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Los grupos empresariales

Hacia la constitución de una economía de mercados jerárquicos: Modernización capitalista y tradicionalismo social en los industriales chilenos (1952-1958)

Joaquín Fernández Abara et Margarita Goldflam Leiva

Résumés

El artículo aborda las transformaciones vividas por la Sociedad de Fomento Fabril, principal gremio empresarial industrial de Chile, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, centrándose en sus propuestas de política económica. Los autores sostienen que, durante el período, los industriales desarrollaron un programa crítico de la intervención estatal en el sector industrial y del crecimiento del aparato estatal, al mismo tiempo que mantuvieron un discurso proteccionista y productivista. Dicho programa fue acompañado por una visión tradicional y estamental de las relaciones laborales, y por una creciente desconfianza hacia los políticos y hacia la autonomía de los cuadros tecnocráticos del Estado. Los elementos mencionados permitieron que los industriales desarrollaran una postura pragmática y flexible en el marco de la disputa entre estructuralistas y monetaristas y ante las políticas de la Misión Klein-Saks, y prefiguraron muchas de las características del desarrollo posterior de la derecha política chilena.

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Notes de la rédaction

Este artículo es parte del Proyecto FONDECYT Nº1150819 “El itinerario del proyecto monetarista chileno (1952-1975)”.

Texte intégral

Introducción

1A través del artículo, abordaremos las transformaciones del discurso y el programa de los empresarios industriales chilenos representados en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Sostenemos que, durante el período estudiado, el empresariado industrial chileno representado en la SOFOFA generó un proyecto de modernización capitalista que se expresó en un programa de política económica. Si bien dicho programa mantuvo elementos proteccionistas y continuó defendiendo el rol planificador del Estado, criticó la acción de éste en cuanto agente empresarial, se opuso al crecimiento del aparato estatal y rechazó la tendencia al aumento de las fiscalizaciones y los controles estatales. Aquellas posturas se insertaron de manera flexible y pragmática en el debate económico entre monetaristas y estructuralistas, evidenciando los comienzos de la introducción del ideario monetarista en el empresariado industrial chileno. Mostraremos cómo dichas transformaciones modernizadoras convivieron con la mantención y reactivación de antiguas demandas de carácter oligárquico y estamental, las que se hacían especialmente notorias en ámbitos como las relaciones laborales y la situación del campo. Estas ideas fueron acompañadas de un creciente rechazo a los “políticos” y a los cuadros tecnocráticos autónomos del Estado, a los que se contrapuso un ideal que hemos denominado como tecnocrático corporativo empresarial, que apuntaba a valorar la experticia empresarial privada como elemento fundamental para la solución de los problemas de la política económica.

  • 1 Coincidimos con los autores que han sostenido que durante la década de 1950 se produjo el inicio de (...)

2La recién mencionada mixtura explica los alcances, límites y muchas de las características del proyecto de modernización capitalista que comenzó a desarrollarse en Chile en la década de 1950, y que se implementaría en la Dictadura Cívico-Militar entre los años 1973 y 19901. El análisis ayuda a comprender cómo se hizo viable la amalgama entre autoritarismo y liberalización económica en el proyecto monetarista chileno, y cómo éste prefiguraba, siguiendo la conceptualización de Ben Ross Schneider, muchas de las características propias de una Economía de Mercados Jerárquicos (Schneider, 2009: 553-557), en donde “la jerarquía se transforma en el rasgo principal del capitalismo” (Undurraga, 2014: 32). Esto, en cuanto su proyecto reflejaba intereses sectoriales diversificados, que evidenciaban la mantención de elementos del imaginario de una elite social entendida en términos amplios, más allá del ámbito industrial, la que aspiraba a la mantención de relaciones laborales atomizadas.

