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Desplazados: rostros anónimos de la guerra

Jorge Rojas

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Palabras claves :

Colombia, Desplazados, Guerra
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Fotos de Patricio Tobon

El censo y la indiferencia

1Colombia se apresta a realizar en el año 2.003 un nuevo censo de población. Es posible que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, incorpore algunos indicadores que den cuenta de la crónica y prolongada tragedia humanitaria que vive Colombia en el marco del conflicto armado interno: el desplazamiento forzado. En efecto, la nación se construye (o se destruye?) en medio de una reubicación caótica de la población en su territorio caracterizada por un proceso social y demográfico fragmentado y con un fuerte componente de violencia, en el que se destaca el conflicto armado interno y sus progresivas expresiones de degradación. El problema es de desplazamiento pero va más allá del desplazamiento.

2La crisis estructural del campo, los modelos de desarrollo aperturistas y, por supuesto, la violencia, se han encargado de generar un inmenso flujo migratorio en el que se confunden desplazados, migrantes, trabajadores temporales, colonos, trabajadores de cultivos de uso ilícito y, más recientemente, pueblos indígenas y comunidades negras desarraigados de su entorno socio-económico y cultural y en medio de traumáticos ciclos de expulsión y reasentamiento que ponen en peligro su propia existencia. Por eso no es posible contar a los desplazados, los nuevos pobres, sin contar los pobres históricos, entre ellos los migrantes. Los primeros buscando donde sobrevivir a la pobreza y la miseria, los segundos cómo sobrevivir a la muerte violenta. Todos buscando algo de dignidad para sus vidas. Así se desordena el país, urbanizando la pobreza y la violencia, desocupando los campos. El desplazamiento está en el centro de la tragedia pero no de la preocupación nacional. En cambio, crece la mirada de la comunidad internacional por un país que tiene el triste récord de contar con la segunda población desplazada más grande del mundo (Sudán, Colombia y Angola).

¿Elecciones para todos?

3Los desplazados son parte de una población que no tiene en Colombia derechos civiles y políticos. No tuvieron libertad para quedarse en sus tierras, porque no tuvieron protección de las autoridades constituidas para defender ese derecho. No tuvieron libertad para opinar, porque en sus regiones se impuso el lenguaje del terror, de las masacres, del miedo y del silencio. El derecho a la vida, el principal de todos, estuvo ausente. No pudo asociarse ni participar democráticamente en las decisiones de su comunidad, porque fue acusado de colaborar con un grupo armado. No pudieron elegir libremente porque se impuso el voto por el candidato “sugerido” por una de las partes del conflicto. No pudieron disentir, porque estuvieron sometidos a un proceso de homogeneización de lealtades políticas mediado por el uso de la fuerza. No fueron candidatos, porque no hay garantías para el libre ejercicio del derecho al sufragio. Se tuvo que ir, porque había llegado la “pacificación” de su región. “No éramos gente allá, porque no teníamos libertad, no somos gente aquí porque no tenemos trabajo”, dijo un desplazado de Cartagena, para resumir su situación. Y ahora el país se apresta a un nuevo proceso electoral, sin derechos ni garantías para los desplazados. ¿Hay garantías para realizar unas elecciones libres en Barrancabermeja (Santander), en Apartadó (Antoquia), en Montería (Córdoba), en los municipios de la zona de despeje o en otros en los que es característica la ausencia del Estado y la confrontación armada? ¿Pueden los desplazados presentar sus candidatos en la región del Naya, en Chengue, en Nueva Venecia, en El Salado y otras zonas, epicentro de las más graves masacres de los últimos dos años? ¿A dónde van a votar los desplazados que se encuentran en las grandes ciudades, muchas veces indocumentados por la acción de la violencia?

Una tragedia humanitaria

4Los desplazados se acumulan año tras año en medio de la guerra irregular que afecta sistemáticamente a la población civil. Desde 1985, año en que se abandonó la solución política y negociada y se incrementó el conflicto armado, una población estimada en 432.000 mil hogares (alrededor de 2.160.000 personas) han sido desplazados por la fuerza de sus regiones. Desde 1995 el total aproximado se acerca a 1´500.000 personas. Desde el inicio del actual gobierno (agosto de 1998) se han desplazado alrededor de 800.000 personas. El conflicto armado es la causa del 90% del total de los desplazamientos, que se producen de manera individual y familiar en un 62% y de manera colectiva o en éxodo en un 35%. La mayoría (el 66%) provienen del campo o de zonas de alta influencia rural y son mujeres cabeza de familia el 22%, en tanto que el 57% del total de la población desplazada corresponde al sexo femenino. El 70% es menor de 19 años. Los departamentos que expulsaron mayor porcentaje de población durante el año 2.000, fueron en su orden, Antoquia, Magdalena Tolima, Bolívar, Putumayo, Sucre, Santander, Chocó, Huila, Cauca y Cesar. En cuanto a los departamentos de mayor recepción de desplazados en el año 2.000 encontramos los siguientes: Antoquia, la ciudad de Bogotá, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Huila, Córdoba, Santander, Putumayo, Sucre y Nariño.

