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Conflictividad social durante la segunda presidencia de Evo Morales en Bolivia

Alejandro Schneider

Resúmenes

El propósito del presente artículo consiste en esbozar algunas de las principales características que asumió la conflictividad social durante los tres primeros años de la segunda presidencia de Evo Morales Ayma en Bolivia. En particular, aquí se aborda y analizan las dificultades que mantuvo el mandatario con su específica base de apoyo electoral ; en particular, en los departamentos del occidente del país.
En Bolivia, los conflictos se caracterizan por poseer un alto grado de radicalización en su desarrollo. De este modo, nos interesa observar los diferentes tipos de enfrentamientos que se llevaron adelante, las formas que éstos asumieron y el contenido de sus reclamos. En este sentido, uno de los propósitos del artículo fue reflexionar brevemente sobre las distintas tácticas que empleó el Gobierno para canalizar la protesta social y regional.

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1La historia reciente de Bolivia debe observarse, entre otras posibilidades, a través de las numerosas luchas sociales que se manifestaron desde el comienzo del nuevo milenio. El ciclo abierto que se inició con la denominada “Guerra del Agua” en los primeros meses del año 2000, pasando por las rebeliones populares de febrero y octubre de 2003, hasta los enfrentamientos de junio de 2005, pusieron en juego toda una serie de temas que aún no terminaron de cerrar.

2En realidad, estas movilizaciones fueron el producto de los cambios acaecidos desde 1985. A partir de entonces, se abrió un nuevo horizonte político, económico y social signado por una fuerte ofensiva neoliberal sobre la sociedad. Como consecuencia inmediata, se destruyó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), se produjo una brutal reducción del empleo (sobre todo en la minería) y se desplegaron una serie de medidas que apuntaron a lograr una mayor flexibilidad laboral, desmantelando numerosos derechos adquiridos tras la Revolución de 1952.

3La llegada a la presidencia de Evo Morales Ayma, en enero de 2006, representó un momento de esperanza para extensos sectores de la población. Si bien el Gobierno logró una cierta redistribución de la riqueza, tras cuatro años de intensas disputas regionales y políticas, la situación económica y social de la mayoría de la ciudadanía no se modificó en sus aspectos sustanciales. A pesar de ello, en los comicios de 2009, con una fuerte campaña electoral centrada en la búsqueda de alcanzar un país desarrollado, se renovó la confianza en la administración del Movimiento al Socialismo (MAS). En esa coyuntura de permanente transformación, el objetivo del presente artículo es analizar y reflexionar sobre una serie de escenarios conflictivos que se plantearon durante los tres primeros años del segundo mandato de Morales. En esta ocasión, como un primer esbozo de investigación, se analizó lo publicado en tres periódicos de circulación masiva a nivel nacional (La Razón, La Prensa y Página Siete) junto con lo escrito en el principal diario (Los Tiempos) del departamento de Cochabamba. Cabe indicar que estos medios de comunicación tienen entre sí un notable contraste analítico y político sobre el ejercicio del Gobierno del MAS. A esta información se la confrontó con datos emanados por dos organizaciones no gubernamentales : el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y la Fundación UNIR BOLIVIA junto con informes oficiales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Algunas características generales de los Gobiernos del MAS

4En términos globales, las administraciones del líder cocalero se caracterizaron por continuar con el sistema primario exportador que identificó al territorio desde la llegada de los españoles. Aunque el vicepresidente Álvaro García Linera (2006) ha manifestado que se busca crear un Estado fuerte y desarrollado, denominado “capitalismo andino amazónico”, esto aún no se ha logrado ; la base económica permanece atada a una lógica extractivista nutrida por los altos precios mundiales de algunas materias primas. De esta manera, el modelo vigente se alimenta sobre la captación de la renta proveniente de las exportaciones y su posterior mutación en ayudas sociales como el bono escolar “Juancito Pinto” y la “Renta Dignidad” para los ancianos. A pesar de los discursos a favor de la industrialización, el segundo período de gestión avanzó muy poco en una agenda posextractivista de mediano plazo ; aún se mantiene el ciclo rentista donde cerca del 90 % del valor exportado se genera por la venta de gas natural, soja, petróleo, plata, oro, estaño, entre otros bienes.