Las transformaciones de la SOFOFA en la década de 1950

3A inicios de la década de 1950, el empresariado industrial representado en la SOFOFA vivió un proceso de “renovación ideológica”, que enfrentó a los elementos más antiguos, partidarios de mantener una actitud de cooperación y trabajo conjunto con el Estado, y ejercer formas de influencia política tradicionales a través del uso “contactos informales” y formas colaborativas de negociación, contra otro sector, compuesto primordialmente de empresarios jóvenes, proclive a “generar un reforzamiento de la presencia pública de los empresarios, mediante acciones más enérgicas respecto del Gobierno” (Montero, 2015: 99). En dicha disputa, los sectores que promovían una política más agresiva lograron volverse hegemónicos al interior de la Sociedad. En esos nuevos sectores, la industria metalmecánica, representada en la Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET), tuvo una fuerte presencia. Se trataba de un empresariado que había crecido al alero de las políticas de sustitución de importaciones, por lo que se mostraba altamente sensible a los cambios en las políticas económicas (Cavarozzi, 1975: 249), y que se había socializado en el marco de la política de masas del segundo tercio del siglo XX, distanciándose de la cultura política negociadora de sus antecesores.

4Un hito que reflejó dichas transformaciones, y que constituyó un punto de inflexión en las políticas de la SOFOFA y en su modo de relacionarse con el Estado, fue la Convención Nacional de Industrias, realizada entre el 19 y el 23 de julio de 1953 en Viña del Mar. Como ha señalado Eduardo López, la Convención “se constituyó en un evento que marcó una ruptura en la larga trayectoria de la SOFOFA, durante la década de 1940, como gremio articulador y colaborador entre el sector empresarial y el intervencionismo estatal en la economía” (López, 2015: 5). Esto, en cuanto fue una instancia en la cual “el mundo empresarial en su conjunto”, bajo el liderazgo de los industriales, evidenció signos de una crítica a la “difusión de un capitalismo supervisado por el Estado” (López, 2015: 4). Las recién mencionadas transformaciones se consolidaron con la elección de directiva de la SOFOFA en 1955. Se trató de una elección estrecha e inéditamente competitiva, en la que Domingo Arteaga, representante de los sectores juveniles y partidarios de una política confrontacional, derrotó a Walter Müller, quien había ejercido la presidencia de la institución durante los últimos veinte años (Correa, 2005: 195). La elección de 1955 reflejó importantes cambios, tanto en la organización y las estrategias de la Sociedad, como en su relación con el Estado. Müller había sido uno de los principales gestores y defensores de las políticas económicas implementadas a través de CORFO, al mismo tiempo que había privilegiado una política de colaboración con el Estado, tanto a través de contactos personales como de la participación de representantes de la Sociedad en organismos públicos (Correa, 2005: 195 y Montero, 1997: 99-100). En contraposición, Arteaga apuntaba a que la Sociedad adoptara una “firme posición pública”, convirtiéndose en una entidad “de defensa de principios, a semejanza de la similar norteamericana” (Correa, 2005: 195). Ese mismo año, Jorge Alessandri Rodríguez, consejero de la SOFOFA y presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, pronunció su discurso “La verdadera situación económica y social de Chile en la actualidad”. Los dichos de Alessandri, que alcanzaron gran repercusión y fueron difundidos a través de radio, folletos y periódicos, contenían una fuerte crítica a la manera en que se habían conducido las políticas económicas en los últimos años, rompiendo con la tónica usual en las dirigencias empresariales. En su discurso, Alessandri criticó la “intervención del Estado”, señalando los estorbos que habría generado a la “libre empresa” (Ibáñez, 2011; Ortega 2015 y Alessandri, 1955).

5Los cambios en las orientaciones programáticas y en las estrategias de acción de la SOFOFA, pronto se vieron reflejados en importantes transformaciones organizacionales. La Sociedad vivió un evidente proceso de crecimiento. Así, el número de asociados, que a lo largo de la década de 1940 se había mantenido relativamente estático con 1.018 socios en 1940 y 1.049 en el año 1950, sufrió una fuerte alza a lo largo de la década de 1950. En 1955, el número de asociados llegaba a la cifra de 1.245, y en 1957, a 1.762 (Industria, octubre de 1957). La SOFOFA también se expandió hacia otras zonas del país, relacionándose con sociedades de industriales locales y estableciendo filiales en provincias, destacando los casos de Talca, Aconcagua, Valparaíso y Concepción. Junto con el crecimiento, la Sociedad vivió un proceso de complejización y especialización organizacional, que se notó en la creación de nuevas divisiones y departamentos y en la reestructuración del personal de la Sociedad (Industria, Febrero de 1958).

