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Reasentamientos rurales de población campesina desplazada

Flor Edilma Osorio Pérez

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Palabras claves :

Colombia, Desplazados
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Tendencias del desplazamiento forzado en la década del 90

1Una de las características del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido su claro sesgo rural. Los hogares rurales1 constituyen una proporción muy importante de la población desplazada, aunque no es la única. Buena parte de los municipios que expulsan población, son de carácter rural. Así mismo, grupos indígenas2 y afrocolombianos residentes en zonas rurales, han sufrido de manera repetida el desplazamiento. La cosmovisión particular, basada en una relación ancestral con la tierra y, una fuerte vivencia de organización comunitaria fundamentada en la identidad étnica,  caracterizan de manera particular estos grupos sociales.

2Los diversos grupos armados utilizan el desplazamiento como una estrategia de guerra y de control de los territorios. Sin embargo, en el tiempo, hay variaciones con respecto a la frecuencia asignada. Mientras en 1994 la guerrilla era identificada como la principal responsable, en un 25.7% de casos (Conferencia Episcopal, 1995), en 1997 los grupos paramilitares fueron señalados como responsables en un 54% de los casos por los desplazados (CODHES, 1998). El desplazamiento es un fenómeno creciente (Ver tabla 1). Cada año, son afectados más regiones y municipios, aunque con características e intensidades distintas. En su huida, las familias buscan con preferencia los centros urbanos de su región o de otras, en donde suponen que pueden encontrar un poco de seguridad para sus vidas, lo cual le da al desplazamiento una clara orientación rural-urbana.

Tabla N° 1. Evolución del desplazamiento  en Colombia, 1995-1999

Año

Cálculo Total Personas desplazadas por año

Cálculo Total Hogares desplazados por año

Calculo  de Hogares despl. Diariamente

% de hogares rurales

1995

89.000

21.312

58

67.8%

1996

181.000

36.202

99

60.3%

1997

257.000

57.000

156

78.4%

1998

308.000

71.613

196

90.6%

1999

288.127

57.625

158

86.5%

PROMED

133

76.7%

TOTAL

1’123.127

243.752

3Fuente: Datos de CODHES, Sistema de Información de Hogares Desplazados, SISDES. 1995 a 1999.

4En los últimos cuatro años, se han producido con frecuencia desplazamientos colectivos, que llevan a comunidades enteras del campo a las cabeceras municipales, algunas de las cuales se mantienen unidas reclamando sus derechos al retorno y a la ayuda estatal3. Ello ha permitido una mayor visibilidad y sensibilidad sobre el problema del desplazamiento, tanto para la sociedad colombiana, como para la comunidad internacional. Sin embargo, la salida familiar e individual, silenciosa y casi vergonzante, sigue siendo la más frecuente, la más invisible y la más compleja frente a la posibilidad de recibir ayuda humanitaria y de más largo plazo.

5La evidencia del desplazamiento ha provocado algunas presiones por parte de la comunidad internacional, la cual ha enviado diferentes misiones de observadores e informes de denuncia. En reacción, el gobierno ha creado algunos mecanismos institucionales y servicios para atender la población y para facilitar alguna ayuda humanitaria, los cuales tienen un alcance e impacto muy reducido4. El desplazamiento se ha constituido así en un fenómeno importante, que interesa cada vez más a instancias nacionales e internacionales. En esa tendencia a la internacionalización de la crisis humanitaria, contribuye el paso de las fronteras de grupos de población que buscan protección5.

La atención institucional para la población desplazada

6Pese a que el problema ha estado presente aún desde finales de los años 80 y mantiene un proceso de incremento vertiginoso durante los 90, el reconocimiento gubernamental de su existencia se da apenas en 1995, con Ernesto Samper. Ello no fue gratuito. Surgió como una respuesta a múltiples presiones, fruto tanto de la evidencia del problema, como del papel de ONG que denunciaron esta problemática en el ámbito nacional e internacional y empezaron a generar algunos mecanismos de atención, así como de la movilización para demandar atención de parte de algunas organizaciones de desplazados. Igualmente, influyeron las denuncias y presiones de orden internacional, con consecuencias de orden político y económico, que señalaban el desplazamiento como una de las formas más frecuentes de violación de derechos humanos6.

7Pese al avance en las políticas y normas7, sin embargo, en la práctica, el alcance y cobertura es muy reducido, pues existe un acumulado negativo de atención por las demoras institucionales, incapacidad, presupuesto insuficiente, pero además por el aumento permanente del problema.

8En términos generales, algunos de los principales problemas en la intervención institucional estatal frente al desplazamiento tienen que ver con:

  • La falta de articulación y coordinación real entre los niveles nacional, regional y local. Prevalece un marcado neocentralismo institucional y burocrático que desconfía, en muchas ocasiones con razón, de la eficiencia y capacidad local, pero que no genera espacios posibles para el aprendizaje que necesita las instancias municipales en su conjunto, luego de una larga historia centralizadora. Son evidentes los ritmos, intereses y comprensiones diversas que se tienen en estas instancias frente a qué,  cuándo y cómo dar respuesta a las demandas de atención de los desplazados. Con frecuencia las autoridades municipales prefieren no contribuir  en soluciones definitivas, por temor de “atraer a otros desplazados”.

