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Violencia

Balance del proceso de desplazamiento por violencia política en el Perú (1980-1997)

Mesa nacional sobre desplazamiento - SEPIA

Texto completo

1El presente informe es una aproximación global al tema del desplazamiento en Perú, basándose en el registro de las ONGs de las Mesas Regionales que acompañan a las poblaciones de desplazados en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Pasco desde la segunda mitad de la década de los 80. Dichos departamentos son los que más han sufrido de la violencia durante estas dos décadas en el país.

2En dichos departamentos se realizaron Talleres Regionales entre el mes de febrero y junio de 1997, dentro del Proyecto “Seminario Nacional Descentralizado sobre Programas de Reconstrucción de las Zonas de Emergencia y el Tratamiento de la Problemática del Desplazamiento en la Sierra Central y Sierra Sur del Perú”2. Los Talleres en referencia contaron con la participación de los representantes de las organizaciones de base como el AIDREH (Ayacucho), la Asociación Regional de Desplazados del Centro (Junín), la Coordinadora Interprovincial de Desplazados Residentes en Abancay (Apurímac), la Asociación de Desplazados de Huancavelica y la Coordinadora Nacional de Desplazados.

3Los objetivos de este Balance fueron: medir la relevancia demográfica del desplazamiento; caracterizar las opciones de esta población entre retorno e inserción; evaluar los efectos del período de la violencia política en la comunidad campesina, en el nivel económico, social e institucional; evaluar el rol del Estado y las instituciones no gubernamentales y, finalmente, señalar las posibles tendencias del proceso.

4La Mesa Nacional sobre Desplazamiento constata una clara correlación entre la variable violencia política y la variable desplazamiento. Como concepto operativo de desplazado hace suyo el formulado para la experiencia guatemalteca:

Se ha considerado desplazados a las personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas habituales debido a que sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada o el conflicto prevaleciente, pero que han permanecido dentro de sus países3.

5Define como retornante a la población que, luego de un período de desplazamiento hacia diversas zonas de refugio en el interior del país, vuelve a repoblar sus tierras de modo voluntario, abrigando diversas expectativas, en la consideración de que las causas que la obligaron a salir han desaparecido o se han atenuado.

6La constatación central de este balance es que el desplazamiento no puede diluirse dentro del concepto genérico de migración, porque tiene un punto de partida compulsivo externo, parte de una base emocional afectada, se da en condiciones de improvisación y en un contexto de pérdida de derechos; en tanto que la migración tipifica un acto voluntario y planificado de cambio de residencia con fines de mejora económica, social, con ejercicio de sus derechos ciudadanos, ajena a la presión, al miedo y la angustia.

7En lo que se refiere a la población desplazada es notorio que la absoluta mayoría ha optado por la inserción en las ciudades en las que se refugiaron, convergiendo en esta decisión múltiples factores, destacando entre ellos el prolongado período de permanencia (9 años en promedio), la socialización urbana de los hijos, la pobreza de recursos para la reconstrucción en sus comunidades de origen, la persistencia en diversos casos del temor al accionar senderista y/o del ejército. La población que opta por el retorno es aquella que se desplazó intraregionalmente, en especial aquella que lo hizo dentro del espacio rural, desde comunidades pequeñas hacia otras mayores y cercanas, hacia capitales de distrito o provincia. Se trata de una población que no perdió su práctica campesina. Aquellos retornos promovidos desde las grandes ciudades, especialmente Lima, fracasaron en la mayoría de los casos. Así mismo se constata que actualmente la población retornante, resistente, como la insertada se encuentra en la etapa de la “Rehabilitación” (económica, social, política) entendida como etapa previa al desarrollo que deberá proyectarse desde una perspectiva regional que articula campo y ciudad, integrando actividades agropecuarias y de transformación.

8Sobre la base de la evaluación de los Talleres Regionales, se hace evidente que en el Perú no ha llegado a configurarse una cultura de la violencia, en tanto que no surgen por ejemplo bandas armadas (al modo colombiano) como algunos analistas vaticinaban, a partir de los Comités de autodefensa. Al contrario, pues si bien estos Comités en los departamentos antes citados se instalaron como un modelo organizativo contrainsurgente, en las nuevas condiciones de derrota de Sendero Luminoso se integran cada vez más a la normatividad comunal. La condición de “rondero”4 no es una función especializada, sino una condición asumida en forma rotativa por todos los varones mayores de edad, cuya identidad básica es la de productor agropecuario comunero. Existen casos en que los Comités de autodefensa violan derechos humanos. Sin embargo ésta no es la tendencia central del último lustro. Por lo tanto, en el conjunto de los Talleres, se reconoce la necesidad del fortalecimiento institucional como requisito para la rehabilitación y la sostenibilidad del desarrollo.

9La envergadura del reto de la atención integral a la población desplazada y afectada por la violencia política demanda la concertación entre las organizaciones de base, los gobiernos locales, el Estado, las instituciones privadas, iglesia y la cooperación internacional.

10José Coronel Aguirre5

11Ex-Director del Programa de Apoyo al Repoblamiento –PAR.

Poblaciones afectadas por la violencia política y desplazamiento

12Como lo subraya Iván Degregori, la violencia política desencadenada en el Perú durante la década del 80 e inicios de los 90 marca “el período más violento de nuestra historia contemporánea... Sendero Luminoso [quien] ha superado largamente en horror a cualquier otro proyecto violentista de América latina, mostró de manera descarnada las debilidades estructurales que existen en la construcción del Estado y la Nación. Un balance de la misma es requisito indispensable para construir el Perú del futuro”6.

13El conflicto armado interno, si bien se concentró en las regiones andinas de la sierra centro–sur y la región selvática, pasó a ser un tema central en la escena política nacional y produjo grandes cambios en la sociedad, en el Estado, en particular las Fuerzas Armadas. Los daños y secuelas humanas en l7 años de violencia se evidencian en las siguientes cifras:

Cuadro N°1

SECUELAS HUMANAS DE LA VIOLENCIA POLITICA (1980-1997)

Asesinados7

25,927

Desaparecidos8

6,000

Desplazados9

430,075

Poblaciones afectadas directamente

1’600,000

Requisitoriados10

9,000

14Estas cifras corren junto con impactos sociales traumáticos en la población civil afectada, tales como:

  1. pérdida masiva de derechos y libertades civiles, políticos y culturales;

  2. descapitalización: baja de la productividad, pérdida del patrimonio tecnológico, desarticulación de los circuitos comerciales, destrucción material de infraestructura productiva, servicios y caminos;

  3. destrucción de la institucionalidad estatal y social;

  4. destrucción de los servicios comunales y estatales;

  5. daños psicológicos y emocionales.

15La violencia con sus secuelas se produce, por un lado, dentro de un marco de desprotección estatal de la población civil y de ausencia de políticas de prevención y protección de la misma durante todo el período, y, por otro lado, de abierta agresión de los grupos armados a la población civil y sus organizaciones. La consecuencia fue el desarrollo de la guerra sucia.

16Empero, uno de los impactos de la violencia también ha sido el surgimiento de una nueva dinámica organizativa que implican en cierto sentido una nueva institucionalidad y nuevas organizaciones de resistencia: tal es el caso de las Rondas o Comités de autodefensa y de las organizaciones de mujeres.

