuatorianos a España: representaciones sociales que condicionaron la migración”, Les Cahiers ALHIM, n° 9, 2004, [En línea], Puesto en línea el 18 de febrero de 2005, <http://alhim.revues.org/index399.html> Consultado el 3 de julio de 2012.

GARCIA-RUIZ, Jésus, MICHEL Patrick, Et Dieu sous-traita le salut au marché. De l’action des mouvements évangéliques en Amérique latine, Paris, Armand Colin, 2012.

GLICK SCHILLER, Nina, BASCH, Linda, BLANC-SZANTON, Cristina, “Towards a Transnacional Perspective on Migration”, Annals of The New York Academy of Sciences, Vol. 645, The New York Academy of Sciences, 1992, p. 1-25.

KYMLICKA, Will, Ciudadanía multicultural, Barcelona, Paidos, 1996.

MACEDO, Edir (en collaboration avec Oliveira, C.), Plano de Poder. Deus, os cristāos e a política, Rio de Janeiro, Editora Thomas Nelson Brasil, 2008.

MILLER, Toby, Cultural Citizenship, Philadelphia, Temple University Presse, 2007.

MIRA DELLI-ZOTTI, Guillermo, ESTEBAN, Fernando Osvaldo, “La construcción de un espacio político transnacional iberoamericano de defensa de los DDHH: El caso de La Asociación Argentina pro Derechos Humanos en Madrid”, Historia Actual Online, n° 14, otoño, 2007, p. 57-66.

Ochoa García, Carlos “Migraciones de un pueblo K’iche’ hacia Huston”, Les Cahiers ALHIM, 2 | 2001, [En línea], Puesto en línea el 16 juin 2006, < http://alhim.revues.org/index588.html> Consultado el 20 de enero de 2013.

OFFE, Claus, Contradicciones en el Estado del Bienestar, Madrid, Alianza, 1990.

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Migración Internacional en las Américas, Washington, SICREMI, 2011. Disponible en línea <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/7629.pdf?view=1> Consultado el 28 de octubre de 2012.

PARRA, José Francisco, “Acercamiento al derecho de la migración y la ciudadanía transnacional. El caso de los emigrantes mexicanos y sus derechos políticos”, América Latina de Hoy, abril, Vol. 33, Universidad de Salamanca, 2003, p.73-100.

PETRICH, Perla, “Les effets de la transterritorialité dans La migration guatémaltèque”, Les Cahiers ALHIM, n° 22, 2011,  [En línea], Puesto en línea el 08 de febrero de 2012, <http://alhim.revues.org/index4081.html> Consultado el 28 de junio de 2012.

PNUD, Etnicidad y Ciudadanía, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cuaderno de desarrollo humano n° 2, 2007/2008, Guatemala PNUD, 2009. Disponible en línea: http://www.pnud.org.gt/data/publicacion/Etnicidad_y_ciudadania.pdf. consultado el 28 de octubre de 2012.

___________, “Migración, cultura y ciudadanía en El Salvador”, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Cuaderno sobre desarrollo Humano, n° 7, San Salvador, PNUD, marzo 2007. Disponible en Línea : <http://www.enlaceacademico.org/base-documental/biblioteca/documento/migraciones-cultura-y-ciudadania-en-el-salvador/> Consultado el 29 de junio de 2012.

PORTES, Alejandro, “Global Villagers. The Rise of Transnacionalism Communities”,  The American Prospect, Vol. 7, n° 25, 1996

SOYSA, Yasemin, Limites of Citizenship. Migrants and the Postnational Membership in Europe, Chicago, The Chicago University Press, 1994.

YOUNG, Iris Marion, La justicia y la política de la diferencia, Madrid, Edición Cátedra, Universitat de València e Instituto de la Mujer, 2000.

Inicio de página

Notas

1   La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que se forma en 1982, es el resultado de la coordinación de los principales grupos guerrilleros guatemaltecos.

2   Hasta la actualidad, el Gobierno guatemalteco no ha cumplido con lo estipulado en los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cu al plantea la necesidad de repensar las modalidades de aplicación de estos acuerdos (Cojtí et al. l, 2007).

3 Otras propuestas teóricas han surgido, entre las cuales la “ciudadanía cosmopolita” (Dahl, 1993), la “ciudadanía diferenciada” (Young, 2000), la “ciudadanía democrática” (Held, 1997) y la “ciudadanía posnacional” (Soysal, 1994).

4   Para más detalles, véase Gonzalo Aguilar et al. (2010).

5 Retomando la propuesta de definición de Miller (2007), citada en el informe del PNUD (2009), “la ciudadanía integral” se caracteriza por su dimensión política que consiste en el derecho a residir y votar, su dimensión económica que se define por el derecho a trabajar y prosperar y finalmente su dimensión cultural que se articula en torno al derecho a la educación y la libre expresión.

6    La teoría del transnacionalismo ha sido desarrollada entre otros por Glick Schiller et al. (1992), Portes (1996) y Fitzgerald (2000).

7  Las remesas se han vuelto para algunos países una de las principales fuentes de financiación externa, como en el caso de Ecuador, El Salvador o Guatemala (OEA, 2011).

8  Los proyectos que financian los emigrantes a través de estas asociaciones son de diversa índole: humanitaria, política, social, cultural y religiosa (Véase en García (2006) los ejemplos descritos en el caso de los argentinos y ecuatorianos que residen en España y en Petrich (2011) el caso de los guatemaltecos instalados en Estados Unidos).

9 La Constitución ecuatoriana de 2008 cuenta con 58 artículos directamente relacionados con la movilidad humana.

10  Los ecuatorianos en el extranjero están representados por seis asambleístas: dos para Europa, Asia y Oceanía, dos para Canadá y Estados Unidos y por último, dos para América Latina y África.

11 Desde la Secretaría Nacional del Migrante, el gobierno ecuatoriano ha implementado el programa “Bienvenido a casa” con el objetivo de facilitar los retornos.

12 Véase el trabajo de Guillermo Mira Delli-Zotti y Fernando Osvaldo Esteban (2007) que ofrece una mirada de las actividades políticas desarrolladas por los exilados argentinos en España desde la perspectiva del transnacionalismo.

Inicio de página

Para citar este artículo

Referencia electrónica

Paola Garcia, « Las nuevas formas de ciudadanía en las sociedades latinoamericanas contemporáneas », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 24 | 2012, Publicado el 08 febrero 2013, consultado el 21 octubre 2017. URL : http://alhim.revues.org/4415

Inicio de página

Autor

Paola Garcia

Université d’Avignon paola.garcia@wanadoo.fr

Artículos del mismo autor

Inicio de página

Derechos de autor

Licencia Creative Commons
Amérique latine Histoire et Mémoire está distribuido bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Inicio de página
  • Logo Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis
  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • Revues.org