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Los grupos empresariales

El liberalismo y la burguesía golpista en la Argentina: las propuestas políticas, económicas y sociales del Consejo Empresario Argentino y de la Comisión de Enlace, 1966-1976

Gonzalo Sanz Cerbino

Résumés

Este artículo analiza las propuestas políticas, económicas y sociales de las corporaciones empresarias que representaron los intereses de la burguesía agropecuaria e industrial en la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. Nos centraremos en dos organizaciones poco estudiadas, el Consejo Empresario Argentino y la Comisión de Enlace. Mediante un análisis comparado de documentos y testimonios representativos de ambos grupos, buscamos detectar los puntos en que sus propuestas coincidían y aquellos donde divergían. Su análisis permitirá demostrar que, a contrapelo de lo que proponen las interpretaciones dominantes, no hay en estos grupos una coincidencia ideológica en torno a las recetas liberales. De esta forma, buscamos demostrar que la confluencia de ambos sectores en el apoyo a los regímenes dictatoriales de la etapa no responde a la existencia de un programa común.

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Texte intégral

1Los enfrentamientos sociales entre izquierda y derecha han sido predominantes en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX. La conflictividad fue particularmente aguda entre 1955 y 1976, años en que el país se debatió entre una democracia restringida por la proscripción del partido político mayoritario, y gobiernos militares impulsados por alianzas entre fracciones de la burguesía y las Fuerzas Armadas. Pese a su importancia, el estudio en profundidad de las alianzas militar-empresarias que impulsaron los golpes de estado solo recientemente ha merecido la atención de las ciencias sociales. Las ideas que animaban a los golpistas, las disputas internas dentro de las alianzas o su composición son temas que recién comenzaron a abordarse en los últimos años (Canelo, 2009; Palermo y Novaro, 2003; Verbitsky y Bohoslavsky, 2014). Así y todo, aún quedan problemas por desentrañar. Durante años se sostuvo que la confluencia entre militares y empresarios estuvo animada por una común adscripción al ideario liberal. Las corporaciones empresariales que apoyaron los golpes de estado durante el período han sido catalogadas como “liberales”, sin un análisis en profundidad de sus posiciones o las diferencias que presentan entre ellas. De una manera laxa, se usa este calificativo para las corporaciones de los grandes industriales, como la Unión Industrial Argentina (UIA), para las de la burguesía terrateniente, como la Sociedad Rural Argentina (SRA) o Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), así como para los frentes en los que confluyeron ambas fracciones de la burguesía, como la Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) o la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) (Basualdo,2001; Brennan y Rougier, 2013; Palomino, 1988;Schvarzer, 1991; Sidicaro, 2002; Verbitsky y Bohoslavsky, 2014).Incluso algunos estudios clásicos, pioneros en advertir sobre la alianza tecnocrático-militar (O’Donnell, 2008 y 2009), no distinguieron claramente los importantes matices existentes en las ideas que movilizaban a las diferentes capas de la burguesía. Recientemente, estas visiones se han ido complejizando, con el estudio de las diferencias ideológicas dentro de los movimientos civiles (Morresi, 2008 y 2010), los grupos de tecnócratas (Heredia, 2004) y las corrientes internas de las Fuerzas Armadas (Canelo, 2009) que se reivindicaban liberales. Sin embargo, no se ha abordado con la misma rigurosidad las ideas que animaban a los colectivos y gremios empresariales, cuyo estudio en profundidad revelaría que entre ellos existían los mismos matices que se verifican en otros actores.

2En este trabajo, nos proponemos abordar las ideas políticas, sociales y económicas de dos colectivos empresariales fundados entre fines de los 60 y principios de los 70: el Consejo Empresario Argentino (CEA) y la Comisión de Enlace (CE). El primero organizó a los grandes capitales industriales, de origen nacional y trasnacional; el segundo expresó la confluencia de los gremios del empresariado rural en un frente unitario. Sus ideas fueron representativas, entonces, de dos fracciones de la clase dominante: la gran burguesía industrial y la burguesía terrateniente agropecuaria. Aunque estos colectivos no han sido investigados en profundidad, su importancia no es menor. Ambos tuvieron una intervención de peso en la coyuntura política, una participación decisiva en los golpes militares de 1966 y 1976, y una influencia destacada sobre los gobiernos dictatoriales. La confluencia política de estos sectores, sin embargo, no implicó una comunión ideológica. Como intentaremos demostrar, no existe una común adscripción de la gran burguesía industrial y de la burguesía agropecuaria argentina al ideario liberal, como postulan los estudios clásicos sobre el tema. Para demostrar esta hipótesis, nos proponemos reconstruir la historia de ambos grupos y sus propuestas políticas, económicas y sociales. Veremos que, aunque ambos se consideraban liberales y cuestionaban las políticas “intervencionistas” del peronismo, las diferentes percepciones que tenían del rol del Estado en la economía y del proteccionismo industrial (entre otros tópicos), permiten postular la existencia de dos programas políticos y económicos diferentes entre los empresarios que apoyaron los regímenes militares en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX.

