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Violencia

Desplazamiento, inserción y retorno en Ayacucho (1993-1997) 1

Isabel Coral Cordero

Full text

1El desplazamiento es un fenómeno relativamente nuevo en el Perú. Se trata de un nuevo tipo de migración que tiene como factor determinante la violencia política. A diferencia de la migración tradicional, el desplazamiento se caracteriza por ser forzado, compulsivo, intempestivo y regresivo en tanto reduce sus objetivos a la preservación de un derecho elemental, como es el derecho a la vida.

2El desplazamiento afectó aproximadamente a 600 mil personas (120 mil familias); algo más del 80% de éstas procedentes de la región sur central del país (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín) y el 70% del total provenía del sector rural (comunidades andinas y de la región Amazónica)2. Después de más de una década, en 1993 el fenómeno ingresa en su etapa resolutiva en torno a dos propuestas básicas levantadas por la propia población afectada: el retorno a sus comunidades de origen y la inserción en zonas de refugio.

3Después de iniciada en 1993 la construcción de estas alternativas resolutivas, el presente estudio tiene como objetivo realizar un balance del proceso de desplazamiento en Ayacucho en el período de 1993-1997. Para tal fin nos proponemos analizar los cambios en el contexto económico social y político de la región, evaluar los alcances y límites de la construcción de alternativas resolutivas y determinar los cambios ocurridos en la situación económica, social y cultural de la población afectada por la violencia política, en particular los desplazados.

4Las tesis a las que llegamos para determinar hasta dónde el camino recorrido por los desplazados ha logrado sus objetivos y cuáles son los factores y las dimensiones por las cuales enfocar la viabilidad de las alternativas, surgen sobre todo del trabajo llevado a cabo con las poblaciones afectadas:

  1. Talleres de autodiagnóstico en 6 provincias del Departamento, con la participación de 283 líderes de base: dirigentes comunales, ronderos, clubes de madres y autoridades locales. El 40% de éstos fueron representantes de las organizaciones de mujeres.

  2. Registro de 132 comunidades de 26 distritos y 6 provincias del norte del departamento.

  3. Aplicación de 167 encuestas familiares a una muestra de dirigentes hombres y mujeres participantes en los talleres de autodiagnóstico seleccionadas al azar. Los encuestados provienen de 99 comunidades, 33 distritos y 6 provincias del norte del departamento.

LA FRAGILIDAD DEL CONTEXTO REGIONAL

5Luego de la derrota estratégica de Sendero Luminoso en 1993 asistimos a la inauguración de un nuevo período en la historia regional, caracterizado por el descenso de la violencia política, la profundidad de la situación de emergencia acumulada por la población afectada (en particular los desplazados) y un proceso abierto de movilización y organización, en torno a la construcción de alternativas resolutivas de su problemática.

6En la situación actual, constatamos un proceso creciente de “normalización” de la dinámica regional, entendida como el restablecimiento de la vida institucional, de espacios públicos perdidos y de las actividades cotidianas, sobre una base social y económica trastocada por las secuelas de la guerra. Sin embargo, este proceso está fuertemente incidido por dos factores exógenos: la crisis económica y el rebrote de la violencia política. De tal modo que, a pesar del tiempo transcurrido, la fragilidad económica, social y política es aún el rasgo principal del contexto regional.

Las secuelas de la violencia política

7Sobre una base social asentada en una economía atrasada y altamente vulnerable, el impacto de la violencia política en la región sur central, en particular en el departamento de Ayacucho, en lo fundamental ha determinado la profundización de viejos problemas y el surgimiento de nuevos. En consecuencia es posible afirmar que la base social y económica es hoy más precaria y vulnerable que antes de los 80.

8Indiscutiblemente el factor determinante de la situación de violencia enfrentada por el pueblo peruano durante los últimos quince años ha sido la voluntad política y militar de Sendero Luminoso, sin embargo tenemos que reconocer también que las facturas estructurales preexistentes sustentaron en alguna medida los logros parciales del proyecto violentista.

9La precariedad de la base económica y social del departamento es un rasgo preexistente a la situación de violencia política. Su agravación hacia 1997 se expresa en situaciones tales como:

10- La crisis crónica de la actividad agrícola debida a: la calidad de las tierras (sólo 14% tienen riego), la fragmentación de la propiedad, los débiles vínculos con el mercado y la ausencia de políticas de desarrollo agrario. En el aspecto económico, además, la reducción de la producción agrícola y pecuaria (en un 50%) se sumó a la fuga de capitales, motivada por el desplazamiento paralelo a la guerra, por la reducción sustantiva del mercado laboral debida a la desactivación de las construcciones y los proyectos de colonización en la selva, así como por la profundización de los problemas estructurales del sistema comercial. Todo esto aceleró, a la vez, la desarticulación de estrategias de sobrevivencia y desarrollo de la población campesina y urbano-marginal.

11- Las relaciones políticas, históricamente atravesadas por una contradicción entre el carácter autoritario y excluyente del sistema y el carácter contestatario del movimiento social. La mediación de los partidos políticos no hizo más que profundizar la contradicción debido a su incapacidad para articular proyectos regionales alternativos.

12- La emigración de la población del departamento es una de las más altas del país. La tasa migratoria (media entre población inmigrante y emigrante) es negativa en Ayacucho (-8.56%), alentada también por las expectativas de progreso. La misma fue positiva de 13.5% en 1981.

13- Aproximadamente el 64% de los niños de 6 a 9 años sufren estados de desnutrición crónica, con mayor incidencia en la Provincia de Huancasancos (79%) y Víctor Fajardo (72%).

14- Alrededor de 100 de cada mil niños mueren antes de cumplir el primer año de vida.

15- La tasa de analfabetismo para 1981 era del 45.1% mientras que, a nivel del país, era del 18.1%, siendo las mujeres las más afectadas.

16Ayacucho es el departamento más afectado por violencia política en el ámbito nacional: este impacto no ha sido homogéneo debido a la mayor o menor intervención de los senderistas. Principalmente 6 provincias del norte fueron las más afectadas, las comunidades y población campesinas (sierra y selva) y en segunda instancia la población urbano marginal.

17A pesar de que resulta difícil una valoración rigurosa de las secuelas de la violencia política, nos limitaremos a enunciar algunos indicadores:

18- En el aspecto material los daños son cuantiosos quedando afectada la infraestructura vial, social, productiva, y de vivienda de dos modos específicos: destrucción directa y/o deterioro por abandono. De una muestra de 132 comunidades ayacuchanas tenemos que el 32% de locales de uso comunal y el 28% de viviendas han sido destruidos.

19- El saldo más elocuente se expresa en el arrazamiento y/o abandono total de 435 comunidades en la región sur central del país, de las cuales el 70% en el departamento de Ayacucho.

20- El impacto en el aspecto político ha sido doble: por un lado, la radicalización de las tendencias autoritarias y excluyentes en algunas franjas del poder y la sociedad (expresiones de racismo y exclusión étnico cultural) y la desarticulación del tejido social (el movimiento regional naciente y las organizaciones sociales se reducen a su mínima expresión por muerte, desplazamiento y/o desactivación de la mayoría de sus líderes).

21- Los partidos políticos que venían de una campaña importante en torno a la lucha por el retorno a la democracia y la participación electoral, prácticamente desaparecieron en el contexto de violencia política debido a la dificultad para articular un proyecto alternativo para la región, sumiéndose en una profunda crisis que hasta el momento no han logrado superar.

22- El vacío de representación generado explica el surgimiento de nuevos actores sociales en el contexto de violencia: las organizaciones de mujeres, las rondas campesinas y las organizaciones de desplazados, quienes asumieron la gran tarea de la resistencia como una condición para su supervivencia individual y colectiva.

23- De los estudios de la Comisión Especial del Senado de la República y otros organismos especializados se calcula que aproximadamente serían 30 mil los muertos como consecuencia de la violencia política a escala nacional; el 30% de éstos (aproximadamente 9,000) se habrían producido sólo en el departamento de Ayacucho.

24- Se constata la existencia de una franja importante de víctimas: viudas, huérfanos, discapacitados..., la mayor parte ubicadas en el departamento de Ayacucho. Hasta el momento no existen estadísticas al respecto.

25- Según el mapa de desplazamiento elaborado por CEPRODEP3, algo más del 80% del total de desplazados proviene de la región sur central del país. En el caso del departamento de Ayacucho aproximadamente la mitad de la población total en algún momento fue víctima de desplazamiento y más del 50% de los desplazados se refugiaron internamente, con lo que Ayacucho se convirtió en el expulsor y receptor más importante de todo el país.

26- Otro segmento importante de población afectada son los autodenominados “resistentes”, vale decir los que han permanecido en sus lugares de residencia haciendo frente a la violencia. Se calcula que en la región sur central son cerca de un millón de personas. En el caso particular del departamento de Ayacucho –según nuestra muestra de estudio– éstos constituyen el 52% de la población actual de las comunidades afectadas.