17Es necesario tomar conciencia que existe aún presencia de violencia política focalizada, que la aplicación de políticas macro-económicas excluyentes y la presencia del narcotráfico contribuyen cotidianamente a la mantención de condiciones de violencia estructural. A partir de esta constatación, la Mesa Nacional sobre Desplazamiento afirma que las estrategias de intervención tienen que ser integrales, masivas y de mediano plazo.

El proceso de desplazamiento

18La intensidad del desplazamiento poblacional está directamente asociada a los períodos de intensificación de la violencia política: Período 1983-1984 / Período 1987-1989. La correlación de emigración y atentados terroristas es alta y positiva: r = 0.8811.

19Los datos proporcionados en 1997 por los Talleres de las mesas regionales de trabajo con población desplazada y sintetizados durante el Taller nacional de evaluación del Desplazamiento, dan el siguiente resultado:

Cuadro N°2

POBLACION AFECTADA, DESPLAZADA Y RETORNANTE HACIA 199712

LUGAR

Pobl. Desplazada

Pobl. Retornante

Pobl. Civil Afectada

Ayacucho

156 575

32 984

Huancavelica

70 000

2 200

Apurímac

66 000

7 971

Sierra Central

90 000

9 520

Selva Central

15 000

4 350

Otros

(Tingo María, Huánuco, Pucallpa)

32 500

11 439

TOTALES

%

430 075

100.00

68 574

15.94

1 600 000

20Las familias desplazadas fueron obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas habituales debido a que sus vidas, seguridad o libertad estaban amenazadas en el contexto de la violencia. La condición de desplazado implicó la pérdida casi total de derechos: como derecho a la vida, a la integridad personal (múltiples casos de violaciones de mujeres), a la residencia, a la propiedad, a la protección de la familia, al ejercicio de los derechos políticos.

21Durante toda la década del 80 las estrategias de resistencia reposaron fundamentalmente en los esfuerzos de la población, de la familia y en las tradiciones comuneras y religiosas. Además surgieron nuevas formas organizativas como: los Comités de autodefensa, las organizaciones de mujeres, las iglesias evangélicas (que aumentaron su presencia). Mientras tanto en las ciudades las asociaciones de residentes, los comités de desplazados (comunales, distritales, provinciales) afirman su presencia e identidad cultural, sumándose a los movimientos urbanos ya existentes.

El caso del desplazamiento en la Selva Central

22El proceso del desplazamiento presenta un cuadro social particular, en el caso de la Selva Central (Junín). El mismo está caracterizado por la presencia de minorías étnicas, entre las cuales la Asháninka.

23Las cuencas de los ríos Tambo y Ene, donde se encuentran 20 000 asháninkas establecidos, fueron escenarios de intensa violencia política a partir del año de 1988 debido al ingreso de columnas senderistas provenientes de Ayacucho. La actitud de dichas columnas, que buscaron trastocar su forma de vida sin respeto alguno de la identidad y forma de vida asháninka, motivó el rechazo organizado de los mismos especialmente en las zonas de Pangoa (Satipo), Río Negro y Mazamari.

24Producto de este enfrentamiento, aproximadamente 15,000 asháninkas terminaron desplazados: 10,000 se refugiaron en el interior de la región (Puerto Ocopa, Puyeni, Cutivireni, Betania, Valle Esmeralda, Quiteni) y 5,000 fueron concentrados en los campamentos senderistas, luego de ser secuestrados y obligados a conformar parte de la denominada “masa” bajo su control, como fuerza de trabajo agrícola y/o como contingente de apoyo en sus incursiones13.

25Además, en el contexto de la Selva Central, por la irracionalidad de la explotación de los recursos naturales por parte de empresas madereras y petroleras, y dadas las características ecológicas de la región, la estabilidad de asentamiento de la población se encuentra aún más fragilizada. De lo que se desprende como exigencia el reforzar sus capacidades de negociación con las empresas y el Estado.

Implicaciones en el movimiento poblacional y comunero

26El desplazamiento poblacional por violencia política en el departamento de Ayacucho significó una aguda aceleración de tendencias previamente ya existentes de migración Campo-Ciudad. En el contexto de la Emergencia surgieron nuevos patrones de asentamiento, tales como las concentraciones de viviendas y torreones de vigilancia, que modificaron las relaciones sociales al interior de las poblaciones y motivaron el surgimiento de nuevas formas organizativas en su seno.

27El viejo patrón del control vertical de la producción se vio trastocado, porque las partes más altas de las comunidades (de 3,900 a 4,500 msnm), eran y aún son en algunas zonas corredores de tránsito de las columnas senderistas. Los pastizales de estas áreas fueron abandonados.

28Los conflictos con los pobladores de los valles interandinos, que fueron acusados de colaborar con Sendero Luminoso por las Fuerzas Armadas porque sus hijos eran estudiantes en la ciudad, motivaron algunas expediciones punitivas (que incluían robo de ganado, productos agrícolas) de los Comités de autodefensa en busca de subversivos. Esto generó mutuas desconfianzas entre comunidades, lo que tuvo como efecto indirecto limitar el trueque de productos anteriormente practicado (molle o maíz por papa u olluco, entre otros).

29El calendario festivo, actividades nocturnas como la Qachua, fueron agudamente alterados, afectando los espacios de socialización de los niños y jóvenes.

30Las diversas iglesias evangélicas (Asamblea de Dios, Presbiterianos, Pentecostales y otras) crecieron significativamente en medio de la guerra, llegando en provincias como Cangallo al 20% de la población total, en contraste con el 4% promedio departamental hasta el año de 1981 (INE Censo Nacional, 1993).

31Hasta la fecha los daños psicológico emocionales aún no han sido suficientemente evaluados.

Las opciones de la población desplazada

La inserción urbana

32El proceso de inserción urbana fue un proceso paulatino. La inicial búsqueda de refugio en las ciudades fue convirtiéndose en una opción más permanente. El retorno aparentaba ser una opción posible porque auspiciado hacia 1993 por el Estado.

33Actualmente la opción por la inserción es absolutamente mayoritaria (el 84.3%). Las principales ciudades en las que se está insertando la población desplazada son: Lima, Huancayo, Ica, Abancay y Huamanga. También, aunque en menor medida, en ciudades capitales de provincia como Nazca, Chincha, Huanta, Tambo, San Francisco.

34Para esta opción confluyen múltiples factores:

  1. El relativamente prolongado período de permanencia en las ciudades (entre 8 y 13 años), durante el cual han logrado conquistar un lugar de vivienda, que requirió de una inversión material y emocional muy grande con el consiguiente acceso a algunos servicios, y a pesar de la precariedad de los ingresos de la mayoría de estas familias.

  2. La socialización urbana de los hijos que se convierte en un factor de resistencia al retorno.

  3. La visión de un proyecto familiar que sostienen los padres de familia (en especial las mujeres porque el peso de la inserción estuvo mayormente sostenida por ellas), con mayores oportunidades en el espacio urbano.

  4. En diversos casos la persistencia del temor a la reactivación del accionar senderista, en otros el temor a la presencia del ejército en sus lugares de origen, debido a experiencias traumáticas vividas durante la guerra interna.

  5. La pobreza de recursos para la reconstrucción en sus comunidades de origen: falta de capitales mínimos para reiniciar actividades agropecuarias, dificultades para articularse al mercado, falta de acceso a servicios públicos.