El liberalismo según la burguesía agropecuaria

  • 1 Cuando hablamos de burguesía, siguiendo los aportes del marxismo, nos referimos a aquellos sectores (...)

3La formación de la Comisión de Enlace (CE) a fines de 1970 constituyó un hito en la historia de la organización gremial de la burguesía agropecuaria de la región pampeana1, donde están las mejores tierras del país. Con su conformación se había puesto fin a varias décadas de división y enfrentamientos internos dentro de esta fracción de la clase dominante. Durante la primera mitad del siglo XX, el campo argentino estuvo cruzado por los enfrentamientos entre la burguesía arrendataria pequeña y mediana, representada por la Federación Agraria Argentina (FAA) y los grandes terratenientes organizados en la Sociedad Rural (SRA). Los terratenientes ganaderos también tuvieron enfrentamientos internos, que derivaron en la creación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una escisión de SRA producida en los ’30. Sin embargo, estas diferencias comenzaron a desdibujarse en los ’50 y ’60. Muchos arrendatarios fueron accediendo a la propiedad de sus tierras y aumentaron su escala. Otros fueron expulsados del campo al no alcanzar las escalas mínimas necesarias para sacar provecho a las inversiones. A esto hay que sumar la creciente presión estatal sobre la renta diferencial de la tierra que esta burguesía agropecuaria, mayormente terrateniente, aspiraba a apropiarse. La Argentina se encontraba atravesando, en las décadas de 1960 y 1970, una crisis de acumulación. Había llegado a un límite la posibilidad de seguir manteniendo la protección para la industria local, que se financiaba con transferencias de renta diferencial. En este contexto, la presión para captar recursos del agro, ya sea mediante impuestos o tipos de cambios desfavorables, iba en aumento, y eso llevaba a las diferentes capas de la burguesía agropecuaria a una confluencia.

4Un primer mojón en el camino a la unidad se produjo entre fines de 1965 y mediados de 1966, cuando tanto los representantes de las capas más débiles de la burguesía agropecuaria (FAA y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria –CONINAGRO), como los de los grandes terratenientes (SRA y CRA), iniciaron una ofensiva contra el gobierno democrático de Arturo Illia. Esta ofensiva culminó en el golpe de estado encabezado por el General Juan Carlos Onganía, que las cuatro corporaciones rurales respaldaron. La confluencia se acentuó cuando estas corporaciones objetaron el plan económico impulsado por el ministro Adalbert Krieger Vasena en 1967. Se le cuestionó que, a pesar de las promesas, se seguía grabando con fuertes impuestos a la producción agropecuaria, en lugar de avanzar a fondo con un recorte en los gastos del Estado y en las transferencias de ingresos del agro a la industria. Entre 1967 y 1970 se multiplicaron los pronunciamientos conjuntos, en los que las cuatro corporaciones cuestionaron la política agropecuaria oficial, y se realizaron periódicamente reuniones y asambleas donde los dirigentes corporativos comenzaron a plantear la importancia de alcanzar la “unidad del sector”. Tras meses de coqueteos, la unidad se alcanzó finalmente en octubre de 1970. En una asamblea realizada en la ciudad de Rosario, dirigentes de las cuatro entidades acordaron las bases de un frente común, que denominaron Comisión de Enlace. Luego de la asamblea, se abocaron a la realización de un documento fundacional, que sintetizaba los reclamos en que FAA, SRA, CRA y CONINAGRO venían coincidiendo, por lo menos, desde 1967. Este documento, que a continuación analizaremos, lleva por título “El campo y el desarrollo nacional. Conclusiones”, y constituye la expresión más acabada de las propuestas y reclamos de la burguesía agropecuaria pampeana en las décadas de 1960 y 1970.