27- Se calcula que por lo menos medio millón de niños y jóvenes de las zonas afectadas, principalmente en la región sur central, enfrentan un cuadro de estrés postraumático. En el caso particular de Ayacucho, en una muestra de 482 niños entre 4 y 12 años en 10 comunidades, nuestros equipos de trabajo constataron que la totalidad de éstos han sido afectados por este fenómeno en algún grado y que el 95% de estos casos son también reversibles, sólo el porcentaje restante requeriría de una intervención especializada.

Rebrote de violencia política

28A pesar de su derrota estratégica e irreversible en 1993, la presencia localizada de Sendero con relación a la etapa anterior ha tenido un crecimiento relativo, incrementándose también los riesgos en algunas zonas y sectores de la población. Si bien no existe la posibilidad de retorno a la situación de violencia política anterior, es previsible que el rebrote relativo que hoy constatamos pueda incrementarse algo más en contextos electorales.

29En el ámbito nacional y desde 1993 la presencia de Sendero y, por tanto la persistencia de la violencia política, se produce en tres puntos focales ubicados principalmente en la región amazónica. Al parecer el frente principal de Sendero en este nuevo período es el Valle del Huallaga.

30a.- El valle del Huallaga, comprometiendo algunas provincias del Norte de Huánuco, Sur de San Martín y la zona limítrofe con el departamento de Ucayali.

31b.- La Selva Central: la provincia de Satipo, en el departamento de Junín.

32c.- Ayacucho, involucrando en diferentes grados a las 6 provincias del norte: La Mar, Huanta, Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

33En el entorno inmediato de estos puntos focales se constata una presencia no militar de Sendero: tránsito de columnas armadas, hostigamiento, presión, infiltración, y hasta de acercamiento a la población civil. En el caso de Lima no se han detectado con certeza acciones militares.

34El rebrote en Ayacucho compromete en la situación actual principalmente a las 6 provincias del norte en grados y modalidades diferenciadas:

35a.- El foco principal se ubica en las provincias de Huanta y La Mar. En Huanta en los distritos de Ayahuanco y Santillán (frontera con Huancavelica) y el distrito de Sivia (frontera con La Mar y Cusco). En La Mar en los distritos de Ayna y Chungui (en las fronteras con Huanta y Cusco) y en los distritos de Tambo y San Miguel (entre ceja de Selva y Sierra).

36b.- Otro foco importante de la presencia militar de Sendero Luminoso es la capital de la provincia de Vilcas Huamán (frontera con la provincia de Víctor Fajardo) y los distritos Concepción y Saurama (frontera con Apurímac).

37c.- En las provincias de Huamanga, Cangallo y Víctor Fajardo se ha incrementado la presencia de Sendero, pero no se han producido hasta el momento acciones militares.

38Las autoridades y dirigentes comunales, hombres y mujeres, coincidieron en señalar que el problema afecta principalmente a las comunidades campesinas de las zonas más altas, más alejadas y de acceso difícil. Al parecer por estas mismas razones, entre otras, habrían sido elegidas por Sendero como zonas de su asentamiento.

39Según nuestra evaluación, en la región se ha producido un rebrote relativo de la violencia política que, si bien no alcanza los niveles y dimensiones del período pasado, pone de relieve que no se trata de casos aislados. Se advierte mas bien un plan articulado y su implementación supondrá el incremento relativo de esta presencia tanto política como militar en el esquema ya prefigurado. Más aún si consideramos que el contexto electoral es totalmente favorable para los fines de resonancia nacional e internacional que Sendero se propone.

40Lamentablemente no existe en la región una propuesta de pacificación integral y concertada que trascienda el esquema de las respuestas militares y acciones cívicas manejadas desde el Comando Político Militar. La realidad nos demuestra que las estrategias existentes no son suficientes para resolver definitivamente el problema.

41Luego de la derrota estratégica de Sendero Luminoso se inicia un proceso ascendente de normalización de la dinámica regional que supone básicamente el restablecimiento de la vida institucional, de espacios públicos perdidos y de las actividades cotidianas. Sin embargo, este proceso que se levanta sobre una base social y económica trastocada por las secuelas de la violencia, está además fuertemente afectado por la crisis económica y la persistencia de la violencia política, por lo que, a pesar del tiempo transcurrido y el desarrollo de algunas potencialidades, la fragilidad económica política y social es aún el elemento central del contexto.

42Del análisis de la dinámica de la normalización regional se desprenden algunas contradicciones que explican la fragilidad del contexto social y económico. Por un lado, entre la base económica atrasada con dificultades para el despegue y un proceso social y político nuevo que no compagina con la base económica y tiende a automatizarse. Por otro lado, entre los procesos democratizadores experimentados por las instituciones y organizaciones sociales y la estructura del poder todavía centralista y excluyente. Así se configura un nuevo proceso social y político cuyos elementos centrales son la búsqueda de la horizontalidad, flexibilización de las tradicionales relaciones jerárquicas, la afirmación del protagonismo de nuevos actores sociales antes excluidos (la mujer en particular) y por último la voluntad de concertación. El límite más importante que encuentra este proceso es la ausencia de canales y mecanismos de participación ciudadana que obstaculiza el acceso a niveles de decisión y la posibilidad de la institucionalización de estos cambios Se genera entonces una contradicción entre estas tendencias democratizadoras y la excesiva centralización del poder en el departamento y en el país.

LOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLITICA

43La construcción de alternativas resolutivas al desplazamiento ha sido durante los últimos años uno de los procesos más dinámicos en la región. La inserción y el retorno son las alternativas más relevantes. En nuestro caso no han sido excluyentes ambas y tienen como eje central el reforzamiento de las relaciones campo-ciudad, siendo el campo el referente principal, lo que nos permite afirmar que todos se consideran retornantes en algún sentido.

44A través de la ficha de registro de comunidades aplicada a una muestra de 26 distritos correspondientes a 6 provincias del norte, de un total de 132 comunidades que representan el 33% del total de comunidades a nivel departamental, nos hemos aproximado al controvertido tema de la cuantificación de los desplazados en Ayacucho.

45Del total de población antes del 80, el 55.8% se desplazaron y el 44.2% resistieron en sus propios territorios. Las provincias más afectadas fueron Vilcas Huamán, La Mar y Huanta con el 66.8; 65.1 y 64.0% de desplazamiento respectivamente.

Dinámica general del desplazamiento

46La construcción de alternativas resolutivas se inicia como un proceso exclusivamente de desplazados con una dinámica intensiva centrada en la alternativa del retorno. El mismo da lugar a la formulación mayor de la propuesta de reconstrucción y desarrollo local, que se propone enfrentar las secuelas de la violencia en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible. Esta propuesta genera muchas expectativas en la población afectada y en su desarrollo involucra a retornantes, residentes, insertados y hasta a los migrantes económicos. En todos los casos, y con algunas particularidades, se busca mantener o desarrollar vínculos con las ciudades.

47Todos estos sectores o franjas de población, si bien saben que estarán en permanente movimiento, han definido una ubicación, un lugar de residencia para la familia, organizando en torno a ella una estrategia de sobrevivencia y desarrollo que en todos los casos incluye la necesidad de recuperar, mantener y/o desarrollar la relación con la comunidad de origen, en algunos casos como eje principal y en otros como complementario. Hasta el momento no todos han definido una ubicación definitiva: queda una franja de población indecisa, principalmente entre los insertados (es decir aquellos que emigraron y lograron establecerse generalmente en los nuevos lugares de residencia y trabajo).

48Según la información proporcionada por los talleres de autodiagnóstico, la decisión de retornar o insertarse ha tenido como factores determinantes los siguientes:

49a. El problema económico es principal. La decisión se toma una vez determinada dónde es más seguro el auto sostenimiento para la familia.

50b. Las condiciones de seguridad y la profundidad de la experiencia traumática vivida.

51c. El grado de integración cultural. Los que lograron una integración y adaptación mayor se quedan mientras que los más desarraigados tenderán a retornar.

52El involucramiento de los migrantes económicos en el retorno tenderá progresivamente a incrementarse en tanto la crisis económica en las ciudades se profundice y algunas condiciones como la infraestructura, los servicios, la producción y la seguridad en el campo mejoren. Este proceso también enfrenta algunos problemas determinados principalmente por factores exógenos, los mismos que hasta ahora han sido adecuadamente administrados por la población y sus organizaciones. Si el influjo de estos factores se profundizan es probable que el equilibrio se rompa.

53- Un primer problema tiene que ver con la desintegración familiar. Si bien en los últimos tramos del período de violencia, tanto los retornantes como los insertados –desplazados prácticamente establecidos en ciudades, fuera de su lugar de origen-, lograron niveles de integración familiar, en la situación actual ambas poblaciones enfrentan una nueva amenaza de desintegración. Las dificultades para garantizar la sobrevivencia familiar los obliga a migrar por temporadas cada vez más largas al campo o la ciudad respectivamente para complementar sus ingresos.

