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Los flujos migratorios en la frontera sur de México

Manuel Ángel Castillo

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Palabras claves :

México, Guatemala, Migración
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1Los límites internacionales del sur de México separan a este país de las vecinas repúblicas de Guatemala y Belice. De la misma manera como ocurre en otras zonas fronterizas, pueblos, aldeas o pequeños puntos de cruce, han sido históricamente escenarios del flujo de bienes diversos, pero también y sobre todo del movimiento de personas. Sin embargo, a lo largo de esta frontera se pueden observar áreas de más intensa movilidad, cuyas motivaciones principales son de tipo laboral.

2Se han propuesto varias tipologías de los flujos migratorios que transitan por dichos puntos fronterizos a partir de diversos criterios. Sin embargo, la mayoría de los analistas concuerda en que los desplazamientos principales y de más larga tradición son aquéllos realizados por trabajadores migratorios temporales, residentes fronterizos, visitantes temporales locales y transmigrantes, todos ellos y en distintas proporciones, en sus dos vertientes: autorizada y no autorizada.

  • 1  Castillo, 1996; Simmons, 1991.

3A estas poblaciones, se sumó, durante el decenio de los ochenta, la llegada de un flujo significativo de personas de origen guatemalteco, quienes debieron salir de sus comunidades debido al conflicto armado, cruzaron la frontera por donde pudieron, buscaron protección en las zonas adyacentes y se establecieron en distintos lugares de la región. Parte de ese flujo fue reconocido como población refugiada por parte de las autoridades mexicanas. Una característica –y a la vez un problema– de estos ejercicios de tipificación de las corrientes migratorias es la difícil delimitación estricta de los desplazamientos y las poblaciones que los protagonizan, por lo que debe tomarse en cuenta la frecuente existencia de traslapes entre los mismos1.

4Un aspecto importante para el análisis de las migraciones en esta región es la perspectiva con que se ha considerado a la región fronteriza en el contexto nacional a lo largo de los distintos períodos de la historia. Durante mucho tiempo, el sur de México fue un área poco atendida en materia de políticas gubernamentales, así como también alejada de la atención de la opinión pública. El aislamiento social y la escasa consideración por parte de los programas oficiales, como se denunció al comienzo del conflicto de Chiapas en 1994, se han hecho evidentes en las desigualdades profundamente arraigadas y los niveles de marginación de su población. La ausencia o debilidad de la presencia de instituciones federales en la región –durante largo tiempo– fueron obstáculos para cualquier intento de controlar o regular fenómenos sociales fronterizos, como es el caso de los flujos migratorios, dado que en ese caso se trata de una competencia de ese nivel de gobierno.

5Ni siquiera con la llegada de refugiados a principios de los ochenta puede afirmarse que se haya generado algún tipo de sensibilidad negativa generalizada en cuanto a la presencia de extranjeros a nivel nacional. Las preocupaciones y actitudes relativamente más adversas han surgido más recientemente con el incremento de la presencia de transmigrantes, y especialmente de migrantes indocumentados. No se trata solamente de nacionales guatemaltecos; también son personas originarias de otros países centroamericanos y hasta de otras regiones del mundo, quienes intentan atravesar la frontera y después el territorio mexicano, con el objetivo de alcanzar y cruzar la frontera México-Estados Unidos.

Los trabajadores agrícolas guatemaltecos

Naturaleza y rasgos históricos de la migración temporal

6Este texto aborda, en primer término, el caso específico de trabajadores migratorios temporales guatemaltecos, quienes se desplazan principalmente desde la zona fronteriza occidental de Guatemala a la región del Soconusco en el sureste de Chiapas, México. Se trata de un área agrícola cuyo producto más importante es el café, un cultivo destinado principalmente a la exportación. Debido a su calidad, el café de Chiapas –y especialmente el del Soconusco– es sumamente apreciado en los mercados de Estados Unidos y Europa, lo cual confiere una particular importancia a la actividad productiva, no solamente en el plano regional, sino también nacional, por su significativa contribución a la generación de divisas. En una escala menor, en la región también se produce caña de azúcar, que requiere una fuerza de trabajo temporal en condiciones similares a la producción de café, pero en números considerablemente más bajos; también se cultiva plátano (banano) y frutales, así como a la vez se cría ganado, cuyas demandas laborales son distintas en cantidad, calidad y temporalidad.

7Las unidades de producción de café reclutan la fuerza de trabajo principalmente durante la época de cosecha, y emplea muy pocas personas durante el resto del ciclo agrícola. Por consiguiente, los trabajadores temporales del café necesitan otras fuentes de ingreso para sobrevivir. Normalmente poseen o tienen acceso a una parcela pequeña de tierra, de producción básica para satisfacer necesidades esenciales, generalmente orientada al consumo familiar o parcialmente a la venta en mercados locales pequeños.

8La producción de subsistencia en las parcelas familiares y el trabajo migratorio temporal son actividades complementarias que conforman un proceso de reproducción social, que ha demostrado su capacidad de sustentación de generaciones de campesinos. Las actividades en las unidades domésticas ocurren fuera de los períodos de la demanda laboral que generan las plantaciones para la exportación. Los salarios obtenidos por los campesinos a partir del trabajo temporal son una fuente importante de ingreso en dinero, cada vez más necesario en las economías de mercado. Los campesinos requieren artículos manufacturados, los cuales sólo pueden adquirirse con dinero en efectivo, en vez de elementos que anteriormente producían ellos mismos en forma artesanal, pero que hoy son prácticamente inexistentes en las unidades domésticas.

  • 2  Martínez Velasco, 1991:75; García de León, 1981.
  • 3  Fábregas et al., 1985.

9La producción de café en Chiapas empezó a fines del siglo XIX. Principalmente empresarios alemanes, estadounidenses, británicos, y mexicanos se establecieron en la región para producir el grano2. Desde aquella época, algunos productores trajeron trabajadores guatemaltecos a la región, en donde parte de ellos se asentaron y contribuyeron al poblamiento de la región3. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de la fuerza de trabajo temporal requerida por la producción de café se constituyó con campesinos provenientes de la parte norte del estado, conocida como Los Altos.