35Como lo sintetiza muy bien Ana María Rebaza:

En suma, pese a todas las dificultades hay una percepción de mayores oportunidades de desarrollo en la ciudad (...) así como una mayor viabilidad en la interlocución con las instancias estatales. Su experiencia urbana aún cuando en un contexto hostil, les permitió [a los desplazados establecidos en ciudades importantes] ampliar su visión del país y vislumbrar su ejercicio ciudadano14.

36La población insertada en las grandes ciudades de Lima, Ica, Huancayo, especialmente la que se ubicó en Lima, luego de arribar en una situación de emergencia, llega a tener diferentes niveles de logros dada su heterogeneidad por diversas causas: años de permanencia, estructura familiar, rasgos culturales (de zonas altoandinas o de valle), acceso a redes sociales.

37La población desplazada que se encuentra en un proceso de inserción en el medio urbano partió de una base emocional afectada por las experiencias de la violencia, lo que es fuente de caídas y regresiones en su proceso de adaptación. El referente cultural de la comunidad de procedencia es un factor de identidad y de organización, enriqueciendo la dinámica del intercambio campo-ciudad en el ámbito sociocultural.

38Según las encuestas de los Talleres Regionales sobre desplazados, los que expresaban una voluntad real de retorno sólo correspondían al 17.9%, siendo mucho menor el porcentaje de deseo de retorno de los refugiados en ciudades mayores. Este sesgo de la evaluación puso de manifiesto lo equívoco de la política de apoyo y promoción por parte del Programa de Apoyo al Repoblamiento -PAR. Este organismo público privilegió apoyar los retornos desde la ciudad de Lima, cuando el mismo debía concentrarse en el retorno intraregional. La opción mayoritaria de los refugiados en las ciudades es la inserción, para quienes debería diseñarse políticas de apoyo apropiadas desde el Estado.

El retorno

39El Informe de la OIM de marzo de 1995, considera como opciones de retorno en dos modalidades: “Retorno sin dejar la ciudad” (37%) y, “Retorno con condiciones” (17.9%) sumando un 55.7% los potenciales retornantes15. El PAR tomó como referente de su estrategia de trabajo un diagnóstico errado de la voluntad de retorno desde las ciudades, al considerar la modalidad de “Retorno sin dejar la ciudad” que, en los hechos correspondía a una decisión de inserción urbana. Como demostrado, en el diseño de las políticas del Estado para el apoyo al retorno se ha subvalorado el retorno intraregional y sobrevalorado el retorno de las grandes ciudades al campo.

40El retorno de poblaciones desplazadas a sus comunidades de origen, está directamente asociado a la paulatina recuperación de condiciones de seguridad en el país. En tal sentido se inicia claramente a partir del año de 1993.

41La opción por el retorno, es asumida en función de la confluencia de diversos factores, entre los cuales destacan:

  1. La ausencia de experiencia migratoria previa a la violencia política;

  2. El monolingüísmo quechua, el deficiente manejo del idioma castellano y el analfabetismo;

  3. La conciencia de ser objeto de discriminación étnica;

  4. La vigencia del referente comunal, especialmente entre aquellas familias que se desplazaron dentro de su espacio intraregional, que les permitió mantenerse informados sobre las condiciones en sus comunidades, evaluar y organizar el retorno.

42El porcentaje de retornantes más significativo se produjo el año de 1995, incrementándose nuevamente el año 1996. Hasta julio de 1997 se trataba de un proceso social abierto. Las poblaciones desplazadas se encuentran evaluando los logros de las comunidades retornantes, la actitud del Estado, de las Organizaciones no gubernamentales, procesando las informaciones sobre el accionar Senderista, la conducta del ejército en sus pueblos, para luego definir sus opciones. Tal es el caso de la Selva Central, de los desplazados ayacuchanos refugiados en Ica, de los comuneros refugiados en la ciudad de Huancayo, de Abancay y, en menor medida, de los residentes en la ciudad de Lima.

Modalidades de retorno

Retornantes que vuelven a sus comunidades de origen desde refugios rurales cercanos o comunidades “mayores”

43Dichas comunidades les sirvieron de lugar de reconcentración y les permitieron seguir atendiendo las chacras de sus comunidades aunque en horarios y áreas restringidos. Se trata de los casos de retorno estables, porque estos actores no dejaron de ser campesinos. A la fecha, estos retornantes muestran mayor capacidad productiva agrícola, en comparación con los que retornan desde la ciudad. Constituyen la modalidad de retorno más importante en términos de sostenibilidad, en tanto son portadores de estrategias productivas probadas en los momentos y condiciones más difíciles de la violencia política, con niveles de autoestima fortalecidos al saberse capaces de superar, con su actoría, una etapa de guerra interna.

44Este tipo de desplazamiento de retorno fue factible porque estaba sedimentado el reconocimiento de un espacio microregional a partir de una identidad cultural compartida (costumbres, tradiciones, alianzas), gracias también a la existencia de un centro administrativo (juez de paz, teniente gobernador) y, en diversos casos, a la presencia de un destacamento del ejército. Las familias en las comunidades mayores de refugio pertenecían a diversas comunidades (se agrupaban un promedio de 6 comunidades) y mantuvieron su propio sistema de autoridades, aún cuando coordinaban con las autoridades de la comunidad de refugio. Las partes más altas fueron abandonadas por los mayores riesgos que implicaban para mobilizarse. La comunidad receptora daba a las familias refugiadas solamente el derecho de uso de pequeñas parcelas donde construían sus viviendas y cercaban un pequeño corral y un mini-huerto.

45Los desplazados intra-rurales en referencia se sobrecargaron con las tareas de vigilancia, como miembros de los Comités de autodefensa, disminuyendo drásticamente su nivel de producción y sus condiciones de vida. Empero salen de la guerra con la sensación de haber definido la derrota de Sendero, porque saben que en las patrullas y las emboscadas ellos formaban la primera línea de combate. A través de sus sistemas de vigilancia y por el conocimiento pleno del terreno, neutralizaron el arma fundamental de S.L.: “la sorpresa”.

46Las razones para agruparse y resistir eran: la defensa de su unidad de producción (sus tierras, ganado); su forma de vida; su sistema ritualizado de autoridades y los valores de reciprocidad y solidaridad. Por otro lado sintieron su identidad agredida por Sendero Luminoso que, desde fines de 1982, quiso imponerles otros sistemas de autoridades (Comités Populares) con “Comisarios” sin ninguna experiencia de manejo de chacra ni ganado, negándoles la concurrencia a las ferias, ejecutando a sus Varayoccs16, y demás autoridades; exigiéndoles la renuncia a su identidad.

Retornantes que vuelven a sus comunidades de origen desde ciudades menores

47Se trata de retornantes que desde sus comunidades de residencia salen periódicamente a las ciudades en las que previamente estuvieron refugiados para ocuparse en trabajos eventuales y atender a los hijos que estudian. Generalmente son portadores de innovaciones diversas (técnicas, culturales), así como demandantes de servicios (electricidad, Postas de salud, antenas parabólicas).