5Uno de los ejes planteados en este documento es el juicio negativo que se descarga sobre la política económica de los 30 años previos, que los propietarios rurales consideraban guiada por una misma premisa: la transferencia de ingresos del agro hacia otros sectores económicos. Desde Perón a Onganía, todos los gobiernos habrían aplicado programas que deterioraban las condiciones de acumulación del sector rural, “estrangulando” sus ingresos. El resultado de estos esquemas sería el estancamiento de la producción agropecuaria, que inexorablemente llevaba al estancamiento nacional. A juicio de la CE, se había aplicado una errada concepción del desarrollo, que partía de la idea de que éste podría alcanzarse “mediante un fuerte proteccionismo [industrial], que posibilitara un rápido proceso de sustitución de importaciones” (CRA y otros, 1970: 3). Así, el gran problema nacional radicaba en haber intentado sostener a una industria ineficiente, incapaz insertarse en el mercado mundial:

[…] Se protegió al desarrollo industrial con aranceles que llegaron a significar efectivas prohibiciones para la importación. Al amparo de dicha protección, se desarrollaron algunas industrias con niveles de eficiencia relativamente bajos en comparación con los internacionales y con notorios defectos en el orden de la dimensión de las empresas.

Por su parte, por las razones apuntadas, se deprimieron las posibilidades de exportación [del agro], mediante la aplicación de tipos de cambio desfavorables o la imposición de altos tributos. Estas medidas, tenían un efecto indirecto de subsidio al consumo y al desarrollo industrial, mediante la artificial depresión de los precios de los productos agrarios. (CRA y otros, 1970: 3)

6De esta manera, los representantes de la burguesía agropecuaria sentaban una posición clara respecto a la crisis de acumulación que asolaba al país. El problema radicaba en la sucesión de gobiernos que diezmaron los ingresos y la rentabilidad del agro, el único sector competitivo, para proteger una industria incapaz de sostenerse sin la tutela estatal. A ello se sumaba el mantenimiento de un nivel de consumo “artificial” de las masas, financiado también con la riqueza “arrebatada” al agro. Su propuesta frente a una crisis en la que los ingresos por las exportaciones agropecuarias ya no alcanzaban para sostener los gastos resultaba terminante: había que dejar de sostener esa industria y reducir los ingresos de los trabajadores. Agregaban que era necesario reducir la intervención del Estado, sus gastos y su “frondosa burocracia”, cuestionando de esa manera las herramientas que hacían posible la transferencia de recursos entre sectores. Objetaban entonces todas aquellas medidas tendientes a captar y distribuir la renta de la tierra: los impuestos (en particular las “retenciones” a las exportaciones agropecuarias), los “tipos de cambio desfavorables”, la restricción de importaciones que obligaba a pagar los altos precios de la industria nacional o la regulación del comercio exterior.

7Quizás atendiendo a la necesidad de construir alianzas con el sector industrial, más adelante morigeraban lo que aparecía como un juicio terminante sobre esta actividad. Destacaban que su objeción no era hacia la industria en general, sino a la “falta de racionalidad en la concepción de la política industrial, así como los instrumentos puestos en ejecución para concretarla”:

[…] La República Argentina debe orientarse hacia un modelo de economía que cuente con un nivel de protección para la industria nacional, establecido en el límite adecuado para que empresas debidamente dimensionadas, con una asistencia técnica correcta y bien administradas, puedan superar algunas desventajas que eventualmente el país pueda presentar para enfrentar la competencia de la industria extranjera en pie de igualdad, trabajando simultáneamente para removerlas. (CRA y otros, 1970: 5)

  • 2 Ver la crónica de la asamblea extraordinaria de socios de la Sociedad Rural del 19 de diciembre de (...)