10A la fecha no se conoce ninguna investigación sistemática que explique las condiciones y razones de la desaparición progresiva de esos trabajadores mexicanos del mercado laboral que nos ocupa. Parte de nuestra hipótesis contradice la idea generalizada en situaciones fronterizas semejantes, acerca del desplazamiento de la mano de obra local por parte de trabajadores extranjeros, a quiénes se les somete y, por ende, son subordinados a las peores condiciones de trabajo y a niveles más elevados de explotación. Nuestra hipótesis, sin descartar la prevalencia del deterioro de los derechos de los trabajadores (nacionales y extranjeros por igual), considera factores históricos que, desde nuestro punto de vista, modificaron las condiciones de vida y de trabajo de los lugares de origen de los antiguos migrantes nativos y, en consecuencia, invalidaron la razón de ser la migración temporal como parte de un ciclo de reproducción social.

11Sostenemos que en un pasado no tan lejano han ocurrido cambios importantes en la región de Los Altos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo, alterando la disposición de los campesinos mexicanos a viajar cada año para trabajar en la producción de café en el Soconusco, Chiapas. Los programas de colonización, las dotaciones de tierra productiva, la atracción ejercida por áreas urbanas de la región en crecimiento dinámico, la demanda laboral generada por polos económicos emergentes y cercanos (complejos turísticos, áreas productoras de petróleo, proyectos hidroeléctricos, entre otros), han ofrecido nuevas oportunidades a los campesinos de Chiapas, lo cual les ha permitido prescindir de la migración temporal como estrategia de supervivencia.

12En consecuencia, a partir de los años cincuenta, el flujo de trabajadores migratorios guatemaltecos, que acudían (y continúan acudiendo) para participar en las cosechas de café, empezó a aumentar. Sin embargo, la condición histórica de indocumentación y de carencia de registros -hasta épocas muy recientes- de esta corriente migratoria no permite conocer y caracterizar su comportamiento con ningún tipo de precisión. Los pocos analistas del fenómeno concuerdan en que, a fines de los años setenta, este tipo de migrantes guatemaltecos superó en volumen al de los nacionales.

13La movilidad de la población a través de la frontera era -hasta fines de los años setenta- relativamente reducida y quizás, como señalan las crónicas históricas, el flujo más voluminoso fue precisamente el de los trabajadores temporales, principalmente presentes durante la cosecha del café. Sin embargo estos movimientos fueron apreciados por la población local como “naturales” e inherentes a la vida regional. Los campesinos guatemaltecos no se consideraban realmente como extranjeros, sino que eran reconocidos como trabajadores regionales, cuya presencia oportuna y su contribución laboral se valoraba como esencial para la producción y las necesidades económicas generales del estado de Chiapas y más específicamente de la región del Soconusco.

El empleo irregular y el volumen de la migración temporal

14Las condiciones específicas de las relaciones fronterizas antes descritas han propiciado históricamente la existencia de una gran libertad de movimiento de personas diversas en la región. Sin embargo la presencia de extranjeros -en su mayoría guatemaltecos- parece haber estado muy relacionada con los tradicionales y añejos vínculos transfronterizos. Estos nexos han facilitado su internación y aceptación en una variedad de actividades regionales, así como su vinculación con familias mexicanas y redes sociales locales y regionales; tal es el caso de mujeres de origen guatemalteco ocupadas en labores domésticas en muchos hogares -aún no cuantificados- de las localidades fronterizas.

15El reclutamiento de campesinos guatemaltecos como trabajadores temporales en las plantaciones de café fue favorecido por la percepción, generalmente positiva -o cuando menos neutral- de la presencia de ciudadanos guatemaltecos, no sólo por parte de los empleadores sino también por la sociedad regional en general. Sin embargo, esta familiaridad hacia una población extranjera también se explicaba por las prácticamente inexistentes regulaciones oficiales. Los trabajadores migrantes cruzaron la frontera -durante mucho tiempo- sin ningún control por parte de las autoridades mexicanas. Los empleadores se beneficiaban de esta situación, ya que la demanda laboral de las actividades productivas era fácilmente satisfecha por el mercado transfronterizo, que así se expandía sin mayores requerimientos y regulaciones oficiales.

16La proporción creciente de trabajadores extranjeros en actividades agrícolas no atrajo la atención de las autoridades mexicanas sino hasta a mediados de los años ochenta. En ese entonces, la región fronteriza había recibido el flujo notable de refugiados guatemaltecos, quienes de alguna manera constituían un nuevo elemento en las relaciones binacionales y que algunos sectores consideraban como delicadas y tensionantes. Repentinamente, sectores públicos y privados en México le adjudicaron una mayor importancia al perfil geoeconómico y político de su frontera sur. Para ese entonces también había surgido un factor adicional que contribuyó al cambio de perspectiva: la expansión de otro significativo flujo de inmigrantes, el de los transmigrantes indocumentados, quienes -hasta la fecha- intentan cruzar el territorio mexicano para alcanzar su frontera norte y entrar de manera no autorizada a Estados Unidos. El tema de la movilidad de la población en el área fronteriza del sur se instaló en forma permanente en las agendas nacionales, bilaterales y multilaterales.

17De ahí que por ese entonces surgieran muchas interrogantes con relación a la naturaleza, antecedentes y el perfil del flujo de migrantes laborales. Lo que se hizo evidente fue el escaso conocimiento de este proceso social regional, lo cual podía explicar parcialmente la poca atención que se le había asignado hasta entonces. Debido a que hasta muy recientemente dichos movimientos migratorios fueron de naturaleza indocumentada, era difícil pronunciarse en ese momento -con rigor- sobre sus órdenes de magnitud, ya no se diga sobre sus volúmenes.

  • 4  Castillo, 1996.