     El control que los grupos armados han establecido sobre las autoridades municipales y que éstas asumen de manera forzada y/o voluntaria8. Ello compromete su autonomía para ejercer el deber de protección a la población, sus decisiones de apoyo y genera, por lo tanto, desconfianza de los desplazados con respecto a los gobiernos locales9.

  • La reducida información y capacitación de funcionarios locales y regionales sobre el desplazamiento y sus múltiples implicaciones para los afectados y para la sociedad misma.

  • La ausencia de capacidad operativa y presupuestal para que los municipios puedan intervenir, dentro de procesos que incluyan capacitación, asesoría y seguimiento por parte de los niveles regional y local, pero que permita construir respuestas apropiadas a las circunstancias.

  • La concentración de las acciones en la etapa de emergencia, hacia la cual se han orientado la mayor parte de recursos en 1996 y 1997, descuidando la prevención y la consolidación socioeconómica.

  • La falta de oportunidad para la gestión de los servicios requeridos, especialmente para facilitar procesos de retorno o reubicación, los cuales se rigen bajo tramitologías que no corresponden con las exigencias y urgencias en tiempos de guerra.

  • La precaria atención que tienen las familias que se desplazan de manera individual, inclusive en la etapa de emergencia.

9Para completar el escenario institucional, es necesario dar cuenta del papel que las ONGs están ofreciendo a la población en desplazamiento. “Durante 1997 y en años anteriores, el sector no gubernamental fue el principal oferente de respuestas a la problemática de la población desplazada por la violencia, en términos de las soluciones directas” y, comparativamente, parece ser “el más eficiente canalizador de recursos en atención directa”. (Salazar, et.al, 1998, pp 87 y 88). Buena parte de la labor de las entidades gubernamentales y las ONGs nacionales, ha contado con el apoyo de la cooperación internacional y su presencia ha sido muy importante para sensibilizar a la opinión nacional e internacional. Por supuesto, su intervención ha tenido limitaciones como la concentración de la oferta, debilidades en la coordinación institucional, incipiente comprensión del problema y apoyos por muy corto plazo que no permiten la continuidad de procesos (Salazar, et.al, 1998).

La reubicación de población desplazada en zonas rurales. Algunos elementos de análisis

10La ley 387 ordena promover acciones para generar condiciones de sostenibilidad económica la población desplazada en el marco del retorno voluntario10 o la reubicación en otras zonas rurales o urbanas11. La reubicación en zonas rurales, a la cual nos vamos a referir aquí, se fundamenta en un Acuerdo del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, por el cual se “establece un reglamento especial  de dotación de tierras para las personas que tengan condición de desplazados forzados por causa de la violencia”. A la fecha, el INCORA señala que, entre 1996 y 1999, se habían adquirido 47 predios, que benefician 1127 familias, por valor de 14.234 millones (INCORA, 2000). Es necesario señalar que el conflicto armado tiene una fuerte relación con los intereses por la tierra. Como en la violencia bipartidista de mediados del siglo, la guerra se constituye en disculpa y en oportunidad para una modificación en la estructura de tenencia de la tierra y, a la vez, para homogeneizar la población con respecto a los intereses de los actores armados. La mayor parte de campesinos deben dejar abandonadas sus tierras, que son repobladas por otros que estén aliados o asuman la obediencia del grupo armado que controla la región. La reubicación ofrece a los campesinos desplazados la compra de tierras, con prioridad, pero con condiciones de pago similares a los no desplazados. Esto es, deben pagar un 30% del valor, en tanto que el 70% restante es un subsidio del Estado. En la práctica, esto se convierte en un subsidio a los propietarios que pueden mover sus capitales a actividades más rentables y que, en otras condiciones, no lograrían vender sus tierras a buenos precios12.

11La reubicación rural pese a las múltiples exigencias que tiene, ofrece opciones de integralidad, para resolver las necesidades de vivienda, trabajo, ingresos, reconstrucción social y cultural. Sin pretender calificar los procesos o establecer modelos a seguir, retomaremos tres experiencias de desplazamiento y reubicación en los departamentos de Cundinamarca13, Córdoba14y Tolima15, que no se pueden considerar concluidas, sino en proceso mismo de construcción. El cuadro N° 1 da cuenta de manera esquemática y cronológicos de los hechos más significativos del proceso de cada uno de los reasentamiento, desde el desplazamiento mismo de zonas rurales, hasta su reubicación en otras zonas rurales del país.

Cuadro N° 1. Cronología general de los procesos de ruptura y restablecimiento16.

Cundinamarca

Córdoba

Tolima

1991

Primeros desplazamientos de algunos de los miembros de manera individual y/o familiar, en diversas partes del país, hacia cabeceras regionales.

1992-1994

Llegada de buena parte de los miembros a Bogotá e inicio de trámites de manera individual.

Conformación de una primera organización con personas de diversa procedencia.

1996

Ruptura de la organización inicial y conformación de una nueva.

1997

Inicio del proceso de gestión de tierras con acompañamiento de una ONG quién les asesoró y capacitó.

Creación de una empresa solidaria con un grupo de 32 familias,  lo cual constituye una tercera forma organizativa que se desprende de la anterior.

Proceso de búsqueda y negociación del predio.

Toma del predio comprado por parte de campesinos de la región que “protestaban por haber comprado tierras a gentes extrañas y no a quienes vivían desde hace 10 años allí”.

Asentamiento gradual de las familias y establecimiento de normas para la realización de tareas.

Diciembre: finalización de la asesoría de la ONG.