5Los paramilitares fueron señalados como presuntos responsables por el 43% de la población desplazada, la guerrilla por el 35%, las Fuerzas Militares por el 6% y desconocidos por el 15% de la población. Las amenazas, el miedo, las masacres, los asesinatos y las desapariciones, son los principales hechos que generaron el desplazamiento. El 84% abandonó sus tierras, en su mayoría pequeños minifundios hasta de veinte hectáreas, sin que se conozca la suerte real de sus tierras, algunas tituladas. Ha crecido la expectativa de retorno y reasentamiento, pero sigue siendo relevante el porcentaje de hogares en situación de desplazamiento que quieren permanecer en las zonas urbanas. La ayuda del gobierno sólo cubre un 20% del total de los desplazados y es una ayuda de emergencia mínima, limitada en el tiempo y sujeta a múltiples trámites burocráticos.  Se mantiene un deterioro dramático y traumático de la calidad de vida de los desplazados: el desempleo (48%), la pobreza, la marginalidad, el hacinamiento, la ausencia de servicios de salud, la deserción escolar (siete de cada diez estudiantes desplazados se retiran de la educación formal y uno de cada tres que continúan se retiran por razones económicas), son expresiones de esta crítica situación.

Derechos humanos: justicia, verdad y reparación

6Si no tienen derechos civiles y políticos, tampoco se les reconocen sus derechos económicos, sociales y culturales. Por eso el desplazamiento sigue siendo la consecuencia de la guerra que más afecta a la sociedad colombiana y que más incide en el deterioro creciente de la crisis de derechos humanos en el país. Los desplazados no tienen acceso a la justicia y sólo la Corte Constitucional ha logrado incidir positivamente con algunos de sus fallos en acciones de protección de algunos de sus derechos. La verdad, la reparación y la justicia son principios básicos de restitución de sus derechos, en el marco de una política sostenible y coherente de derechos humanos.

La degradación del conflicto y el derecho internacional humanitario

7Asociado al desplazamiento, están las masacres, los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, el secuestro, el reclutamiento forzado, los ataques aéreos indiscriminados, las armas no convencionales que cobran vidas humanas y daños en objetivos civiles (el uso de cilindros de gas, como bombas). Aquí se configura la vinculación de la población civil en la confrontación y la mayor manifestación de la degradación del conflicto y de la infracción a las normas del derecho internacional humanitario. Los grupos paramilitares presentan los mayores índices de crueldad en sus acciones contra la población civil. La guerrilla aumentó significativamente su presunta responsabilidad como consecuencia del reclutamiento forzado en sus zonas de influencia. Múltiples casos de desplazamiento se registraron por el temor de los padres de familia por esta modalidad que incluye a menores de edad, según los testimonios de los propios desplazados. Las partes en conflicto tienen la obligación de acatar esa normatividad que protege, en primer lugar a los civiles, pero también a los combatientes heridos o en estado de indefensión.

El gobierno se acaba, el problema continúa

8Este gobierno inicia su etapa final sin que haya logrado articular una política de atención, protección y recuperación integral de las personas afectadas por el desplazamiento forzado. Hay, es cierto, formulación de un Plan, reglamentación de una ley y adecuación de una institucionalidad (Red de Solidaridad Social) para enfrentar el problema. También hay una política de prevención de causas unida a los esfuerzos de paz del gobierno, toda vez que sólo un escenario de paz construido desde el diálogo y la negociación, garantiza frenar el problema del desplazamiento. Pero estas formalidades se contradicen con una legislación de guerra, que recorta las libertades fundamentales, un Plan Colombia que incentiva la guerra y crea una nueva categoría de desplazados, una ausencia de recursos del gobierno y una dependencia de cooperación internacional para atender el problema. Justamente, la mayor parte de los fondos para atención de población desplazada (36 millones de dólares) forman parte de la “ayuda social” del Plan Colombia, el mismo que incrementa la guerra y acentúa la crisis humanitaria y dispone de algunos recursos para atender las víctimas de la intensificación del conflicto. Es necesario una política de Estado, que responda a una decisión de paz y a una estrategia de atención, protección y recuperación, en el marco de una política social que involucre a los sectores que enfrentan una grave situación de vulnerabilidad.

Militarización de las fronteras: desplazamiento y refugio

9Todo el discurso que se pronuncia por la paz y todos los esfuerzos que se adelantan en esta dirección tienen una antítesis en la intensificación progresiva de la confrontación armada, en la incidencia del conflicto en territorios de países vecinos y en la forma alarmante como se involucra la población civil en las acciones de la guerra. Una manifestación, nueva en su dimensión, de esta realidad es el refugio que en el año 2.000 afectó en las zonas de frontera a alrededor de 15.000 personas y en el primer trimestre de 2.001 a cerca de 3.200. A ellos se suman los desplazados internos en las zonas de frontera que fueron en el 2.000 aproximadamente 32.000, y en el primer trimestre de este año superan la cifra de 9.400. El fenómeno afecta especialmente a países vecinos como Ecuador, Venezuela y Panamá y los departamentos colombianos de Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Arauca y Chocó. Sin embargo, hay un flujo migratorio importante y en crecimiento de personas que participaron en los años 60 y 70 en iniciativas de colonización, especialmente en el Putumayo, que ahora inician un ciclo de retorno tardío hacia departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Valle, Caquetá y Huila, en un proceso socio demográfico que agrava la crisis del desplazamiento forzado en Colombia.