18Se produjo entonces toda una diversidad de cifras respecto de la magnitud de dichos flujos migratorios, en su gran mayoría con poca o ninguna evidencia. Los análisis de sus dimensiones -formulados por diferentes actores e instituciones- estuvieron fuertemente influenciados por los debates acerca de los conflictos regionales o nacionales. La revisión de las diversas estimaciones, o más bien apreciaciones, de los volúmenes de la migración4 muestra que, en su gran mayoría, carecen de rigor. Las cifras declaradas variaban en un rango tan amplio que se extendía entre 18.000 y 150.000 personas, pero en la casi totalidad de los casos no se explicaba su base de cálculo y sólo aquéllas que señalaban montos muy bajos realmente contenían algunas referencias a registros oficiales sumamente limitados, en aquel entonces sumamente restringidos en cobertura.

  • 5  1990: 72, 139-143.

19No obstante, un esfuerzo que merece comentarse por la seriedad del intento por realizar una estimación bien fundamentada, es el desarrollado por el Prof. Antonio Mosquera5. Elaboró una estimación basada en una serie de supuestos -justificados por la falta de información- que incluían, entre otros factores, la extensión de la superficie cultivada, los niveles de productividad, la duración promedio de estancia, y la proporción de trabajadores extranjeros en la fuerza de trabajo; con esas bases, propuso una cifra total de 75.000 trabajadores inmigrantes temporales anuales. Una de las limitaciones de dicha estimación consistía en la dificultad de incluir otros factores también influyentes, tales como los diferenciales en productividad, la proporción de los miembros de las familias (mujeres y niños) que participan en el proceso, el conteo múltiple de jornaleros que trabajan en más de una unidad, entre otros.

20La conclusión es que sólo se podrá avanzar en las estimaciones del número de trabajadores migratorios a través de mejoras en el proceso de documentación, hecho que a la vez contribuiría a aumentar la confianza en las estadísticas oficiales. Sin embargo, en la actualidad parece razonable asumir que el flujo total de trabajadores migratorios temporales no es mayor de 100.000 personas anuales, incluyendo a miembros de la familia o acompañantes (mujeres y niños).

Características sociodemográficas de los trabajadores migratorios

  • 6  Castillo y Casillas, 1988; Castillo, 1990 & 1992.

21El conocimiento limitado de la inmigración de trabajadores agrícolas arriba mencionado también se extiende a la descripción de sus rasgos principales. El primer intento conocido -sistemático y relativamente amplio- intentó definir las características sociodemográficas de los trabajadores migratorios temporales, a través de una encuesta que formó parte de un estudio realizado en 1986 por El Colegio de México, con el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Se analizaron los aspectos principales de los flujos y las características sociodemográficas de una muestra no representativa del universo de trabajadores migratorios, cuyos resultados se discutieron en varios artículos6.

22Más tarde, se hicieron otros esfuerzos con el mismo propósito; sin embargo, hasta ahora ninguno de ellos ha podido ser lo suficientemente comprensivo como para proporcionar una visión abarcadora de la totalidad del proceso migratorio. La mayoría de los estudios no se basa en algún tipo de diseño estadístico, principalmente por obstáculos técnicos que impiden trabajar con una muestra representativa del universo de trabajadores migratorios. Por consiguiente, las apreciaciones sólo se refieren a aquellos grupos considerados dentro de las muestras específicas consideradas en cada caso. Sin embargo, en la medida en que ciertas características aparecen como recurrentes, se pueden realizar algunos intentos de generalización con relativamente menores probabilidades de error.

  • 7  INM, 1999.

23El primer rasgo destacado entre los hallazgos y común a otras situaciones semejantes es el predominio de varones entre la población migrante temporal. Sin embargo, algunos registros oficiales parciales recientes sugieren cambios en la composición por sexo. Por ejemplo, en la encuesta arriba citada sólo se entrevistaron dos mujeres en condición de trabajadoras empleadas individualmente. Más recientemente, en 1997, se recogieron datos inéditos como parte de la coyuntura de una investigación dirigida por El Colegio de la Frontera Sur, El Colegio de México, y El Instituto Nacional de Migración (INM), basada en archivos oficiales, considerados también como una muestra parcial, los cuales detectaron la presencia de 9.5% de mujeres en el conjunto de trabajadores temporales incluidos en la observación. Por último, durante el período noviembre 1997-diciembre 1998, el INM registró otra muestra del flujo, en la que detectó un aumento en la presencia de las mujeres al alcanzar un 11.8% del total7. Estos resultados parciales hacen pensar en una tendencia, observada en muchos flujos similares de migración, de una participación creciente de mujeres, incluso en desplazamientos de trabajadores temporales agrícolas, donde las condiciones laborales y de estancia podrían parecer poco atractivas para mujeres solas y adultas jóvenes.

  • 8  Ibid.

24Por lo demás, todas las fuentes y observaciones de campo confirman la presencia abrumadora de adolescentes y adultos jóvenes dentro de la población migrante temporal. La mayoría de los migrantes se ubican en el intervalo de edad entre 15 y 39 años. Los datos recientes del INM registran 24.97%, 32.75% y 16.31% para los grupos de edades de 15-19, 20-29 y 30-39 años respectivamente, los cuales en conjunto constituyen casi tres cuartas partes del total8. Esta participación significativa de personas en edad económicamente activa es coherente con el perfil necesario para las arduas actividades productivas, principalmente aquéllas requeridas para la cosecha del café.

25La población migrante es principalmente de origen rural; los elevados niveles de analfabetismo y su amplio involucramiento en actividades agrícolas en sus lugares de origen son rasgos comunes dentro de la población rural guatemalteca. Congruente con la naturaleza cíclica de la migración temporal, la mayoría de ellos tienen acceso a parcelas muy pequeñas bajo diferentes modalidades (propiedad individual o familiar, arrendamiento o préstamo), principalmente dedicadas a la producción de subsistencia. La mayoría de los migrantes viajan solos o en grupos de parientes masculinos o miembros de la comunidad. Hay una proporción significativa de conjuntos familiares, en los que el jefe de familia es formalmente empleado, pero los restantes miembros de la unidad familiar también toman parte en las actividades laborales, según su edad y capacidades. Las mujeres y niños normalmente participan en actividades complementarias y contribuyen así a un incremento en el ingreso familiar.