48Son retornantes de comunidades poco pobladas y sin red de vinculaciones con una comunidad mayor y/o que habían mostrado una actitud de mayor aceptación frente a Sendero Luminoso durante los años de 1980-81 y temían a las Fuerzas Armadas o la venganza senderista. Los comuneros que se desplazaron desde las comunidades a las ciudades menores (capitales distritales, capitales provinciales o departamentales como Ayacucho, Huancayo, Abancay, Huancavelica), lo hicieron en la mayoría de los casos en forma conjunta, de tal manera que sus tierras se mantuvieron abandonadas en promedio durante una década y sus pastizales fueron parcialmente aprovechados por el ganado de las comunidades vecinas que permanecieron en sus respectivas zonas.

49La estrategia de estas familias comuneras, fue la de mantener sus vinculaciones y referentes comunales en las ciudades, en la espera del momento de retornar. Paralelamente hicieron uso de su organización y de su condición de víctimas de la violencia para legitimar las invasiones que hicieron en las zonas periféricas de las ciudades refugio, para construir sus viviendas, lograr títulos de propiedad -como en ciudades de Ica (Chincha, Pisco), Apurímac (Abancay), Junín (Huancayo) e incluso Ayacucho (Huanta)-, o para beneficiar de algunos programas de emergencia de parte de instituciones privadas (Cruz Roja, CONEP, Cáritas) o estatales (PRONAA, Proyecto Sierra Centro Sur, FONCODES, Banco de Materiales, etc.).

50Estos comuneros se mantuvieron alertas para impedir la invasión de sus tierras de origen (comunidades), realizando visitas ocasionales cada vez que declinaba la incidencia de la violencia, intentando incluso retornos como fue el caso de Culluchaca el año de 1986, y el de Iquicha en 198717. La mantención de las relaciones comunales en la ciudad (organizándose como desplazados según su comunidad de origen) y la organización de los retornos iniciales sin ningún apoyo institucional, muestran que la opción fundamental de estos comuneros era el de garantizar el retorno a sus comunidades de origen y la recuperación de sus tierras comunales apenas estuviesen dadas las condiciones de seguridad para ello.

Retornantes que vuelven a sus comunidades de origen desde ciudades mayores

51Son comuneros que retornan principalmente desde la ciudad de Lima y viajan a sus comunidades de origen con el apoyo oficial, con muchas expectativas y que, luego de algunos meses, en la mayoría de los casos vuelven a sus ciudades de refugio, por que no logran concluir ni siquiera una campaña agrícola.

52Aún en esta modalidad de retorno de los comuneros están presentes las estrategias organizativas y los pactos de reciprocidad que les permiten en lo posible preservar el derecho a un usufructo de las parcelas de las comunidades de origen y que les garantiza el acceso a productos agrícolas para completar la canasta familiar en los contextos urbanos donde se desenvuelven, en la mayoría de los casos, como trabajadores precarios.

53En la Zona Central del departamento de Ayacucho (Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán, Huancasancos), el desplazamiento siguió también las rutas de anteriores experiencias migratorias, realizadas por motivos de trabajo y/o estudio hacia las ciudades de Ayacucho, Ica, Lima, en la perspectiva de establecerse en las ciudades. Los refugiados entrevistados en la ciudad de Ayacucho señalan que, si retornan a sus comunidades, corren el riesgo de ser acusados de colaboradores del senderismo por las fuerzas del ejército que permanecen en sus distritos de origen. En estas zonas fueron las Fuerzas Armadas las principales causantes de violaciones de derechos humanos (Accomarca, Cayara).

54Las marchas de retorno promocionadas por el PAR desde la ciudad de Lima a las zonas Centro-Sur de Ayacucho y Apurímac han resultado, en la mayoría de los casos, experiencias fracasadas. La razón principal del fracaso es que estos retornantes vuelven después de un promedio de 10 años de vivir en la ciudad, cuando han perdido su saber de agricultores. Retornan con expectativas en el apoyo oficial que se limita finalmente a una donación de emergencia, motivo por el cual, luego de algunos meses, terminan volviendo a Lima.

Retorno y reconciliación en zonas de conflicto

55La reconciliación en las zonas de conflicto es todo un proceso, avanzado en algunos aspectos, inconcluso en otros. En cuanto a estos últimos podemos constatar diversos tipos de supervivencia del conflicto.

56En primer lugar están los conflictos que dividieron a sectores (o barrios) de una misma comunidad, por las distintas actitudes asumidas durante la guerra: los “neutrales” eran motivo de sospecha. Estos conflictos intracomunales terminaron produciendo autonomizaciones administrativas. En segundo lugar, los conflictos entre comunidades por las opciones asumidas en determinados momentos del período de la violencia: aún hoy siguen algunos estigmatizando a otros por haber “apoyado” a Sendero Luminoso o por no haberlos enfrentado desde el inicio. En tercer lugar los conflictos entre comunidades y centros poblados donde se encontraban bases del ejército, por el trato recibido durante la guerra. Este tipo de conflictos se manifiestan actualmente en el cambio de adscripción administrativa, o en la preservación de su independencia.

57Quedan muchos factores latentes de conflicto. Fricciones repetidas se manifiestan, entre otros, por el manejo de pastos que durante la violencia eran de uso indiscriminado, así como por casos de abigeato entre comunidades vecinas. La definición del derecho a las parcelas de las comunidades de parte de aquellos desplazados que hasta la fecha no han retornado se va postergando una y otra vez a pesar de que su postergación no puede ser un lapso indefinido. Las comunidades resistentes se sienten relegadas por proyectos que privilegian la atención a comunidades retornantes. Algunas comunidades no olvidan el robo de ganado por parte de comunidades tempranamente aliadas con el ejército. Muchas desavenencias emergen específicamente de cuestiones referidas al acceso a recursos en el presente.

58Empero, globalmente, luego del retorno se ha dado un proceso de conciliación básica (de no-agresión) en y entre las comunidades, fundada en la convicción de la necesidad de repoblar sus tierras y garantizar la seguridad frente a la posibilidad -no descartada aún- de incursiones senderistas. La conversión al evangelio también juega un rol importante en este proceso de reconciliación.

59La celebración de festividades (“Santiago”, Carnavales, etc.), las gestiones conjuntas de obras de beneficio para espacios mayores que el de determinada comunidad (una carretera por ejemplo), el surgimiento de organizaciones supracomunales (como la Asociación de Comunidades Llaqtanchikta Qatarichisun, la Asociación de Mujeres Altoandinas, etc.), son espacios de encuentro y conciliación muy eficaces.

La experiencia de retorno de los Asháninkas

60Los Asháninkas cuentan con una institucionalidad propia de nítido carácter étnico, con la especificidad de que, en este caso, el desplazamiento fue casi totalmente rural, y la opción virtualmente exclusiva es el retorno o el reasentamiento dentro de la región selvática; requiriendo por lo tanto estrategias específicas.

61Las experiencias de retorno de Asháninkas que se desplazaron dentro del espacio rural o hacia poblados menores fracasaron (como en Caperucía, Pangoa, el año de 1996) debido a la presencia senderista, a las peculiaridades del aprovisionamiento Asháninka (recolección, caza) y a la falta de apoyo en la rehabilitación productiva.

62El PAR informa sobre el retorno de 870 familias en los siguientes casos en la Selva Central:

  1. En 1996: Santo Domingo del río Ene, 120 familias; Camajeni, Cheni, Oviri y Anapati, 200 familias.

  2. En 1997: comunidades nativas de Quirishiari, Samaniato, Saoreni, Shima, Santaro, Mazarobeni y Koritni, 220 familias; comunidades nativas de Pangoa, Jerusalén de Miniaro, Tahuantinsuyo, Yurini, Saoreni, Mapitamani y Anapati, 350 familias.