10Los desplazados huyeron a las zonas de frontera en desarrollo de los ciclos repetidos de la violencia y del despojo sistemático de sus tierras. Ahora, las hostilidades se asientan en estos escenarios sensibles de la geopolítica nacional y subregional, toda vez que aquí confluyen todas las expresiones de la crisis nacional: pobreza, guerra irregular, militarización, ataques de la guerrilla, contrabando de armas, narcotráfico, cultivos de uso ilícito, paramilitarismo, corrupción, deterioro del medio ambiente, violación de derechos humanos, desarticulación de pueblos indígenas, desarraigo de comunidades negras y democracia limitada y precaria.

11Asistimos a procesos diversos de movilidad humana en los que se confunden los desplazados que buscan espacios de protección para sus vidas en el corredor fronterizo colombiano o en zonas del interior del país, con los solicitantes de refugio internacional que van y vienen cruzando las fronteras, los migrantes económicos, los indocumentados, los deportados, los repatriados y otras categorías que se suman a la ya compleja caracterización del desplazamiento en Colombia. En realidad es un problema interno de Colombia que, cada vez más, afecta a los países vecinos, generando un ciclo pernicioso de inseguridad, militarización, violencia, desplazamiento e inseguridad. Pareciera que los gobiernos están pensando sólo en la seguridad nacional y, en esa lógica, asumen el problema desde un criterio predominantemente militar y policial, aumentando la situación de vulnerabilidad de la población afectada. A ello contribuye el Plan Colombia y su regionalización andina que ya empieza a generar todos los efectos negativos que múltiples voces gubernamentales y no gubernamentales, políticas y académicas, nacionales e internacionales habían advertido en los últimos 18 meses. En todo caso, es cada vez más evidente que la solución del conflicto colombiano es un problema internacional que plantea la doble contradicción de cooperación para la paz o para la guerra, en la cual nos encontramos inmersos.

Plan Colombia y la intensificación del conflicto

12La ejecución del Plan Colombia, las acciones crecientes de los contendientes armados, el temor de los gobiernos de países vecinos que incrementan sus acciones de seguridad y una población civil cada vez más afectada, caracterizan la situación en las fronteras de un país como Colombia que presenta un paradójico esquema de diálogo en medio de la agudización e internacionalización del conflicto. El plan Colombia es una realidad amarga en todos sus componentes. En este período se inauguró el tercer Batallón Antinarcóticos para dar paso a la Primera Brigada Antinarcóticos que militariza definitivamente la lucha antidrogas.

13En Julio deben llegar los primero helicópteros Black Hawk y se mantiene la política incierta de fumigación de los cultivos de uso ilícito. Es decir, el Plan Colombia está en el centro de la intensificación del conflicto en la medida en que cambia la correlación de fuerzas bajo el supuesto de contribuir a que las fuerzas militares logren disminuir la capacidad militar de las guerrillas mediante acciones de fuerza cualitativamente superiores (guerra aérea) y de reducir sus posibilidades de ingresos económicos, atacando los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, las propias guerrillas se preparan para volver a sus acciones móviles y para incrementar cualitativamente su poder militar mediante la urbanización de sus ataques y, en el caso de las FARC, reafirman su “ley 002” que ha ampliado la base tributaria ilegal para financiar la guerra. La intensificación del conflicto tendrá repercusiones en las zonas de frontera, por su carácter estratégico y por ser escenario de la aplicación del Plan Colombia. De tal suerte que se esperarían hechos que escalen la confrontación en departamentos fronterizos como Putumayo, Norte de Santander y Arauca en una constante de multiplicación del uso de la fuerza para mantener o conquistar posiciones territoriales que sustenta la lógica de la partes en contienda. En el departamento del Putumayo los planes de ampliar los pactos sociales de erradicación de cultivos a partir de fórmulas profundamente cuestionadas como otorgar subsidios anuales por algo más de 2.000.000 de pesos1 por familia campesina se acerca a su límite y a una crisis en el momento de la generalización de las fumigaciones y de eventuales ataques de la fuerza antinarcóticos y contrainsurgentes del Ejército. En Putumayo ya se habla de la inminencia de la guerra y sus actores principales se preparan en esa dirección.  Otro tanto ocurre en Nariño, sobre todo en las zonas de frontera con la provincia ecuatoriana de Carchi y en la región del Pacífico, especialmente en el puerto de Tumaco y Barbacoas, cuyo inusitado protagonismo en hechos de violencia política, son el mejor reflejo de la expansión de la guerra irregular y de su degradación en el sur del país. Como se advertía hace dos años, los departamentos de Cauca y Nariño son ahora parte del mapa de la guerra irregular que se extiende hasta los límites geográficos de la nación.

14Otro reflejo similar se presenta en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, que en las últimas semanas se convirtió en el escenario de una inusitada movilización de fuerzas contendientes, especialmente de las guerrillas y de grupos paramilitares. Los primeros para intensificar su presencia en esa zona cuyo valor estratégico se mide en explotación de petróleo, cultivos de uso ilícito y en las ventajas militares que ofrece su condición de zona de frontera. Los paramilitares, por su parte, amenazaron públicamente con tomar posesión del territorio del este departamento y ya se advierten las primeras acciones en esa dirección. El cuadro se puede complementar con la preocupación expresada por líderes de la región sobre la inclusión de su territorio en los programas de fumigación y en la ausencia de autoridades que garanticen la protección de la población civil. En menor proporción, pero no menos preocupante, se registran acciones propias de la guerra irregular en la Serranía del Perijá (en dirección a la frontera con Venezuela), en el la zona limítrofe con el Darién panameño y hechos relacionados con operaciones antinarcóticos en el departamento de Vichada, cuyo territorio limita con Venezuela y Brasil.