 De una situación de no-política hacia una regularización explícita

26El cruce fronterizo de campesinos -en gran medida no autorizado- y su empleo temporal en actividades agrícolas en la región fronteriza del sur fue un modelo aceptado o tolerado a lo largo de varios años. Era una situación muy conveniente tanto para los patronos como para los empleados. Sin embargo, para el gobierno mexicano el fenómeno se fue convirtiendo en una fuente de cada vez mayores dificultades. A su vez, el proceso de documentación se valoraba como un requisito burocrático e improductivo por ambas partes. El gobierno y la opinión pública guatemaltecos empezaron periódicamente a denunciar conflictos laborales en forma cada vez más frecuente. Éstos no se resolvieron fácilmente debido -entre otros factores- al estatus irregular de los trabajadores migratorios y a la falta de claridad en los términos de los acuerdos celebrados con los empleadores.

27A mediados de los años ochenta, cuando se incluyó el tema del refugio en las consideraciones políticas con respecto a la frontera sur, las autoridades mexicanas de migración también cambiaron y revaloraron su actitud hacia la migración temporal. La creciente preocupación se expresó, en una primera instancia, en la formulación de lineamientos de política que aún hoy requieren ser ampliados y clarificados con un sentido de integralidad. El primer intento por regularizar la situación se enfocaba al reforzamiento de medidas para controlar y supervisar la presencia de trabajadores migratorios en unidades productivas de la región. Sin embargo, las resistencias de los empleadores y otras restricciones sociales enfatizaron las dificultades para aplicar -en aquel momento- dicha política de control.

28Las autoridades migratorias pronto comprendieron que la mejor manera de avanzar en dirección de sus objetivos era negociando con patronos y trabajadores. Las negociaciones directas con las organizaciones de productores fueron exitosas y mostraron las ventajas de regularizar el estatus de los trabajadores, dentro del contexto global de los acelerados cambios en proceso en el patrón migratorio de la región. Un argumento sustantivo en todo ello fue que unas condiciones de trabajo y de estancia más regulares y claramente definidas para los migrantes temporales darían confianza tanto a patronos como a trabajadores, durante el tránsito y permanencia de los últimos en territorio mexicano.

29Se dieron pasos positivos para instaurar mecanismos más eficaces para evitar dificultades posteriores en el proceso de documentación. El costo de los documentos emitidos se financió a partir de contribuciones erogadas por los patronos, sobre todo para sufragar los gastos de papelería, pero también para financiar la inversión en infraestructura importante para el proceso. Así, se construyeron albergues para el alojamiento o estancia temporal de los trabajadores en los principales puntos de contratación, con el propósito de brindarles alguna protección de las inclemencias del tiempo, en tanto llegaban a acuerdos con los patronos o los contratistas que los representaban.

  • 9  Solís Cámara, 1998:72-73.

30Durante mucho tiempo, las autorizaciones migratorias emitidas por los funcionarios e instituciones responsables consistieron en permisos colectivos concedidos a los empleadores de una manera ad hoc. En 1997, el gobierno mexicano decidió cambiar el procedimiento y emitir un permiso individual. Este documento personal representa una mayor garantía para el trabajador migratorio para la prevención de abusos y les permite -a hombres y mujeres- viajar a través del territorio mexicano con una mayor confianza. El mecanismo se enmarca en lo que el funcionario, en aquel entonces responsable del Instituto Nacional de Migración, y por ende de la ejecución de las políticas migratorias, lo llamó una de las Acciones de Apertura al Mundo en la nueva política migratoria, “d)... el Programa de Documentación Migratoria de los Trabajadores Agrícolas Temporales Guatemaltecos9.”

Logros y limitaciones de la política hacia los trabajadores migratorios temporales

31Una interpretación personal de los principios que subyacen la reciente política migratoria parte de la evaluación de los pasos positivos dados para regularizar y ofrecer mejores condiciones a los trabajadores agrícolas temporales guatemaltecos para internarse y trabajar en la región de la frontera sur mexicana. Este procedimiento formaliza la responsabilidad de los patronos al solicitar permiso ante las autoridades migratorias para la internación de los trabajadores y emplearse en territorio mexicano en unidades y actividades productivas específicas. Los reclutadores, contratados por los empleadores como intermediarios, participan en el proceso y para ello también se les exige contar con una autorización explícita y formal por parte de sus patronos.

32Aunque las estadísticas actuales siguen siendo parciales, dado que no se puede afirmar que el nuevo procedimiento cubra a la totalidad de la población de trabajadores migratorios, las cifras crecientes de personas documentadas muestran que el proceso está cumpliendo sus objetivos. Durante el año de 1999 se documentó, a través de la expedición de formas migratorias FMVA, en cinco punto de cruce autorizados para tal fin, a un total de 64.691 personas, y en el período enero-marzo de 2000 a 27.331, en contraste con 17.978 durante el mismo lapso en 1999, es decir, un incremento del 52%.

33Es claro que este incremento no puede evaluarse exclusivamente como un logro de la política de documentación, ya que otros factores -como el comportamiento de las actividades productivas y, en consecuencia, del mercado laboral- pueden influir en el proceso, pero también es cierto que existe una asociación con el mejoramiento de los procesos y su cobertura. Por ello es que la parcialidad de los alcances del proceso de documentación debe verse, más que como una falla o deficiencia de la política, como un déficit que está superándose a través de un mayor esfuerzo para extender la aplicación y operación efectiva de la misma en todos los sitios de cruce en donde pueden documentarse trabajadores migratorios.

  • 10  Rodríguez y Rodríguez, 1994:109-127.

34Otra área en la que se requiere desplegar acciones es la relacionada con el estatus de los acompañantes. Mujeres y niños, así como otros parientes que acompañan a los trabajadores migratorios, también deben documentarse apropiadamente de acuerdo con su condición y naturaleza. La relativamente reciente ratificación (diciembre de 1998) de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares10 por parte del gobierno mexicano (Senado de la República) puede contribuir al cumplimiento efectivo de una serie de responsabilidades y deberes de los países receptores de trabajadores migratorios, así como de las obligaciones específicas tanto de autoridades como de la sociedad en su conjunto. Deben llevarse a cabo cuidadosas revisiones acerca del cumplimiento de obligaciones hacia los trabajadores migratorios y sus familiares, a la luz de los términos de este compromiso recientemente formalizado.