54- Han surgido también muchas tensiones y conflictos entre los afectados, ocasionados por la pobreza y las diferencias culturales: De un lado, entre los retornantes y los resistentes, debido a que la llegada de los retornantes después de varios años supone la pérdida de algunas prerrogativas de los resistentes (uso de tierras de otros, disposición mayor del agua, pastos y otros recursos) la priorización del apoyo a los retornantes y por último la pérdida de prácticas y costumbres comunales de los retornantes. De otro lado, entre los retornantes y resistentes con relación a los insertados, a quienes cuestionan su intención de beneficiarse de la comunidad sin asumir compromiso alguno. La propuesta que informalmente se maneja es que la comunidad se posesione de sus casas y tierras.

55- Por último, se han constatado también éxodos recientes provocados por nuevos factores de riesgo como el impacto negativo de la lucha contra el narcotráfico y la proliferación del abigeato, que afectaron tanto las condiciones de seguridad como las de sobrevivencia.

56Si el influjo de estos factores de disgregación se profundizan es probable que el equilibrio establecido hasta hoy por las poblaciones y sus organizaciones se rompa.

Los retornantes

57Si bien el retorno ha sido la más dinámica de las alternativas, ha tenido también sus caídas cíclicas, debido al carácter dependiente de proceso, pero en todo momento la demanda de apoyo material y financiero para el retorno fue mayor que la oferta existente.

58En nuestra muestra de 132 comunidades afectadas se constata que el 50% de la población desplazada ha retornado hasta el momento, incrementándose este porcentaje en el caso de las provincias de Huanta, Huamanga y Vilcas Huamán con el 67.8; 65.1 y 64.4% respectivamente.

59Sin embargo, las expectativas de retorno al parecer son todavía mayores. En la muestra de comunidades registradas se informa que el 31% (4,077 familias) de los desplazados ubicados en las zonas de refugio tienen decisión de retorno pero no pueden hacerlo por falta de recursos. Esta tendencia es más acentuada en las provincias de Cangallo, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. El 19.8% (2,604 familias) de desplazados principalmente insertados en zonas de refugio siembran pero no viven. Lo que significa que, aún en el caso que no retornen, la relación con la comunidad de origen se mantiene y fortalece. Esta tendencia es mayor en las provincias de Cangallo, Vilcas Huamán y Huamanga.

60Entre las razones que alientan el retorno han sido mencionadas con mayor frecuencia las siguientes:

61- El desarrollo de obras de infraestructura ha tenido un impacto positivo en la población en general y en los desplazados en particular, generando la sensación de que algo de las ciudades se estaba trasladando al campo. En particular se valora la electrificación y la construcción de carreteras.

62- La agudización de los problemas de empleo y carencia económica en general en las zonas de refugio, en particular por el impacto, en este caso negativo, de las políticas del alcalde Andrade en Lima con relación a los ambulantes (es decir vendedores en la calle, de los cuales muchos desplazados).

63Los retornantes no tienen las mismas características ni la misma condición. La información recogida nos permite construir la siguiente tipología:

64a. El retornante próspero

65Son desplazados procedentes por lo general de los estratos medios y altos de las comunidades. En el refugio jugaron un rol político importante, sobre la base de sus mayores recursos, experiencia urbana y mayor grado de escolaridad. Se ubicaron mejor en términos económicos y logran mayor nivel de integración cultural en la ciudad. Sus expectativas son de progreso, valoran las potencialidades económicas sociales y culturales de la ciudad. Tienen compromiso con su comunidad. Al retornar se proponen como objetivo aprovechar los recursos disponibles para impulsar el desarrollo de su comunidad y asegurar un punto de apoyo económico y material para su bienestar y desarrollo personal y familiar. Probablemente esta franja detente el nuevo poder local.

66b. El retornante pobre

67Se trata de la mayoría de los retornantes. No lograron resolver sus problemas económicos ni su integración cultural en la zona de refugio. Valoran la modernidad de la ciudad, sobre todo el adelanto, la educación, pero están convencidos de que sus mayores posibilidades de sobrevivir y desarrollarse están en el campo. Su decisión de retornar es firme, han realizado muchos esfuerzos para regresar, están dispuestos a enfrentar la pobreza y todos los obstáculos que se presenten excepto la violencia política. Resueltos los problemas iniciales, probablemente jueguen un rol importante en la afirmación del nuevo perfil de las comunidades.

68Sin embargo, las estrategias de los retornantes prósperos y los retornantes pobres son muy parecidas (por lo menos en esta etapa): ambos se reubican en la comunidad, en la que permanecen mayormente las mujeres y los hijos pequeños, los hijos mayores quedándose en la ciudad. La itinerancia es un rasgo común a todos, pero en el retornante próspero es más familiar. En el retornante pobre es casi exclusivamente del esposo, también por trabajo, y de los hijos que quedaron en la ciudad, que regresan de visita y para ayudar en el trabajo. Este movimiento es más intensivo cuanto menor distancia haya entre las zonas de refugio y de origen. En perspectiva, para los primeros el campo será sólo un elemento complementario en su estrategia de desarrollo, una especie de finca, despensa y casa de campo, mientras que para los otros será el eje central de su estrategia, y el trabajo en la ciudad el complemento, por tanto su permanencia en la comunidad tenderá a afirmarse.

Los insertados

69Se ha constatado que el refugio de desplazados en las capitales de las provincias ha sido poco significativo. Se nos informa que en los momentos más difíciles la población bajaba a las ciudades pero sólo como mecanismo de protección inmediata. En todo caso la tendencia más usual fue el refugio extraregional o hacia la capital del departamento. Con relación al refugio interno se puede concluir que sólo en las zonas más afectadas y ciudades de mayor desarrollo urbano (como Huamanga, Huanta y La Mar), han surgido centros de refugio que luego se han institucionalizado como asentamientos humanos.

70La muestra de 1997 de comunidades registradas nos permiten constatar que cerca del 50% de la población desplazada aún permanece en zonas de refugio, siendo el porcentaje de insertados mayor que el promedio en las provincias de Víctor Fajardo (76.3%), Cangallo (62.7%) y La Mar (53.8%). En los últimos años, la alternativa de inserción definitiva de algún modo se alentó debido a las dificultades económicas de los desplazados para cubrir los costos del retorno. Parece ser que en la coyuntura posterior a 1998 esta tendencia tienda a revertirse y el retorno se vislumbra más posible.

71Con relación a las razones de la inserción se han señalado las siguientes:

72- Dificultades para mantener el nivel de vida de la ciudad en el campo.

73- Por sus aspiraciones de progreso, la ciudad les ofrece mejores posibilidades.

74- Muchos de ellos vendieron sus casas y terrenos y ahora no tendrían en qué ocuparse.

75- El recuerdo de la experiencia traumática vivida, no estando dispuestos a correr nuevos riesgos.

76También en este caso encontramos dos tipos diferenciados de insertados:

77a. Insertados prósperos

78Se trata de potenciales económicos, los que de todas maneras habrían salido del campo. Valoran las ventajas principalmente económicas, logran un nivel importante de integración económica y cultural en la ciudad. Su relación con el campo es principalmente económica pero también, migrando a la ciudad, buscan réditos políticos.

79b. Insertados pobres

80Son la mayoría de los insertados. Por lo general no han logrado una adecuada integración económica y cultural; lo que tienen en la ciudad es más de lo que podrían lograr en su comunidad, porque sus recursos son precarios y/o porque están distantes y desarticulados. Su identidad cultural los convierte en potenciales retornantes o insertados circunstanciales. Su comunidad de origen es fuente principal de alimentación y referente social y cultural.

81La mayoría de los insertados -principalmente internos (vale decir al interior del departamento)- mantuvieron y/o han restablecido su relación con sus comunidades de origen, de modo que hoy siembran y cosechan regularmente.

82El principal problema que enfrentan los insertados es la ausencia de políticas y programas de apoyo. El costo casi total de su inserción lo cubren con sus propios recursos. Lógicamente los que tienen más recursos avanzan en saneamiento físico legal, autoconstrucción, acceden a servicios aún a costa de endeudarse. Indirectamente el estado, algunos gobiernos locales, ONGs y sus propias organizaciones han ofertado algún apoyo puntual.

Los resistentes

83Un rasgo que caracteriza a “los resistentes” es su acción directa en el enfrentamiento de la violencia política como condición para sobrevivir, incluso físicamente. Como ellos mismos nos explicaban se diferencian de “los resistentes” en tanto éstos son pobladores de zonas y comunidades no afectadas o relativamente afectadas. Efectivamente estas comunidades han sido gravemente afectadas. En función de lo informado se sabe que han sido incursionadas entre 2 y 8 veces, principalmente por Sendero Luminoso. El caso extremo es el de Chaca, en Huanta, que ha sufrido 26 incursiones.