8La salvedad, sin embargo, no dejaba de resultar ambigua: ¿cuál sería el nivel de protección adecuado? Sobre todo viniendo de dirigentes que, poco antes, habían tildado de “marxistas” a funcionarios como Krieger Vasena, que todo el resto del mundo ubicaba como el arquetipo del “tecnócrata liberal”2. A juzgar por los reclamos previos y posteriores a este documento, que siempre giraron en torno a reducir al mínimo la carga fiscal sobre el agro y recortar fuertemente los gastos estatales, la aclaración sobre los “niveles adecuados” de protección a la industria parece más una concesión destinada a ganar aliados que una afirmación sincera. Si observamos lo que el documento tenía para decir de aquellos sectores de la industria que proveían al agro, el corazón de su propuesta se dibuja claramente. Allí objetaban el “alto costo” de los insumos agropecuarios, derivados de niveles de protección “irracionales” que condenaban al agro a pagar precios muy por encima de los internacionales, subsidiando a esa rama de la industria nacional. Por ello, exigían que esas industrias vayan adquiriendo una “capacidad competitiva que produzca la liberación de recursos actualmente transferidos por el agro como subsidios”, y que el Estado obligue a la modernización de estos sectores, “desechando una estrategia de simple e irracional transferencia de ingresos”.

9Entre los factores que contribuirían a desfinanciar al agro, como anticipamos, se encontraba el excesivo nivel de gastos estatales. Entre 1966 y 1970, durante los cuatro años de gobierno dictatorial, se habrían deprimido los ingresos del agro a fin de lograr una estabilidad macroeconómica que no se consiguió. “En lugar de reducir el gasto público”, señalaban, “se lo ha aumentado con nuevos organismos burocráticos y nuevas aventuras de empresario que […] siempre pagan los sectores productivos más eficientes” (CRA y otros, 1970: 5). La reducción del gasto público debía ser el eje de toda política de estabilización, para liberar recursos hacia los sectores más productivos, lo que generaría un verdadero desarrollo económico.

10En consonancia con esta posición, se expresó una fuerte crítica a la política fiscal, señalando que no debía tener una “finalidad recaudadora” como hasta ese momento, sino estimular una mayor producción y productividad agropecuaria. Demandaban una profunda reforma fiscal, discutida con los productores rurales, que además de simplificar y evitar superposiciones de cargas, generara estímulos a la producción. En concreto, exigieron la eliminación de varios impuestos, buscando reducir sustancialmente la carga fiscal sobre la producción agropecuaria.

11Señalaron también que cualquier “programa de estabilización económica” estaba condenado al fracaso si no se apoyaba en exportaciones crecientes que alejaran el peligro de la crisis de balanza de pagos. Esto implicaba una mayor producción de aquellos bienes que la Argentina elaboraba a costos competitivos, y que podía colocar en mayores cantidades en el mercado mundial. Casi en su totalidad, este tipo de productos eran de origen agropecuario. Y la única forma de conseguir estas metas sería estimular al sector rural, por ello pedían elevar sus precios relativos: “siendo el precio el incentivo inmediato de toda actividad económica, lo lógico es que para obtener una mayor producción agropecuaria exportable, deban mejorarse los precios relativos de dichos productos” (CRA y otros, 1970: 8). Sin mejores ingresos, no habría estímulo a la inversión y a la incorporación de tecnología que permitiera elevar la producción. Hasta el momento, señalaba el documento, se había hecho todo lo contrario: el agro habría llegado a una situación de gran deterioro por las políticas aplicadas, muchas de ellas sin coherencia. Demandaban, por tanto, una política de desarrollo agropecuario basada en la rentabilidad de las explotaciones.

12La propuesta política y económica de la burguesía agropecuaria resultaba compatible con los intereses materiales de esta fracción: la CE se estructuró en torno a la defensa de una ganancia extraordinaria, la renta diferencial de la tierra, que se encontraba en disputa. Las corporaciones agropecuarias no querían resignar estos recursos económicos, sobre los que el Estado avanzaba en forma creciente para compensar los efectos de la crisis. Las demandas del agro implicaban, claro, reducir las transferencias a la industria, los gastos estatales y los “subsidios al consumo”. La clase obrera y la burguesía industrial se convertían así en las variables de ajuste para resolver la crisis. Sobre la base de estas demandas elaboraron un verdadero programa económico y político, que fue condensado en el documento que aquí analizamos.