Los industriales y su programa de política económica

6Durante el período estudiado se vuelve notoria la transformación del programa de los industriales representados en la SOFOFA. Los industriales transitaron desde una actitud colaborativa y favorable a la acción del Estado en el campo económico, hacia una postura crítica del intervencionismo estatal, al que contrapusieron el ideal de “empresa privada en libre competencia” (Industria, marzo-abril de 1957). Con dicho término, los industriales defendían una plataforma que propugnaba la retirada del Estado de la producción industrial como propietario de empresas, la disminución de las dimensiones del Estado, la disminución de los controles y fiscalizaciones del Estado hacia la empresa privada, y una política restrictiva en los ámbitos salarial y de seguridad social. Esta postura se justificaba en una evaluación negativa que los dirigentes de la SOFOFA realizaron sobre los rumbos y resultados que la política económica había adquirido durante los gobiernos radicales e inicios del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. En esta línea argumentativa, la dirigencia de la SOFOFA sostuvo que el crecimiento de la burocracia estatal, su intervención directa en la economía como productor industrial y su receptividad ante las demandas del movimiento obrero, serían factores que habrían frenado la actividad industrial, a la vez que habrían colaborado en el crecimiento de la inflación. Las recién mencionadas críticas reflejaban un distanciamiento entre los industriales y el modo en que se había implementado el proyecto nacional-desarrollista promovido por las agencias estatales y sus funcionarios, denotando una tendencia a la ruptura entre el empresariado industrial y los cuadros tecnocráticos que habían gestionado dichas agencias durante los últimos veinte años (Cavarozzi, 1975: 53-56 y Silva, 2010: 101-127).

7En este sentido, una de las principales demandas de la SOFOFA en la década de los cincuenta fue la retirada de la participación directa del Estado en el campo industrial. Las críticas de la dirigencia de la SOFOFA resaltaron los efectos nocivos que tendría la creación de industrias por parte del Estado, en cuanto generaría competencia directa a los privados, cuando ésta tenía lugar en rubros en que ya existían industrias, a la vez que desincentivaría el emprendimiento de los privados en nuevas áreas (Industria, mayo de 1956 y Montero, 1997: 93). Específicamente, los industriales señalaron que el accionar de la CORFO habría desperfilado el rol que dicha institución debería tener como agencia de fomento, para ingresar directamente a competir al campo industrial (Industria, marzo-abril de 1957).

8El crecimiento de la burocracia estatal también fue objeto de crítica de los industriales, quienes vieron en ella un consumidor de recursos que podrían destinarse a la inversión privada. De este modo, criticaron tanto el crecimiento del funcionariado como la creación de gran número de agencias estatales, y, con especial énfasis, las crecientes atribuciones que estas últimas tendrían en la regulación y fiscalización del sector privado, promoviendo su reducción. En la misma tónica, hicieron demostraciones en favor de la simplificación de los trámites en la administración pública, cuya complejidad y lentitud era señalada como un importante factor de desincentivo de la actividad empresarial (Industria, julio de 1956).

9El proyecto de los industriales también reafirmó sus posturas proclives a la contención de las demandas del movimiento obrero. Al defender la importancia del restablecimiento de “disciplina laboral” y la mantención de la paz “social”, la dirigencia de la SOFOFA hacía alusión a la necesidad de disminuir el poder de los sindicatos. En esta misma tónica, mantuvo un firme apoyo a las medidas antinflacionistas que apuntaban a congelar los salarios y a disminuir los costos asociados a la previsión social. Así, hicieron frecuentes denuncias de los crecientes gastos que estaría generando el crecimiento del sistema previsional, al mismo tiempo que hicieron llamados a revisarlo y reformarlo (Industria, octubre de 1957). La revista Industria hizo eco de las críticas que algunos economistas realizaban en Europa Occidental a la hegemonía que había adquirido el Estado de Bienestar y los servicios de Seguridad Social, llegando incluso a reproducir declaraciones de Ludwig Erhard en dicho sentido (Industria, agosto de 1957).