1998

Establecimiento gradual de relaciones con las autoridades municipales para efectos de servicios.

Lanzamiento de un candidato al Consejo Municipal para las elecciones, quien finalmente no salió electo.

Levantamiento de viviendas temporales y de módulos básicos permanentes.

1999

Articulación con otro grupo del municipio,  no desplazado pero apoyado por el INCORA, para conformar una cooperativa de comercialización de productos agrícolas.

1996

Mayo: desplazamiento de cerca de 700 familias de las veredas de una región, hacia el casco urbano del mismo municipio.

Búsqueda individual/familiar de albergue con familiares y amigos.

Retorno de algunas pocas familias.

1997

Reuniones de desplazados promovidas por la parroquia.

Inicio del apoyo de una Universidad privada, en alianza con una ONG, ambas de Bogotá..

Conformación de una organización a través de líderes veredales, para efectos de censos y de distribución de algunas ayudas de emergencia.

Constitución de una organización de desplazados, ASOPRODES, con diferentes comités de trabajo.

Crisis de liderazgo y renovación de la unta directiva inicial.

Algunos logros en gestiones para servicios de salud.

Diferenciación de grupos según soluciones buscadas, urbanas o rurales.

Negociación final del predio (Ultimo día del mes de Diciembre)

1998

Abril: Llegada de las primeras cinco familias.

Llegada gradual de grupos de familias.

Junio: finalización de asesoría de la Universidad.

Definición de tareas en la finca y toma de decisiones respecto a la distribución.

Asignación de lotes y construcción de viviendas provisionales.

Inversiones iniciales en ganadería.

1999

Continuación con alguna asesoría del municipio y del INCORA, desde la oficina regional.

Iniciación de la construcción de módulos de vivienda permanentes.

1990-1995

El INCORA inicia un poroceso de aclaración de la hacienda Bellacruz de 6000 ha, con miras a establecer el área de propiedad privada y el área baldía, para resolver el conflicto entre los campesinos y propietarios.

Se compran 2060 ha de la hacienda, con enormes sobrecostos, con los cuales se busca resolver el problema del 25% de los campesinos.

1996

Febrero-Marzo: Amenazas a líderes y desalojos de la hacienda.

Se albergan en la Casa campesina del municipio.

Marzo: Primera toma de 120 familias al en Bogotá.

Abril: Negociación con el gobierno para el retorno.

Mayo: Asesinato de dirigentes y nuevas amenazas.

Segunda toma del INCORA en Bogotá.

Agosto: Toma de otro grupo de las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Bogotá.

Diciembre 29: Salida colectiva de las oficinas tomadas, hacia las fincas.

1997

Ubicación en tiendas temporales.

Organización de la producción y de las actividades en la finca.

Apoyo alimentario por parte de la Cruz Roja Nacional.

La Corte Constitucional falla en favor del grupo que interpuso una acción de tutela por el rechazo que hicieron autoridades regionales ante una ubicación temporal.

Construcción de módulos básicos de vivienda permanente.

Articulación progresiva con el municipio y sus servicios.

1998

Siembra de arroz, yuca, plátano, maíz y huertas caseras.

Con apoyo de ONG se preparó una gestión jurídica para no pagar el 30% del valor de la tierra, dada su condición de sujetos de derechos conculcados por la violencia.

Rupturas e itinerarios  del desplazamiento

12Los tres casos presentan diferentes ritmos y características en las condiciones mismas en que se produjo el desplazamiento.

  • El grupo que se reubicó en Cundinamarca salió de manera individual y familiar, en momentos distintos y regiones diversas del país. Los hechos que provocaron su éxodo fueron las  amenazas directas y el asesinato de familiares por parte de paramilitares y de la guerrilla. Su itinerario de desplazamiento fue diverso. Usualmente salieron de las zonas rurales a la cabecera del propio municipio u otro vecino, y luego a Bogotá, pasando en algunos casos por capitales departamentales. El punto de presión y gestión institucional para búsqueda de soluciones fue Bogotá.

  • El grupo de Córdoba tuvo un desplazamiento mayoritariamente masivo, en un mismo momento, pero su salida no fue organizada. La causa inmediata fue la orden de desalojo por parte de la guerrilla, “por combates que se iban a dar” y la ocupación posterior de la zona por parte de paramilitares. El desplazamiento fue intramunicipal, de las veredas al casco urbano. El punto de presión para las respuestas institucionales fue Montería, capital departamental.

    El grupo que se reubicó en el Tolima, por su parte, vivió un desplazamiento mayoritariamente colectivo y organizado. Su salida se debió al conflicto de varias décadas por la tierra17, con una familia de hacendados y el acoso y persecución de que fueron víctimas por parte de grupos paramilitares que defendían tales intereses. El desplazamiento se dio de las veredas al casco urbano y luego a Bogotá, la capital del país. El punto de presión es inicialmente la capital departamental y ante su falta de respuesta, se hace en Bogotá.

Características de la organización del grupo de desplazados que se reubicó

13Por supuesto los procesos organizativos que se fueron tejiendo con miras a lograr respuestas institucionales tuvieron rutas y dinámicas muy diferentes:

    Para el caso de Cundinamarca, la organización se construye en Bogotá, en medio de los encuentros que se iban dando en el paso por las mismas oficinas en busca de ayuda, sin que mediara un conocimiento previo al desplazamiento entre los asociados. La experiencia organizativa se construye en el proceso mismo, a partir de liderazgos personales que fueron convocando y que mostraron experiencia y carisma. No se dio mayor articulación con organizaciones regionales ni nacionales, aunque tuvieron algunos contactos informales con otras organizaciones de desplazados. Podría decirse que tuvieron una relativa capacidad de presión, que de manera explícita buscó hacerse a través de los canales regulares, “sin protesta, sin paro, sin marcha, ni tomarnos embajada ni nada, sino hablando directamente en las oficinas18.