13El corazón del programa, como señalamos, era la defensa de una riqueza social que la burguesía agropecuaria consideraba propia. La oposición a todos los mecanismos establecidos por el Estado para apropiarse de la renta agraria y distribuirla hacia otros actores sociales. En su concepción, una política que sustrajera parte de los ingresos del agro para destinarlos a subsidiar la industria o el consumo de las masas urbanas, terminaba liquidando al único sector capaz de impulsar el desarrollo nacional, condenándolo al estancamiento y con él, a todo el país. La política que postulaban apuntaba a evitar este tipo de transferencias del agro a la industria, haciendo que los productores agropecuarios percibieran el “precio lleno” por la exportación de sus productos, que los impuestos se redujeran al mínimo y sean iguales para todos los sectores (sin “discriminaciones”). Por eso exigían una mayor racionalización del aparato estatal y el “saneamiento” de la industria nacional, eliminando progresivamente a los sectores ineficientes. Esa era la forma concreta que adquiriría el “restablecimiento de la rentabilidad de la explotaciones agropecuarias”: concentración y centralización del entramado industrial, cierre de toda industria incapaz de competir sin protección y subsidios (eliminación de capital sobrante), achicamiento del Estado, desocupación y bajos salarios.

14Se trata del programa que en la Argentina se ha identificado tradicionalmente con el “liberalismo”, aunque es claro que una política como la propuesta no podía prescindir por completo de la intervención del Estado. Su aplicación demandaba reforzar al máximo los mecanismos represivos para ahogar la conflictividad social que desencadenaría. Se trata, además, de una política difícil de asumir para cualquier representante de la burguesía industrial, ya que como veremos, ninguna estaba en condiciones de prescindir de la tutela estatal. Es, a su vez, un programa profundamente impopular, ya que postula revertir la crisis atacando el salario (directo e indirecto) y el empleo, que se reduciría por la quiebra de las industrias más débiles y la contracción del presupuesto estatal. Por estas mismas razones es un programa políticamente inviable, que no fue hegemónico ni siquiera durante las dictaduras de 1966 y 1976 (cuya política el sector agropecuario terminó cuestionando), ya que no podía cosechar ningún tipo de apoyo por fuera de la burguesía agropecuaria.

¿Un liberalismo proteccionista?

  • 3 Organizada en torno a la Confederación General Económica (CGE) o la Unión Industrial Argentina (UIA (...)

15La gran burguesía industrial, aunque circunstancialmente podía coincidir con la burguesía agropecuaria en frentes como ACIEL o APEGE, que buscaban combatir los “peligros” del “estatismo” peronista, no podía comulgar con todo su programa. Al depender, como la burguesía industrial de menor tamaño3, de la protección estatal, su programa debería ubicarse en algún punto intermedio entre la propuesta “liberal” de la burguesía agropecuaria y las propuestas “populistas” que levantaban los capitales más débiles ligados a la experiencia peronista.

16Reconstruir las propuestas de la gran burguesía industrial no es tarea sencilla. En frentes como ACIEL o APEGE compartían la dirección con la burguesía agropecuaria, por lo que sus pronunciamientos son reflejo de los acuerdos alcanzados. Los grandes industriales también dominaron la UIA entre 1955 y 1972, pero allí se veían obligados a conciliar posiciones con los capitales de menor tamaño que formaban la base de esta corporación. Por eso posamos nuestra mirada sobre el Consejo Empresario Argentino (CEA), la organización que esta fracción de la clase dominante formó en 1967, con el objetivo de incidir sobre los distintos gobiernos con un programa propio. El CEA fue una organización que reunió a 30 de los capitales más concentrados que operaban en el país, de origen nacional y extranjero. A diferencia de otras corporaciones, no se organizaba por ramas: lo integraban representantes de capitales industriales, agropecuarios, comerciales y financieros. Sin embargo, del análisis de su composición se desprende que en él predominaba la burguesía industrial de mayor tamaño. Entre 1967 y 1976 se nuclearon en el Consejo las dos siderúrgicas privadas más grandes del país (Acindar y Techint) y una importante metalúrgica (Astarsa, del Grupo Braun); la más importante productora de papel y celulosa (Celulosa Argentina); las químicas y petroquímicas de mayor tamaño (Ducilo, Duperial, PASA, Ipako –del Grupo Garovaglio y Zorraquín-, Electroclor del Grupo Celulosa, Monsanto y Compañía Química de Bunge y Born); algunas de las petroleras más importantes (Astra, Cities Services –principal accionista de PASA-, y la Compañía General de Combustibles del Grupo Soldati); importantes constructoras como Gesiemes del Grupo Soldati, Techint Ingeniería, Constructora Lanusse y Polledo S.A., entre otras; algunas de las principales agroindustrias (Molinos Río de la Plata de Bunge y Born, la tabacalera Massalin, la yerbatera Establecimiento las Marías, Noel S. A., Ingenio El Tabacal y Frigoríficos Argentinos S.A.); las textiles que dominaban el mercado local (Alpargatas, Grafa de Bunge y Born, y Ducilo); la cementera Loma Negra, la productora de neumáticos Pirelli y las principales automotrices (Fiat, Ford e IKA-Renault).