84Los resistentes provienen mayoritariamente de los estratos medios y bajos del campesino comunero; a pesar de los riesgos afrontados no optaron por la alternativa del desplazamiento debido a la falta de experiencia urbana y de recursos económicos materiales y culturales. En la muestra encontramos que el 44.2% de la población resistieron la violencia política en sus propios espacios geográficos. En las provincias de Cangallo y Víctor Fajardo encontramos un porcentaje mayor de resistentes con relación a los desplazados con el 56 y 53.9% respectivamente. Sin embargo, su presencia y problemática no fue evidenciada hasta después de la derrota estratégica de Sendero.

85Los resistentes constituyen en la situación actual el 52% del total de la población que vive en comunidades contra 33.2% de retornantes y el 14% de “alojados” (refugiados internos). El porcentaje de resistentes es mayor aún en las provincias de Víctor Fajardo y Cangallo, con el 67.6 y 61.2% respectivamente.

86La salud mental de los resistentes, en particular la de mujeres y niños, está seriamente afectada. Por ser los elementos más estables de la comunidad, éstos vivieron de cerca las incursiones y el terror de perder a miembros de su familia. Parece ser que en el caso de los desplazados, a pesar de la experiencia traumática, la huida y la distancia les permitió procesar a tiempo las secuelas.

87El problema principal que enfrentan los insertados es que no han sido reconocidos formalmente por los poderes públicos como población afectada por violencia política, por tanto sólo participan como beneficiarios indirectos de las políticas y programas de apoyo a los desplazados retornantes, generándose entre ellos situaciones de tensión y conflicto.

LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO LOCAL COMO UN PROCESO NO SOSTENIBLE

88En este contexto posterior a 1993, la población afectada y, en particular, los desplazados con muy escasos recursos han emprendido la gran tarea de la reconstrucción y el desarrollo local. Para ello han aprovechando algunas condiciones favorables como el clima de relativa seguridad, su fuerza organizativa, la afluencia de recursos institucionales y la opinión pública favorable, entre otras.

89Sin embargo, hasta hoy dicho proceso de reconstrucción y desarrollo no ha alcanzado niveles adecuados de sostenibilidad en tanto no ha sido posible transitar de la emergencia al desarrollo. Por el contrario, en la situación actual se observan tendencias regresivas en franjas importantes de la población afectada que no accedieron a programas sostenidos de apoyo desde los poderes públicos u ONGs.

90Esto se debe por un lado, al alto costo de la inversión demandada por el proceso y la precariedad de los recursos propios, lo que asigna al proceso un carácter dependiente. Por otra parte, a la insuficiencia del apoyo financiero y tecnológico ofertado por los agentes externos y la ausencia de estrategias concertadas entre los agentes de apoyo y entre éstos y la población.

La población tiene una propuesta viable

91A diferencia de otras experiencias internacionales sólo al cabo de un año de producida la derrota estratégica de Sendero Luminoso, ya existía en este país una propuesta de reconstrucción y desarrollo aportada por los primeros retornantes, lo que se explica por el espíritu de ganadores que les asignan su rol protagónico en la resolución del conflicto interno, a pesar de los costos sociales y materiales. Sin embargo, estas propuestas no fueron recogidas ni desarrolladas ni por las organizaciones de los afectados ni por los agentes externos de apoyo, generándose más bien tendencias de dispersión y atomización de las iniciativas y experiencias. Recién, a partir de 1996 se logran niveles de consenso y concertación por la fuerza de la propia realidad

92En el imaginario popular la propuesta de reconstrucción y desarrollo supone el surgimiento de un nuevo modelo de desarrollo en el país, que recoge las aspiraciones y el sentido común popular que se prefiguraba ya en los años 70 y que fueron interrumpidos por la guerra. Supone también un proceso que nace desde la sociedad, concebido y conducido por los propios actores correspondiéndole al estado el rol de promotor del proceso. La propuesta tiene los siguientes elementos básicos:

93- Define como beneficiarios al conjunto de la población afectada, tanto desplazados como resistentes, planteando también la necesidad de convocar al conjunto de los actores presentes en el espacio local.

94- Propone como unidad operativa espacios locales, cuencas, microcuencas; reconoce que el desarrollo comunal aislado es inviable.

95- Define la reconstrucción y desarrollo como un proceso de largo plazo que se propone enfrentar las demandas de la emergencia y el desarrollo, las secuelas de la guerra y los problemas estructurales en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible.

96- Supone el surgimiento de un nuevo modelo de comunidad que, afirmando valores y contenidos tradicionales, incorpore otros que la fortalezcan en el marco de nuevas relaciones campo-ciudad.

97- Como producto final de este proceso, esperan el surgimiento de ciudades intermedias, lo suficientemente desarrolladas que frenen la migración y alienten el retorno, no sólo de los desplazados sino también de los migrantes económicos.

98- Propone la construcción de un nuevo sujeto social que, teniendo como eje el gobierno local, convoque al conjunto de actores involucrados en el proceso: organizaciones sociales, instancias locales de estado, sector privado e iglesias.

99- La sistematización de las primeras experiencias de retorno también permitió perfilar una estrategia en tres etapas: la de emergencia u organización del retorno; la etapa de reconstrucción comunal y la etapa de desarrollo sostenible o de la reinserción definitiva.

100Esta propuesta que surge de la propia población afectada posteriormente se replica en sus aspectos generales y en las diversas experiencias de retorno, a pesar de las particularidades regionales. Sin embargo ésta no logra institucionalizarse, tendiendo más bien a marginalizarse. En nuestro criterio la sistematización del modelo de desarrollo y sus resultados tendría que haber sido una de las tareas fundamentales de las organizaciones de los desplazados y de las instituciones de apoyo externo.

La ayuda llega pero es insuficiente

101El problema principal se centra en la posibilidad de poner en práctica esta propuesta, debido al alto costo de la inversión requerida y la precariedad de los recursos propios, lo que asigna al proceso un carácter dependiente de los recursos externos. La magnitud de la destrucción y pérdidas plantea un costo alto al proceso de reconstrucción y desarrollo de las comunidades afectadas.

102El estudio de prospección del PAR en 1995 levantó un registro de 300 comunidades más afectadas en le departamento de Ayacucho. Si consideramos este dato como el universo de comunidades que demandan apoyo y establecemos un promedio de 50 familias por comunidad, podemos deducir que superar la situación de emergencia y reconstrucción familiar y comunal, demandaría una inversión global aproximada de 569’400,000 soles (unos 160 millones de dólares).

103La presencia y el apoyo financiero y tecnológico en Ayacucho de las instituciones tanto públicas como privadas fue insuficiente con relación a la amplitud de la demanda, a pesar de que ésta innegablemente aumentó significativamente a partir de 1993 principalmente. A esta insuficiencia se suma la ausencia de políticas de concertación, principalmente en la etapa inicial entre los agentes de apoyo externo y entre éstos y la población afectada.

104Como ya hemos señalado antes, debido a la magnitud del problema y a la carencia de recursos propios de la población afectada, el proceso de reconstrucción y desarrollo depende en lo fundamental del apoyo externo, en particular del estado. Lamentablemente la ausencia de estos recursos financieros, públicos en particular, ha sido el límite fundamental del éxito del proceso. De esta manera se ha perdido un tiempo valioso y se ha desgastado la gran voluntad y disposición mostrada por la población que, tras derrotar al terrorismo, se preparaba para emprender los procesos de reconstrucción de sus comunidades.

105Es recién, a partir de 1997 que se puede avizorar en el trabajo de las entidades de apoyo, tanto estatales como privadas, un apoyo significativo aún cuando todavía de manera parcial, de las demandas planteadas.

106INVERSION EJECUTADA POR LOS AGENTES DE APOYO EXTERNO

107(en millones de soles)

Agentes de Apoyo

1996

1997

Total

Estado: Inversión Indirecta

27.01465

50.39234 ( 68.6%)

77.06684

Estado: Inversión Directa

8.96872

15.16784 ( 20.7%)

24.13656

ONGs

7.87575 ( 10.7%)

7.87575

Totales

35.98337

73.09578 (100 %)

109.07915

108Las inversiones ejecutadas por el estado para el año 1996 ascendieron a casi 36 millones de soles. Si bien el incremento con relación al período anterior es muy significativo, no lo es tanto con relación a la demanda global del proceso puesto que estas inversiones sólo representan el 6% de la demanda. El problema se hace más evidente si consideramos que la inversión directa orientada hacia la población afectada la hizo el PAR y este monto sólo representa apenas la cuarta parte de la inversión total del estado. Es decir sólo la cuarta parte de la inversión total estuvo directamente orientada hacia la población afectada.

109En el 1997, el monto de inversión crece aproximadamente en el 100% con relación al ejecutado en el año anterior. Sin embargo, las tendencias señaladas para el año anterior se mantienen, así la inversión directa orientada hacia la población afectada constituye la tercera parte del total de la inversión. En cuanto a las inversiones realizadas en la zona por otras instituciones (ONGs principalmente) no ha sido posible recabar información sobre las inversiones de este sector en el año 1996 pero, en general, podemos concluir que su aporte cuantitativo ha sido muy pequeño y que en el año 1997 sólo aporta con el 10.7% de la inversión ejecutada. Sin embargo su rol ha sido muy importante en el estudio y búsqueda de alternativas al problema.