Diálogo y guerra

15El Plan Colombia se convirtió en el principal obstáculo para consolidar el proceso de paz del presidente Andrés Pastrana y las FARC, y en la principal justificación de las partes para mantener el modelo de negociaciones en medio del conflicto. El proceso sigue en la etapa de diálogo y no se avanza hacia la negociación de los puntos acordados en la agenda entre el gobierno y las FARC. Sólo el acuerdo humanitario que permitió la liberación de soldados, policías y guerrilleros enfermos, es hoy un hecho tangible que debería permitir avanzar hacia un acuerdo global de derechos humanos y derecho internacional humanitario que excluya a la población civil de la confrontación.

16El proceso con el ELN no se inicia formalmente, se mantiene la suspensión de los diálogos entre el gobierno y este grupo guerrillero y cada vez pareciera más improbable una zona de encuentro para oficializar las conversaciones y una eventual negociación. Es posible que un encuentro del presidente Pastrana con los líderes del ELN y una decisión de cumplir el Acuerdo de la Habana, podría desempantanar este prolongado impasse. Por su parte, los grupos paramilitares intentan estrategias para una ubicación política, en medio de su peor momento por las condenas múltiples de la comunidad internacional, por la presión para que se realicen acciones reales en su contra, por los tímidos avances del proceso con las FARC. Pareciera que avanza la hipótesis de la institucionalización de la guerra, frente a la cual estos grupos no son funcionales a una estrategia contrainsurgente en el marco de la legalidad.

17Sin embargo, estos grupos siguen fortaleciéndose y multiplicando su poder de terror a través de las masacres y el desplazamiento forzado de poblaciones. Todo parece indicar que este modelo de diálogo y guerra prevalecerá por un tiempo, aun cuando hay cada vez más sectores de la sociedad interesados en un rompimiento del proceso con las FARC mediante la suspensión de la zona de distensión (cuya prorroga se mantiene hasta el próximo mes de octubre), que se oponen a una zona de encuentro con el ELN y que proclaman candidaturas presidenciales que responden a esta intencionalidad. Una vez más y sobre los hechos, se demuestra que el Plan Colombia es una estrategia de guerra, que escala la confrontación armada, entorpece los esfuerzos de paz, internacionaliza el conflicto y sus efectos, multiplica y expande los cultivos de uso ilícito, incrementa la crisis humanitaria y presenta una precaria e insignificante careta social que se sustenta en la pobreza de mujeres y jóvenes convertidos por la publicidad gubernamental en “beneficiarios” de exiguos subsidios. Por estas razones Europa se separó de esta estrategia y crece la opinión mundial alrededor de una iniciativa de apoyo a Colombia en el marco de la consolidación del proceso de paz, de la profundización de la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos y la generación de un proceso de sustitución manual, gradual, voluntaria, concertada y verificable de los cultivos de uso ilícito.

Iniciativa Regional Andina (IRA): La guerra de los Andes

18Como era de esperarse, ahora el Plan se desdobla en una Iniciativa Regional Andina, que replantea el tema de la seguridad en la región y ubica al país en el centro de una crisis tan compleja como incierta. Los Estados comprometidos han respondido con el incremento del pie de fuerza, con medidas de orden público y fortalecimiento de las estructuras bélicas, que a su vez alimentan la intensificación del conflicto e involucran a los países vecinos en una lógica de respuesta creciente a esta dinámica de expansión e internacionalización del conflicto armado colombiano. La ayuda estadounidense que hace parte de los aportes internacionales al Plan Colombia de US$1.3 billones, fue aprobada por medio de un suplemento; es decir que sus fondos fueron aprobados de manera independiente al presupuesto nacional.  En este momento el Congreso debe empezar a considerar el monto de ayuda que se solicitará para el 2002, ya que el monto anterior sólo cubre el período entre el 2000 y el 2001.

19El presupuesto solicitado para el 2002 hará parte del proceso normal que determinará el presupuesto federal. De esta manera el Congreso deberá debatir y aprobar el presupuesto presentado por la rama ejecutiva. La ayuda de Colombia será aprobada a través de dos proyectos de ley: el de Operaciones en el Exterior (la ley de ayuda al exterior) y el del Departamento de Defensa (el presupuesto del Pentágono). El 9 de abril del 2001, el presidente Bush presentó su propuesta para el presupuesto Federal ante el Congreso. El programa más importante del proyecto de ley para Operaciones en el Exterior es el Programa para el Control Internacional de Narcóticos (conocido en inglés como INL, INC, INCLE.) Dentro de este programa se encuentran actividades de carácter económico y social, como la sustitución de cultivos, programas de fumigación, reforma judicial, derechos humanos, y paz; pero también contempla las transferencias de armas y entrenamientos para fuerzas militares y policías.  