10Sin embargo, los planteamientos recién mencionados convivían con una concepción de la política económica de carácter dirigista, la que reconocía la importancia del rol planificador del Estado y la prioridad que debía tener el sector industrial en el marco de la economía nacional. Del mismo modo, demandaba financiamiento estatal, tanto a través del crédito para las actividades industriales como mediante un mayor gasto en la construcción de viviendas y obras públicas, lo que se justificaría por su efecto multiplicador. Por lo demás, el discurso que acompañaba a aquellas demandas estuvo cargado de un ethos productivista, que defendía un proyecto nacional industrializador y que resaltaba la importancia del emprendimiento industrial, de carácter “productivo”, en contraposición a las formas de negocios calificadas como especulativas. (Industria, enero de 1956).

11Es en este sentido que se puede comprender la postura de los industriales representados en la SOFOFA ante el problema de la política arancelaria. En efecto, la dirigencia de la SOFOFA evaluó de manera negativa la política arancelaria que el Estado chileno venía desarrollando desde el año 1938, y recalcó que ésta habría tenido un carácter atentatorio contra la “libre empresa”. Sin embargo, las críticas de los industriales no apuntaban a liberalizar el mercado. Por el contrario, defendieron la necesidad de que la política arancelaria fuera proteccionista y tuviera como fin principal el “fomento” de la industria. Así, alabaron la política arancelaria que el Estado chileno habría tenido hasta el año 1938, y protestaron por los cambios que dichas políticas sufrieron con las administraciones radicales, pues con ellos habrían pasado a tener una finalidad esencialmente fiscalista, que priorizaba la recaudación estatal antes que el fomento productivo. (Industria, junio de 1957).

Las relaciones laborales: contradicciones y límites del proyecto modernizador

12Uno de los puntos donde se pueden observar elementos contradictorios en el discurso de los industriales en el período, es el de las relaciones laborales. En la década 1950, se mantuvo la tónica de aceptación formal del sistema de relaciones laborales establecido en las leyes sociales de los años 20 y en el Código del Trabajo de 1931. Dicha tendencia fue explicitada en declaraciones que reconocían la importancia de los sindicatos y la legitimidad de las demandas obreras de mejoramiento de las condiciones laborales (El Mercurio, 22 de junio de 1953). Por lo demás, a través de seminarios y publicaciones, se realizaron esfuerzos por reafirmar una visión de la administración de empresas en la que no bastaba la dirección de un liderazgo autoritario. Por el contrario, apuntaron a generar “relaciones comprensivas entre patrones y obreros, jefes y subalternos”, logrando que dicha “comunicación” fuese “permanente y estrecha” (Industria, mayo de 1955).

13Dichas actuaciones se encuadraban en los esfuerzos de racionalización de la administración que la Sociedad realizó en el período, los que, en el ámbito de las relaciones laborales, se encontraban asociados al desarrollo de las políticas de “paternalismo burocrático”, que pretendían profesionalizar y “burocratizar el bienestar social” (Moyano, 2016). A través de dichas acciones, se pretendía encauzar y administrar la conflictividad laboral en el marco de una sociedad que ya reconocía derechos sociales, y en el que el movimiento obrero era un actor relevante. En esta misma tónica, algunas publicaciones de la Sociedad llegaron a referirse al sindicato como un “elemento vital de la completa estructura económica moderna” (Industria, febrero de 1958).

14Pese a la incorporación de estos nuevos criterios “técnicos” en el ámbito de las relaciones laborales, y a la aceptación formal de un sistema de relaciones laborales moderno, en que los sindicatos mantenían un papel relevante, en el discurso de los industriales continuaron mostrándose visiones tradicionalistas, que reflejaban el imaginario de la elite social chilena del período.