  • 1 CEDLA, Informe, Junio de 2011 y junio de 2012.

5Este panorama económico tiene su correlato inmediato en el ámbito de la ocupación y de los salarios. Según un informe del CEDLA, el nivel de desempleo era de un 8,8 % en el 2010. A esto se debe agregar que, el 83 % de los empleos son considerados como precarios : los trabajadores se desempeñan sin contrato de tareas, carecen de seguro social, jubilación y pagos por indemnización. En cuanto al índice de subempleo, de acuerdo con el CEDLA, este presenta un incremento de 17 % en 2011 con relación al año 20101.

  • 2 PNUD, Informe sobre Bolivia. Noviembre de 2010.

6La flexibilidad laboral, sobre todo en lo que se refiere a la precarización en los contratos de empleo, se convierte en una herramienta de primer orden para incidir en el deterioro constante de los haberes percibidos. De este modo, los salarios continúan siendo una de las principales variables que favorece la redistribución del ingreso en favor del capital ; las bajas remuneraciones se convierten en un especial atractivo para la inversión extranjera en la producción primaria. Por otro lado, existe una amplia brecha social, la concentración de la riqueza se encuentra en pocas manos : el 20 % de la población más rica acapara más del 60 % de los ingresos, mientras que el 20 % más pobre sólo recibe el 2 %. Según un informe elaborado por el PNUD se observa que, siete de cada diez bolivianos, son indígenas y están insertos en el sector familiar del mercado laboral con escasas remuneraciones. Por el contrario, en el estrato de mayores ingresos, seis de cada diez no son indígenas y se insertan en el sector empresarial con sueldos relativamente altos y con mejores condiciones ocupacionales2. El patrón de desarrollo vigente sigue privilegiando al capital por encima de la fuerza de trabajo. La pobreza continúa estando presente a pesar del incremento de las reservas internacionales en las arcas del Estado y del crecimiento económico.

Conflictividad social en el segundo mandato presidencial

7En general, todos los observadores sobre el proceso reciente boliviano coinciden que el segundo período presidencial de Morales se inició dentro de una coyuntura más favorable que su primer Gobierno. A grandes rasgos, el mandatario logró un amplio triunfo electoral (incluso, su fuerza política contó con la mayoría de miembros en la Asamblea Legislativa Plurinacional), se había derrotado a la derecha regional del oriente y, por sobre todo, en enero de 2009 se había respaldado, a través del voto popular, la creación de la Constitución Política del Estado (CPE). Sin embargo, este escenario no alcanzó para evitar una serie de fuertes conflictos sociales y regionales que se desplegaron en los tres primeros años de su segunda gestión.

8El objetivo gubernamental de impulsar un modelo de desarrollo industrial en el marco del denominado “Proceso de Cambio” provocó desde el inicio de su segundo mandato una serie de problemas y cuestionamientos diferentes a lo experimentado en el primer período presidencial. En otras palabras, los principales sectores que impugnaron las directivas de Evo no provinieron del bloque regional del oriente boliviano sino desde sus propias bases sociales. En este sentido, la segunda presidencia se encontró rodeada por grandes conflictos que debilitaron fuertemente al Gobierno e hicieron que Morales fuese confrontando duramente por su tradicional electorado.

  • 3 Véase La Razón, La Prensa y Los Tiempos, abril y mayo de 2010.