  • En Córdoba, la organización se conformó en el municipio de llegada como estrategia de búsqueda de soluciones comunes, con apoyo de la Iglesia y de una Universidad. Existía diferente grado de conocimiento entre los asociados, según experiencias previas de vecindario en las veredas. Se parte del liderazgo veredal previo que no es muy experimentado. Aunque este precedente tiende a diluirse, la referencia veredal ya conocida pesa en el surgimiento de los liderazgos ampliados a la organización. No existía ningún tipo de articulación con organizaciones regionales ni nacionales. Su capacidad de presión fue débil, marcado por el temor de permanecer en una zona en disputa  y alto control de grupos paramilitares.

  • El grupo que se reubicó en el Tolima se caracterizó por una organización previa con experiencias anteriores de lucha por la tierra y existía un conocimiento previo entre los asociados. Si bien el desplazamiento produjo un reordenamiento en la organización existente, se constituyó en un  factor de continuidad en sus procesos colectivos. Estaba ya articulada a organizaciones nacionales, que les apoyaron de manera inmediata en sus demandas. Así mismo lograron respaldo internacional, dado que a su historia de desalojo estaba un alto funcionario activo en el gobierno. Evidenció una gran capacidad de presión institucional utilizando la toma de entidades gubernamentales durante siete meses.

Relación con la comunidad local de reasentamiento

14Un factor clave en estos procesos de reasentamiento tiene que ver con las dinámicas que se dan entre los ‘forasteros’ y los ‘residentes’. En la medida en que se trata de soluciones permanentes, esas relaciones son importantes en la reestructuración de un tejido social más amplio. Veamos las experiencias iniciales de estos tres grupos:

  • Para el caso de Cundinamarca, algunas familias asociadas provenían del mismo departamento, pero para otras constituyó una experiencia cambio regional importante. La comunidad local, apoyada por algunas autoridades civiles y eclesiásticas, reaccionó de manera negativa, tomándose la finca que sería destinada a los desplazados, como una forma de protesta frente al abandono estatal y en contra de los forasteros que iban a recibir allí beneficios.

  • En Córdoba, se trataba de mantenerse en un contexto regional muy cercano geográfica y culturalmente al de su salida. Sin embargo, recibieron presiones por parte de grupos paramilitares, quienes los visitaron para “informarles que no querían problemas” y que los recién llegados “se debían portar bien”. El dueño de la tierra se mostró un tanto desconfiado en principio de frente a posibles problemas que se podían presentar y solicitaron que algunas familias de trabajadores figuraran entre los reubicados, como una forma de control.

  • Quienes se reasentaron en el Tolima, han vivido un cambio regional fuerte con respecto a su lugar de salida. Durante su permanencia en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo y del INCORA, fueron rechazados por algunas autoridades para su ubicación temporal. Su reasentamiento definitivo aparentemente no produjo expresiones de rechazo por parte de la población allí residente.

El proceso de reubicación

15La reubicación rural constituye un proceso largo y lento, marcado por múltiples trámites burocráticos y negociaciones, que lo hacen muy dispendioso. En ese proceso las organizaciones se fatigan y en muchos casos quedan a merced de decisiones institucionales y de funcionarios que se mueven por otros intereses19.

  • Para el caso de Cundinamarca, la negociación del predio se da en el mes de noviembre. La solución se da para 32 familias pertenecientes a una organización más grande, de cerca de 100 familias. La reubicación se da de manera gradual, con presencia prioritaria de los hombres en un primer momento. La explotación se inicia de manera colectiva, a través de la conformación de una empresa comunitaria.

  • En Córdoba, la negociación del predio se da en la última semana de diciembre, al término de la vigencia presupuestal. La solución se da para 62 familias, todas provenientes de un mismo municipio. La organización tenía en conjunto cerca de 200 familias. Las familias llegan gradualmente, lo cual define diferentes liderazgos y procesos de apropiación de espacios. La explotación se inicia en forma de cooperativa, pero en el año 2000 por conflictos internos se solicita la división de parcelas familiares.

  • El grupo que llega al Tolima, negocia el predio en la última semana de diciembre, también al término de la vigencia presupuestal institucional. La solución se da para 80 familias, de una organización que tenía en conjunto cerca de 280 familias (170 desplazadas en Bogotá, y 110 en la región). La llegada se hace de manera grupal. Conforman una  explotación en común, a través de una empresa comunitaria.

Tabla N°2. Características de los predios adquiridos para los tres reasentamientos.

CARACTERÍSTICAS

Cundinamarca

Córdoba

Tolima

N° de familias

30

61

80

N° total de hectáreas

295

515.6

606

Hectáreas por familia

9.8

8.4

7.5

Precio de adquisición en millones de pesos colombianos

600

1423

3.800

Precio del predio en US$*

300000

711500

1’900000

Precio por hectárea a en US$

1016.9

1379.9

3135.3

16* Un dólar = $ 2000 colombianos

17Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA

Algunas reflexiones sobre estos procesos

18La acción colectiva, constituye para las poblaciones en desplazamiento, una estrategia básica para demandar y reconstruir su nuevo patrimonio social, entendido como resultado y proceso que incluye todos los bienes materiales, recursos socioculturales y del medio ambiente, que se produce, reproducen de manera colectiva. Esa acción colectiva está atravesada y retroalimentada por la recomposición identitaria y por la reconstrucción de su nuevo territorio.