15La mantención de una visión tradicionalista sobre las relaciones laborales se hizo especialmente notoria en las representaciones sobre los obreros que evidenciaban los dirigentes de los gremios empresariales (Montero, 1997). Continuó siendo común la expresión pública de declaraciones que enfatizaban las características negativas del “trabajador chileno”, las que eran mostradas como una consecuencia de los “hábitos” de los sectores populares, o incluso explicados a través de categorías raciales. Así, no era extraña la publicación de expresiones que hacían alusión a “las ineficiencias de las labores por las condiciones propias de la raza, que no se inclina a una labor disciplinada”, tendencia que se vería acentuada “por el vicio de la embriaguez”. Del mismo modo, denunciaban que las leyes sociales “amparaban” dichos “males”, reduciendo las horas de trabajo (El Mercurio, 13 de diciembre de 1952). Por ello, en muchas ocasiones, la defensa de la “disciplina laboral” derivaba en la demanda de medidas represivas, de parte del Estado, hacia la movilización obrera.

16Del mismo modo, los industriales mantuvieron una postura de apoyo a los planteamientos de los gremios patronales agrícolas, especialmente la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), en su afán de evitar que el Estado forzara la modernización de las relaciones salariales y laborales en el campo. No es de extrañar que los industriales solidarizaran con la SNA en sus reclamos ante las huelgas rurales, se opusieran al proceso de sindicalización campesina y tuvieran una mirada benévola ante prácticas como el inquilinaje y el pago en especies (El Mercurio, 14 de enero de 1953 e Industria, agosto de 1955), legitimando mecanismos de patronazgo y control laboral ajenos a la formalidad legal y la burocratización (Moyano, 2016 y Venegas, 2014). De esta manera, quedaba en evidencia una postura que no sólo derivaba de la “racionalidad económica” de los productores agrícolas, sino también de la alta importancia que la elite atribuía a la tierra y a la hacienda como elemento definitorio de estatus en su imaginario social (Stabili, 2003).

El debate sobre la inflación y la Misión Klein-Saks

17Teniendo en cuenta los planteamientos recién mencionados, cabe analizar el modo en que se insertaban el programa y el discurso de la SOFOFA en el marco de una de las discusiones más relevantes sobre política económica en el período: la disputa entre estructuralistas y monetaristas en torno a las causas y el modo de controlar la inflación (Sunkel, 2011). En este aspecto, tendió a primar el eclecticismo, conviviendo elementos de ambas visiones. En general, su dirigencia recurrió, de manera selectiva, plástica e instrumental, a argumentos de las distintas corrientes en pugna para justificar sus posturas específicas ante la situación económica imperante y ante los distintos aspectos de la política económica implementada por el Gobierno. No era extraño que se adoptaran argumentos de corte monetarista para justificar los congelamientos salariales, la disminución de los gastos en seguridad social y la reducción del aparato estatal. Sin embargo, los mismos dirigentes recurrían a argumentos keynesianos y estructuralistas para justificar el incremento del crédito y el aumento de la inversión estatal en construcción de obras públicas y vivienda (Montero, 1997, 101). La dualidad discursiva fue simultánea, y durante todo el período se esgrimieron argumentos de procedencia divergente. Sin embargo, la prioridad de los argumentos varió en el tiempo. Así, se entiende que, entre los años 1955 y 1956, cuando el problema inflacionario había alcanzado sus cotas más altas, la dirigencia de la SOFOFA realzara los elementos restrictivos de carácter monetarista, mientras que ya en los años 1957 y 1958 enfatizó en explicaciones estructuralistas para demandar el incremento en el crédito y el aumento del gasto público en infraestructura (Industria, octubre de 1957).

18Al momento de realizar conferencias sobre la situación económica del país, y en especial en lo referente al problema inflacionario, la SOFOFA abrió las puertas de su organización a representantes de diversas posturas existentes en el marco de dicha disputa. En un ciclo de conferencias que tuvo lugar en octubre del año 1957, fueron invitados a exponer defensores de políticas expansivas y estructuralistas, como Felipe Herrera y Guillermo del Pedregal, ex ministros de Hacienda (Ffrench-Davis, 1973), o el consejero de la SOFOFA y profesor de Economía de la Universidad de Chile Flavian Levine; también René Silva Espejo, subdirector del diario El Mercurio y uno de los principales actores que organizaron y apoyaron la llegada a Chile del proyecto monetarista de Klein Saks (Coujoumdjian, 2011: 75 e Industria, octubre de 1957).