9Uno de los primeros grandes enfrentamientos, ocurridos entre abril y mayo de 2010, fue cuando los pobladores de la zona de Caranavi (La Paz) instalaron un bloqueo carretero pidiendo la construcción de una planta procesadora de cítricos en esa localidad. Como consecuencia de la protesta, el Poder Ejecutivo dispuso un violento operativo policial de desbloqueo en la ruta que había sido ocupada, ocasionando una inexorable conflagración con un saldo de veintinueve heridos, entre policías y civiles, así como también el fallecimiento de dos jóvenes con armas de uso oficial. Tras los incidentes, el presidente aceptó establecer la fuente laboral demandada por los vecinos del lugar.3

  • 4 Véase La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos, agosto de 2010.

10Pocos meses más tarde, en agosto, Morales tuvo un nuevo frente de batalla en uno de los principales distritos electorales del Movimiento al Socialismo (MAS) : Potosí. Durante varias semanas, distintos sectores sindicales y sociales enrolados dentro del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) organizaron una contundente protesta ciudadana con bloqueos y paros que aislaron el céntrico departamento del resto del país. La medida de fuerza se hizo en demanda del cumplimiento de las promesas a sus votantes, entre otras, la construcción de un aeropuerto internacional, la finalización de la disputa histórica por los límites geográficos con Oruro, la preservación del Cerro Rico y la puesta en marcha de la Planta de Fundición de Karachipampa. Finalmente, frente al aumento del descontento, el mandatario se avino a acordar con los principales reclamos de los potosinos4.

  • 5 La Razón, 1 de enero de 2011.

11Cuando parecía que el año 2010 iba a finalizar con mayor calma, en la última semana de diciembre, el Gobierno tuvo un tercer gran enfrentamiento con gran parte de su electorado. En esa circunstancia la crisis transcurrió como consecuencia del Decreto Supremo nº 748 por el cual se resolvió incrementar el Impuesto Específico a los Hidrocarburos y sus Derivados. A raíz de ello, en forma inmediata, se dio un alza significativa en el valor de los carburantes junto con una rápida subida de precios de los productos básicos de la canasta familiar y del servicio de transporte en un orden cercano al 100 %. La respuesta popular no se hizo esperar. Se produjo un masivo rechazo de toda la población ; pese a que las autoridades gubernamentales salieron a aminorar el efecto del incremento de los precios con el anuncio de un aumento de un 20 % en el haber mínimo nacional y en los sueldos de la Policía, las Fuerzas Armadas, los trabajadores de la salud y de la educación, entre otras promesas. En sintonía con estas declaraciones, sectores afines a Evo, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la “Bartolina Sisa”, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) expresaron su apoyo al aumento del impuesto a los combustibles. Sin embargo, los comunicados no alcanzaron para frenar los paros y las movilizaciones callejeras en los departamentos del occidente del país, bastiones electorales del MAS. En pocas horas, mineros de Huanuni, maestros urbanos y rurales, juntas vecinales, amas de casa, organizaciones departamentales y locales de fabriles, exigieron la derogación de la norma legal junto con la renuncia de los principales funcionarios de la presidencia si no se retrocedía con el tributo fiscal. Incluso, el descontento generalizado condujo a que hubiese un bloqueo de cocaleros del Puerto Villarroel, en el Chapare, una de las principales zonas favorables al presidente. Al cabo de una semana de protestas, a pocas horas de finalizar el año, Morales se vio obligado a abrogar el decreto, argumentando que debía “gobernar obedeciendo al pueblo”5.

  • 6 Véase La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos, agosto a octubre de 2011. A pesar de esto, e (...)