19La guerra ha impuesto un nuevo referente identitario: "ser desplazados"20. Este se superpone con otros referentes del “nosotros” ya existentes como la procedencia regional (en el caso de Córdoba y Tolima), el ser campesinos (en los tres casos), con base en los cuales se crean y recrean las acciones colectivas. Pero la categoría de "desplazado" es socialmente contradictoria: por una parte, es un requisito para hacerse visibles, lograr atención institucional y demandar derechos sobre recursos y servicios. Por otra, se convierte con frecuencia en estigma y rechazo por parte de la población residente, por diversos imaginarios existentes que se mezclan: las víctimas son, de alguna manera, responsables, es decir "algo hicieron"; existe miedo a la invasión  y al posible contagio de la violencia; hay temor a la competencia por los recursos de los municipios. 

20La necesidad de constituirse en actores sociales, hace que los desplazados tiendan a formalizar sus organizaciones, pues además es un requisito para poder tener interlocución y obtener servicios del Estado. Este tipo de gestión, en muchos casos, no era frecuente, y se mantenía más bien una relación distante y esporádica con el Estado, dentro del marco de una precaria presencia institucional. El desplazamiento ha impuesto una nueva relación entre los campesinos y el Estado, de carácter ambiguo. Allí converge su condición de víctimas de la guerra, en la que el Estado es responsable por acción u omisión, pero es ese mismo Estado el que legaliza su condición de desplazado, la cual le permite formalmente el acceso a ciertos derechos y servicios.

21En este proceso de gestión de recursos, la población desplazada se encuentra orientada hacia los grandes centros urbanos. Los trámites y las presiones funcionan allí donde se concentran las decisiones y los recursos, particularmente Bogotá, la capital nacional. Esta unidireccionalidad del desplazamiento se refuerza por el imaginario de encontrar allí mayor protección frente a los armados, en medio de la multitud y el anonimato, y a la vez de poder encontrar más posibilidades de sobrevivencia económica. El paso por Bogotá puede, sin embargo, tener un carácter temporal. Así lo confirman dos de los casos estudiados (Cundinamarca y Tolima), los cuales optaron por continuar las actividades agropecuarias, y buscar la reubicación rural. La búsqueda de lugares "seguros" para este fin, ha hecho que las fincas adquiridas estén mucho más cerca de los centros urbanos, como en el caso de Tolima y Córdoba, cuyos predios están dentro de la jurisdicción de una ciudad capital del departamento; ello plantea relación con entes más complejos y más orientados a la política urbana, que la existente en municipios rurales.

22La nueva relación institucional, impone a su vez criterios específicos para la explotación agropecuaria. Se trata de generar una dinámica empresarial, que implica un cambio sociocultural importante, dentro del saber hacer que tienen los campesinos. Ello no significa, necesariamente, que se logre mayor eficiencia y rentabilidad. Este es otro ingrediente dentro del proceso de modernización forzada que está provocando la guerra. Estas nuevas situaciones en las que se involucran colectivamente las poblaciones desplazadas  implican una dinámica modernizante de tipo funcional, excluyente, incompleta y forzada, que es necesario tener en cuenta como impacto de cambio impuesto a la población rural.

23¿Cómo se expresan esas nuevas relaciones con la institucionalidad, por parte de los grupos de desplazados? Un factor que influye es la existencia de procesos comunes, previos a esta nueva experiencia, hecho que está presente sólo en el caso de los campesinos procedentes de la hacienda Bellacruz y reubicados en el Tolima. Su historia de lucha por la tierra, explica su mayor capacidad de presión institucional y el tipo de estrategias de resistencia, en las que jugó un papel importante la articulación con organizaciones nacionales con experiencia. A esto hay que agregarle la existencia de una causa clara del desalojo, que involucraba a un alto funcionario gubernamental, lo cual facilitó la denuncia internacional. La confluencia de todas estas dinámicas permitió que este grupo fuese el primero en obtener la reubicación como solución concreta, aunque incompleta, en menos de un año. Si bien puede pensarse que la organización con más tradición y experiencia de trabajo en común tiene mayores posibilidades de éxito, dado que ya hay un camino recorrido en conocimiento de los miembros, debilidades y fortalezas, es necesario reconocer que también se manifiestan conflictos acumulados que provocan crisis.

24En los casos de Cundinamarca y Córdoba, esta posibilidad fue descartada por no considerarla correcta, por temor a las represalias posteriores y por la falta de experiencia. En ello influye también la comprensión crítica  sobre su situación, las causas y sus derechos, aspectos socioculturales como la mentalidad religiosa21, la formación política, etc. Son organizaciones nuevas que surgen con el desplazamiento, lo cual no niega la experiencia que tenían sus asociados. Los retos en estos casos van desde la formalización del grupo, hasta el conocimiento de sus miembros y la conformación de equipos de trabajo, que permitan llevar a buen término las tareas.