20El Programa para el Control Internacional de Narcóticos, apoyará la “Iniciativa Antinarcótica Andina”, dentro de una “nueva” estrategia de la política antinarcóticos regional presentada por el Departamento de Estado. Esta iniciativa representa un 80% del total de ayuda para América Latina. De esta manera la Iniciativa Antinarcóticos Andina, respalda al Plan Colombia y busca mitigar los efectos del Plan Colombia en la región. Está enfocado a fortalecer la lucha antinarcóticos, evitar el desborde del conflicto colombiano y reducir los costos sociales. Lo que el Departamento de Estado ha denominado la Iniciativa Andina (Andean Counterdrug Initiative) será una especie de apoyo y complemento al Plan Colombia.  La Iniciativa Andina tal como fue presentada al congreso de los Estados Unidos por el Gobierno, contempla una ayuda de $881.68 millones de dólares para los países andinos distribuidos de la siguiente manera:  

PAIS

ASISTENCIA

Colombia

 US$ 399 millones

Perú

US$ 206 millones

Bolivia

US$ 143 millones

Ecuador

US$ 76.5 millones

Brasil

US$ 26.18 millones

Venezuela

US$ 10.5 millones

Panamá

US$ 20.5 millones

Total

US$ 881.68 millones

21Este nuevo plan conocido como la “Iniciativa Antinarcótica Andina” no desplaza ni frena el paquete ya aprobado de US$1.3 billones por el congreso de los Estados Unidos, conocido como el Plan Colombia, que se ha caracterizado por su fuerte componente militar. Esta Iniciativa busca continuar y apoyar el Plan Colombia, manteniendo el apoyo financiero a programas ya contemplados. A través de la Iniciativa Andina, Colombia verá una disminución en la asistencia del 2000-2001, mientras que sus vecinos Andinos verán grandes incrementos. Aun así Colombia seguiría siendo el país de la región que más asistencia americana recibe, ya que aprobada esta Iniciativa, significaría el apoyo de US$399 millones, equivalente a un 45% del total contemplado en la Iniciativa.

22El Centro para las Políticas Internacionales estima que el presupuesto para la asistencia militar y policial en Colombia disminuirá en un 21%, esta disminución será exactamente inversa a los incrementos en la asistencia militar y policial para el resto de los países andinos. La asistencia económica incrementará significativamente en todos los países menos en Bolivia.

País

Ayuda Militar y a la Policía

Ayuda Económica y Social

Promedio 2000-2001

2002 Solicitado

Promedio 2000-2001

2002 Solicitado

Colombia

$ 475, 83

$363,04

$108

$147

Perú

$49,18

$89,45

$116,65

$177,03

Bolivia

$51,23

$61,25

$112,44

$108,24

Ecuador

$19,43

$31,76

$18,09

$56,80

Brasil

$3,68

$16,36

$13,59

$11,18

Venezuela

$5,46

$13,33

$0,33

$0,58

Panamá

$4,36

$13,97

$4,60

$8,50

Total

$609,17

$589,16

$373,70

$509,33

Las cifras se refieren a millones de dólares.

Datos: www.cipoline.org

23Colombia tendrá una reducción considerable de la ayuda militar y de la policía, 24% en el 2002. La disminución en la asistencia militar a Colombia no quiere decir que Estados Unidos está comenzando a abandonar la estrategia militar en Colombia. La asistencia militar en Colombia ha incrementado significativamente por medio del Plan Colombia. El paquete de asistencia del 2000-2001 incluía la creación de dos batallones antinarcóticos en Colombia, un batallón ya completó el entrenamiento y el otro entró en acción el pasado mes de mayo. De la ayuda militar contemplada en el Plan Colombia se incluye los costosos helicópteros Black Hawk que llegaran a Colombia en Julio, también se incluye los helicópteros Huey que llegarán a Colombia en noviembre.

24Una explicación para el incremento militar en la Iniciativa Andina se debe a que este no es un año de elecciones y los miembros del congreso, sienten menos presión para adoptar medidas más fuertes en la guerra contra las drogas. Teniendo en cuenta que gran parte de la ayuda militar, como los helicópteros, todavía no han sido entregados, no es muy probable que se incluyan más helicópteros y más batallones en el 2002. La propuesta para el 2002 parece encaminada a mantener la asistencia y los programas ya existentes, como gasolina, municiones, logística, entrenamiento y expansión de los programas de fumigación aérea. (El mantenimiento de los helicópteros y de los batallones no es nada barato, por ejemplo la un Black Hawk cuesta US$3,500 por hora para operar).

25Entre tanto los países andinos han respondido con el incremento del pie de fuerza, es decir, con medidas de orden público que incorporan planes de protección preventiva de sus fronteras. Por ejemplo, Ecuador ha establecido la Iniciativa de la Frontera Norte para promover la seguridad y el desarrollo en la región fronteriza con Colombia que incluye movilización de tropas. Brasil ha emprendido la Operación Cobra, en un esfuerzo de control territorial y de soberanía que se concentra en la región de la Cabeza del Perro, fronteriza con Colombia. Además, Brasil ha ofrecido compartir con Colombia y sus otros vecinos andinos información sobre rastreo de sospechosos en desarrollo de su Sistema de Vigilancia del Amazonas (SIVAM.) Perú y Venezuela han cooperado con estrategias nacionales para la interceptación de drogas y el fortalecimiento de las fronteras. Panamá ha tomado medidas de policía para mejorar la seguridad en la región del Darién, en una reiteración de sus preocupaciones por el uso de la frontera con Colombia por parte de grupos armados y por el temor de nuevos casos de solicitantes de refugio (en un momento en que desarrolla su cuestionada estrategia de “retornos voluntarios” de colombianos que buscan refugio en su territorio).  Bolivia, un país que si bien no es fronterizo, es estratégico para la política antidrogas de Estados Unidos, también ejecuta su Plan Dignidad y desarrolla una estrategia de control de territorios y poblaciones en las zonas de cultivos ilegales.  