  • 4 Es mucha la bibliografía que da cuenta de esta relación privilegiada con el Estado. Solo a título d (...)

17Además de tener en común su carácter predominantemente industrial, estos capitales se destacaron por su importante escala, que les permitía dominar el mercado interno e incluso exportar eventualmente, con apoyo estatal. Esto no implicaba que pudieran prescindir de la protección de la que gozaba todo el capital industrial en la Argentina. Por el contrario, estas empresas se encontraban entre las más favorecidas por el esquema proteccionista. Varias de ellas se beneficiaron de los regímenes de protección a las industrias sustitutivas productoras de insumos básicos, que inició el presidente Frondizi en los ‘50 y continuaron sus sucesores. Es el caso de la celulosa, el cemento, la petroquímica, la petrolera y la siderúrgica. De esta forma pudieron contar no solo con aranceles que restringieran el ingreso de competidores, sino también con financiamiento preferencial (a tasas negativas) para inversiones y desgravaciones impositivas en los marcos de los regímenes de promoción industrial. También las automotrices y las textiles gozaron de este tipo de apoyo. A esto hay que agregar la integración de varios de estos capitales al Estado, como proveedores o adquiriendo insumos a precios preferenciales. Un caso típico es el de las constructoras, todas orientadas a la realización de obras públicas. Las siderúrgicas y las petroleras también tenían un lugar preponderante como proveedoras oficiales. En el caso de la siderurgia y la petroquímica, se suma que adquirían sus insumos de empresas estatales a precios subvencionados4.

18Esta dependencia de la protección estatal explica por qué estos capitales, a pesar de haber compartido frentes con la burguesía rural y haber apoyado también los golpes de estado de 1966 y 1976, no podían comulgar con su propuesta económica. Como veremos, sus posiciones respecto a temas como la protección aduanera para la industria o la reducción de los gastos estatales los alejaban de la propuesta esgrimida por el agro. A diferencia de lo propuesto por la alianza peronista, la gran burguesía industrial parecía consciente de la necesidad de “ajustar” ciertas variables para restablecer el equilibrio económico. Por esa razón, coincidieron con la burguesía rural en la necesidad de “disciplinar” a los trabajadores, aumentar la productividad y reducir los salarios reales. Por ejemplo, Juan Taboada, dueño de FASA y Jorge Aguilar, ejecutivo de Ducilo, ambos integrantes del CEA, hicieron declaraciones públicas en este sentido a fines de 1968 (Panorama de la Economía Argentina, Nº 39, 1968). También intervinieron con argumentos similares Carlos Dietl (Celulosa Argentina), Agostino Rocca (Techint), César Polledo (Polledo S.A.) y Eduardo Braun Cantilo (Astarsa) a fines de 1975 (Mercado, 28/8/1975). En este punto diferían con la burguesía de menor tamaño, que en ciertas coyunturas se había mostrado permeable a conceder mejoras salariales para dinamizar el mercado interno.

19Los integrantes del CEA también expresaron, en distintas coyunturas, la necesidad de “modernizar” el entramado industrial, para ganar competitividad (Mercado, 5/2/1970, 10/9/1970 y 6/5/1976). Otro punto en el que coincidían con la burguesía agropecuaria era en la necesidad de reducir los gastos estatales. Por ejemplo, hacia 1968, Jorge Aguilar proponía aumentar la eficiencia de las empresas estatales para así reducir gastos y aliviar la presión tributaria que “descapitalizaba” a los privados (Panorama de la Economía Argentina, Nº 39, 1968). En septiembre de 1976, Edmundo Paul, presidente de Celulosa y miembro del CEA, señalaba que el principal desafío para las autoridades militares sería avanzar en la reducción del gasto público. Al igual que Aguilar, conectaba los “excesivos” gastos del Estado con una creciente presión tributaria que “atrofiaba” al capital privado (Mercado, 2/9/1976).