110A pesar de los virajes importantes en la concepción y las políticas de atención del estado y en particular del PAR, la inversión ha estado todavía principalmente orientada a obras de infraestructura.

De la propuesta a la realidad

111A pesar del tiempo transcurrido y el camino trazado, el proceso no logra niveles de sostenibilidad adecuados debido a la brecha entre la oferta de recursos y la demanda existente. Lamentablemente no se ha logrado transitar de la emergencia al desarrollo sostenible. Por el contrario, existen tendencias de involución del proceso desde 1997.

112Los costos globales del proceso ascienden aproximadamente a 569.4 millones de soles (unos 160 millones de dólares) si tenemos en cuenta esencialmente a las 300 comunidades más afectadas por la violencia como universo demandante mientras que la inversión realizada tanto por el estado como el sector privado en los años 1996 y 1997 (período en el que se ha producido la inversión más significativa) responde aproximadamente con una inversión que representa la quinta parte del total requerido.

113De la ayuda demandada por las 300 comunidades afectadas por la violencia (55.9% del total de comunidades en Ayacucho), el estado ha apoyado hasta el momento a 144 comunidades (48% de las afectadas) en un 40% de sus necesidades. Lo que en términos globales permite establecer que la ayuda ha cubierto sólo en un 20% las necesidades totales del conjunto de las mismas. Los esfuerzos realizados por la población afectada y las instituciones de apoyo no fueron suficientes para asegurar el salto hacia el desarrollo, aún en el caso de las comunidades privilegiadas como son las que forman parte de las experiencias piloto de las ONGs y el estado.

114Consecuentemente, las condiciones de vida material de la población han mejorado relativamente, pero no lo suficiente como para tornarse sostenibles, desarrollándose tendencias regresivas por el carácter acumulativo de la crisis. Felizmente la situación no está siendo asumida catastróficamente debido a que comparativamente con su situación anterior en tiempos de guerra y zonas de refugio esta situación resulta tolerable. Con todo, la resolución hasta el momento del proceso pone en cuestión la viabilidad del retorno y la inserción definitiva de la población afectada.

SITUACION DE LOS AFECTADOS: ENTRE LOS CAMBIOS Y LA INCERTIDUMBRE

115A pesar de lo señalado, se han generado cambios importantes en la situación económica, social y cultural de la población afectada, en particular de los desplazados, cambios que son de índole social en las comunidades. Estos cambios, entre los más importantes, son: la reestructuración del tejido social, la remodelación infraestructural, el surgimiento de nuevas estrategias productivas y cambios en las relaciones de género.

Construyendo espacios de participación ciudadana

116Es sorprendente la vitalidad de la organización comunal: si bien se desarticuló en algún momento por la irracionalidad del conflicto, éstas han sobrevivido y también han crecido en los años de la violencia, en 1981 existían 305 comunidades y en la actualidad (1997) se han registrado 536 comunidades.

117La reconstrucción del tejido social es el aspecto más dinámico y sostenible del proceso. Está caracterizada por la afirmación del protagonismo de las organizaciones, recreación de la estructura organizativa y las estrategias de gestión en función de las nuevas necesidades existentes, y tiene como eje central la construcción de espacios y canales de participación ciudadana. Entre los cambios y fortalezas más importantes de la organización comunal podemos destacar en este período las siguientes:

118- Las organizaciones comunales se han fortalecido en las 6 provincias del norte de Ayacucho debido al rol que cumplieron contra la agresión externa y en la lucha por la sobrevivencia. Sin embargo, queda muy explícito que el grado de fortaleza de las comunidades no es homogénea, es mayor en aquellas más afectadas por la violencia política y que tienen menor contacto con las ciudades.

119- Se han producido cambios en la estructura organizativa de la comunidad. En las 6 provincias existen esfuerzos todavía inconclusos de incorporación de nuevos actores: las rondas, los clubes de madres y los comités de gestión y/o de productores. En la práctica éstos están funcionando conjuntamente sin haber logrado su institucionalización, quedando pendiente la reforma normativa.

120- Se ha fortalecido la capacidad de gestión de los dirigentes de las comunidades, lo que ha significado por un lado, la acumulación de una experiencia y, por otro, el reforzamiento de las relaciones campo y ciudad.

121Otra característica importante del proceso es el surgimiento de redes organizativas en el ámbito local y distrital, principalmente a partir de la centralización de organizaciones comunales de base. La red más extendida en todo el departamento es la de las organizaciones de mujeres centralizadas en la Federación Departamental de Clubes de Madres – FEDECMA. Existen 11 federaciones provinciales, 108 federaciones distritales en las que se aglutinan 1,508 clubes de madres y 80 mil mujeres afiliadas aproximadamente. Otra de las redes importantes es la de los Comités de autodefensa. Están bastante extendidos en todo el departamento, según la información proporcionada por el ejército peruano serían 1400 los comités de autodefensa y 61,000 miembros afiliados. Sin embargo hacia fines de 1997 se calcula que se habrían desactivado por lo menos el 40%. Otra red que comienza a aparecer tenuemente es la de productores, principalmente buscando atender las demandas de la producción agrícola y pecuaria, pero también interesados en otro tipo de actividades económicas (comercio, microempresas, etc.). Las comunidades estudian la posibilidad de crear en su estructura organizativa una secretaría de asuntos productivos. Adicionalmente, están surgiendo redes especializadas fuera o al interior de las antes señaladas, como: Promotoras Alimentarias, Promotoras de Salud, Promotoras de los Derechos de la Mujer, y principalmente Promotores Infantiles.

122La característica más importante de la experiencia de reconstrucción del tejido social es la voluntad de construir e institucionalizar espacios de participación ciudadana. Las iniciativas y propuestas son importantes, pero la posibilidad de su concreción requiere de concertación que no será fácil alcanzarla.

123Una tendencia interesante en el ámbito provincial y principalmente distrital es el surgimiento espontáneo de gérmenes de concertación con la participación de diversos actores. En todos los distritos y provincias se informa de instancias de coordinación, comisiones u otros formalmente establecidos o simplemente circunstancialmente convocadas, con funciones de diálogo, elaboración de propuestas y consulta en torno a los problemas más generales del distrito. Existen algunas experiencias logradas en esta dirección. Las más relevantes son la mesa de concertación de Huanta y los comités de reconstrucción y desarrollo locales en los distritos de Vischongo y Tambo.

124Otra propuesta interesante es la de la recuperación de la organización tradicional de las cuadrillas, como respuesta a la propuesta de los municipios de introducir la organización de las unidades vecinales, es decir de los barrios al interior de los distritos o comunidades.

La seguridad ciudadana todavía está amenazada

125A pesar del clima de relativa tranquilidad con relación a la etapa anterior la seguridad ciudadana continúa amenazada. De un lado por el rebrote de violencia política y, de otro, por el surgimiento de nuevas situaciones de riesgo alentadas también por la violencia política. Sin embargo, el problema principal que enfrentan es la ausencia de un sistema de seguridad ciudadana que se hace visible en los siguientes aspectos:

126a. La persistencia del miedo

127Se mantiene principalmente por dos razones: la certeza de que el problema crecerá y el hecho de que la violencia política, cualquiera sea su dimensión, moviliza la experiencia traumática vivida y seguramente no bien procesada.

128b. El abigeato

129Es otro factor de amenaza para la seguridad ciudadana, que afecta principalmente a las comunidades altinas (de Puna) y ganaderas en Fajardo, Vilcas y Cangallo y relativamente en Huamanga. Afirman que el abigeato estuvo controlado durante los años de la violencia y reaparece con fuerza en este período; se trata de grupos de personas por lo general campesinas y en algunos casos ronderos, que haciéndose pasar por senderistas y usando armas incursionan en las comunidades a plena luz del día, asaltan a las familias.

130c. Las pandillas juveniles

131El problema es relativamente nuevo, pero está creciendo, constituyéndose en un riesgo para la seguridad de la población. El problema tiene su origen en las prácticas desbocadas de los jóvenes por el consumo excesivo de alcohol y drogas y en los problemas de salud mental generados por la experiencia de la violencia.

132e. Los actos de violencia entre particulares

133El cambio más importante se refiere a la responsabilidad de los actos violatorios que hoy se ubican principalmente en la propia población, así más del 50% de los casos han sido cometidos por particulares dentro o fuera de la comunidad. Sin embargo estos actos se han reducido sustantivamente en el departamento, tanto por cambio de políticas internas como por la fiscalización de la población. En la muestra se han registrado 20 casos de agresión que constituyen el 12% del total.