35No obstante, la competencia de las autoridades migratorias se encuentra limitada formalmente por las capacidades y obligaciones especificadas por la legislación vigente. Un tema específico en esta área que también merece revisarse es la legislación que sustenta la autorización y documentación de los trabajadores agrícolas temporales. La ley actual incluye la categoría de trabajadores no inmigrantes (visitantes) en territorio mexicano; sin embargo, la ley parece privilegiar más que todo un perfil de trabajador urbano, es decir, dedicado a personas empleadas en actividades clásicas de la industria y los servicios. Los legisladores debieran considerar la conveniencia de incluir –en un futuro cercano– una categoría específica, como producto de cambios en la ley como aquéllos adoptados en vista de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

36El campo de los derechos de los trabajadores migratorios trasciende las responsabilidades de las autoridades migratorias y más bien forma parte de un área que probablemente por el momento esté insuficientemente definida por su misma complejidad. Las tensiones que en el pasado se han suscitado con el gobierno guatemalteco se han debido a los conflictos entre patronos y trabajadores, principalmente debido al incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los primeros. El gobierno mexicano debe prestar atención a esta área relativamente abandonada, la cual compete a las autoridades del trabajo en todos los niveles de gobierno. Las autoridades federales del trabajo tienen una responsabilidad mayor en esta región, dada la naturaleza internacional de la mayoría de los desplazamientos de trabajadores migratorios en la zona fronteriza.

  • 11  Ordóñez, 1990 y 1993.

37El funcionamiento de los vínculos y procesos transfronterizos, como es el caso de los movimientos temporales de trabajadores, es una evidencia de la aceptación positiva de los mercados laborales regionales, en tanto que pueden beneficiar a poblaciones de los países involucrados11. Sin embargo, el hecho de que este proceso alcance niveles favorables depende de la existencia de regímenes que ofrezcan términos legales claros para cada uno de los actores involucrados en los procesos migratorios, sobre todo para los trabajadores que necesitan de políticas y acciones orientadas hacia su protección. Una política más decidida enfocada al diálogo entre los gobiernos de las naciones vecinas involucradas en este tipo de migraciones es otro requisito para la creación de una base de confianza y entendimiento. La experiencia de las reuniones y los acuerdos binacionales para tratar estos temas deben alentarse y mantenerse.

38En suma, sostenemos que es posible desarrollar e instrumentar condiciones para la movilidad y la inserción laboral de los trabajadores migratorios, lo cual se ha iniciado a través de un proceso de regularización de su estatus. Planteamos, por el contrario, que es inaceptable la constante presión -provenientes de diversos ámbitos y expresada en distintos foros- para combatir el llamado empleo irregular de inmigrantes. En consecuencia, la persecución de los trabajadores, bajo ese argumento, no debe ser usada como un recurso privilegiado, sino más bien sustituirse por procedimientos humanitarios y producto de negociaciones entre gobiernos y actores. La mediación con los empleadores y la demostración de las ventajas de la regularización de los trabajadores debe ser el camino para responder a las demandas de los cada vez más importantes mercados transfronterizos, principalmente en un mundo de creciente integración económica y globalización.

Los refugiados guatemaltecos en México

 La llegada de los refugiados y el refugio como forma de vida

  • 12  Castillo, 1999.

39En la primera mitad de los años ochenta, especialmente en el período 1981-1983, la frontera sur de México escenificó la llegada de oleadas de población de origen rural guatemalteco que se internaron en su territorio en busca de protección y ayuda. Su desplazamiento obedeció a los efectos de las políticas contrainsurgentes y a su presencia involuntaria en los escenarios del conflicto armado, especialmente en zonas cercanas a la frontera pobladas por algunos de los grupos indígenas que habitan aquel país12.

40Las acciones en materia de protección y asistencia fueron desarrolladas por: instituciones gubernamentales, coordinadas por la –en aquel entonces recientemente creada–Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); la comunidad internacional, encabezada por la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR); y una amplia gama de organizaciones sociales y civiles, dentro de las cuales destacó el papel de las pertenecientes a la iglesia católica.

  • 13  Cf. COMAR-ACNUR, 1999 para todo este apartado.

41Las instituciones oficiales –COMAR y ACNUR–reconocieron y asistieron a alrededor de 46,000 personas (en promedio) bajo la denominación de refugiados, aunque formal y jurídicamente no gozaban de esa condición13. En ese entonces, la legislación mexicana no consideraba dicha figura y el gobierno mexicano no había ratificado la Convención (1951) y el Protocolo (1967) de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. No obstante, se argumentó que dicha actitud solidaria era congruente con la larga tradición de asilo que gobierno y sociedad mexicanos habían brindado a diversos grupos de perseguidos políticos, sobre todo a lo largo del siglo XX. Sin embargo, en esta oportunidad se trataba de una situación totalmente distinta a las experimentadas en el pasado, pues no se trataba de perseguidos políticos stricto sensu, en cuya condición hubieran estado protegidos formalmente por las Convenciones sobre Asilo Territorial y Diplomático a las cuales el gobierno mexicano sí es adherente.

42Dicha población se ubicó en sitios –de distinto tamaño y grado de formalidad– en el estado de Chiapas, en un número de 36 en mayo de 1984, pero que luego se tornó variable -por la movilidad que experimentaron a lo largo del período- y que llegó a superar la cifra de cien asentamientos años después. Desde los primeros momentos, dichos lugares recibieron la denominación de campamentos, aunque por su heterogeneidad, la gran mayoría de ellos distaba mucho de constituir lo que el término sugiere. Posteriormente, en 1984, una parte de la población refugiada (aproximadamente el 45% del total registrado en aquel entonces) fue reubicada -en el marco de un proceso controvertido- en los estados peninsulares de Campeche (cerca del 25% del total) y Quintana Roo (un poco menos del 20%). Para ello, las instancias oficiales argumentaron razones de seguridad de los propios refugiados, así como también las limitaciones en términos de las condiciones de trabajo y de vida en el estado de Chiapas.