25Generar confianzas e ir tejiendo redes sociales desde las incertidumbres por la falta de respuestas y con las angustias de resolver cotidianamente las necesidades familiares en un medio adverso, no es fácil y genera muchas deserciones. Para el caso del Tolima, su situación de "toma institucional" en Bogotá, permitió garantizar medianamente la resolución de sus necesidades de comida, techo y salud.  Ello marca diferencias importantes con los otros dos procesos, que se dieron sin que mediara un apoyo institucional de sobrevivencia para el conjunto de sus asociados, en tanto se resolvía la lenta y entramada tramitología.

26En todos los casos, sin embargo, es evidente que la reubicación implica construir una nueva territorialidad, es decir construir un espacio social. Y ello exige no sólo lo que significa readecuarse a nuevos paisajes, comida, maneras de producir, de habitar dentro de su organización, sino también establecer puentes de articulación con la sociedad local a donde llegan, y en donde son considerados "los otros". Parte de esas expresiones, tiene que ver con la participación en las decisiones de orden local, y supone, como en el caso de Cundinamarca, la postulación y participación abierta en entes decisorios como los Consejos Municipales y las Alcaldías.

27La relación entre la sociedad local y la población que se reubica, debe cuidarse desde los comienzos del proceso mismo de gestión en la compra de las fincas. En las experiencias aquí referidas, es notorio el vacío de un diálogo previo entre distintas instancias locales, regionales y nacionales, que favorezca un clima de mayor acogida a la comunidad que llega. Es necesario reconocer en estos proceso, que la guerra está generando fronteras internas para restringir el derecho de las personas a “circular libremente y a escoger libremente su residencia” (Corte Constitucional, 1997) .

28La nueva territorialidad pasa necesariamente por la instalación de las familias y lo que ello exige en cuestiones de vivienda e infraestructura de servicios básicos, educación y salud,  que posibilite la explotación económica del predio. Los casos estudiados muestran que en ese sentido, no hubo convergencia  en los requerimientos básicos para el traslado de las familias y que faltó coordinación y oportunidad en los servicios. Los desencuentros en tiempos, procesos y ritmos entre las necesidades y sus soluciones, incluye el desfase de la presencia de las ONGs que fueron contratadas para apoyar el proceso organizativo, pero que finalizaron su tiempo de trabajo y se retiraron antes del traslado de las familias. Si bien este trabajo de apoyo no se perdió, si se desaprovechó la posibilidad de un acompañamiento en el tiempo crítico de la reubicación.

29El reto de reconstruir los procesos vitales individuales y colectivos destruidos por la guerra, en tiempos y espacios de guerra, constituye una experiencia plena en incertidumbres tanto institucionales como comunitarias. Las realidades y dinámicas de las poblaciones en desplazamiento tienen una gran heterogeneidad, de la cual es necesario partir para posibilitar un apoyo más acertado. Sus decisiones están mediadas por búsquedas frente a la sobrevivencia y ello exige respuestas oportunas, que permitan capitalizar opciones colectivas y de reconstrucción del tejido sociocultural. La planificación de los procesos está mediada por las contingencias de la guerra y por las crisis institucionales ahí presentes.

30En medio de todos los caminos que nos restan por recorrer como sociedad colombiana en medio de la guerra para ir recreando posibilidades sostenibles de paz, es necesario cuidar que la reconstrucción del patrimonio social de las comunidades desplazadas, se genere dentro de nuevos códigos de relacionamiento y de manejo del conflicto, con aprendizajes desde lo cotidiano. Es indudable que la reconstrucción de la sociedad colombiana, debe pasar necesariamente por la reconstrucción de los proyectos de vida personales y colectivos de quienes sufren el impacto de la guerra. Por lo tanto uno de los mayores retos de la sociedad en su conjunto, es el de contribuir a propiciar que las “víctimas puedan convertirse también en agentes sociales, susceptibles de reunir a su alrededor a otras fuerzas mayoritarias” (Touraine, 1999).

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Bibliografía

CODHES INFORMA,

1998:Desplazamiento forzado y políticas públicas. Entre la precariedad del estado y el asistencialismo. Boletín No. 12. Santafé de Bogotá.

CODHES INFORMA,

1999: En “La Miel” no todo es dulzura. El caso de los campesinos de la hacienda Bellacruz. Boletín N° 24. 19 de octubre. Santafé de Bogotá.

CODHES,

1995,1996 y 1997: Sistema de Información de Hogares Desplazados en Colombia, CORTE CONSTITUCIONAL, 1997. Sentencia sobre negativa a recibir desplazados…  En CODHES INFORMA, Boletín Especial No. 6. Diciembre.

INCORA,

 2000. Atención para población desplazada del campo por causa de la violencia. Realizaciones 1995-1998. Documento. Santafé de Bogotá.

LOZANO, Fabio y OSORIO, Flor Edilma,

1996. Población rural desplazada por violencia en Colombia. En Revista: Cuadernos de Desarrollo Rural No. 36. Primer Semestre. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Instituto de Estudios Rurales, Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá.

LOZANO, Fabio y OSORIO, Flor Edilma,

1999. De víctimas de la violencia a constructores de vida. Acción Cultural Popular y Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá.

MACHADO, Absalón. et al.,

1995. Censo de Minifundio en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, IICA.

MEDINA, Helda,

1998: Proceso de desplazamiento-reubicación de los campesinos de la hacienda Bellacruz, Cesar. Trabajo de grado. Maestría en Desarrollo Rural. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá.