19Si bien las fuentes están lejos de mostrar la existencia de un “giro monetarista” durante el período al interior del empresariado industrial, sí nos señalan cómo durante la década del cincuenta se comenzó a producir la incorporación de elementos monetaristas en el discurso y el programa del empresariado, los que convivirían muchas veces en tensión con visiones keynesianas y estructuralistas al interior de sus organizaciones.

20Estos antecedentes permiten analizar la postura y modo de acción dela SOFOFA ante las políticas de la Misión Klein-Saks. Al respecto, existe un interesante debate de la historia económica. La visión predominante sobre el período ha tendido a señalar que el empresariado, y especialmente los industriales, habrían mostrado una actitud, en general, reacia a las recomendaciones y el accionar de Klein-Saks. Marcelo Cavarozzi sostuvo que “los industriales solo apoyaron la medidas de liberalización económica en cuanto éstas no afectaran sus intereses”. El autor refuerza este juicio, planteando que las medidas de liberalización habrían sido el fruto de una “presión externa”, y que, pese a la adhesión retórica de los industriales al principio de “intervención estatal limitada”, las consecuencias prácticas de sus demandas “apuntaban en una dirección completamente opuesta” a dichas ideas (Cavarozzi, 1975: 295). Muchos de estos argumentos han sido sintetizados por Tomás Moulian, quien ha sostenido que esta situación señalaría la ausencia de un proyecto modernizador de largo plazo en el empresariado nacional chileno (Moulian, 1983:114).

21Un contrapunto ha sido planteado por Sofía Correa, quien planteó que “durante la década de 1950, se articuló un proyecto de reorganización de la economía chilena según criterios liberales ortodoxos” (Correa, 1985: 109). En trabajos más recientes, Correa ha sostenido que las críticas más frecuentes del empresariado a las políticas de Klein-Saks, habrían apuntado a la incapacidad de dicha misión para generar un “plan integral”, por lo que los altos costos que deberían pagar no les habrían asegurado “una transformación sustantiva del modelo económico imperante” (Correa, 2005: 203). En este sentido, Correa defiende que el empresariado sí habría generado, en la década del cincuenta, un proyecto de modernización capitalista.

22Nosotros sostenemos que el empresariado industrial sí logró generar un proyecto de modernización capitalista, el que tuvo expresión en su programa de política económica. Sin embargo, consideramos que dicho proyecto no debe analizarse normativamente, evaluando cuán “consecuente” era con determinadas escuelas y políticas económicas, sino que debe ser comprendido en su propia lógica y en respuesta a la cultura, los intereses y las ideas empresariales en el período. Al respecto consideramos que la actitud de la SOFOFA ante la Misión fue coherente con las orientaciones sobre la política económica que enarboló desde inicios del segundo gobierno de Ibáñez. La actitud de los industriales ante la Misión fue variando con el tiempo, y transitó desde un apoyo cauteloso al inicio de su labor, no exento de críticas específicas, hacia una política de oposición explícita a gran parte de sus medidas al final de su período de trabajo. También sostenemos que la postura de la SOFOFA hacia la Misión y sus variaciones, dependieron de ciertos factores fundamentales, entre los que se destacan tanto la urgencia que le asignaban al problema inflacionario y la disponibilidad de capitales, como las oportunidades de influir creyeron tener, en cuanto gremio, en las políticas económicas del Gobierno.