  • 14  Salvadó, 1988.

43Pero además de esos conjuntos de población, se dio cuenta también de la presencia de un número indeterminado de personas que también se había internado en condiciones semejantes, principalmente en territorio chiapaneco. Sin embargo, por diversas razones, dicha población permaneció aislada o dispersa, fuera del reconocimiento y la asistencia de las instituciones oficiales. Algunos de ellos obtuvieron el apoyo de organizaciones civiles, pero sobre todo el acompañamiento de población mexicana que les brindó su solidaridad y el apoyo material que sus limitadas capacidades les permitían14.

  • 15  Hernández et al., 1993.

44La vida en el refugio tuvo muchos significados para la población guatemalteca que debió permanecer en territorio mexicano ante la imposibilidad de retornar a sus comunidades de origen, debido a la persistencia de las condiciones de inseguridad para sus personas y sus escasos bienes. Durante ese período debió convivir con la población mexicana, con la que compartió las condiciones de precariedad y marginación propias de la región ya reseñadas. En algunos casos, se establecieron vínculos laborales, cuando pequeños productores y ejidatarios se vieron favorecidos por la presencia cercana y oportuna de una mano de obra necesitada de trabajo e ingresos, hecho que permitió el aumento de la producción y la dinamización de las economías locales. Sin embargo, tal vez lo más importante fue la interacción social y cultural entre ambas poblaciones, en tanto que propició una diversidad de intercambios de todo tipo y también el establecimiento de vínculos de amistad, parentesco y comunidad15.

 Las perspectivas y la materialización del retorno

45El cambio de régimen político ocurrido en 1986 en la vecina Guatemala abrió las perspectivas para el retorno de los refugiados, a pesar de que en los primeros años subsistieron las evidencias de la inseguridad y la falta de condiciones para que regresaran a sus comunidades de origen. Esta última posibilidad era lejana para muchas familias y grupos de ellas, debido a que parte de la estrategia contrainsurgente había consistido en la ocupación de las tierras y las localidades de pertenencia de la población refugiada; además, muchas de ellas habían sido objeto de operaciones de militares de arrasamiento y destrucción.

46Con estos antecedentes, a partir de 1987 los refugiados impulsaron un decidido proceso de organización con vistas a gestionar el retorno en condiciones “dignas y seguras”. La principal reivindicación esgrimida por la representación de los refugiados reconocidos -las Comisiones Permanentes de Refugiados (CCPP)- consistía en que el mismo se diera en forma “voluntaria, colectiva y organizada”, en tanto que esta última modalidad podría ser la garantía para lograr las condiciones arriba anotadas para todos los que optaran por el regreso. Posteriormente, en abril de 1992, los refugiados no reconocidos también se organizaron bajo el manto de una representación propia -la Asociación de Refugiados Dispersos de Guatemala (ARDIGUA)-, quienes por su parte también plantearon demandas semejantes y se sumaron a las negociaciones.

47El proceso de negociación no estuvo exento de obstáculos y dificultades de diverso orden, aunque fue una experiencia de diálogo y de entendimiento entre los principales actores, pero a la cual se fueron incorporando progresivamente instancias no sólo oficiales, sino también sociales. Todo ello redundó en acuerdos y decisiones convenientes para los intereses de los refugiados. Finalmente, las negociaciones concluyeron con la firma de varios acuerdos de entendimiento entre los refugiados y el gobierno guatemalteco, pero también un compromiso de este último con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Refugiados. Sin embargo, el instrumento definitivo para el inicio del retorno colectivo y organizado se suscribió el 8 de octubre de 1992, el cual permitió el desarrollo de las operaciones de regreso a partir de marzo de 1993, con el acompañamiento y bajo la observación de la comunidad internacional, así como de diversas organizaciones sociales y civiles, nacionales y extranjeras.

 ¿Retorno o integración?

48A fines del decenio de los ochenta, la situación de los refugiados guatemaltecos -a pesar de los cambios iniciados en su país de origen- seguía siendo sumamente incierta. El gobierno mexicano, por su parte, dio los primeros pasos para actualizar su marco jurídico en el campo, al incorporar a su Ley General de Población, en una reforma acordada en 1990, la categoría migratoria de refugiado. El espíritu y el texto de la figura adoptada retomaba los conceptos acordados en la Declaración de Cartagena (1984), los cuales ampliaban los términos de la Convención y el Protocolo de Naciones Unidas, a la luz de la experiencia reciente en América Latina, así como también la de los países africanos. Sin embargo, la aplicación de la condición entonces legalizada quedó subordinada a la expedición de un nuevo Reglamento que regulara la aplicación de la Ley que también había sufrido otras modificaciones.

49El Reglamento no se aprobó sino hasta dos años después y, mientras tanto, las negociaciones entre refugiados y gobierno guatemalteco avanzaron -como ya se dijo- para permitir el comienzo del retorno a partir de 1993. Por ello, disminuyó la posible presión para que se aplicara la nueva categoría y posibilitó que entre tanto se les siguiera tratando bajo modalidades ad hoc, como había ocurrido a todo lo largo del decenio anterior. Sin embargo, a partir de ese momento, los refugiados empezaron a enfrentarse al dilema del retorno -por el cual habían luchado y además coincidía con la solución ideal de la repatriación- o la posibilidad de permanecer en territorio mexicano, para la cual también existían diversos motivos. Debe recordarse que en esa época, a pesar de los cambios de régimen político en Guatemala, la situación de conflicto armado persistía, no obstante que se desarrollaban conversaciones entre gobierno y guerrilla para lograr la paz.