63Queda pendiente la solución de los conflictos con los colonos que tienden a invadir áreas territoriales Asháninkas.

Las poblaciones afectadas y el Estado en la etapa actual

64En el conjunto de los Talleres Regionales, la evaluación es que la población desplazada, retornante e insertada a pasado de la etapa llamada “de Emergencia” a la actual “de rehabilitación”.

La etapa de “rehabilitación”

65En la presente etapa la población vive un proceso de recuperación de sus condiciones de producción, de sus niveles de ingresos, de ejercicio de sus derechos, de su sistema de autoridad, de acceso a los servicios básicos.

66A diferencia de la etapa de Emergencia, durante la cual la intervención externa (pública o privada) fue en calidad de donación, en la actual las modalidades de dicha intervención corresponden a la inversión y el crédito. Aún cuando las circunstancias exigen todavía en diversos casos tipo de apoyo anterior (retornos recientes, algunas incursiones senderistas), la característica fundamental de la presente etapa está definida por el conjunto de tareas de rehabilitación.

67La población retornante disponía en tanto que tal, hasta 1997, un período de 3.5 años de experiencia. La mayoría de ellos en la etapa actual logran garantizar la seguridad alimentaria familiar, recuperan paulatinamente el ejercicio de sus funciones de parte de las autoridades comunales, logran en parte la construcción de escuelas, la instalación de la Posta de salud, la trocha carrozable y, principalmente, la ampliación de su capacidad autónoma de interlocución con el Estado, las municipalidades y los proyectos públicos especiales como el PAR, PRONAA, FONCODES, Proyecto Sierra-Centro-Sur.

68Actualmente las comunidades retornantes y resistentes enfrentan el reto de incrementar su productividad agropecuaria, y lograr pasar de la Feria (trueque, intercambio estacional y en pequeña escala, con intervención de elementos extra-económicos en la transacción) al mercado como estrategia.

69La Rehabilitación implica una estrategia de mediano plazo, que depende de las condiciones regionales y zonales específicas.

70En el caso de la población insertada en las grandes ciudades, dada su heterogeneidad, se dan diferentes niveles de logros, empero en promedio han superado la “emergencia”, luego de un promedio de 8 años de inserción. La mayoría de los desplazados jefes de familia han logrado ubicarse en el mercado laboral dentro de la precariedad; las mujeres asumen diversas tareas laborales y generalmente han conquistado el acceso a programas de sobrevivencia (Vaso de Leche, Comedores); han avanzado en sus condiciones de vivienda. Progresivamente, gracias a los niveles de organización alcanzados, a partir del reencuentro entre paisanos y de la experiencia acumulada, han ido reafirmando su identidad y sus contenidos culturales, reproduciendo fiestas patronales y tradicionales.

71Para la población retornante y resistente esta etapa correspondería en el aspecto económico a un promedio de 5 campañas agrícolas, con la meta de ingreso mínimo de $1.00 nuevo sol diario por persona o $12018 nuevos soles al mes por familia (considerando 4 miembros por familia).

72Las tareas de rehabilitación especialmente económica encuentran sin embargo múltiples y severas dificultades debido a la descapitalización, a la falta de calificación de la fuerza laboral de la población concernida, lo que la mantiene como un sector vulnerable en cuanto a sus condiciones de vida y seguridad.

73Los años de la violencia política no han generado una cultura de violencia como se ha producido en el caso colombiano. No se han conformado bandas armadas a partir de la existencia de Comités de autodefensa en el campo ni se ha privatizado la violencia. Sin embargo la violencia intrafamiliar19, el abigeato y la delincuencia común en el espacio rural y urbano se han incrementado marcadamente en determinadas zonas.

Las organizaciones de los desplazados

74El proceso organizativo de las poblaciones desplazadas compromete escenarios urbanos y rurales, ambos articulados a una arraigada conciencia de pertenencia a sus comunidades o pueblos de origen y a tradiciones culturales.

75Las poblaciones desplazadas que se insertan en la ciudad fortalecen su organización con identidad y perfil propios, dándoles una personalidad aparte en el espacio urbano. Los retornantes en cambio se integran a la organización comunal y local diluyéndose su organización en tanto que desplazados.

76La población que se refugia en las ciudades se organiza en escalones específicos como las asociaciones por comunidad de origen, distritales y provinciales. En estas últimas se agrupan especialmente los mestizos provenientes de los pueblos de los departamentos afectados por la violencia. Desde este nivel organizativo los refugiados en ciudades ingresaron a solucionar el problema básico de la vivienda a través de las tomas de terrenos en Ica, Nazca, Huancayo, Lima.

77En la etapa de la violencia política que va de 1980 a1985, las formas de organización de los desplazados giran en torno a la familia, a las organizaciones de residentes y a las comunidades confesionales de las iglesias Católica y Evangélicas. En el presente, las iglesias y las ONGs siguen jugando un rol importante. Varias ONGs “acompañan” a las organizaciones de desplazados. Tal es el caso, por ejemplo, del CODEAC en Ayacucho, del IDCA y el SEPAR en Huancayo, del CODEH-Ica en Ica, de Visión Mundial e IPAZ en Huanta, de EPRODICA en Huancavelica. Sin embargo el proceso de organización de los desplazados ha avanzado a tal punto que a la fecha disponen de un mayor nivel de autonomía con respecto a las ONGs.

78Entre los años 1993-1997, las organizaciones de desplazados readecúan su quehacer en función de las exigencias propias de la etapa vivida:

  1. en el caso de la población desplazada insertada, apoyando en la generación de microempresas, programas de crédito, regularización del acceso a lotes de terreno en áreas periurbanas, etc.;

  2. en otros casos, organizando el retorno;

  3. siempre, impulsando la participación ciudadana en los gobiernos locales.

79En términos generales las organizaciones de desplazados han contribuido significativamente al desarrollo de una conciencia de derechos y de ciudadanía.

El rol de la mujer

80Las mujeres cumplen un papel dinamizador en las organizaciones de desplazados asumiendo la interlocución con el Estado e Instituciones privadas especialmente en el periodo de la Emergencia. Muchas veces organizadas en los Clubes de Madres, las mujeres asumen las tareas de la defensa de los derechos humanos con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de las Mesas Regionales sobre Desplazamiento, de la CONEP, de las Vicarias de Solidaridad de la Iglesia Católica de Huancayo, la Selva Central y Apurímac.

81En medio de la violencia y el desplazamiento la mujer asume nuevos roles: diversifica sus áreas de trabajo y responsabilidad en tanto que productora pero también como jefe de familia en el caso de numerosas viudas y madres abandonadas. Participa en nuevas formas organizativas como los Clubes de Madres, Asociaciones de Mujeres, que surgieron para afrontar situaciones de emergencia y que luego adquirieron continuidad. Las mujeres han asumido tareas tradicionalmente asignadas a los varones, con gran potencial para autogenerar recursos y contribuir en la tarea de la reconstrucción.

82Las organizaciones de mujeres extienden hoy el espectro de sus actividades (a talleres artesanales o huertos por ejemplo) llegando a influir cada vez más en su entorno social (barrial, comunal). Por la amplitud de la cobertura social de sus bases y en medio del debilitamiento organizativo de la sociedad civil, llegan a ser en diversas regiones las organizaciones de mayor representatividad. Sus organizaciones generaron movilizaciones populares en defensa de la vida en Ayacucho, Huancavelica y Huancayo en los períodos más críticos de la violencia, cuando las organizaciones gremiales y político partidarias se encontraban paralizadas.