23En primer lugar, cabe tener en cuenta la incidencia del contexto inflacionario y de disponibilidad de capitales. Al respecto, consideramos que el apoyo de la SOFOFA a la labor de la Misión, entre fines de 1955 y mediados de 1956, se explica en gran parte como una reacción a la urgencia que generaba la necesidad de poner coto al problema inflacionario. Las altas tasas de inflación, que en 1955 alcanzaron una variación anual del IPC del 84% (Edwards, 2011: 105), generaron una sensación de peligro e incertidumbre en la dirigencia de los gremios empresariales, al punto que éstas consideraron que sólo ponían en riesgo la producción, sino que también podrían ser la antesala de un derrumbe institucional y de un ascenso del comunismo. Durante este período, la directiva de la SOFOFA ejerció una labor de contención sobre sus afiliados, insistiendo en la prioridad que el control inflacionario debía tener para el empresariado, y en la necesidad de realizar “sacrificios”, en referencia explícita a la necesidad de tolerar los efectos negativos de las políticas contractivas implementadas por la Misión (Industria, septiembre de 1956). Sin embargo, una vez que la dirigencia de la SOFOFA percibió que el problema inflacionario se encontraba relativamente controlado, y comenzó a notar que se agudizaban los efectos la escasez de crédito y la contracción de la inversión estatal en obras públicas, desarrolló fuertes reclamos hacia la política de la Misión (Industria, marzo-abril de 1957). En todo caso, a lo largo de todo el período de trabajo de la Misión, el empresariado industrial mantuvo sus críticas a la erosión de las barreras proteccionistas, al mismo tiempo que apoyó las medidas de congelamiento salarial y de recorte del gasto social.

24En segundo lugar, es necesario considerar la manera en que las posibilidades de incidir en el diseño de las políticas económicas del Gobierno influyó en la relación de la SOFOFA con la Misión. Debemos tener en cuenta que en 1955, la instalación de una misión técnica de origen extranjero sirvió como elemento legitimador de las políticas económicas del Gobierno ante los industriales (Hirschman, 1963). Esto pues la Misión ofrecía una imagen de neutralidad y de menor receptividad ante las demandas laborales, a diferencia de la imagen que tenían de “los políticos”, y porque estos últimos tendrían menor poder de influencia sobre ella. Por lo demás, se trataba de un grupo de expertos ajenos a los cuadros tecnocráticos que habían fomentado la política económica desde las agencias estatales, la que venía siendo criticada por la SOFOFA a lo largo de la década del cincuenta. Sin embargo, a la esperada autonomía de los cuadros técnicos respecto de los políticos y las demandas del movimiento obrero, se contraponía la aspiración que tenían los gremios empresariales y sus representantes de ser consultados por estos organismos. Los empresarios rechazaron la instalación de estamentos tecnocráticos autónomos, y defendieron una concepción del ejercicio dela política económica que podríamos denominar como tecnocrática corporativa empresarial, según la cual la experticia empresarial era parte fundamental de los conocimientos necesarios para administrar las políticas económicas, y debía expresarse a través de la participación empresarial en la administración del Estado y de la consulta a los gremios representativos del empresariado. No es casual que el momento en que la dirigencia de la SOFOFA tuvo mayores expresiones de respaldo hacia las políticas de la Misión, coincidiera con el periodo en que Oscar Herrera Palacios ejerció como ministro de Hacienda, entre octubre de 1955 y agosto de 1956. Esto, pues, según testimonios y estudios (Cavarozzi, 1975: 299), Herrera se mostró extremadamente receptivo a la opinión de los gremios empresariales. Muchas de las medidas y políticas que adoptó, fueron sugerencias del empresariado industrial de la SOFOFA, las que promovió con especial dedicación. Sin embargo, el siguiente ministro de Hacienda, Eduardo Urzúa Merino, en funciones desde agosto de 1956 hasta el fin del gobierno de Ibáñez (Couyoumdjian, 2011: 70), fue mucho más reacio a consultar a los gremios empresariales e incorporar sus demandas. Durante su período, las críticas hacia las políticas económicas del Gobierno y el trabajo de la Misión se volvieron explícitas y recurrentes. En la misma lógica, uno de los grandes reclamos que la dirigencia de la SOFOFA realizó a la Misión estaba relacionado con el carácter “secreto” de ésta, y en que no publicaba sus resultados y no se abría a discutir sus medidas con los actores interesados del sector empresarial (Industria, junio de 1957: 9).