50El proceso de retorno también se enfrentó a numerosas dificultades, desde algunas relacionadas con la inseguridad hasta otras de tipo material, como lo fue la selección y definición de lugares adecuados para el reasentamiento. Por ello, las movilizaciones fueron frecuentemente interrumpidas y tuvieron que reprogramarse en tanto se resolvían problemas de todo tipo. Estas situaciones influyeron en la situación de incertidumbre que vivieron muchas familias refugiadas, acentuando la condición del dilema citado. El retorno se extendió a lo largo de seis años, pues no fue sino hasta en 1999 cuando oficialmente los gobiernos mexicano y guatemalteco, así como la representación del ACNUR, lo declararon formalmente culminado con los últimos desplazamientos que incluyeron también a refugiados no reconocidos.

51Desde los primeros años de la presencia de los refugiados se registraron regresos por parte de individuos y familias, algunas veces bajo el conocimiento y protección del ACNUR, pero muchas veces en forma subrepticia, sin reporte alguno. Tales desplazamientos fueron calificados como repatriaciones voluntarias, en el sentido estricto del término. Sin embargo, desde el inicio de las negociaciones, los refugiados insistieron en denominar a la modalidad reivindicada como retornos, los cuales se realizaron a partir de marzo de 1993. Según las estadísticas de la COMAR, entre 1984 y 1999 se registraron 42,737 repatriaciones voluntarias, incluyendo los citados retornos, los cuales se originaron desde los campamentos ubicados en los estados de Chiapas (60.2%), Campeche (21.2%) y Quintana Roo (18.6%). Hay que considerar que a todo lo largo del período se englobó bajo el concepto de población refugiada, tanto a las personas nacidas en Guatemala que llegaron principalmente entre 1981 y 1983, como también a los hijos de estas personas, pero que nacieron en México y que, por lo tanto, gozan del derecho a la nacionalidad mexicana. En todo caso, hay que considerar que la población refugiada tuvo un comportamiento demográfico peculiar, en alza debido a las aparentemente elevadas tasas de fecundidad, y en una ligera disminución por la mortalidad (aparentemente elevada en las primeras etapas) y las repatriaciones voluntarias ocurridas a todo lo largo del período. Por ello es que el volumen de la población refugiada-–según los registros oficiales- permaneció casi constante hasta 1993.

  • 16  Solís Cámara, 1998:84-87.

52En ese contexto, el gobierno mexicano inició en agosto de 1996 el Programa de Estabilización Migratoria, cuya intención fue ofrecer alternativas de regularización para aquellas personas que aún se encontraban pendientes de resolver su situación de retorno, o bien, para quienes manifestaran su intención de permanecer en suelo mexicano16. Como resultado de este Programa, la COMAR informa que en la actualidad permanecen en México 24.763 ahora exrefugiados, quienes se ubican en las mismas entidades de Chiapas (50.5%), Campeche (35.4%) y Quintana Roo (14.1%). De este total, menos de una tercera parte, solamente 6,880 (27.8%) son nacionales de Guatemala, ya que más de la mitad, 13.899 (56.1%) son mexicanos por nacimiento, y 3.984 (16.1%) son naturalizados como resultado de esta política; hay que hacer notar que del primer grupo, 764 (11.1% de los aún guatemaltecos) han iniciado el trámite de naturalización.

La integración como proceso

53Es indudable que uno de los ejes de una política de integración de población extranjera, cualquiera que sea su condición o procedencia, es la regularización de su estatus. Por ello, el programa de estabilización adoptado por el gobierno mexicano y dirigido a la población guatemalteca, brinda la oportunidad de contar con una calidad migratoria, o bien, optar –una vez satisfechos los requisitos de ley– por la naturalización. Se trata de un primer paso, importante para respaldar el ejercicio de derechos en una situación acorde a la condición finalmente obtenida.

  • 17  Kauffer, 2000.
  • 18  Kauffer, s/f: 2.
  • 19  Kauffer, 1999:47.

54Sin embargo, la integración debe ser vista como un proceso más amplio y complejo que la sola regularización del estatus migratorio, puesto que no sólo debe incluir los aspectos jurídico-formales, sino también dimensiones sociales, económicas y políticas17. Se trata, como la misma autora afirma, de una integración integral, en tanto que debe incluir todos los aspectos de la vida de sus beneficiarios18. La integración, a diferencia del retorno, el cual incluso formó parte de un proyecto político, plantea dificultades novedosas, en tanto que responde a demandas derivadas de una decisión individual o familiar19. Se dice que ...

  • 20  Ibid.

55no existe una problemática unívoca, unidimensional de la integración aplicable a todos los individuos o a todas las familias y caracterizada por una convergencia de los intereses hacia un mismo fin20.

  • 21  Zaccagnini, 1999.
  • 22  Kauffer, 1999:49.

56En ese sentido, el ACNUR dice haberse abocado a una estrategia integral integradora como guía de sus acciones en la etapa del proceso que, por extensión de su mandato, se propuso acompañar por medio de una integración por fases a lo largo de un período limitado21. En el marco de la cooperación se ha integrado el aporte y acompañamiento de la Unión Europea (Proyecto de Apoyo a la Integración Definitiva, PAID), cuyos recursos se suman a los de las instancias gubernamentales -federales, en menor medida a las estatales y aparentemente en ausencia de los gobiernos locales-22, así como al aporte de organizaciones civiles y las de los propios exrefugiados.

57Los refugiados guatemaltecos, a lo largo de su asentamiento en calidad de tales, fueron objeto de atención de diversas políticas en materia de protección, asistencia y promoción del desarrollo. Las dos primeras áreas fueron las más importantes en las primeras etapas, pero la última mereció mayor atención a partir del momento en que se convocó a la búsqueda de soluciones duraderas y sobre todo a la generación de la autosuficiencia. La comunidad internacional, sobre todo liderada por el ACNUR, en coordinación con gobiernos y organizaciones civiles, impulsaron el proceso conocido como CIREFCA, en el cual se formularon lineamientos para canalizar la cooperación en busca de los objetivos mencionados.

  • 23  Thue, Haughlin y Castillo, 1997.