134f. Los casos de los indocumentados

135La indocumentación no parece ser hoy un problema importante para la población afectada y, en particular, para los desplazados. Entendemos que lo fue durante el período de conflicto armado debido a las agresiones directas de las que fueron objeto como: cooptación, enrolamiento forzado, asalto y requisa de documentos y hasta el arrazamiento con la respectiva quema de locales públicos como los municipios. En nuestro estudio hemos encontrado 103 casos de indocumentados que constituyen el 11% del total, siendo las provincias más afectadas Cangallo, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Las razones son diversas: pérdida, omisos, destrucción. El porcentaje más alto corresponde a razones que no tienen relación directa con el problema de la violencia ni con la condición específica de desplazado. Con relación al apoyo externo recibido para resolver el problema de su documentación, de los 103 indocumentados sólo en 11, es decir el 6%, declaran haber recibido algún tipo de apoyo. En suma el problema parece no ser ya relevante en este período.

136A pesar de la experiencia vivida, el problema principal sigue siendo la ausencia de un sistema de seguridad ciudadana. Sin embargo, existen algunas experiencias y propuestas que podrían ser útiles para resolver esta carencia.

137En efecto, con nominaciones y grados distintos está surgiendo en las provincias -y en la mayoría de los casos por iniciativa de los ronderos- el germen de lo que serían los comités de seguridad ciudadana, con las funciones antes aludidas para el caso de los ronderos y como un brazo de un espacio mayor de concertación que podría ser el Comité de Reconstrucción y Desarrollo Local. Los comités de seguridad ciudadana estarían integrados por la autodefensa, los prefectos, los gobernadores y tenientes gobernadores, los municipios y la policía nacional. Sin embargo, estas organizaciones enfrentan aún problemáticas que impiden el éxito del desarrollo de sus funciones. También existe la idea generalizada de una coordinación más frecuente de las rondas con las autoridades civiles y por tanto de su adscripción a los municipios. Es decir, las funciones son cada vez menos militares o por lo menos ya no serán principalmente militares como en el pasado4. Con relación al control de pandillas la experiencia más relevante se ha producido en Cangallo con la participación organizada de los propios padres, quienes en coordinación con las autoridades locales han logrado controlar el problema casi totalmente por lo menos hasta 1998. Otra experiencia que podría ser complementaria es la implementación de serenazgos nocturnos desde los municipios como se ha hecho en San Juan Bautista Huamanga.

138Como se puede observar existen elementos para articular un sistema de seguridad ciudadana.

Resurgiendo entre los escombros

139La infraestructura ha sido una de las áreas más afectadas por la violencia política sobre todo en lo concerniente a las de vivienda, productiva, social y hasta la vial (escasa). La población perdió mucho, pero ahora en la etapa de reconstrucción no está dispuesta a retornar al punto de partida y sus expectativas se amplían en función de sus aspiraciones de desarrollo y progreso.

140El aspecto infraestructural ha sido privilegiado en el proceso de reconstrucción. Se han hecho obras importantes en función de los objetivos mayores por lo que son altamente valoradas por los afectados hasta el punto de haber incidido en el aliento del retorno. Sin embargo, tales obras no son las suficientes ni las más necesarias de modo que su impacto en la estabilización del proceso es irrelevante. Del análisis de la muestra se desprende que se destruyeron el 28% de viviendas familiares y el 35% de infraestructura social. Lógicamente las provincias más afectadas son Huanta y La Mar.

141Las tareas de reconstrucción con relación a lo destruido ha tenido avances relativos, sólo se ha logrado reconstruir el 30% del total de viviendas destruidas y el 27% de los locales destruidos. Sin embargo, se han construido en el ámbito de la muestra de comunidades, 46 obras de infraestructura social nuevas, una proporción equivalente aproximadamente al 40% del total de locales reconstruidos. Lo que demuestra la prioridad concedida a la infraestructura social en desmedro de la vivienda.

142Otro de los aspectos con los que la población debe enfrentarse es la precariedad económica en la que se desenvuelve: los problemas de violencia y desplazamiento fueron enfrentados por los afectados en condiciones de descapitalización familiar y ausencia de políticas y programas de apoyo externo. No resulta difícil entonces entender por qué a pesar de los años no se han logrado niveles de autosostenimiento y recapitalización familiar.

143Iniciada la etapa de reconstrucción existía en el imaginario de la población afectada una propuesta bastante renovada y creativa respecto de lo que había que hacer. Se habló de una estrategia de seguridad alimentaria, del rescate de los cultivos andinos, de la ampliación de la producción y la productividad, de la ampliación de fronteras agrícolas, de la diversificación de la producción orientada al mercado y hasta de la transformación de los productos para generar valor agregado. En los hechos las expectativas de los afectados tuvieron que reducirse a la recuperación de la despensa y la semilla.

144La escasa información obtenida con relación a este tema da cuenta de una diferencia importante entre las extensiones de tierras sembradas: en Fajardo y Vilcas una familia siembra cerca de una hectárea de terreno, mientras que los retornantes lo hacen entre 1 y 2 yugadas. En Cangallo el campesino siembra entre 5 y 7 yugadas; el desplazado 2 yugadas. En Huanta (selva) el campesino entre 7 y 8 Has. de cultivos tropicales; los desplazados 2 y 3 Has. En La Mar (selva) el campesino normal entre 9 y 10 Has. y el desplazado sólo alcanza a 2 Has. promedio. Con relación al ganado ha sucedido algo parecido. A toda esta precariedad, además se suma el hecho de que no existan posibilidades de empleo fuera de las que, como vemos, frágilmente desarrolla el agro.

145Los problemas productivos son compartidos con el conjunto de la población y enfrentan problemas tradicionales como el alto costo de los insumos, la pobreza de las tierras, la ausencia de infraestructura productiva, canales de riego, agua y otros. Adicionalmente el desplazado enfrenta problemas particulares como la compra de la semilla, la limpieza de las tierras endurecidas por la maleza, la siembra de productos orientados básicamente al consumo, la ausencia de recursos para la contratación de peones, teniendo que asumir la tarea familiarmente, y el hecho de que en tales condiciones resulte difícil la competitividad en el mercado. La única alternativa creativamente desarrollada son las ferias y algunas experiencias de comercialización campo-ciudad, aprovechando las relaciones abiertas en las ciudades y teniendo como punto de apoyo a familiares y paisanos.

146Consultado un dirigente respecto de la razón que justifica su decisión de retornar en condiciones tan adversas, contesta que la ventaja es que “aquí puedo vivir sólo con lo poco que produzco sin comprar nada. Por lo menos no me moriré de hambre”.

147En ceja de selva la situación es sumamente crítica debido a que, además del problema señalado, los pobladores tienen que enfrentar las secuelas de la erradicación del cultivo de la coca, generándose un cisma en su situación económica y productiva. En términos concretos, y para 1998, la erradicación del cultivo de la coca sólo ha significado una disminución de 120 mil hectáreas a 89 mil Has., afectando en 15 mil Has. en el valle del río Apurímac y las 15 mil restantes en el valle del Huallaga. Aparentemente la disminución no ha sido tan drástica, sin embargo su impacto es muy importante, sobre todo para el pequeño productor debido a que, por un lado la coca ha sido, y sigue siendo, la fuente de ingreso más importante para las familias campesinas de ceja de selva y, por otro lado, a que la erradicación tiene también efectos colaterales debido a la ausencia de programas de sustitución de cultivos y al tiempo que demora la producción alternativa para lograr la primera cosecha (entre tres y cuatro años).

148El apoyo financiero y tecnológico para la producción ha sido realmente exiguo y cuando se ha producido alguna inversión ha sido para ampliar los cultivos tradicionales agudizando las dificultades para su inserción en el mercado. En este terreno las familias afectadas enfrentan una contradicción entre la demanda de capitales para reimpulsar su producción y la escasa o nula capacidad de pago. Estos montos requeridos no son pequeños. En el valle del Apurímac por ejemplo han calculado que por lo menos requerirían 2,000 mil dólares por familia y sólo les prestan 200 soles (unos 57 dólares). En nuestra muestra sólo el 8% han accedido a programas de apoyo crediticio de los cuales más del 50% han recibido cantidades menores de 200 soles. La fuente principal de estos fondos ha sido de agentes privados (62%). En lo que concierne al apoyo tecnológico sin embargo se constata la existencia de capacitaciones en asuntos agrícolas y pecuarios. Lo más destacable es que la mayor parte de los encuestados declaran haber mejorado sus semillas y su producción al margen de haber accedido o no a la capacitación.

149La ausencia de mano de obra por despoblamiento, así como la difícil entrada de la población en sistemas laborales de mayor beneficio, han provocado el desarrollo de estrategias diseñadas directamente por la misma en las que la mujer y la familia asumen la responsabilidad de la chacra, mientras que el varón migra temporalmente hacia ciudades grandes y centros de producción como la minera por ejemplo, preferentemente fuera de la región. Este problema se presenta con cierta fuerza en las provincias del centro del departamento, principalmente Vilcas Huamán y Víctor Fajardo. Además se han retomado los sistemas de trabajo colectivos como el ayni y la minka, utilizándolos incluso en pequeña escala en el sector de construcciones.

150A pesar de la fortaleza del mundo andino, bajo estas condiciones indudablemente no será fácil asegurar el autosostenimiento, menos aún la recapitalización familiar.