Los sistemas de información y las cifras sobre desplazamiento forzado en Colombia

26¿Cuáles son las verdaderas dimensiones del desplazamiento forzado en Colombia?

27¿Cuál es el número de personas desplazadas el último año?. Estas dos preguntas resumen la inquietud de sectores preocupados por la crisis humanitaria relacionada con el desarraigo y el despojo violento en nuestro país. En el año 2000, CODHES reportó una población estimada de 317.000 personas desplazadas, la cifra más alta desde 1985. El monitoreo correspondiente a los últimos 15 años (1985-2000) indica que en Colombia fueron desplazadas violentamente cerca de 2.160.000 personas.

28Estos datos de por sí resultan muy preocupantes. Sin embargo los índices de subregistro, es decir, de personas desplazadas y de eventos de desplazamiento que quedan por fuera de los procedimientos de captura de información, son muy grandes. En un documento de análisis que próximamente publicará CODHES, aparece el subregistro como denominador común a todos los sistemas de información del país. Este hecho indica que las dimensiones del desplazamiento desbordan la cuantificación establecida hasta ahora.  

29En el año 2000 otros sistemas de información sobre población en situación de desplazamiento -al igual que CODHES- aportaron información respecto de esta problemática. La Red de Solidaridad Social reportó, a través del Sistema de Estimación de Población Desplazada, que en el año 2000 se presentaron 1.351 eventos de desplazamiento en razón de los cuales tuvieron que migrar 128.843 personas, pertenecientes a 26.107 hogares. Entre tanto el Comité Internacional de la Cruz Roja atendió a 123.651 personas y el Sistema de Información sobre Población Desplazada en Colombia RUT, registró información de 4289 personas desplazadas en el año 2000.

30Frente a la disparidad de cifras entre CODHES, la RSS, el CICR y el RUT, y el inocultable crecimiento y agravamiento de la situación de las personas desplazadas, cabe formularnos algunos interrogantes.

31-¿Cuántas de las personas desplazadas recibieron atención siquiera humanitaria?

32-¿cuántas han logrado retornar?

33-¿Cuántas de ellas han sido desplazadas en más de una ocasión?

34-¿Quién está ocupando sus tierras?

35-¿Qué ha hecho el Estado colombiano para garantizar sus vidas, integridad y seguridad?

36-¿en qué condiciones sobreviven y cuales son las obligaciones estatales respecto de la verdad, la justicia y la reparación referidas a las violaciones de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario anteriores y coetáneas al desplazamiento?

37-¿Cuáles son los compromisos de los actores armados respecto de la prohibición del desplazamiento forzado?

38-¿La relación entre políticas públicas (la respuesta estatal a una cierta problemática social) y la magnitud del desplazamiento forzado en Colombia, depende exclusivamente del efecto que las cifras produce en la opinión pública nacional y en la comunidad internacional?

39-¿De alguna manera se ha producido un cierto “anestesiamiento” institucional y social frente a aquello que parece inevitable y para algunos sectores minoritarios como un “mal necesario” en las “dinámicas de la guerra y de la violencia”?

40Sin bien es cierto que no se debe reducir la problemática del desplazamiento a la discusión por la “cifra exacta” de personas desarraigadas por la fuerza, las políticas que intentan reducir la dimensión cuantitativa del fenómeno invisibilizan y niegan la profundidad, extensión y la complejidad de la crisis humanitaria asociada al desarraigo violento. Como resultado de la minimización del problema, la comprensión del mismo, la formulación y puesta en marcha de políticas públicas de atención integral estará mediada por respuestas paliativas, de corta duración, tardías e insuficientes.

41Monitorear las tendencias del desplazamiento forzado en Colombia es una tarea necesaria en la formulación de políticas públicas (estatales) e iniciativas de otros sectores (ONG, organizaciones de desplazados, Iglesia, Comunidad internacional), consideramos que la crítica y cada vez más profunda crisis humanitaria relacionada con el desplazamiento, exige mayores compromisos con políticas integrales que involucren esfuerzos serios en materia de prevención, atención humanitaria de emergencia, estabilización socioeconómica, sociopolítica y cultural y garantías para los retornos (voluntariedad, seguridad y sostenibilidad). Políticas estructurales, de Estado que vayan más allá del lugar marginal que ocupa en la agenda del gobierno de turno esta problemática

Nuestra propuesta institucional

42Consideramos que se debe materializar de manera concertada con las organizaciones de desplazados, las ONG, la comunidad académica, investigadores(as) independientes y representantes de la comunidad internacional la propuesta del “Observatorio Del Desplazamiento Interno Por La Violencia” contemplada en el artículo 13 de la Ley 387 de 1997 que señala que: “El Gobierno Nacional creará un Observatorio Del Desplazamiento Interno por La Violencia, el cual producirá informes sobre la magnitud y tendencias que presenta el desplazamiento y los resultados de las políticas estatales a favor de la población desplazada. Dicho Observatorio fortalecerá la Red Nacional de Información y contará con la participación de expertos y académicos de reconocida trayectoria”.