OSORIO, Flor Edilma y LOZANO Fabio

1999: Procesos de reconstrucción vital de población desplazada por violencia en Colombia. Algunas reflexiones. Revista Humanitas. Universidad Javeriana. En prensa.

OSORIO, Flor Edilma,

1993: La violencia del silencio. CODHES, Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá.

___________. 1997: Conflicts for Land  and Territory: An Analysis of Internal Migration in the Rural Areas of Colombia. En: Canada´s Periodical on Refugees, REFUGE. Conflict, Population  Displacement, and Conflict Resoluction.Vol.16, No. 6. Centre for Refugee Studies, York University. Canadá. December.

___________1998. El desplazamiento forzado por violencia. Reflexiones desde la perspectiva del desarrollo local de municipios rurales en Colombia. Cuadernos de Desarrollo Rural. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales N° 41. Segundo semestre. Bogotá.

____________. 1999: Horizontes de comprensión y acción sobre el desplazamiento de población rural en Colombia 1995-1997. En: Un país que huye. Desplazamiento y violencia en un país fragmentado. CODHES, UNICEF. Santafé de Bogotá.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,

1997: Los Desplazados, esa Colombia que no Podemos Ignorar. Imprenta Nacional de Colombia. Santafé de Bogotá

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL,

1999: Atención a la población desplazada por el conflicto armado. Compendio de políticas y normas. Santafé de Bogotá. Colombia.

RODRIGUEZ, Luz Eugenia,

1998: Proceso colectivos y familiares de acomodamiento y generación de estrategias de vida de la población desplazada. Dos estudios de caso. Trabajo de grado. Maestría en Desarrollo Rural. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad Javeriana. Santafé de Bogotá.

SALAZAR, M., HERNANDEZ , E., MONTOYA, A.,

1998: Identificación de la Oferta para la Atención a la Población Desplazada por Violencia Política en Colombia. Comité Internacional de la Cruz Roja. Santafé de Bogotá.

TOURAINE, Alain,

1999: Cómo salir del liberalismo? Editorial Paidós, Barcelona.

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Anexo

ANEXO 1

Elaboración propia tomada de diferentes textos de ley y documentos oficiales.

Principales mecanismos de reconocimiento y atención gubernamental  a la población en  desplazamiento

Gobierno de Ernesto Samper, 1994-1998:

  • El Acuerdo N°18 de 1995 del INCORA para la dotación de tierras a población desplazada.

  • La definición de lineamientos de intervención en los documentos CONPES Nos 2804 de 1995 y 2924 de 1997. Aunque el primero de éstos se quedó inicialmente en un texto de buenas intenciones, se constituyó en parte de un proceso inicial gubernamental que va a alimentar los otros momentos de reconocimiento institucional.

  • La creación de la Consejería Presidencial para la Atención de la Población Desplazada por la Violencia, en Abril de 1997.  Esta instancia permitió una intervención directa en las situaciones de desplazamiento, sin embargo, en la práctica, entró en competencia con la labor que de manera marginal venía desarrollando la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

  • La promulgación de la ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la protección del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. Esta ley permitió dar un salto de una acción gubernamental, a una acción estatal, con lo cual es posible pensar en una continuidad de la atención por parte del estado al problema del desplazamiento, aunque por sí misma, no es garantía de intervención al respecto. Por otra parte, la ley no ha sido reglamentada. Sin embargo, acogiéndose a estas disposiciones legales, muy generales aún, se han suscitado acciones de presión al gobierno, como “tomas institucionales” por parte de grupos de desplazados.

Gobierno  de Andrés Pastrana, 1998-2002:

  • Cierre de la Consejería Presidencial para Desplazados y asignación de sus funciones a la Red de Solidaridad Social. Esta institución creada en el gobierno anterior, atiende desde la perspectiva de la focalización la población más pobre, y dispone de oficinas regionales.

  • En noviembre de 1999 sale un nuevo documento CONPES, el N° 3057.

  • Se define un Plan Estratégico para el manejo del desplazamiento interno forzado, por parte de la Red de Solidaridad.

  • El 12 de diciembre de 2000 se expide el decreto 2569, reglamentario de la ley 387 de 1997, en el cual se atribuye la responsabilidad de información y atención de la población desplazada a la Red de Solidaridad y se definen diferentes procedimientos para el registro y la atención.