12Un cuarto motivo de dificultad que experimentó el Gobierno a lo largo de toda su gestión fueron los conflictos originados con los pueblos indígenas de las tierras bajas ; sobre todo, con la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB). La principal forma en que se manifestó esta pugna fue a través de marchas opositoras a La Paz en contra de la construcción del proyecto carretero que pretende vincular Villa Tunari (Cochabamba) con San Ignacio de Moxos (Beni), traspasando el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Cabe subrayar que, a este pedido, también se le sumaron otros como el respeto por los territorios originarios en la nueva legislación agraria, un reclamo de mayor asignación de recursos, el establecimiento de una universidad indígena, entre otros asuntos. En este proceso, la movilización más importante fue la VIII Marcha de los Pueblos Indígenas por la Defensa del Territorio, la Autonomía Indígena y los Derechos de los Pueblos Indígenas efectuada entre los meses de agosto y octubre de 2011. Luego de haber recorrido cerca de seiscientos cincuenta kilómetros, de sufrir una brutal represión gubernamental con heridos, que fue repudiada por el conjunto de la población, el presidente debió retroceder, en forma momentánea, con el trazado de la carretera6.

  • 7 El Pacto de Unidad fue una organización creada en mayo de 2007 para apoyar la primera gestión del p (...)

13De manera clara y contundente, en las protestas de los pueblos indígenas de las tierras bajas, salió a la luz una de las principales tensiones inherentes en el denominado “Proceso de Cambio” : la lógica que privilegia el desarrollo de un capitalismo industrial a partir de la integración al mercado mundial frente a otra que sostiene la defensa de determinados valores ecológicos, sociales y comunitarios. El bloque social, que hasta entonces se hallaba representado en el Pacto de Unidad, entró en crisis : dos de las cinco centrales campesinas que apoyaban al Gobierno rompieron con éste, mientras que, hubo otros sectores como los cocaleros del Chapare, que exigieron la construcción de la carretera7

14En la coyuntura analizada, el líder cocalero experimentó también una serie de dificultades con uno de sus antiguos aliados : la Central Obrera Boliviana (COB). Si bien como analizó Bruno Fornillo (2009) la relación entre la central sindical y primer Gobierno de Morales osciló entre ambivalente y favorable, los vínculos durante el segundo mandato terminaron tensándose ; más aún, tras el “Gasolinazo” donde la cúpula sindical encabezada por Pedro Montes fue duramente cuestionada por sus bases por su actitud dubitativa en esos días.

  • 8 Si bien en el 2012 las protestas que enmarcaron los debates en torno al aumento salarial también fu (...)

15En realidad, los enfrentamientos con las autoridades nacionales emergieron, por fuera de la voluntad de la dirigencia sindical, durante las discusiones anuales por los aumentos en los haberes. De este modo, trabajadores fabriles, mineros (sobre todo, los de Huanuni), maestros rurales y urbanos y empleados de la salud estatal, presionaron a la dirección de la COB para que encabezara los reclamos salariales. En esta puja, el criterio del Poder Ejecutivo estuvo (y sigue estando aún) pautado por una filosofía fiscalista, de búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas, por ende, siempre quiso que las subas concedidas no superen los índices inflacionarios. En ese marco, se desplegaron cuantiosas protestas y masivas movilizaciones callejeras (algunas de ellas, con fuertes enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad) que intentaron quebrar los números ofrecidos por el Gobierno. No obstante, el presidente logró, en forma permanente, frenar los reclamos de las bases obreras a través de sucesivos acuerdos con los dirigentes de la central laboral. Por ejemplo, en 2010, Morales dividió el reclamo de los sindicatos con el proyecto de ley de reforma del sistema previsional, en la que se propuso reducir la edad jubilatoria de los trabajadores de 60 a 58 años, que en el caso de los mineros pasaba a los 56, reducible a 51 para quienes trabajan en “interior mina” ; de ese modo, el pedido de incremento salarial pasó al olvido. O bien, en el 2011, cuando la COB cedió a la demanda de mejoras en los haberes por la promesa de Morales de derogar totalmente el Decreto Supremo nº 21.0608.