43Es una necesidad perentoria la constitución del Observatorio en mención en procura de la construcción plural, participativa y democrática de la información y el conocimiento que permitan incidir efectivamente en el diseño e implementación de políticas públicas que den respuestas inmediatas y de larga duración acordes con la verdadera magnitud del desplazamiento forzado en Colombia. De manera complementaria a la anterior propuesta, CODHES considera pertinente realizar una evaluación interinstitucional2 sobre la posibilidad de establecer espacios y mecanismos de intercambio de información y análisis entre los distintos sistemas que operan en el país. Encuentro que operaría bajo el presupuesto del respeto por los diversos mandatos, visiones y posicionamientos institucionales que aunque diferenciados apuntan a brindar respuestas integrales a la profunda e intensa problemática de las personas en situación de desplazamiento forzado en Colombia. En este orden de ideas ponemos en consideración lograr un espacio de discusión interinstitucional -que deberá incluir a expertos(as) y académicos(as)-, sobre temas como:

44Los abordajes epistemológicos, conceptuales y metodológicos asumidos por cada sistema en particular.

45La selección y ponderación de fuentes.

46La construcción de variables e indicadores.

47El posible cruce de información básica (no confidencial)

48Compartir lecturas sobre tendencias y prospectiva del desplazamiento en los ámbitos local, regional, nacional y transfronterizo (desplazamiento y refugio).

49Formulación de alternativas.

50Estos, entre otros aspectos, con seguridad nos permitirán avanzar en una lectura más completa y compleja de la problemática, la coordinación de eventuales acciones conjuntas y un mayor impacto en la transformación de la respuesta estatal y social a la problemática del desplazamiento forzado en Colombia.

Algunos resultados de la encuesta nacional de hogares año 20003

Presuntos responsables

51La participación de los paramilitares como presuntos responsables determinadores del desplazamiento forzado de personas, disminuyó en seis puntos porcentuales respecto del año 1999, pasando del 49% al 43% en el año 2.000; por su parte la guerrilla aumentó su presunta responsabilidad por hechos de desplazamiento, del 28% en el año 1999, al 35% en el 2000 lo que significó un incremento porcentual de siete puntos. En la presunta responsabilidad de actores armados en el fenómeno del desplazamiento es necesario esclarecer un preocupante 15% atribuible a “desconocidos” y un  6% de presunta responsabilidad de la fuerza pública.

Motivos del desplazamiento

52Las intimidaciones y amenazas contra la población civil presentaron un incremento de 8 puntos porcentuales respecto del año 99; esta causa del desplazamiento forzado de personas para el año 2000, alcanza niveles críticos del 42% del total, en contraste con el 34% registrado en el año anterior. La segunda causa que pesa en los factores determinantes del fenómeno de desplazamiento es el miedo, el cual se incrementó en dos puntos porcentuales manteniéndose relativamente constante, pero con un porcentaje significativo para este año, del 20% respecto del total. Los homicidios intencionales de personas protegidas y/o las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y el desarrollo de las acciones bélicas mantuvieron estable su tendencia en la participación en los motivos del desplazamiento; estos motivos tuvieron una participación porcentual del 10%, 11% y 8% respectivamente.

Las formas de desplazamiento

53La forma de desplazamiento colectiva dispersa4 observó un incremento porcentual de 8 puntos respecto del año 99 pues en el año 2000 mostró  una participación del 22% en contraste con el 14% precedente; por su parte el desplazamiento unifamiliar fue la forma más significativa aunque decreció en 8 puntos porcentuales al mostrar un 42% del total en el año 2000 y un 59% en el año 99. El desplazamiento individual disminuyó en cuatro puntos al registrar solo un  10% de los 14 puntos porcentuales del año 99; los éxodos organizados mantuvieron su tendencia y participaron con el 12%.

Cobertura de la seguridad social

54Para el año 2000 se registra un incremento significativo de 8 puntos porcentuales en el precario cubrimiento del sistema de seguridad social para la población en situación de desplazamiento que alcanza un 21% frente al año 1999.

Las expectativas de retorno, permanencia, o reasentamiento

55La intención de las poblaciones desplazadas de regresar a sus lugares de origen aumentó en cinco puntos porcentuales, pues la medición mostró un 24% con un precedente de 19% en el año 99; las expectativas de permanecer presentan un incremento de siete puntos porcentuales, es la más alta con un registro del 60% del total. La alternativa de migrar a otro lugar disminuyó en 10 puntos porcentuales pues solamente el 16% manifestó el querer hacerlo mientras que en 1999 este porcentaje fue de 26%.

La necesidad de vivienda

56Para el año 2000 se hizo más evidente la necesidad de vivienda; el  80% de los encuestados manifestó la necesidad de adquirir una, el 11% necesita mejoramiento y el 4% plantea la titulación de los inmuebles o predios que ocupan. La única variación en la tendencia estadística se presenta en la necesidad de adquirir vivienda, guarismo que el año 1999 era del 69% y en el 2000 se acrecentó en un 11%.

Generación de ingresos

57Las microempresas como alternativas de generación de ingresos para las personas en situación de desplazamiento se mantuvieron estables en sus expectativas, para el año 2000 la medición alcanzó el 32% y había registrado el 33% en 1999; algo similar sucedió con la demanda de tierras aptas para agricultura, que se mantiene estable, pues registró en el 2000 un 25% y en 1999 un 27%, en cambio la demanda de trabajo asalariado sufrió un incremento 8.5 puntos porcentuales alcanzando un 36% en contraste con 1999, que mostró un 27.5%.

Necesidades de educación

58La población en situación de desplazamiento manifestó un aumento significativo en la demanda de acceso a la educación formal, para el año 2000 fue del 50% en contraste con el 33% de 1999. En cambio la necesidad de educación técnica registra una baja de 6.5%, pues para el 2000 muestra un 29% después de haber registrado en el año inmediatamente anterior un 35.5%. La alfabetización permaneció estable y participó con un registro de 12% en la demanda frente a un 13.8% de 1999.