83En la etapa actual de rehabilitación, las mujeres organizadas participan de modo relevante para la obtención de servicios básicos para la población (servicios de agua, desagüe, servicios de salud, educación) tanto a nivel comunal como en los Asentamientos Humanos, los Consejos Distritales, Provinciales y en las Mesas de Concertación. Las organizaciones de mujeres en la Selva Central también procesan los efectos de las pugnas interétnicas entre colonos y nativos: las organizaciones sociales de base de mujeres nativas han empezado ha crear instituciones de segundo nivel y las organizaciones de mayor nivel están lideradas por mujeres colonas20.

84Sin embargo, las mujeres enfrentan actualmente el reto de consolidar los roles asumidos en el período de la violencia y en el desplazamiento, confrontándose a la tendencia, en las condiciones actuales de paz, de revertir lo avanzado. Como afirma la antropóloga Amparo Esquivel,

A pesar de lo importante, la participación de la mujer -en el contexto de la violencia política y de crisis- no ha sido resultado de un trabajo de aprendizaje paulatino, de sedimentación de los nuevos roles. Lo que motiva, en las nuevas condiciones de seguridad, niveles de retroceso en lo logrado, particularmente en el caso de las comunidades de retornantes y resistentes21.

85Así mismo las organizaciones de mujeres presentan dificultades de institucionalización: desarticulación entre sus diferentes niveles de organización (Comunal, distrital, regional); ausencia de planificación de su misión a mediano plazo; ausencia de reconocimiento por parte del Estado y de las instituciones de la sociedad civil de los espacios públicos que han conquistado en la Emergencia.

86La diversidad de roles asumidos por la mujer trae como consecuencia una recarga de trabajo, particularmente sobre la población femenina desplazada. Es evidente que las mujeres solamente podrán hacer frente a su nueva situación si la sociedad logra establecer una nueva distribución de roles en el seno de la familia: mayor responsabilidad de los varones, además de las productivas, en las labores domésticas y en la crianza de los niños. Lo que significa una nueva relación hombre-mujer en el hogar y en los espacios públicos (comunidad, microregión, región), una mayor igualdad en las relaciones de género.

La institucionalidad comunera

87Hacia 1994, al finalizar el ciclo de violencia política, en el Perú existían 5 168 comunidades campesinas, en posesión de 13 millones de hectáreas y albergando en su seno aproximadamente a 2 millones de personas. El 90% de comunidades se encuentran en la Sierra. Estas cifras demuestran, a pesar de adversidades centenarias y coyunturales, la vitalidad de este tipo de organización social ancestral22.

88Los efectos de la violencia y el desplazamiento en las comunidades, revisten diversos matices según regiones y zonas: Fueron mucho más intensos en Ayacucho y la Selva Central, seguidos de Junín, Huancavelica y Apurímac. En el interior de cada uno de los departamentos en mención hay a su vez disparidad de condiciones y efectos. Por ejemplo Ayacucho, conformado por tres zonas (Norte, Centro y Sur) claramente correlacionables con niveles de alta, media y baja intensidad de la violencia y el desplazamiento. De modo similar, en el Valle del Mantaro y Apurímac, se constata la correlación con niveles de alta y baja intensidad de la violencia política y el desplazamiento entre las zonas Altoandinas y las del Valle Bajo. En Huancavelica, las provincias más afectadas son las de Angaraes, Castrovirreyna y Huancavelica, constituyendo áreas de menor incidencia las de Tayacaja, Churcampa y Acobamba.

89En las relaciones intrafamiliares comuneras la violencia ha aumentado también como efecto derivado de la violencia experimentada por los miembros del grupo familiar y por el deterioro de la salud mental. El patrón de conducta que asigna al varón el rol de autoridad aún por medios violentos confluye con el hecho de que son los varones los que generalmente agreden física y psicológicamente a sus mujeres e hijos.

90Una consecuencia relevante de la violencia y el desplazamiento en el campo, es el cambio de patrón de asentamiento poblacional. En el área rural, especialmente en la zona Altoandina de Ayacucho, Huancavelica y Junín han surgido concentraciones poblacionales que inicialmente se constituyeron como un mecanismo de defensa frente a la agresión senderista, y luego en las nuevas condiciones de paz, permanecen en tanto sus nuevos asentamientos les posibilitan el acceso a servicios: carreteras, escuelas, postas de salud, electrificación y visitas de apoyo de diversas instituciones. Lo que es más significativo, estos comuneros de nuevo tipo -como podríamos calificarlos- asocian el ejercicio de derechos, de ciudadanía, con la vida urbana.

91Las nuevas condiciones generan cambios en la visión de futuro entre los comuneros, especialmente entre los jóvenes, en cuanto a impulsar proyectos productivos u optar por ocupaciones nuevas.

92Las condiciones de mejor organización comunal posibilitaron la resistencia frente a Sendero, en tanto que las comunidades de menor población o menor nivel de cohesión social se desplazaron y/o reconcentraron en comunidades mayores. Empero se constató en los Talleres, que no existe una relación directa entre mejor organización comunal y mejor situación al finalizar la guerra. La acción de otros actores sociales, como la conducta política de Sendero, la Iglesia Católica, la actitud de los desplazados, de los residentes en Lima, de los Congresistas, etc., están de por medio para que no se cumpla lo que al parecer sería lógicamente natural.

93No es posible comprender la resistencia comunera durante el período de la violencia política, el mantenimiento de los lazos entre la población desplazada comunera, la organización del retorno y la actual etapa de rehabilitación sin tomar en cuenta el referente normativo de la comunidad campesina. Es entonces indispensable entender que la misma es un espacio de encuentro cultural; una instancia de acceso a recursos, de generación de consensos, de autogobierno, de interlocución con el Estado. Por estas razones, y aunque no esté exenta de conflictos, la comunidad campesina mantiene su vigencia y ha sido capaz de incorporar nuevas formas organizativas surgidas en su seno y constituye el referente básico en la reconstrucción del tejido de la sociedad civil rural.

Las Rondas o Comités de autodefensa campesina

94La comunidad campesina ha sido capaz de asimilar a su normatividad, nuevas formas organizativas como Las Rondas o Comités de autodefensa. Surgieron primero a fines de los años 1970 en el norte del país, antes del conflicto armado interno, convirtiéndose más tarde en uno de los factores para la contención del avance senderista en esta región. En la región centro-sur del Perú, nacieron como un modelo organizativo contrainsurgente patrocinado por las Fuerzas Armadas. El año de 1992 las Rondas campesinas del norte fueron incorporadas a la estructura jurídica nacional de los Comités de autodefensa a través del D.L. N° 077/1992 que establece el reglamento y funciones de los referidos comités.

95En la realidad, son notorias las limitaciones del estado para garantizar la seguridad ciudadana en las ciudades y, más aún, en el campo. Por ello, al margen de los reglamentos y a pesar de seguir dependiendo orgánicamente del Comando de las Fuerzas Armadas, los Comités de autodefensa de la Sierra Central y la Sierra Sur, en el contexto de post-guerra asumen cada vez más las funciones que previamente desempeñaban las rondas norteñas en la solución de conflictos (abigeato, maltratos físicos, peleas, robos, violaciones). Cumplen tareas de control del orden público, intervienen al lado de la autoridad comunal (presidente, juez de paz no letrado y teniente gobernador) para la administración de justicia, integrándose en el sistema de autoridad comunera. Actualmente los directivos de estos Comités son electos y fiscalizados por la Asamblea Comunal.