20Sin embargo, no debe deducirse de este tipo de intervenciones la propuesta de un “Estado mínimo”, más cercana al programa de la burguesía agropecuaria. Ni siquiera Martínez de Hoz, presidente del CEA en 1975 y ministro de Economía con la dictadura militar iniciada en 1976, a quién livianamente se suele identificar con el liberalismo más extremo, sostenía este tipo de posiciones. En junio de 1975, este dirigente empresario señalaba que al Estado le correspondía “el control de la economía”, que debía “impulsar” el desarrollo mediante mecanismos de “estímulo y desaliento” (Mercado, 5/5/1975). Agostino Rocca, dueño de Techint y miembro del CEA, aunque defendía un mercado libre en el que no sea “el Estado quien determine todo lo que se tiene que hacer”, no dejaba de marcar un límite que lo distanciaba del liberalismo agropecuario: “aclaramos: nada de laissez faire. El Estado no podrá estar ausente. Después de la crisis del ’30 el Estado orientador y regulador de la economía pasó a ser una realidad en el mundo” (Mercado, 6/5/1976).

21La posición ocupada por estos capitales en la estructura económica puede explicar este tipo de afirmaciones. Como representantes de intereses industriales que dependían de la protección estatal, no podían ser partidarios de un “Estado mínimo”. Pero al tratarse de las capas más concentradas de la burguesía industrial, podían proponer como solución a la crisis un ajuste que avance sobre una porción del gasto: aquella que se utilizaba para subsidiar a las capas más débiles de la industria y el nivel de vida de los asalariados. La misma lógica se replicaba en las posiciones respecto al proteccionismo. Las tarifas aduaneras que resguardaban la producción nacional de ciertos bienes “estratégicos” fueron defendidas en más de una oportunidad por integrantes del CEA, como los ejecutivos de Techint y Celulosa Argentina. También las políticas de “promoción industrial” (defendidas por ejecutivos de Alpargatas, Pirelli y Loma Negra, entre otros), que contemplaban beneficios impositivos y subsidios para la radicación de inversiones en ciertas ramas y regiones (Mercado, 23/12/1969, 6/8/1970, 28/11/1974, 4/12/1975 y 2/9/1976).

22Sin embargo, la propuesta del CEA no coincidía con la de la burguesía industrial más débil. La protección y los “estímulos” no debían generalizarse. Esa protección debía concentrarse en los capitales “más eficientes”, aquellos que pudieran alcanzar en ciertos plazos niveles de competitividad que les permitieran independizarse de la tutela estatal. El economista Carlos García Martínez, entonces asesor de la UIA y futuro funcionario en el gabinete de Martínez de Hoz, fue quien mejor expresó esta posición. Consultado en 1970 sobre la política de promoción industrial sostuvo:

La promoción significa un alto costo para el país por la pérdida de ingresos fiscales y salida de divisas por la compra de bienes; por esas razones debe manejarse delicadamente sin perder en ningún momento su carácter selectivo. Si todas las actividades se promocionaran, no se otorgarán en definitiva ventajas comparativas que induzcan la creación de nuevas actividades o la ampliación de las existentes”. (Mercado, 19/12/1970)

23La promoción industrial debía ser “selectiva”, porque, como sostuvo en otro artículo, “los recursos son escasos y los pedidos de beneficios son muchos”. Por eso la promoción “debe también manejarse con criterio restrictivo y no ser una panacea para la ineficiencia” (Mercado, 5/3/1970). La contracara de esta propuesta era la condena para los sectores más débiles del entramado industrial, a los que debía retirarse la protección. Y desde luego, para los asalariados que se empleaban en estas industrias. De esta manera se podría avanzar en el “saneamiento” de la economía, restaurando el equilibrio económico, sin afectar a los capitales de mayor tamaño que se nucleaban en el CEA. Como se observa, la gran burguesía industrial, nacional y trasnacional, estaba lejos de patrocinar las posiciones tradicionalmente asociadas al “liberalismo”, que defendía en estos años la burguesía agropecuaria. Su posición en el debate sobre las políticas de promoción industrial, en un contexto en el que los recursos escaseaban, se encontraba entre el liberalismo y el nacionalismo. Con los primeros compartía la necesidad de realizar un ajuste, que redujera los costos salariales, los gastos del Estado y la protección hacia buena parte de la industria más débil, abriendo paso a un proceso de concentración. Con los segundos compartía la necesidad de mantener ciertos niveles de protección y subsidios, que permitieran la supervivencia de los grandes capitales que el CEA representaba.