16Por último, el mundo minero ha sido uno de los espacios de la sociedad con mayor nivel de conflagración con el Gobierno. A los reiterados reclamos anuales por mejoras en los salarios, junto al histórico papel que desempeñaron al frente de la COB, el sector minero protagonizó una serie de nuevas dificultades desde el inicio de la primera gestión de Morales. Los asalariados mineros, organizados en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivia (FSTMB), impactaron con su presencia, durante décadas, al conjunto de la ciudadanía (Zavaleta, 1988). Si bien tras las reformas de 1985 su papel tendió a disminuir, su protagonismo volvió a crecer en un contexto signado por el alza de los precios de los minerales junto con una creciente demanda por su extracción.

17Durante la primera presidencia del MAS, los trabajadores del subsuelo volvieron a cobrar peso en el escenario nacional. A pesar que en la campaña electoral de 2005, el líder cocalero argumentó a favor del renacimiento de la minería estatal bajo la COMIBOL, su administración se caracterizó por fortalecer al ámbito liderado por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN). Lejos de la promesa de buscar la renacionalización del subsuelo, el principal interés de Morales fue el de continuar con la estrategia capitalista de los años noventa de fomentar los contratos de riesgo compartido entre cooperativistas y empresas extranjeras.

  • 9 Los cooperativistas mineros funcionan bajo principios idénticos al de una empresa privada. La gran (...)

18Con ese panorama de fondo, la FSTMB empezó a pujar por restablecer el papel histórico de la COMIBOL y de la minería estatal. Los acontecimientos de Huanuni en octubre de 2006 expresaron, entre otras cuestiones, el descontento reinante con la política oficial del Gobierno (Mokrani, 2006 ; Fornillo, 2007). Si bien tras este hecho, el yacimiento del cerro Posokoni se nacionalizó, junto con otras empresas ligadas a la fundición de minerales, los problemas en este ámbito no finalizaron. Por otra parte, a pesar de estos inconvenientes, el sector cooperativista continuó recibiendo un fuerte respaldo en términos políticos y financieros desde el Gobierno, a su vez, éste no fue objetado ni castigado por las pésimas condiciones laborales que identificó a ese espacio (Espinoza, 2010).9

19Durante la segunda presidencia la minería continuó creciendo beneficiada por el alza de los precios de las materias primas. Por otra parte, Morales continuó con su política de armar distintas alianzas con los diversos sectores integrantes del mundo minero : grandes empresarios, cooperativistas y asalariados. De este modo, en parte, esto explica el aumento de las pugnas entre los asalariados y las cooperativas por el control de los yacimientos. De acuerdo con la pesquisa efectuada, las mayores luchas, algunas en forma extremadamente violentas, se sucedieron en los departamentos del occidente boliviano ; en particular, en La Paz, Oruro y Potosí, durante el 2012.

20El principal motivo de colisión fue por las invasiones de los yacimientos por parte de los pueblos de las comunidades y por los cooperativistas. Así, por ejemplo, estos últimos, en mayo del 2012, avasallaron la mina de Colquiri en La Paz ; hasta esa fecha, la empresa operaba bajo la modalidad de riesgo compartido, en convenio con la COMIBOL, por la compañía Sinchi Wayra, una filial de la multinacional suiza Glencore. A partir de entonces, durante cinco meses, se desarrolló una puja incesante entre las dos principales entidades que organizan al sector : la FSTMB y la FENCOMIN. En ese lapso se desataron duros enfrentamientos con dinamita (que ocasionaron decenas de heridos y un muerto), capturas de rehenes, bloqueos de rutas, movilizaciones a La Paz, paros en centros mineros, etc. Frente a ello, el Poder Ejecutivo decidió nacionalizar el yacimiento, pasando su gestión a la COMIBOL ; en forma simultánea, permitió que una de las mejores vetas (la denominada con el nombre de Rosario) fuese en un 50 % explotada por los cooperativistas.