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Notas

1 Se han denominado hogares con vínculo rural, aquellos que tenían, antes del desplazamiento, por lo menos una de las siguientes características: habitaban en el campo (veredas), tenían acceso a la tierra bajo cualquier modalidad o uno de sus miembros trabajaba en actividades agropecuarias como propietarios o asalariado (Osorio y Lozano, 1996).
2 En 1998 se  calculaba que 3026 indígenas se encontraban desplazados. Esta dinámica ha continuado,  especialmente en Antioquia, pese a la declaratoria de neutralidad que la Organización Indígena de Antioquia, OIA, ha planteado públicamente.
3 En 1998 se registraron en Bogotá 12 “tomas” de oficinas gubernamentales y sitios públicos por parte de organizaciones de desplazados, con una duración que fluctuó ente un día y tres meses, como una estrategia para presionar por soluciones rápidas. En Barrancabermeja 10.000 campesinos estuvieron durante 45 días. En este momento y desde diciembre 14 de 1999, un grupo que representa cerca de 500 familias desplazadas, continúa en las instalaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá.
4 Un análisis de las políticas estatales puede consultarse en CODHES, 1999 y en Salazar, et al.  1998.
5 Se calcula que, en 1999, cerca de 12.000 colombianos han pasado a Ecuador, Panamá y Venezuela.
6 Una de las mayores críticas tiene que ver con la alianza tácita que hay entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares. Para algunos analistas, ello ha permitido que las primeras no figuren directamente como violadoras de los derechos humanos.
7 Ver Anexo 1.
8  Las elecciones de octubre de 1997 fueron, por primera vez, declaradas como objetivo militar por parte del ELN y las FARC. Por ello, en 80 municipios no pudieron llevarse a cabo las elecciones, en 200 más hubo dificultades, pero sobretodo se generó un clima  de amenaza para electores y elegidos que boicoteó el proceso electoral. Para el año 2000, los grupos armados, particularmente paramilitares están dando el visto bueno a los candidatos a las alcaldías, y dando o negando su aprobación.
9 Los mecanismos legales para la descentralización de la atención a la población desplazada, son los comités territoriales a nivel departamental y municipal. En la práctica, son muy pocos los comités que están funcionando, por falta de voluntad de las autoridades locales, civiles y militares y por la desconfianza y temor de los desplazados, ante la evidencia de alianzas y complicidades  de dichas autoridades con los grupos armados.
10En cuestión del retorno, no se registra ninguna experiencia exitosa hasta ahora, pese a los acuerdos y documentos que se han firmado. El fracaso se debe fundamentalmente a que no hay las condiciones de seguridad para ello, dada la vigencia del conflicto. Por otra parte, la presencia de las fuerzas militares no constituye necesariamente una garantía de protección ya sea porque ellos son actores armados y parte del conflicto y por lo tanto objetivo militar, o por las complicidades con grupos paramilitares.  Así mismo, la garantía de apoyo institucional para el retorno, en términos de inversión social no se cumple de manera integral y oportuna. Algunas de las experiencias de retorno, se han dado buscando sólo un acercamiento, quedándose la gente en algunos de los caseríos cercanos. Son muchos los casos en que habiendo retornado, la gente tiene que volver a salir por amenazas y masacres.
11 Aunque los textos hablan indistintamente de reubicación y reasentamiento, consideramos que el primero implica solo el traslado simple de lugar, en tanto que el segundo es entendido como la construcción concertada de soluciones colectivas a partir de un concepto de reparaciíon desde los derechos conculcados, en un marco de equidad y justicia.
12Así, por ejemplo, en Córdoba, mientras los dirigentes de grupos paramilitares, ofrecen pagar a los campesinos expulsados por ellos mismos entre 40.000 y 200.000 pesos por hectárea, el INCORA pagó a los terratenientes tierras para los desplazados 2.300.000 pesos por hectárea. Las tierras son seleccionadas estratégicamente por los proyectos de riego, de construcciones de carreteras, represas hidroeléctricas, explotaciones mineras,  siembra y procesamiento de coca, etc.
13 Estudio de caso retomado de un trabajo de grado de Maestría en Desarrollo Rural, dirigido por la autora. Ver Rodríguez, 1998.
14 Trabajo de acompañamiento y asesoría en el cual participó la autora entre Enero de 1997 y Junio de 1998.
15 Estudio de caso retomado de un trabajo de grado de Maestría en Desarrollo Rural, dirigido por la autora. Ver, Medina, 1998. También Boletín CODHES N° 24 de Octubre de 1999.
16 La distribución de colores corresponde a los momentos previos al desplazamiento, la organización dentro de condiciones de desplazamiento y finalmente el proceso de reubicación.
17 El predio de 9000 has, tenía un conflicto de varias décadas con los campesinos. En 1994 el INCORA declara 5340 de propiedad particular  y  compra 2060 ha a precios muy elevados , con los cuales resolvió el problema de tierras del 25% (100 familias) de los campesinos tierras ubicados en la hacienda, los cuales aún no tienen titulación. Además determina que 1600 ha, son baldías lo cual posibilita que las familias allí asentadas puedan emprender el proceso de titulación. Esta decisión es interpuesta por la familia Marulanda Ramirez, de la cual era miembro el entonces embajador de Colombia en los Países Bajos, a través de la firma Inversiones M.R. la cual reclama la propiedad de todo el predio, solicitud que es negada por el INCORA. (CODHES, 1999, p.8-9)
18 Testimonio de Joaquín, Junio de 1997. Rodríguez, 1998, p. 123
19 Muchos grupos se quejan de la corrupción que media las negociaciones de las tierras, pero temen denunciar estos casos pues está de por medio las posibilidades de lograr respuestas. Se mantiene un gran temor a entrar en este tipo de demandas, en donde se saben perdedores dado el alto grado de impunidad.
20 Como se denomina usualmente y que implica una condición que se incorpora a la naturaleza de la persona, y que difiere del “estar desplazado”, como situación temporal.
21 En uno de los casos, fue muy claro que por factores de orden religioso, los líderes no consideraban la posibilidad de una toma pacífica de una institución gubernamental. Ver Lozano, 1998.
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Flor Edilma Osorio Pérez, « Reasentamientos rurales de población campesina desplazada », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 3 | 2001, Publicado el 16 junio 2006, consultado el 22 octubre 2017. URL : http://alhim.revues.org/529

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Autor

Flor Edilma Osorio Pérez

Universidad Javeriana, Bogotá

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