La grave deterioración de las condiciones de vida

151Como producto del bloqueo de las condiciones económicas y la ausencia de políticas y programas integrales de protección, las condiciones de vida de la población en la situación actual presenta tendencias de deterioro. Este deterioro se expresa en la reducción de la estructura y calidad del consumo familiar y la afirmación creciente de la dependencia con respecto a recursos externos. Una de las preguntas que nos hacemos es por qué esta aguda situación no es vivida como una tragedia por la población afectada. La respuesta tendría dos componentes: por un lado, es que la vida que hoy tienen con relación a la anterior, a pesar de la crisis, es más visible que la anterior. Por otro lado, saben que en cualquier circunstancia, a diferencia de Lima, siempre tendrán algún recurso disponible en la comunidad.

Alimentación

152Consultada la población respecto de si lo que siembra alcanza para comer, el 70% contesta que no, mientras que el 30% restante cubre sólo la mitad o menos de lo que consume con la producción agropecuaria, es decir la mitad o más de lo que consume son productos que vienen de fuera. La otra dimensión de la dependencia es el incremento de la proporción de alimentos que provienen de programas de apoyo asistenciales. Así el 52% de los encuestados reciben apoyo alimentario.

153Finalmente cerca del 70% de las familias gastan en alimentación menos de 100 soles mensuales (28 dólares), y sólo el 10% del total tiene una capacidad de gasto por encima de los 150 soles (42 dólares). Probablemente este porcentaje de familias de menor capacidad de gasto sean las mismas que afrontan el déficit de producción alimentaria.

Salud

154Así como el problema de la alimentación y la capacidad de inversión en ella por familia, otro de los conflictos que la población afronta es el de la salud: el principal problema en este campo es la salud mental, que afecta al conjunto de la población de retornantes, de resistentes y hasta de insertados. En los talleres se ha planteado el asunto reiteradamente en todas las provincias como un problema que afecta de manera particular a las mujeres niños y jóvenes principalmente.

155Por otro lado, la población da cuenta que ahora se enferman con más frecuencia que antes, justo cuando tienen menos plata para curarse: sólo el 27% de la población disfruta del acceso a servicios de salud. Entre las enfermedades más frecuentes tenemos en primer lugar las bronquiales (intuimos que la tuberculosis puede estarse propalando sobre todo en la ceja de selva). En segundo lugar los problemas estomacales y, en tercer lugar, las enfermedades virales y tropicales. Para el tratamiento de los problemas de salud, las alternativas usadas con mayor frecuencia son la posta médica y la medicina tradicional que siempre se mantuvo como un recurso disponible. La posta médica es un recurso muy valorado para casos de gravedad o intervenciones quirúrgicas y para los problemas más cotidianos sólo les sirve como diagnóstico por que no tienen recursos para comprar la receta.

Educación

156La educación es otra de las carencias con las que la población tiene que enfrentarse en la actualidad. Es evidente que el servicio educativo es de mayor cobertura a nivel departamental ya que el 80% de las comunidades cuenta con este servicio, el 28% cuenta con PRONOI (Programa nacional de orientación infantil) y sólo el 2% con Wawahuasi. Sin embargo, la educación es excesivamente cara y de mala calidad (posición expresada por el 23% de la población encuestada). Sólo el 48% de la población estudia y el 43% de las familias encuestadas aseguran que las carencias económicas impiden el acceso a ella.

Relaciones intrafamiliares

157Además de las carencias destacadas, la violencia y el desplazamiento, así como la precariedad del presente generan también en la población conflictos como el de la desintegración familiar, que determinan en mayor medida la configuración de una realidad poco alentadora. La población encuestada es en un 53% femenina, porcentaje que se incrementa ligeramente en las provincias de Huanta y La Mar alcanzando el 60% y 58% respectivamente, probablemente debido al fenómeno del desplazamiento.

158El retorno de los desplazados ha significado un nuevo momento de desintegración familiar, en tanto que una parte de la familia tuvo que quedarse en la ciudad ya sea por razones de estudio o de trabajo. Si bien el 71% las familias se ha reunificado en la comunidad, todavía una tercera parte de la población se mantienen lejos (en Lima y, mayoritariamente, en la capital de departamento de Ayacucho). Este porcentaje corresponde principalmente a los hijos de los desplazados que quedaron en zonas de refugio. Además, la reubicación familiar o el abandono familiar son las dos alternativas visibles si la realidad de precariedad persiste entre la población.

159La violencia familiar es una de las secuelas más importantes de la violencia política. En los primeros años del presente período creció significativamente como producto del deterioro de la salud mental aunada al consumo excesivo de alcohol tanto en hombres como mujeres.

160En esta ocasión, felizmente, hemos constatado que la violencia familiar ha comenzado a controlarse debido a varios factores:

161- La crisis económica ha tenido un efecto articulador de las relaciones afectivas en la familia. Una señora decía: “con la preocupación de cómo darles de comer a nuestros hijos ya no nos recordamos de pelear”.

162- La difusión de los derechos del niño y de las mujeres, el temor a las leyes y sanciones. Pero esto tiene dos efectos contrarios: retrae la agresión y flexibiliza los mecanismos de orden y control en la comunidad, lo que genera el desborde de los niños y jóvenes.

163- La ley de protección familiar ha tenido un gran impacto y es un instrumento que se está usando tanto por iniciativa de las autoridades judiciales como de las mujeres líderes.

164- La intervención de las autoridades y los ronderos en el problema, facilitando la denuncia y sanción de casos de agresión.

Víctimas de la violencia política

165Un problema de cierta dimensión es el de las víctimas de la violencia política. En el registro de comunidades se solicitó información sobre número de viudas, huérfanos y discapacitados. Las cifras son significativas:

166VICTIMAS DE VIOLENCIA

Viudas

3,093

3.0%

Huérfanos

3,270

3.3%

Discapacitados

1,529

1.5%

La mujer: artífice de cambios en las relaciones de género

167El cambio más importante producido en la situación de la población afectada en el plano cultural está en las relaciones de género. Estos cambios se han producido en todos los campos de su actividad con resultados muy específicos como hemos ido explicando. Estos cambios por un lado han remecido el sistema patriarcal y han reducido relativamente las inequidades existentes en las relaciones de género. Sin embargo, hay que señalar que se trata de un proceso inicial, desigual y muy extendido en todas las zonas y escenarios del departamento.

168Estos cambios han tenido como protagonistas principales a las mujeres y sus organizaciones quienes a partir de su propia transformación han incidido en otros actores y espacios. Los costos sociales también han sido muy altos.

Cambios en la escena pública

169Los logros más importantes los han conseguido en la escena pública. Hoy la presencia de las mujeres en la escena pública es indiscutible, su participación se ha ampliado pero los problemas aún subsisten. Claro está, que no se produce por igual en todas las mujeres, estos cambios se expresan con mayor claridad en las líderes de las diversas instancias de la organización, con diferencias de grado.

170Los cambios producidos en la situación de las mujeres, sistematizando lo expresado por hombres y mujeres en los talleres de autodiagnóstico, se pueden resumir de la siguiente manera:

171- Antes acataban calladamente las opiniones de sus esposos en las asambleas o en cualquier reunión, ahora han ganado el derecho de opinar directamente sin la intermediación de su esposo ni de otro varón.

172- Se están capacitando. Han aprendido muchas cosas y hasta a ejercer cargos y muchas veces mejor que los varones.

173- Las mujeres conocen sus derechos cada vez más y saben como hacerlos respetar.

174- Las mujeres retornantes están más formadas en este terreno que el resto de las mujeres y están aportando a las otras. Parece que en este campo no hay tensiones con respecto a las retornantes.

175- Han aprendido ha hacer gestiones en todos los ámbitos de la vida pública. Lo han hecho muy bien y hasta han podido en algunos casos enseñar a sus esposos estableciéndose entre ellos una relación más horizontal. Se sienten más contentas y libres.

176- La eficiencia en su trabajo público ha quebrado la oposición de sus esposos. Ahora las dejan participar en sus actividades, comparten algunas de ellas, incluso asumen algunas actividades domésticas.

177- Muchas de ellas están accediendo a cargos en la comunidad, en el distrito y en el departamento. Las dirigentas de mayor nivel han participado también como candidatas a gobiernos locales invitadas por movimientos políticos.

178Pero las dificultades para el avance de estas tendencias no son pocas. Lo importante es que en los otros actores hay una respuesta un tanto caótica que expresa aceptación y bloqueo al mismo tiempo.

179La discriminación a las mujeres se mantiene todavía con fuerza, muchas mujeres son maltratadas y desvaloradas permanentemente, muchas veces públicamente. Los varones se sienten superiores porque saben leer y escribir, permanentemente hacen uso de ello para desautorizarlas. Los varones temen el avance de las mujeres, se sienten amenazados debiéndose a ello el maltrato, las críticas despiadadas, llegando en ocasiones a llamarlas “ociosas” cuando se dedican a actividades públicas. Pero las convocan cuando las necesitan para cumplir algunas actividades. Las autoridades promueven que ellas sean elegidas para algunos cargos y tareas de importancia cuando saben que no están muy bien preparadas y si fallan las critican duramente; pero si los resultados son positivos las siguen convocando.