21Por fuera de ese problema específico, al igual que en Huanuni durante el 2006, se hallaba la política del MAS para el sector minero. Por un lado, los obreros asalariados exigieron en todo momento la nacionalización de las minas y su control por medio de la COMIBOL ; por el otro, los cooperativistas (junto con el propio Gobierno) postularon su derecho a la explotación minera, basándose en lo expresado en la nueva CPE. En este sentido, como producto de la radicalidad de la propia lucha en torno a la contienda de Colquiri, en el que los cooperativistas bloquearon durante cuarenta y ocho horas todos los caminos del país, la FENCOMIN logró la aprobación de un Decreto Supremo que modificó los términos de explotación de la Reserva Fiscal Minera. A partir de esta nueva norma legal se permitió que los cooperativistas tuviesen nuevas áreas de trabajo, cuestión que generó una fuerte impugnación por parte de la COMIBOL y los asalariados del FSTMB.

  • 10 Luego de suscribir el acuerdo, Morales reconoció que el “error” del gobierno fue el de “no convocar (...)

22En forma paralela, aconteció la disputa por la explotación de la mina Mallku Khota en Potosí, la cual era regenteada por un consorcio subsidiario de la empresa canadiense South American Silver. El enfrentamiento se produjo a raíz de que un grupo de comunarios quería explotar el yacimiento sin intervención de la compañía extranjera. Tras cinco meses de tomas de rehenes, movilizaciones a La Paz, choques con las fuerzas de seguridad (que dejaron un saldo de un campesino muerto y varios heridos), se firmó un Decreto Supremo que nacionalizó la reserva minera, adjudicando a la COMIBOL como administradora del yacimiento10. En esta pugna, los asalariados a través del FSTMB, exigieron que la nacionalización no contemple la participación de los cooperativistas y que en la directiva sindical de los trabajadores de la empresa estatal se incluya la participación de los ayllus, ingresando los comunarios de la zona de acuerdo con las necesidades laborales de la COMIBOL. Sin embargo, hasta mediados de octubre siguieron los enfrentamientos violentos con heridos entre comunarios de Mallku Kohta y ex cooperativistas y campesinos que apoyaban la presencia de la multinacional canadiense ; esto condujo a que Evo decidiera otorgar una custodia militar permanente a la reserva.

23En resumen, una de las principales características de las medidas de fuerza desplegadas en su segunda gestión fue que las mismas provinieron de sus propias bases electorales y no de los tradicionales grupos políticos antagónicos como aconteció durante el primer Gobierno. Como se verificó en todas las pugnas mencionadas, los sectores que se movilizaron y protestaron contra las políticas gubernamentales fueron en su mayoría, con la excepción de los pobladores indígenas del TIPNIS, electores de los departamentos occidentales del país ; en particular, mineros asalariados, personal del magisterio y comunarios. Aunque, cabe indicar, que la lucha contra el aumento de la gasolina tuvo un carácter masivamente popular. En cuanto al tipo de enfrentamiento se desarrollaron paros activos con movilización a las sedes de Gobierno comunal, departamental y nacional. Asimismo, algunos embates, como las disputas por las vetas mineras, se hicieron con ocupación de yacimientos y tomas de rehenes. Por otra parte, en cuanto a las demandas planteadas se pueden calificar, a grandes rasgos, dos cuestiones. La primera, es que surgieron a raíz de problemas locales con las autoridades nacionales (Caranavi, Potosí, Tipnis) ; en tanto, una segunda clase de reivindicación se dio por cuestiones estrictamente económicas como fue la protesta contra el alza de los combustibles, el pedido de mejora de salarios o la necesidad de explotar nuevos centros y vetas mineras.

El tratamiento de los conflictos por parte del Gobierno

24En numerosas ocasiones se ha descrito que Bolivia posee una sociedad densamente organizada. Una de las formas en que se ha presentado esta característica es el alto nivel de conflictividad económica, social y regional dentro de un precario nivel institucional, en donde prácticamente el Estado se halla ausente. Asimismo, coexisten una cultura y una praxis política que se sintetiza en medidas de presión que atestiguan un alto grado de radicalización en los enfrentamientos, en donde sobresale, como particularidad, que en la práctica no funcionan las instancias intermedias de diálogo entre los actores intervinientes. Los mandatos presidenciales de Morales no escaparon a este singular panorama.