96Los Comités de autodefensa siguen cumpliendo a su vez con las tareas de preservación de la seguridad frente a ataques externos, efectivizando los turnos de vigilancia cotidianos y patrullas ocasionales, en la medida de que Sendero Luminoso subsiste y realiza incursiones intempestivas en algunas comunidades principalmente para proveerse de víveres e intentar un trabajo político con un pretendido nuevo discurso.

97Los actores sociales no diferencian comunero de rondero, en todo caso la identidad predominante es la de productor agropecuario, la de comunero. Existen casos aislados de abusos de parte de los Comités de autodefensa. Subsiste una carencia de mecanismos de fiscalización de los mismos por los organismos comunales o los gobiernos locales. A pesar de esto, hasta hoy no se han producido la especialización militarista de dichos Comités ni su privatización, tal como algunos preveían en particular para la zona de Selva (como la Colonización del río Apurímac) debido a la influencia del narcotráfico. Al contrario, en la Selva Central, la organización de las comunidades nativas que agrupa a 370 comunidades (del Pichis, Gran Pajonal, Perené, Satipo, Pangoa y del río Apurímac), ha pasado a constituirse en uno de los principales actores sociales de su región. Esto gracias, en parte, a la organización de sus Comités de autodefensa con relativos márgenes de autonomía frente al ejército.

98A partir de su participación en los comités de autodefensa, los comuneros fortalecen su autoestima, en tanto se saben en gran medida vencedores de Sendero Luminoso, sintiéndose capaces de preservar la seguridad ciudadana en sus respectivas comunidades. Otra es la percepción que tienen de las fuerzas policiales. En efecto, la institución policial, luego de la experiencia del conflicto armado interno, está muy desacreditada, aún más en la población rural que en la población urbana.

99En estas condiciones, queda abierta la posibilidad de convertir los Comités de autodefensa en serenazgos rurales bajo control comunero y municipal, en función de la preservación del orden público en el campo y dentro del marco legal dispuesto por el artículo 149 de la Constitución vigente (1993):

Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La Ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

La institucionalidad estatal en el campo

100Los Consejos municipales distritales y los consejos menores, por su capacidad de convocatoria son la instancia estatal más cercana a la sociedad civil. Por tal razón sobre la base de ellos es posible avanzar hacia el logro de la articulación de instancias supracomunales de concertación entre todos los actores de la sociedad. En base a una participación ciudadana y al respeto de la representatividad real, es factible el logro de consensos a fin de elaborar y realizar proyectos de desarrollo local mediante una mayor capacidad de interlocución con el Estado, con otras instancias de la sociedad a escala mayor y con la cooperación internacional.

101Se vienen produciendo experiencias de este tipo en las municipalidades de Cotarusi (Apurímac), Ayahuanco (Ayacucho) con importante participación de los de desplazados retornantes y en la Mesa de Concertación de la Provincia de Huanta, entre otras. En dichas experiencias se articulan organización de base y gobierno local, a través de mecanismos de participación institucionalizados, en la perspectiva de avanzar hacia la construcción de un horizonte cultural más democrático.

102En cuanto a la administración de justicia, al sistema de autoridades, a la representación política, constatamos que la administración estatal es deficitaria en cuanto su capacidad de cobertura, especialmente en el espacio rural. Por lo tanto es fundamental apoyar las formas de administración de justicia existentes efectivizadas por la comunidad campesina, delimitando las funciones de las autoridades (del presidente y la junta directiva de la comunidad, del agente municipal, del teniente gobernador, del juez de paz, del Comité de autodefensa, de los Clubes y Asociaciones de mujeres).

103La Defensoría del Pueblo en convenio con organizaciones de base y ONGs comprometidas en proyectos de educación ciudadana tiene muchas posibilidades de contribuir en esta tarea urgente en un contexto de post-guerra, incorporando desde las organizaciones sociales autónomas y la administración estatal mecanismos democráticos como la elección de jueces de paz o el respeto a las ternas presentadas por la comunidad campesina para la nominación de las autoridades.

104Luego de más de una década de conflicto armado interno, pese a las terribles secuelas del mismo, se da la oportunidad de ampliar la base social del Estado avanzando al mismo tiempo en su democratización, allí donde nunca antes estuvo: Las zonas Altoandinas de la Sierra Centro-Sur, entre las minorías étnicas de la Región Selvática. Cumplir este reto es posible, a condición de reformular la relación Fuerzas Armadas-autoridades políticas civiles y sociedad civil en su conjunto, de que el Estado de Derecho se mantenga vigente, de que se produzca la democratización de los gobiernos locales y de que se superen las exclusiones sociales y étnicas.

Perspectivas

105Las consecuencias derivadas del conflicto armado interno demandan proyectos integrales que involucren al conjunto de la población afectada por la violencia política y no solamente a la población desplazada. Dichos proyectos requieren del compromiso del Estado, de la cooperación internacional y de la sociedad civil en la tarea de reconstrucción con políticas de mediano plazo en la perspectiva del desarrollo sustentable.

106Actualmente son notorios la ausencia de políticas para la población insertada y los desbalances entre la situación y prácticas reales de los desplazados que retornan al interior de espacios intraregionales y las prácticas del Estado, que auspició retornos desde Lima y que son demostradamente los menos sostenibles23. La continuidad de las marchas de retorno dependerá de los efectos demostrativos de los logros en la rehabilitación económica social y cultural de las comunidades retornantes. La continuación de la crisis en la zona selvática del país a causa de la caída sostenida del precio de la hoja de coca es un factor que contribuye a la opción de retorno para estas poblaciones de colonos que se dirigen ahora a la Selva Alta colindante con la zona serrana y hacia los valles intrandinos. Las comunidades indígenas o nativas de la Amazonía, particularmente de la Selva Central, tienen por su parte una alta vocación de retorno a sus tierras debido en parte a que reconocen que el mundo urbano o rural andino es, en términos culturales, cualitativamente diferente al de su etnia.

107Por lo expuesto es entonces previsible el incremento significativo del retorno de las comunidades indígenas. Queda sin embargo pendiente el conflicto por tierras entre nativos y colonos así como la posibilidad de confrontaciones con las columnas senderistas en acciones focalizadas. Además la nueva Ley de Tierras N° 2605, que promueve la titulación individual de tierras en las comunidades, puede generar conflictos intercomunales por titulaciones mal hechas, a la existencia de padrones desactualizados, sin catastros internos y con oficinas de registros públicos que no están preparadas para asumir esta tarea.

108Por otro lado, el principal problema que deben afrontar los proyectos de desarrollo en las comunidades altoandinas, es cómo inducir a la mejora de la producción de variedades y especies que reduzcan riesgos y aumenten la productividad de la mano de obra. El cambio técnico con reducida inversión se presenta como la alternativa. Pero un tal desarrollo no puede basarse exclusivamente en la actividad agropecuaria. Esta debe integrarse con actividades de transformación, de comercio, con la explotación minera (en Huancavelica y Pasco particularmente), en el contexto regional específico, en la medida en que los mercados funcionan en una estrecha relación urbano-rural.