Reflexiones finales

25El análisis de las transformaciones del discurso y el programa de los empresarios industriales chilenos durante el segundo Gobierno de Ibáñez, señala la emergencia de una reacción contra el intervencionismo estatal, la que se expresó en las demandas para disminuir la intervención directa del Estado en el campo industrial, en el afán de reducir el tamaño del aparato estatal, y en la aspiración de reducir los controles y regulaciones estatales sobre la empresa privada. Dicho proyecto fue acompañado de un discurso de desconfianza hacia los políticos, y más novedoso aún, hizo notorio el creciente divorcio entre el empresariado y la tecnoestructura imperante desde la década del treinta. Estas transformaciones presentes en el ideario industrial, que llevaron a dicho sector a alejarse de las posturas colaborativas que tuvieron con el Estado en esos años, se acoplaron a un sustrato ideológico tradicional, que resaltaba elementos esenciales para la mantención del estatus de la elite tradicional chilena, que siguió mirando con desconfianza al sistema moderno de relaciones industriales, y que se pronunció abiertamente por evitar su expansión al campo. Con todo, el empresariado industrial continuó defendiendo una política proteccionista y reconociendo la importancia del rol planificador del Estado. En este contexto, el empresariado se posicionó de manera pragmática en algunas de las grandes discusiones sobre la política económica que tuvieron lugar en el período, como fue la pugna entre estructuralistas y monetaristas a raíz del problema inflacionario. Al respecto, durante el período se puede observar el germen de la adopción de posturas económicas monetaristas entre los industriales. Sin embargo, los argumentos monetaristas fueron enarbolados al mismo tiempo que levantaron otras posturas de carácter estructuralista y keynesiano. Dichas tendencias explican las variaciones en la postura que los industriales adoptaron hacia la misión Klein-Saks, especialmente su apoyo a las medidas contractivas en materia salarial, a la vez que rechazaron la congelación del crédito y la política de inversión estatal en infraestructura.

26El estudio de las transformaciones vividas por el proyecto de los industriales excede el estudio del ámbito de los gremios empresariales, y nos permite abrir preguntas sobre su influencia en el conjunto de la derecha política de la época. Del análisis de dichas propuestas, pueden desprenderse muchos elementos de continuidad con el estilo de gobierno y programa con que Jorge Alessandri triunfó en las elecciones de 1958. Las posturas del empresariado en el período colaboraron en la rearticulación que vivió la derecha tras la debacle sufrida ante el ascenso del ibañismo, en los años 1952 y 1953. Esto, pues durante la primera fase del gobierno de Jorge Alessandri, se adoptó un programa económico muy similar al que habían defendido los industriales en la década del cincuenta, especialmente porque se optó por una fórmula de gobierno tecnocrático empresarial, que intentó prescindir de la política partidista y reemplazar a la tecnoestrcutura estatal que había colonizado las agencias estatales por más de dos décadas, abriendo paso a nuevos cuadros tecnocráticos de origen empresarial.

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Bibliographie

Diarios y Revistas

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Libros y artículos especializados

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Notes

1 Coincidimos con los autores que han sostenido que durante la década de 1950 se produjo el inicio de la recepción de las ideas monetaristas, principalmente a través de transferencias ideológicas desde Estados Unidos y la adopción de un nuevo programa alternativo al del capitalismo estatal desarrollista, en los que radicarían los antecedentes del proyecto neoliberal chileno (Véase Ortega, 2015; Gárate, 2014; Correa, 1985 y 2005; Valdés, 1989).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Joaquín Fernández Abara et Margarita Goldflam Leiva, « Hacia la constitución de una economía de mercados jerárquicos: Modernización capitalista y tradicionalismo social en los industriales chilenos (1952-1958) », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En ligne], 32 | 2016, mis en ligne le 09 décembre 2016, consulté le 23 novembre 2017. URL : http://alhim.revues.org/5550

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Auteurs

Joaquín Fernández Abara

Universidad FinisTerrae
Candidato a Doctor en Historia, Universidad de Leiden, Países Bajos. Profesor Investigador CIDOC-Escuela de Historia, Universidad FinisTerrae, Chile.
jfernandez@uft.cl

Margarita Goldflam Leiva

Universidad FinisTerrae
Licenciada en Historia, Universidad FinisTerrae, Chile
mgoldflam@hotmail.com

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