58Sin embargo, un elemento fundamental fue la organización alcanzada por los propios refugiados, la cual fue básica para su desempeño como sujetos activos de su propio desarrollo. La experiencia acumulada y las lecciones aprendidas a lo largo del proceso alimentaron los requerimientos del retorno y reasentamiento, las cuales fueron parte del bagaje con el que los refugiados contaron al regreso a su país. De manera semejante, la cooperación también hizo acopio de algunos de esos aprendizajes, como el denominado “enfoque territorial”, el cual permitió incorporar a la población circundante como objetivo de los programas y proyectos. Dicha perspectiva a la vez contribuyó a prevenir la generación y/o el acentuamiento de las desigualdades económicas y sociales, así como las tensiones y conflictos que pudieran derivarse de los mismos23.

59Estos antecedentes son elementos básicos a su vez para la instrumentación del proceso de integración en su visión integral. A pesar de la pérdida de ciertos niveles organizativos a partir del retorno y, por ende, de atención en el esquema de prioridades por parte de la cooperación, todas las experiencias y lecciones aprendidas son aportes indudables para las acciones con vistas a la integración. No obstante, los retos para lograrla -en todos los planos- son amplios. En el ámbito de la política, con la naturalización apenas se da un primer paso en dirección a la llamada construcción de la ciudadanía, sobre todo en zonas del país en las cuales se denuncia con frecuencia el limitado goce de tales derechos. En la esfera de lo social, las muestras de solidaridad generadas durante la vida en refugio tienen que trascender a una situación de convivencia y coexistencia en un nuevo plano de relación, para lo cual el “enfoque territorial” en la gestión y operación de políticas públicas puede ser base de una estrategia orientada a la equidad y la armonía sociales. Es en el plano de lo cultural en donde probablemente se ha desarrollado con amplitud y profundidad la vinculación entre poblaciones con rasgos históricos comunes, pero también con diferencias en su pasado reciente, a la vez que se plantean diversas interrogantes acerca de la preservación de la identidad o la generación de una nueva, recreada, tema de indudable importancia, sobre todo cuando se trata de poblaciones indígenas.

A manera de conclusión

60Tanto el caso de los trabajadores agrícolas migratorios temporales como el de los refugiados, ambos de origen guatemalteco en México, son ejemplos de las posibilidades y dificultades de instrumentar “mejores prácticas” por parte de los gobiernos involucrados para promover la protección y el ejercicio de sus derechos fundamentales. En este documento se ha enfatizado el caso de las políticas adoptadas por el gobierno mexicano. Sin embargo, el balance realizado apunta al logro de determinados objetivos en lo que constituyen procesos en marcha que aún deben recorrer un trecho antes de satisfacer los objetivos deseables en el marco la protección de los derechos y el desarrollo de las poblaciones abordadas.

61En el plano legal, se han dado pasos significativos en el orden interno, en dirección a adecuar los marcos jurídicos de la legislación mexicana a las situaciones emergentes y cambiantes. En el ámbito internacional se ha avanzado al ratificar las Convenciones de Naciones Unidas relacionadas con la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como la del estatuto de refugiados y el Protocolo adicional. Internamente también se ha avanzado al instrumentar mecanismos de regularización, como es la documentación de los trabajadores temporales y de los exrefugiados, algunos de los cuales han optado por y obtenido la naturalización.

62Sin embargo, el desarrollo de una política integral en materia de autorización de la presencia de trabajadores extranjeros debe trascender el marco estrictamente regulatorio de su admisión, tránsito, permanencia y retorno. Deben considerarse las medidas adecuadas que protejan el pleno goce de sus derechos, lo cual significa la actuación oportuna y apegada a derecho -incluyendo la observancia de los compromisos internacionales adquiridos por el gobierno mexicano- por parte de las autoridades laborales, así como las responsables de políticas sociales, como es el caso de la salud y la educación. Otro tanto debe ocurrir con la necesaria complementación del iniciado proceso de integración de los exrefugiados. Los pasos dados hasta ahora, sobre todo en materia de documentación, son ejemplares, pero hay que tener en cuenta que la gestión de los derechos de los connacionales -la otra vertiente necesaria de la política integral hacia la migración- también tiene como contraste la coherencia que se logre establecer en el tratamiento que se otorga a la población extranjera en el territorio nacional.

63Las experiencias descritas en este trabajo también muestran -entre otras cosas- la importancia de contar con bases sólidas de conocimiento de los fenómenos sociales con el propósito de emitir legislación apropiada y formular políticas adecuadas. La conformación de una sensibilidad social y la generación de una opinión pública favorable requieren el reconocimiento objetivo de la naturaleza de las migraciones y su contribución al desarrollo regional. Los logros alcanzados en los procedimientos de registro y en la formulación de política han provenido en buena medida de resultados de investigación, de calidad y rigor provenientes del entendimiento y la interacción de académicos e instituciones públicas. Por consiguiente, debiera promoverse y apoyarse la investigación conjunta y coordinada, como una forma de orientarse hacia una mejor comprensión de las realidades fronterizas.

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Bibliografía

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Notas

1 Castillo, 1996; Simmons, 1991.
2 Martínez Velasco, 1991:75; García de León, 1981.
3 Fábregas et al., 1985.
4 Castillo, 1996.
5 1990: 72, 139-143.
6 Castillo y Casillas, 1988; Castillo, 1990 & 1992.
7 INM, 1999.
8 Ibid.
9 Solís Cámara, 1998:72-73.
10 Rodríguez y Rodríguez, 1994:109-127.
11 Ordóñez, 1990 y 1993.
12 Castillo, 1999.
13 Cf. COMAR-ACNUR, 1999 para todo este apartado.
14 Salvadó, 1988.
15 Hernández et al., 1993.
16 Solís Cámara, 1998:84-87.
17 Kauffer, 2000.
18 Kauffer, s/f: 2.
19 Kauffer, 1999:47.
20 Ibid.
21 Zaccagnini, 1999.
22 Kauffer, 1999:49.
23 Thue, Haughlin y Castillo, 1997.
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Manuel Ángel Castillo, « Los flujos migratorios en la frontera sur de México », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 2 | 2001, Publicado el 12 enero 2006, consultado el 18 abril 2014. URL : http://alhim.revues.org/603

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Autor

Manuel Ángel Castillo

El Colegio de México, México

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