109De este modo la familia desplazada (la mujer incluida), aunque aún en condiciones desventajosas, se incorporará cada vez más al mercado a través del mercado laboral, de la oferta de su producción, así como por la adquisición de bienes que requieren de capacitación laboral, de la gestión del manejo de costos, etc.

110Con relación a la problemática de género, los proyectos deben plantearse en términos de mediano y largo plazo, sensibilizando en un primer momento a la sociedad sobre la existencia de la inequidad entre géneros y la necesidad de superarla. La sociedad debe reconocer el rol que han jugado las mujeres en la época de la violencia y que éstas han asumido y mantienen con responsabilidad funciones que hasta antes eran competencia de los varones. En las comunidades campesinas, para lograr niveles de equidad en las relaciones de género se debe trabajar propuestas de mediano y largo plazo. Tomando en consideración el patrón cultural patriarcal prevaleciente, las propuestas de intervención sobre este aspecto deben ser concertadas y acordadas entre los agentes que intervienen en estas zonas. Es necesario en particular incorporar contenido de género en temas de capacitación dirigido a varones, a fin de que comprendan el rol de la mujer y brinden un apoyo socio-emocional para fortalecer la autoestima femenina y facilitar la continuidad de su participación en distintos niveles de decisión (comunal, municipal, etc.). Así mismo, los programas de salud reproductiva deben incorporar a los varones, para garantizar una efectiva preservación de la salud de la mujer en su condición materna.

111Es esencial la creación de un marco jurídico y económico que permita la reconfiguración y afirmación del poder civil en las zonas de emergencia, que redefina las relaciones entre civiles y militares, que fortalezca la reestructuración democrática del tejido social de las comunidades campesinas y nativas y que solucione los problemas jurídicos (de los familiares de las asesinados, de los requisitoriados e indocumentados en primer lugar) generados por la violencia política. La Mesa Nacional sobre Desplazamiento elaboró un Anteproyecto de Ley sobre el “Régimen de Protección y Reparación Social a la Población Afectada por le Proceso de Desplazamiento en el Perú”. De igual manera, la OIM y la ONU han presentado dos proyectos de ley: el de “Protección y Reparación Social a la Población Afectada por el Proceso de Desplazamiento en el Perú” y el de “Protección y Asistencia a los Desplazados Internos del Perú”.

112El escenario de las poblaciones afectadas por la violencia política es el de pobreza extrema. Si bien se constatan algunos avances con relación al período de la Emergencia, su situación exige el cumplimiento de tareas de reconstrucción y de rehabilitación como condiciones previas para el desarrollo de las mismas en una perspectiva estratégica. El gobierno ha anunciado un Programa de Lucha Contra la Pobreza con el objetivo de sacar de ella a un 50% de los pobres extremos del país, en un lapso de los próximos tres años. Los estimados oficiales para 1997 indican que la población en situación de extrema pobreza es de 4.5 millones de personas (ENNIV), cuyo gasto total es inferior al costo de una canasta de alimentos (estimada en 33 dólares per cápita mensual) que cubra requerimientos nutricionales mínimos. Desde la experiencia de las instituciones conformantes de la Mesa Nacional sobre Desplazamiento, considerada la envergadura de la tarea, para ser lograda de manera eficaz, su cumplimiento requiere de la concertación entre todos los actores sociales: estado, gobiernos locales, organizaciones de base, iglesias, ONGs, cooperación internacional. La planificación, la elaboración de proyectos integrales, la ejecución y la evaluación de los mismos, debe ser producto de dicha concertación. De lo contrario es muy probable que se reproduzca el asistencialismo en proporciones mayores, que el gasto público efectuado no sea provechoso a largo tiempo, sin haber contribuido a sentar bases para el desarrollo sostenible.

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Notas

1 El Seminario tuvo lugar en julio de 1997.
2 Los Talleres Regionales contaron con el auspicio del Programa de Ciudades Sustentables –PCS- de la ONU, de OXFAM -Inglaterra y DIAKONIA –Suecia.
3 “¿Dónde está el futuro?”, en Avancso, N° 8, Guatemala, julio 1992, p. 13.
4 Miembro de una Ronda o Comité de autodefensa campesina.
5 Expresamos nuestro agradecimiento por su acompañamiento y comentarios al Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA). Sus especialistas asistieron a cada uno de los Talleres Regionales, al Pre-taller y al Seminario Nacional de la Mesa Nacional sobre Desplazamiento organizado conjuntamente con SEPIA. Así mismo, expresamos nuestro reconocimiento a la Coordinadora Nacional de Desplazados y Comunidades en Reconstrucción (CONDECOREP) y sus bases, por su participación y aporte en los mencionados Talleres Regionales.
6 “Reconstruir instituciones”, en Idéele, 1994, N°71-72, p. 182.
7 Fuente : DESCO – Idéele, Abril 1997. Asesinados entre las cuales eran civiles y presuntos subversivos el 89.6% (Defensoría del Pueblo, 1997).
8 Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, hacia julio del 2002, el número de desaparecidos ascendía a 8,000 personas (nota del coordinador de este número de Les Cahiers Alhim).
9 Seminario Nacional Descentralizado SEPIA y la Mesa Nacional sobre Desplazamiento, febrero y julio de 1997.
10 El ACNUR estima en 310,000 el número de personas desplazadas en el país (ver Aproximación a la situación de los desplazados del Perú, ACNUR, Lima, 1993). La Comisión Técnica Gubernamental de 1992 estimó en 400,000 el número de desplazados. El CEPRODEP, para el año de 1994 consigna un estimado de 600,000 personas desplazadas.
11 Defensoría del Pueblo, Lima, 1997 (información extraoficial).
12 SEPIA – Mesa Nacional sobre Desplazamiento, Lima, julio 1997.
13 Mesa Regional del Centro, “Informe al Taller sobre el proceso de desplazamiento”, Huancayo, Abril de 1997.
14 Ana María Rebaza, “Reconstrucción en el escenario urbano”, Ponencia en el Pre-Taller Nacional de evaluación sobre el proceso de desplazamiento, Lima, 7-8 de julio de 1997.
15 Ver Consultoría, Base de información sobre desplazados internos en sus lugares de residencia temporal o definitiva, OIM, Ministerio de la Presidencia, Lima, 1995, p. 95.
16 Autoridad tradicional de una comunidad u ayllu.
17 En ambos casos el retorno se frustró dos años después, por el recrudecimiento de la violencia.
18 Equivalentes a 0.30 dólares diarios por persona o 35 dólares mensuales por familia.
19 Información de IPAZ, Huanta (Ayacucho), 1997.
20 Cipa, 1997.
21 Taller regional de desplazados de Apurímac, 1997.
22 Censo agropecuario, 1994.
23 El PAR informa que hasta el año 1996 apoyó el retorno organizado de 6,126 personas desde Lima a 31 centros poblados de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Junín. Ver Memoria del PAR, Lima, Presidencia de la República - PROMUDEH, 1996, p. 26.
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Mesa nacional sobre desplazamiento - SEPIA, « Balance del proceso de desplazamiento por violencia política en el Perú (1980-1997) », Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 5 | 2002, Publicado el 23 junio 2006, consultado el 23 agosto 2017. URL : http://alhim.revues.org/647

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