25La reacción del Gobierno de Evo frente a estas dificultades ha transitado por un mismo sendero en casi todas las ocasiones. A grandes rasgos, sus respuestas se caracterizaron por dejar que las protestas se diluyeran o se resolvieran en el ámbito de las autoridades locales. Cuando superaban esa instancia, se las descalificaba y se las hostigaba con argumentos de que las mismas fueron originadas por intereses espurios, ajenos a los reales problemas de la sociedad afectada ; en ese sentido, se las denunciaba como una conspiración motorizada por la derecha regional, por grupos políticos opositores o por Organizaciones No Gubernamentales, con el fin de derrocar a Evo. En forma paralela, el primer magistrado requería el auxilio de sus grupos de apoyo más cercanos y directos como los cocaleros del Chapare, las Bartolinas, los campesinos de la CSTUCB, etc., para que se movilizaran efectuando marchas paralelas en solidaridad con su gestión. Llegado a ese plano de confrontación, en no pocas ocasiones, se terminaba transitando a una coacción más agravada cuando el Gobierno empleaba la represión, la cual finalizaba con heridos y personas fallecidas. Alcanzado esa instancia, el propio presidente cesaba la protesta interviniendo y, en general, cediendo en sus posturas iniciales que motivaban y originaban los reclamos como fueron los casos de Caranavi, el aumento del impuesto a los hidrocarburos, la creación de la carretera por el TIPNIS, las medidas pensadas para la minería, entre otras.

26De esta forma, si bien el MAS, desde su nacimiento, fue ideado como un “instrumento político” de las organizaciones sociales, su ejercicio en la administración pública distó de una verdadera participación comunal. A través de las distintas conflagraciones estudiadas, se observa que la resolución última de las mismas pasaron exclusivamente por la intervención de Morales : en él se centralizó siempre todas las decisiones. Cada sector que se movilizó, en búsqueda de sus reclamos, pidió la intervención del presidente, en vez de que lo hicieran sus ministros. Esto llevó a que el partido gobernante, en su conjunto, no participara de las medidas ; a contramano, de lo que originalmente se había pensado como una herramienta colectiva distinta a las tradicionales agrupaciones partidarias.

  • 11 Para una síntesis de esta postura véase : GARCÍA LINERA, Álvaro, El “Oenegismo”, Enfermedad Infanti (...)

27El Gobierno es consciente de esta coyuntura de descontento social con su gestión ; en este sentido, el segundo mandato estuvo cruzado por un fuerte desgaste frente a la población como lo demostró el permanente cambio de ministros. Por su parte, García Linera ha mencionado en diversas circunstancias que se estaba transitando por la quinta fase del denominado Proceso de Cambio, la cual era definida por la presencia de tensiones creativas en el interior del bloque popular11.

Conclusiones

28A pesar de ciertas mejoras en algunos indicadores sociales, el desempleo, los bajos salarios y la calidad del empleo se mantuvieron entre los problemas más acuciantes de la sociedad boliviana. En cierta forma, en aras de construir un capitalismo desarrollado, el Poder Ejecutivo siguió privilegiando el interés del gran capital y los equilibrios macroeconómicos, en desmedro de las condiciones de vida de los trabajadores, los campesinos y las comunidades originarias. La segunda presidencia expresó, en numerosas circunstancias, cómo los objetivos del Gobierno en materia económica chocaron con los intereses y los deseos de los sectores más desfavorecidos. Esto condujo a una situación de fuerte desgaste de su figura, lo cual lo ha hecho retroceder en determinadas ocasiones, reconociendo –aunque sea formalmente- sus errores. Por otro lado, los diversos sectores sociales que reclamaron porque sus derechos se encontraron vulnerados, lograron acceder a sus objetivos por la fuerza de su movilización y su capacidad de presión. En síntesis, nada indica que los restantes meses del Gobierno de Evo Morales presente sustanciales diferencias con sus primeros años de gestión.