Necesidades en salud

59La demanda de servicio médico se incrementó, puesto que en el 2000 el 84% de la población en situación de desplazamiento encuestada, manifestó esta necesidad mientras que en 1999 lo hizo el 73%, lo que nos indica un incremento del 11%. Por su parte la demanda de atención psicológica disminuyó en 5 puntos para el 2000, pues registró 8% estando precedida en 1999 por el 13%.

Desplazamiento  en  Colombia durante el primer trimestre del 20015

60Un total de 91.166 personas fueron desplazadas durante el primer trimestre del año 2.001, según estimativos del Sistema de Información de Hogares Desplazados por Violencia y Derechos Humanos, SISDES. Esta cifra afianza la tendencia creciente de desplazamiento forzado durante el presente año, si la comparamos con las cifras del primer trimestre del año pasado, en el que se estimó que el número de personas desplazadas fue de 56.952. Es decir, durante el primer trimestre del año, se aumentó en 34.210 el estimativo de personas desplazadas por razón de acciones violentas. De mantenerse esta tendencia, como todo parece indicar, el presente año podría ser el de mayor desplazamiento en los últimos 16 años en Colombia.

A dónde llegaron

61Las personas en situación de desplazamiento fueron recepcionadas por 218 municipios, más Bogotá, lo que compromete a 26 departamentos de todo el país. 19.323 personas  -lo que equivale al 22% del total estimado para el primer trimestre del presente año- se desplazaron en 39 éxodos masivos, que fueron recepcionados en 24 municipios del país. Los departamentos que recibieron el mayor número de éxodos fueron Antioquia con 11, y el Cauca con 9, para un total de 3.850 y 7.781 personas respectivamente. Algunos municipios vieron afectada su composición poblacional hasta por tres éxodos, como fue el caso de Remedios y Yondó en Antioquia; Suárez en el Cauca, y Buenaventura en el Valle; estos cuatro municipios recibieron a 6.165 personas que se vieron obligadas a desplazarse forzadamente. Le siguen los municipios de Popayán, Cajibío y Santander de Quilichao en el Cauca; Zaragoza en Antioquia; Fundación en el Magdalena; El Tarra en Norte de Santander, y Bucaramanga en Santander, las cuales  recibieron dos éxodos masivos cada uno,  con un total estimado de 7.005 personas.

62Los departamentos de mayor recepción de personas en situación de desplazamiento fueron Cauca, con 14.782 personas; le sigue el departamento de Antioquia  (que tradicionalmente fue el mayor expulsor)  con 8.943 personas, y en la Costa Atlántica, los departamentos de Magdalena y Bolívar, con un total estimado de 7.170 y 6.751 personas respectivamente.

De donde vienen

63El municipio que expulsó el mayor número de personas por causa de la violencia en el período analizado, fue Buenos Aires, en el Cauca, con 4.200 personas que se vieron conminadas a desplazarse; le siguen Santander de Quilichao en el mismo departamento, y Cantagallo en Bolivar, que expulsaron población de forma masiva en tres oportunidades;  Quilichao y Cantagallo, únicamente, fueron expulsadas 4.305 personas más.  El Cauca fue el departamento que expulsó el mayor número de personas en forma de éxodo, estimadas en 10.181 personas, con una diferencia considerable en relación con el segundo expulsor, también en forma de éxodo, como lo es Antioquia, con 2.580 más. Los municipios que se suman a la crítica geografía del desplazamiento por haber expulsado al menos en dos oportunidades personas en forma de éxodo, son Buriticá y Mutatá en Antioquia, Cajibío y Buenos Aires, en Cauca, El Tarra en Norte de Santander, y Ovejas en Sucre; para estos seis casos se ha estimado la cifra de personas en situación de desplazamiento en 10.506 personas.

 Un motivo de expulsión

64El período analizado presenta un cuadro trágico en materia de masacres: fueron victimizadas no menos de 409 personas en homicidios colectivos durante 57 episodios de muerte. Los paramilitares registraron la presunta responsabilidad en el 63% del total de las masacres Los ya habituales e infaltables desconocidos el 24% y el 13% restante se reparte en presuntas autorías sin establecer, dos cometidas presuntamente por las FARC, una posiblemente del ELN y una última atribuible al Ejército Revolucionario Popular ERP.

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Notas

1 N.E. corresponden a 870 dólares hoy 4 de agosto de 2001.
2 El mecanismo podría se un seminario o taller de trabajo interinstitucional.
3 A partir de nuestro monitoreo de población en situación de desplazamiento en el año 2000 se diseñó una muestra aleatoria a nivel nacional; se encuestaron 600 hogares, 2928 personas, para un promedio de personas por hogar de 4,88.
4 Se desplazan varias personas de distintas familias.
5 La información presentada en el presente documento ha sido consolidada con hechos relacionados con el desplazamientos forzado de personas durante los meses de enero febrero y marzo de 2001.
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Jorge Rojas, « Desplazados: rostros anónimos de la guerra », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 3 | 2001, Publicado el 13 enero 2006, consultado el 22 febrero 2017. URL : http://alhim.revues.org/527

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Autor

Jorge Rojas

CODHES (Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos)

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Derechos de autor

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