Reflexiones finales

24A lo largo de este artículo hemos intentado establecer ciertas conexiones entre las ideas de la derecha argentina y los intereses materiales concretos de quienes las defendían públicamente. Para ello, avanzamos en la reconstrucción de las propuestas económicas, políticas y sociales de las corporaciones empresarias que representaban los intereses de las dos fracciones de la clase dominante que impulsaron los golpes de estado de 1966 y 1976 en la Argentina, la gran burguesía industrial y la burguesía agropecuaria pampeana. Creemos que, de esta manera, no solo contribuimos a mejorar nuestro conocimiento sobre este tipo de organizaciones, sino a brindar claves interpretativas que permitan desentrañar las disputas internas que se produjeron durante los gobiernos militares de 1966-1973 y 1976-1983.

25A lo largo del trabajo, intentamos poner en cuestión una idea bastante extendida: que existía una comunión ideológica entre estas fracciones de la burguesía, por su común adscripción a las ideas liberales. Si bien existían algunas coincidencias, que habilitaban la confluencia en determinadas coyunturas, sus planteos no fueron homogéneos. Ambos sectores coincidían en que, para superar la crisis de acumulación en que se encontraba el capitalismo argentino, era necesario emprender un ajuste de las variables económicas. Los gastos del Estado, los salarios y la batería de recursos destinados a subvencionar al capital industrial debían recortarse. Sin embargo, estas fracciones diferían en el alcance que debía tener ese ajuste. Para la burguesía agropecuaria, que financiaba las políticas proteccionistas resignando porciones crecientes de renta diferencial, el ajuste debía alcanzar a todos los capitales “ineficientes”. Debía retirarse la tutela estatal y dejar librado a su suerte a todo capital que no tuviera la eficiencia o los costos que le permitieran competir de igual a igual en el mercado mundial. Sin embargo, esa propuesta no podía ser asumida por el capital industrial de mayor tamaño, que no estaba en condiciones de prescindir de las políticas proteccionistas. En este punto, la propuesta de la gran burguesía industrial se distanciaba de los postulados clásicos del liberalismo: necesitaban un Estado que intervenga en la economía reasignando recursos en su favor y restringiendo la libre competencia para asegurar su supervivencia. Es por ello que el ajuste propuesto por los miembros del CEA se limitaba a reducir la protección a un nivel en el que, mientras los capitales más débiles fueran a la quiebra, los más grandes pudieran subsistir.

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Bibliographie

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Fuentes

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SRA: Memorias de la Sociedad Rural Argentina, Buenos Aires, S/E, 1968-1969.

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Notes

1 Cuando hablamos de burguesía, siguiendo los aportes del marxismo, nos referimos a aquellos sectores que reúnen dos características fundamentales: a) Son propietarios de medios de producción y b) Explotan fuerza de trabajo. Aunque en el ámbito agrario esta categorización ha generado infinidad de debates, creemos que el sujeto analizado reúne ambas características, en particular durante las décadas de 1960 y 1970 en la Región Pampeana. Para una fundamentación acabada sobre el uso de esta categoría para el sujeto analizado, recomendamos ver Sartelli (2008).

2 Ver la crónica de la asamblea extraordinaria de socios de la Sociedad Rural del 19 de diciembre de 1968, destinada a discutir el establecimiento de un nuevo impuesto a la tierra (SRA, 1968-1969).

3 Organizada en torno a la Confederación General Económica (CGE) o la Unión Industrial Argentina (UIA), donde tuvo una posición subordinada hasta 1972.

4 Es mucha la bibliografía que da cuenta de esta relación privilegiada con el Estado. Solo a título de ejemplo, podemos citar Azpiazu (1977), Gorenstein (1993), Castro (2013) y Castellani (2009).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Gonzalo Sanz Cerbino, « El liberalismo y la burguesía golpista en la Argentina: las propuestas políticas, económicas y sociales del Consejo Empresario Argentino y de la Comisión de Enlace, 1966-1976 », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En ligne], 32 | 2016, mis en ligne le 09 décembre 2016, consulté le 22 février 2017. URL : http://alhim.revues.org/5540

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Auteur

Gonzalo Sanz Cerbino

Universidad de Buenos Aires (UBA)
Doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aries. Docente de la carrera de Historia de la UBA. Investigador de CONICET en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR)
camilogx@yahoo.com

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