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Bibliografía

ESPINOZA, Jorge, Minería boliviana. Su realidad, La Paz, Plural, 2010.

FORNILLO, Bruno, “Encrucijadas del coGobierno en la Bolivia actual”, Observatorio Social de América Latina, vol. VIII, nº 22, septiembre de 2007.

FORNILLO, Bruno, “Proletariado minero, nacionalización económica y el posicionamiento actual de la Central Obrera Boliviana”, Polis, nº 24, diciembre de 2009.

GARCÍA LINERA, Álvaro, “El ‘capitalismo andino amazónico’”, Le Monde Diplomatique, enero de 2006.

GARCÍA LINERA, Álvaro, El “Oenegismo”, Enfermedad Infantil Del Derechismo. (O cómo la “reconducción” del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal), La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011.

MOKRANI, Dunia, “Pensar la política en Bolivia desde Huanuni”, Pensamiento de los confines, nº 19, diciembre de 2006.

ZAVALETA, René, Clases sociales y conocimiento, La Paz, Los Amigos del Libro, 1988.

Informes

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)

Fundación UNIR BOLIVIA

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Diarios nacionales y regionales de Bolivia

La Prensa

La Razón

Página Siete

Los Tiempos (Cochabamba)

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Notas

1 CEDLA, Informe, Junio de 2011 y junio de 2012.

2 PNUD, Informe sobre Bolivia. Noviembre de 2010.

3 Véase La Razón, La Prensa y Los Tiempos, abril y mayo de 2010.

4 Véase La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos, agosto de 2010.

5 La Razón, 1 de enero de 2011.

6 Véase La Razón, La Prensa, Página Siete y Los Tiempos, agosto a octubre de 2011. A pesar de esto, en el transcurso del año 2012 hubo numerosas consultas a los pobladores de la región sobre la posibilidad de continuar con el proyecto de la carretera. Véase Informe de la Fundación UNIR BOLIVIA.

7 El Pacto de Unidad fue una organización creada en mayo de 2007 para apoyar la primera gestión del presidente. En oportunidad de la represión de setiembre de 2011, la CIDOB junto con el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) se retiraron del mismo.

8 Si bien en el 2012 las protestas que enmarcaron los debates en torno al aumento salarial también fueron muy extensas, la nueva dirección sindical (encabezada por Juan Carlos Trujillo) decidió dejar a un lado el reclamo de los haberes para acordar con el gobierno otros temas que se hallaban en litigio.

9 Los cooperativistas mineros funcionan bajo principios idénticos al de una empresa privada. La gran mayoría de los socios son gente humilde ; sin embargo, dentro de ellas actúan empresarios que no pagan impuestos y regalías, empleando mano de obra en forma precaria, sin beneficios sociales. Además, carecen de medidas de seguridad en los socavones y no efectúan inversiones de prospección y exploración minera, entre otros temas.

10 Luego de suscribir el acuerdo, Morales reconoció que el “error” del gobierno fue el de “no convocar” en forma inmediata a los comunarios de la región para resolver el problema, por ello, ofreció sus disculpas. Página Siete, 11 de julio de 2012.

11 Para una síntesis de esta postura véase : GARCÍA LINERA, Álvaro, El “Oenegismo”, Enfermedad Infantil Del Derechismo. (O cómo la “reconducción” del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal), La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 2011.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Alejandro Schneider, « Conflictividad social durante la segunda presidencia de Evo Morales en Bolivia  », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 26 | 2013, Publicado el 17 enero 2014, consultado el 26 julio 2017. URL : http://alhim.revues.org/4840

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Autor

Alejandro Schneider

Universidad de Buenos Aires/Universidad Nacional de La Plata
Investigador y profesor en: Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. (UNLP)aschneider98@yahoo.com.ar

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