180Las autoridades están cambiando poco a poco en su actitud con respecto a las mujeres. Ahora las hacen participar en el control de la violencia, por ejemplo.

Cambios en las relaciones de producción y empleo

181En este campo los logros son todavía mucho más modestos, debido a que sus esfuerzos están obstaculizados por la difícil situación económica en la región. Deben producirse algunos cambios en el contexto general. Un cambio importante se produce en el campo de la producción: Por un lado, se ha logrado la visibilidad y legitimado el rol de producción de la mujer debido a que asumió con mucha eficiencia, una responsabilidad mayor o total de las actividades agrícolas y pecuarias en ausencia del esposo. Por otro lado existe la tendencia de que ella asuma esta responsabilidad, liberando al marido para que éste se ocupe de otras actividades económicas fuera. Por otra parte, la mujer está interesada en afirmar su rol económico diversificando sus actividades dentro y fuera de la comunidad. Su objetivo es aportar a la economía familiar gracias a su trabajo remunerado, lo que es ya significativo, si lo consideramos con respecto a su función en el pasado.

182De otro parte, las mujeres están desarrollando importantes iniciativas de autoempleo aprovechando el apoyo externo de las instituciones bajo la modalidad de créditos. Con pequeñas cantidades de dinero han sido capaces de levantar negocios de producción, comercialización y servicios con bastante éxito, involucrando en esto a sus esposos y otros miembros de la familia. Lo más importante de estas experiencias es el desarrollo de su mentalidad crediticia y empresarial.

183La experiencia acumulada como dirigentes se ha convertido en una ventaja competitiva para fines laborables, varias de ellas en la actualidad están siendo contratadas como promotoras, principalmente en instituciones privadas.

Cambios en las relaciones en el espacio privado

184El cambio más importante producido en el espacio privado es la revaloración de la mujer por el esposo, por los miembros de la familia y por ella misma. Dicha revalorización tiene como factor determinante los logros alcanzados por ellas en el espacio público. Este cambio facilita el cambio de las relaciones entre la pareja y la familia:

185Se ha descentralizado relativamente el ejercicio del poder y la toma de decisiones en el espacio familiar. En nuestra muestra en el 23% de casos sólo las mujeres toman las decisiones. Se trata de familias jefaturadas por mujeres, estas son casadas, madres solteras, viudas o convivientes pero están solas. En el 80% de las familias la mujer participa en la toma de decisiones. La centralización de las decisiones en el varón se restringe en cambio sólo al 21% de las familias. Las mujeres han accedido al manejo de la economía familiar. En más del 50% de los casos la economía es manejada exclusivamente por las mujeres. Pero el cambio es aún más importante: en cerca del 80% de los casos la mujer participa. No hace mucho esta tarea era de exclusividad del varón.

186Otro cambio importante es el compartimiento de las tareas domésticas. Si bien la actividad todavía está centrada en la madre y las hijas mujeres, en el 35% de casos comparten las tareas todos los miembros de la familia. Este cambio más allá de las cifras es trascendental porque ya tiene un impacto importante en el sistema de crianza andina lo que asegura el desarrollo estratégico de la tendencia.

PROPUESTAS

187A lo largo de la exposición de los resultados del estudio, se ha tratado de mostrar que nos movemos en un contexto todavía frágil, inestable y vulnerable. Con un gran esfuerzo de todos los actores involucrados, principalmente los propios afectados, se ha abierto un proceso de reconstrucción y desarrollo que aún no ha logrado ser sostenible. Por lo tanto tampoco se logra mejorar sustantivamente las condiciones económicas y sociales de la población afectada, estando en riesgo la viabilidad de la inserción y el retorno.

188De mantenerse esta situación, y dependiendo de la fuerza de las organizaciones, son previsibles dos escenarios posibles:

189a.- Una posibilidad es, buscando canalizar sus demandas, la configuración de un escenario de confrontación entre estado y sociedad. Los contextos electorales abonarían esta posibilidad.

190b.- La otra sería el fortalecimiento de las tendencias regresivas presentes en la realidad: el autoritarismo, la pobreza y las expresiones de descomposición social y violencia de todo signo.

191Cualesquiera de las alternativas, y más aún la segunda opción, significaría el fracaso de la inserción exitosa de la población afectada. Probablemente muchas familias, en particular las retornantes, optarían por un nuevo éxodo esta vez por razones económicas.

192El nudo principal del problema está en el proceso de reconstrucción y desarrollo. El revertir y superar las limitaciones actuales de este proceso tendría repercusiones inmediatas, tanto en el mejoramiento de las condiciones de los afectados como en la estabilización del contexto. Lograrlo es en gran medida factible en tanto que se trata de un proceso con alto grado de autonomía debido a que las variables exógenas son pocas. Si se asegurase el involucramiento y compromiso de la población y de las instituciones públicas y privadas de la región podría potenciarse en alguna medida la sostenibilidad del proceso.

193Los límites principales del proceso sobre los que hay que incidir son:

194- Ausencia de una propuesta y estrategia concertada de reconstrucción y desarrollo local. La población afectada tiene una propuesta que ha sido recogida a medias por los agentes de apoyo externo.

195- Ausencia de sujetos sociales lo suficientemente articulados que asuman la conducción del proceso.

196- Insuficiencia de recursos financieros y tecnológicos con relación a la demanda y ausencia de criterios claros de inversión.

197- Ausencia de políticas y estrategias de acción concertada que permitan potenciar la relación costo-beneficio.

198Como puede verse la totalidad de estos factores limitantes podrían ser revertidos a excepción de la ampliación de recursos financieros que exige de una mayor voluntad política, principalmente de los que toman las decisiones en el escenario mayor (estatal).

Políticas y estrategias de acción concertada

199Se ha elaborado una propuesta de prioridades sobre la base de los siguientes criterios: zonas y comunidades más afectadas por violencia y desplazamiento, por mayor presencia de retornantes, por la profundidad de la problemática que enfrentan y por el menor acceso a programas de apoyo. La población objetivo debe incluir a los resistentes por haber sido igualmente afectados y porque también son actores de reconstrucción y desarrollo local.

200Estamos hablando entonces en general de los afectados por la violencia política. Esta será la única manera de revertir y prevenir que los conflictos internos, que ya existen, estallen. Los programas deben estar orientados principalmente a la atención de los retornantes y resistentes, porque es la tendencia principal y más dinámica del proceso, además el campo es un punto de apoyo importante para las estrategias de sobrevivencia y desarrollo también de los insertados. Esta priorización no es excluyente respecto a la posibilidad de diseñar programas de atención para los insertados.

201Bajo estos criterios y considerando que la intervención debe centrarse en las 6 provincias del norte del departamento, se ha construido la siguiente propuesta de prioridades:

202Prioridad 1:

203La Mar: Ayna, Anco, Tambo y Chungui.

204Huanta: Santillana, Ayahuanco y Sivia.

205Prioridad 2:

206Vilcas Huamán: Concepción, Saurama, Vischongo y Huambalpa.

207Víctor Fajardo: Alcamenca, Huancaraylla, Cayara, y San Pedro de Huaya.

208Prioridad 3:

209 Huamanga: Acoro, Vinchos, Ticllas y San Pedro de Cachi.

210Cangallo: Pampa-Cangallo y Paras.

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Notes

1 Presentamos a continuación, con ligeras modificaciones, la síntesis de los resultados del estudio titulado Diagnóstico del desplazamiento en Ayacucho 1993-1997. Héroes sin Nombre, realizado por un equipo técnico especializado de la ONG “Centro de Promoción y Desarrollo poblacional” –CEPRODEP- y por encargo del Proyecto Desplazados por la Violencia (PRODEV) que ejecutan el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) y la Unión Europea, publicado en enero de 1998. En el presente documento se han suprimido aspectos técnicos propios del análisis y las propuestas técnicas de CEPRODEP por considerarlas innecesarias para esta publicación. Este artículo hace entonces referencia a la situación hasta 1998.
2 Coral Isabel, Desplazamiento por violencia política en el Perú, 1980 – 1992, Lima, CEPRODEP – IEP, 1993.
3 En Coral Isabel, Ibídem.
4 Una experiencia interesante de trabajo cumplido por las rondas en coordinación con las autoridades locales en torno al maltrato de mujeres y niños. Se ha establecido una estrategia que va desde la persuasión, el castigo con trabajo, la designación de los maltratadores a campañas de lucha antisuversivas riesgosas y hasta el encarcelamiento. Ha dado buenos resultados, por lo menos así lo certifican las mujeres.
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References

Electronic reference

Isabel Coral Cordero, “Desplazamiento, inserción y retorno en Ayacucho (1993-1997)”Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [Online], 5 | 2002, Online since 23 June 2006, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/alhim/661; DOI: https://doi.org/10.4000/alhim.661

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Isabel Coral Cordero

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